Los hechos ocurrieron a media tarde del lunes 2 de noviembre, cuando el escritor, periodista y académico viajaba en la parte trasera de un taxi por la A-6, en Madrid. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico detectaron la infracción y procedieron a emitir la multa por “no hacer uso el ocupante del vehículo, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, correctamente abrochado”, como se puede leer en el informe.

“Con toda la razón del mundo, la Guardia Civil me ha calzado hoy cien mortadelos de multa, que he pagado en el acto”, explica Pérez-Reverte en su publicación en X. El escritor reconoce que la denuncia la “he pagado en el acto” y que todo ha sido “pertinente y correcto”. Para finalizar, asegura que “les he deseado buen servicio” a los mismos agentes de Tráfico que lo denunciaron.

¿Por qué no le quitaron puntos a Arturo Pérez-Reverte por no usar el cinturón de seguridad?

Como se observa en la imagen que ha compartido el escritor en las redes sociales, la multa no implica la pérdida de puntos del carné de conducir, cuando la ley sanciona esta práctica con 200 euros y 4 puntos del carné de conducir. En el caso de Arturo Pérez-Reverte, ¿por qué la Guardia Civil no le quitó puntos?

En España, el uso del cinturón de seguridad en los coches está regulado por dos disposiciones legales diferentes. En primer lugar, tal y como recoge el artículo 47 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “el conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los términos que reglamentariamente se determine”.

Al mismo tiempo, el artículo 117 del Reglamento General de Circulación (RGC) determina que “el conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas”.

Estas son las razones por las que Arturo Pérez-Reverte, al igual que cualquier otro usuario que en España viaje en un coche sin hacer uso del cinturón de seguridad, se expone a una multa de 200 euros, importe que se reduce hasta los 100 euros por pronto pago, por una infracción que se considera grave, como se tipifica en el artículo 76.h de la Ley de Tráfico.

Sin embargo, como hemos explicado más arriba, esta infracción conlleva la retirada de 4 puntos del carné de conducir. Eso sí, la detracción de los puntos solo es aplicable cuando se trata del conductor del vehículo, mientras que el pasajero se expone únicamente a la multa económica, siempre y cuando sea un adulto. En caso de ser un menor de edad, la responsabilidad por no usar correctamente el sistema de retención recae sobre el conductor.

Aquí también hay que hacer una distinción. En el caso de tratarse de un menor que no viaja utilizando un sistema de retención infantil (SRI) adecuado, la multa es de 200 euros, pero conlleva la retirada de 4 puntos del carné de conducir, siendo el responsable el conductor del vehículo.

La importancia del cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es uno de los elementos de protección más eficaces en caso de accidente de tráfico, ya que impide que el cuerpo golpee otras partes del vehículo o impacte contra el resto de ocupantes. Esta es la razón principal por la que su uso es obligatorio, porque su eficacia está probada, de ahí que la Dirección General de Tráfico (DGT) lleve años persiguiendo a los usuarios que, todavía hoy, no se ponen el cinturón.

Y el hecho de llevarlo de cualquier manera no evita una multa. Tal y como expone el artículo 117 del Reglamento General de Circulación, el cinturón tiene que estar “debidamente abrochado”, es decir, con la banda superior por encima del hombro, cruzando por encima del torso hasta la cadera; y la banda la banda inferior de lado a lado, sobre la cadera.

Llevar el cinturón por debajo del brazo o que la banda superior no pase sobre el torso es motivo de multa, y si eres el conductor no solo te sancionan con 200 euros, también te quitarán 4 puntos del permiso de circulación.

Navarro explicó por qué considera importantes los radares para la seguridad vial y explicó que estos dispositivos están debidamente señalizados en las carreteras y que, por tanto, ignorarlos es una imprudencia evitable. Sus palabras, en las que calificó de "tonto" a quien no frena antes de ellos, han desencadenado un intenso debate social y una oleada de críticas en X.

¿Qué opina Pere Navarro sobre las críticas de que los radares de la DGT son recaudatorios?

El director de la DGT aseguró que las sanciones producidas por los radares fijos no responden a un fin recaudatorio, sino al incumplimiento de las señales de tráfico. Según Pere Navarro, la mayoría de estos dispositivos están anunciados con grandes carteles informativos en las carreteras españolas, por lo que reducir la velocidad al aproximarse resulta una maniobra sencilla y al alcance de cualquier usuario.

"Lo mínimo que puede hacer el conductor es frenar, pasar el radar y luego hacer lo que quiera", explicó Navarro durante la entrevista. A su juicio, si un conductor ve una señal que advierte de la presencia de un radar y sigue circulando por encima del límite de velocidad, la multa se debe a que ha ignorado el aviso, además, puede enfrentarse a una sanción de 600 euros y perder hasta seis puntos del carnet.

¿Cuánto te puede costar una multa por exceso de velocidad?

Según la Dirección General de Tráfico, las multas por exceso de velocidad van de los 100 a los 600 euros, dependiendo del límite establecido en la carretera y de cuánto lo haya superado el conductor. Además, las infracciones más graves pueden suponer la pérdida de entre dos y seis puntos del carnet.

Por otro lado, la DGT defiende que los radares son una herramienta para reducir los accidentes de tráfico, ya que permiten controlar la velocidad de los vehículos en las carreteras. Además, el organismo recuerda que circular demasiado rápido reduce el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto y aumenta la distancia necesaria para frenar.

Esta cifra supone un incremento del 14 % respecto al periodo anterior, y representa el 41,5% de la recaudación total del organismo en el territorio de su competencia, excluyendo a las comunidades con las competencias de tráfico transferidas como Cataluña, País Vasco y Navarra. La publicación de esta cantidad de dinero recaudado ha reavivado las dudas de los conductores sobre la verdadera naturaleza de los radares y sobre si importa más la prevención de la siniestralidad o el afán recaudatorio en los planes de vigilancia y control.

Una elevada concentración de sanciones en puntos estratégicos

Uno de los aspectos más reveladores que se extraen de los análisis técnicos elaborados por organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados radica en la acusada disparidad en el rendimiento de los cinemómetros. Tan solo 50 radares fijos y de tramo concentraron más de 1,34 millones de denuncias en un solo año. Esta asimetría pone de manifiesto que la intensidad sancionadora no se distribuye de manera uniforme por la red de carreteras, sino que responde a factores como la densidad de intensidad media diaria de vehículos, la configuración del trazado y la variación de los límites de velocidad en tramos específicos de vías de gran capacidad.

Al examinar la localización de los dispositivos con mayor actividad del país, el radar situado en el punto kilométrico 326 de la autovía A-7, a la altura del término municipal de La Canyada en la provincia de Valencia, se posiciona en cabeza tras registrar 90.766 denuncias. Esta cifra supone un promedio cercano a las 249 sanciones diarias en una sola localización. Le sigue el que hay en el kilómetro 7 de la carretera CV-905 en Alicante, con 72.557 expedientes, y el ubicado en el kilómetro 127 de la A-15 en Navarra, que contabilizó 67.445 infracciones. Entre los tres suman más de 230.000 expedientes sancionadores en 12 meses, alimentando las dudas sobre si estos emplazamientos responden a criterios de concentración de accidentes o a la propia densidad del tráfico.

Distribución provincial y sesgo por densidad de tráfico

La lectura de los datos de recaudación por demarcaciones provinciales también refleja una fuerte correlación con los principales corredores de transporte de la península. La provincia de Valencia lideró el balance económico nacional al alcanzar los 18,9 millones de euros en concepto de sanciones por exceso de velocidad durante el ejercicio analizado. En segundo lugar se situó la Comunidad de Madrid con 17,9 millones de euros, seguida por Cádiz con 16,5 millones, Alicante con 13,2 millones y Málaga con 12,6 millones de euros.

Los especialistas señalan que los ingresos absolutos acumulados por cada jefatura provincial no constituyen por sí solos un indicador directo de la peligrosidad de la red. La extensión kilométrica de las carreteras bajo supervisión, el número total de radares activos y el volumen global de desplazamientos influyen mucho en el cómputo final. No obstante, las elevadas tasas de imposición de multas en vías donde se dan muchos menos siniestros que en la red secundaria continúan siendo el eje central de las críticas hacia la DGT por parte de los colectivos de usuarios.

La red de vigilancia sigue creciendo

A pesar de los niveles récord de ingresos registrados, el despliegue de nuevos equipos de control por parte de la DGT no se ha detenido. A principios de 2026, las autoridades de tráfico oficializaron la entrada en funcionamiento de 33 nuevos puntos distribuidos en once comunidades autónomas, repartidos entre 20 radares fijos y 13 radares de tramo. Esta partida se encuadra dentro de un plan orientado a la incorporación de 122 nuevos cinemómetros en los próximos años.

El desarrollo de los controles se orienta poco a poco hacia los radares de tramo. A diferencia de la medición puntual mediante microondas o láser, estos sistemas emplean cámaras de reconocimiento optométrico de matrículas en el punto inicial y final de un sector delimitado, calculando la velocidad media del vehículo sobre una distancia conocida. Esta tipología impide que el usuario evite la multa con un frenazo puntual antes de llegar a la ubicación de la cámara, exigiendo una adaptación constante de la velocidad durante todo el recorrido. Las nuevas instalaciones afectan a corredores de alta intensidad en provincias como Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Asturias y Cantabria, extendiéndose con avisos informativos previos sin sanción económica durante los primeros 30 días de operatividad.

El argumento de la DGT frente al debate de la efectividad

La justificación oficial de la DGT para responder a la expansión de la red sancionadora se apoya en los datos de siniestralidad. De acuerdo con las memorias que maneja el organismo, la velocidad inadecuada o excesiva estuvo presente como factor recurrente en 307 accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas durante el ejercicio 2024, el 22% del total de los siniestros con víctimas mortales.

Sin embargo, la discrepancia persiste al analizar si los criterios de selección de ubicaciones se ajustan a puntos negros reales o si priman factores de facilidad operativa en la captura de infracciones. Evaluar la eficacia real de un radar no solo exige verificar el volumen de expedientes, sino la reducción de las tasas de siniestralidad de la vía a lo largo del tiempo. Mientras la red continúa expandiéndose con más tecnología y mayor cobertura territorial, la idoneidad de su emplazamiento sigue situando a las arcas públicas y al comportamiento de los conductores en una revisión constante.

Además, el afectado denuncia que las sanciones fueron impuestas durante un mismo trayecto al ser detectado en varias ocasiones por los sistemas de vigilancia instalados en la Zona de Bajas Emisiones. La cuantía total de las multas asciende ahora a 1.400 euros, una cifra que el conductor considera desproporcionada y difícil de justificar para una única circulación por el área restringida.

La implantación de las ZBE responde a una obligación establecida por la legislación estatal para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en los entornos urbanos. Para garantizar el cumplimiento de las restricciones, numerosos ayuntamientos han optado por sistemas automatizados de vigilancia mediante cámaras capaces de leer matrículas y comprobar en tiempo real si el vehículo dispone de autorización para acceder a determinadas zonas.

Precisamente este sistema de control es el que se encuentra en el centro de la polémica. El conductor sostiene que realizó un único recorrido y que cada uno de los puntos de control registró una infracción independiente, lo que ha derivado en una acumulación de expedientes sancionadores que suelen estar fijadas en 200 euros, una cantidad que puede reducirse mediante el procedimiento de pronto pago establecido en la normativa sancionadora de tráfico.

El funcionamiento de las cámaras vuelve al centro del debate

El episodio ha reavivado el debate sobre la forma en que los ayuntamientos gestionan los controles de acceso a las zonas restringidas. Los sistemas actuales funcionan de manera automática y registran cada paso de un vehículo por los puntos de control instalados en los accesos o en distintos tramos de la zona afectada. Las cámaras comparan la matrícula con las bases de datos de vehículos autorizados y, cuando detectan un acceso no permitido, generan la correspondiente propuesta de sanción. Este proceso elimina prácticamente la intervención humana y busca garantizar una aplicación homogénea de la normativa.

Sin embargo, casos como el denunciado plantean interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones cuando varias detecciones corresponden al mismo desplazamiento. Diversas asociaciones de conductores llevan tiempo reclamando criterios más claros para evitar que una única circulación pueda derivar en una cascada de multas, especialmente en situaciones en las que el conductor desconoce la existencia de la restricción o atraviesa varios puntos de control en pocos minutos.

La controversia también pone de relieve la importancia de la señalización y de la información previa que reciben los usuarios de la vía. Aunque las administraciones insisten en que las ZBE están correctamente señalizadas y cuentan con mecanismos de información pública, numerosos conductores aseguran que las normas pueden resultar complejas, sobre todo para quienes visitan una ciudad de forma ocasional o proceden de otros municipios.

Las ZBE afrontan el reto de equilibrar control y proporcionalidad

La expansión de las Zonas de Bajas Emisiones es una realidad en buena parte de España. Ciudades de distintos tamaños han implantado restricciones de acceso que afectan a determinados vehículos en función de sus emisiones, mientras que otras mantienen periodos transitorios o sistemas progresivos de aplicación. El objetivo principal de estas medidas es reducir la contaminación atmosférica y favorecer una movilidad más sostenible. No obstante, su desarrollo también está generando un creciente número de recursos, reclamaciones y consultas por parte de los conductores afectados por sanciones.

El caso conocido ahora en Mallorca ilustra algunas de las dificultades que acompañan a la puesta en marcha de estos sistemas. Más allá de la legalidad de las restricciones, la discusión se centra en cómo deben aplicarse las sanciones para garantizar que cumplan una finalidad disuasoria sin derivar en situaciones que puedan interpretarse como excesivas o desproporcionadas.

Mientras el conductor afectado estudia las posibles vías de reclamación, el episodio ha vuelto a situar a las ZBE en el foco de la actualidad. La controversia demuestra que, además del desafío medioambiental, las administraciones deberán seguir trabajando en aspectos relacionados con la información al ciudadano, la transparencia de los sistemas automáticos y la proporcionalidad de las sanciones para evitar conflictos similares en el futuro.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial contempla un abanico de obligaciones para todos los usuarios de la vía, incluyendo a quienes viajan en calidad de pasajeros. Algunas de las sanciones más severas dirigidas a los acompañantes están tipificadas como infracciones muy graves, cuya multa llega a los 500 euros. Así que, aunque no seas tú quien esté al volante de un coche, conviene que no te despistes.

La infracción con 500 euros de multa que afecta a los pasajeros

El artículo 77 de la Ley de Tráfico de la DGT cataloga como infracción muy grave el acto de arrojar a la vía o a sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación. Esta norma ha sido reforzada tras las últimas reformas legislativas, y sanciona de forma explícita comportamientos de alto riesgo como tirar colillas encendidas, latas, botellas de cristal o restos de materiales por las ventanillas del coche.

Según la DGT, la multa es tan alta por la doble amenaza que generan estos actos. Por un lado, el riesgo de desencadenar incendios forestales en los márgenes de las carreteras durante los meses en los que hace calor y no llueve. Por otro, el peligro de impactar contra otros vehículos que circulen por la misma vía. A diferencia de las infracciones vinculadas al manejo del automóvil, este comportamiento se sanciona independientemente de la plaza que ocupe quien arroja el objeto. Es decir, que la sanción recae sobre el responsable de la acción, y no sobre el titular o el conductor del vehículo.

El principio de responsabilidad individual frente a la figura del conductor

Una de las dudas más frecuentes en materia de multas es definir la figura del sujeto responsable cuando la infracción se comete en el interior de un coche en movimiento. El artículo 82 de la Ley de Tráfico establece con claridad el principio de responsabilidad individual: la obligación de asumir la sanción económica recae directamente sobre la persona que ejecuta la acción constitutiva de la infracción.

Es decir, que en caso de que un acompañante decida lanzar un objeto voluminoso o inflamable por la ventanilla, los agentes notificarán la sanción a quien lo ha hecho. El conductor no está obligado a responsabilizarse por las acciones cometidas por sus pasajeros, siempre que la infracción pueda ser atribuida al autor material. Este criterio protege al conductor de asumir cargas económicas ajenas a su control del vehículo.

¿También hay pérdida de puntos aunque no vayas al volante?

La DGT no solo contempla multas de carácter económico, sino que también puede restar puntos del carnet de conducir. En el caso de arrojar objetos peligrosos a la calzada, la normativa prevé la pérdida de 6 puntos del carnet. Sin embargo, en el caso concreto de los pasajeros, existe una diferencia legal entre ambas penalizaciones.

La detracción de puntos es un mecanismo diseñado solo para penalizar infracciones cometidas en el marco de la conducción activa de un vehículo a motor. Por consiguiente, si el autor del lanzamiento es un pasajero, la administración aplicará la multa de 500 euros por la infracción cometida, pero no afectará al saldo de puntos de su permiso de conducir tenga o no un carnet en vigor, aunque en este último caso no sería posible de todos modos.

Otras sanciones habituales que afectan a los ocupantes del coche

Arrojar objetos peligrosos por la ventanilla no es la única acción que puede suponer una multa para los pasajeros. Existen otras conductas bastante habituales en los desplazamientos por carretera también tienen repercusiones económicas de diversa consideración.

Una de las normas más estrictas se refiere al uso de los sistemas de retención homologados. Todo pasajero adulto tiene la obligación individual de hacer un uso correcto del cinturón de seguridad durante todo el trayecto. Incumplir esta norma conlleva una multa de 200 euros para el ocupante que viaje sin la debida sujeción. Además, mantener posturas inadecuadas dentro del habitáculo, como reclinarse en exceso o colocar los pies sobre el salpicadero, también son acciones perseguidas por la DGT. Este tipo de posturas inadecuadas suele comportar sanciones que oscilan entre los 80 y los 100 euros, aunque estas, a diferencia de las anteriores, sí suelen recaer sobre el conductor del vehículo porque tiene la responsabilidad legal de velar por el orden y la posición adecuada de los ocupantes durante la marcha.

En España, no hay ninguna norma que fije que no se pueda encender un cigarrillo mientras se conduce, pero el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación explica que el conductor debe poder moverse con libertad, tener una buena visibilidad y prestar atención a la carretera en todo momento. Por tanto, fumar al volante no debe convertirse en una distracción ni dificultar el control del vehículo.

¿Está prohibido fumar mientras conduces en España?

En España, no está prohibido fumar al volante por norma general, pero no significa que se pueda hacer sin prestar atención a la carretera. Los conductores deben mantener en todo momento una buena visibilidad, libertad de movimientos y atención a la conducción. Por ello, encender un cigarrillo, buscar un mechero o retirar la ceniza puede convertirse en un problema si alguna de estas acciones provoca alguna distracción.

La DGT ha denunciado a 29 conductores por fumar al volante durante su última campaña de vigilancia de distracciones. Por otra parte, durante los siete días que duró la campaña, el uso del teléfono móvil fue la principal causa de denuncia, ya que sigue siendo una de las distracciones más habituales al volante.

¿De cuánto es la multa por fumar al volante y tirar una colilla?

Fumar mientras se conduce puede suponer una multa de hasta 200 euros si provoca una distracción, por ejemplo, si el conductor aparta la vista de la carretera para encender un cigarrillo. Pero fumar no está prohibido de forma general y no existe una sanción específica para ello; la situación es distinta cuando, por ejemplo, se tira una colilla por la ventanilla, ya que puede provocar incendios o accidentes. Por tanto, las multas dependen de lo que haga el conductor:

• Distraerse mientras se fuma: multa de hasta 200 euros, sin pérdida de puntos cuando se sanciona como una infracción que no conlleva detracción.
• Arrojar una colilla a la carretera: 500 euros de multa y retirada de 6 puntos del carnet.
• Provocar un incendio o un accidente con una colilla: además de la multa, el conductor podría enfrentarse a responsabilidades penales.

Por todo ello, la DGT recuerda la importancia de mantener la atención en la carretera y evitar cualquier distracción mientras se conduce. Además, tirar una colilla por la ventanilla puede tener consecuencias mucho más graves que una multa, sobre todo durante los meses de calor, cuando aumenta el riesgo de incendios.

La DGT denunció la vandalización de siete radares situados en distintas carreteras de España y anunció que emprendería acciones legales contra los responsables. Según explicaron en un comunicado oficial, estos equipos valen mucho dinero y dañarlos de forma intencionada puede llegar a ser delito. Por ello, los responsables pueden verse obligados a pagar los desperfectos y también podrían enfrentarse a una condena de prisión.

¿Cuánto dinero tendrías que pagar por romper un radar de la DGT?

Según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, un radar fijo cuesta alrededor de 67.000 euros, mientras que uno de tramo ronda los 66.000 euros. La diferencia depende del tipo de dispositivo y de la tecnología que tiene. Por ejemplo, los radares de tramo utilizan cámaras instaladas en distintos puntos de la carretera para identificar los vehículos y calcular su velocidad media, por eso, cuando sufren daños importantes, sustituirlos puede suponer un gran gasto.

De hecho, en febrero de 2025, Tráfico investigó la vandalización de siete radares repartidos entre Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana; el valor aproximado de estos equipos se acercaba al medio millón de euros. Sin embargo, esto no significa que exista una multa fija de 67.000 euros por romper un radar, sino que los responsables pueden tener que asumir el coste de los daños, además de las sanciones que correspondan.

¿Puedes ir a la cárcel por romper un radar de tráfico?

Por otro lado, según establece la DGT, destrozar un radar puede tener consecuencias penales, ya que estos actos pueden constituir un delito de daños recogido en el Código Penal. En concreto, el artículo 263.2 contempla penas de entre uno y tres años de prisión y multas de doce a veinticuatro meses cuando los daños se producen en situaciones más graves, como causar daños para impedir que las autoridades hagan su trabajo.

No obstante, no es lo mismo romper un radar que dañarlo de forma accidental en un siniestro de tráfico, ya que en el segundo caso, las responsabilidades dependerán de las circunstancias del accidente y de los daños provocados, sin que exista necesariamente un delito. Además, la DGT recuerda que estos dispositivos cumplen una función de seguridad vial, por lo que romperlos no solo supone un coste, sino que también puede afectar al control de la velocidad en las carreteras.

La Memoria de 2026 de la Fiscalía, que recoge los datos que corresponden a 2025, confirma que se registraron 39.217 condenas por conducir sin permiso, frente a las 31.159 relacionadas con el alcohol y las drogas. Esto provoca volver a poner el foco en las consecuencias que tiene circular sin autorización; incluso puede acabar con una pena de prisión.

¿Por qué conducir sin carnet es ahora el delito de tráfico con más condenas en España?

Según los datos de la Fiscalía, conducir sin permiso ha superado por primera vez al alcohol y las drogas entre los delitos contra la seguridad vial con más condenas. De hecho, en 2024 se registraron 42.229 condenas por este delito, mientras que en 2025 la cifra bajó a 39.200, por lo que no han aumentado las sentencias por conducir sin carnet. El cambio se explica principalmente porque las condenas por alcohol y drogas en carreteras han descendido todavía más.

En concreto, estas últimas pasaron de 47.103 condenas en 2024 a 31.159 en 2025, además, la Fiscalía explica que durante el último año también disminuyeron los procedimientos judiciales y las sentencias por delitos contra la seguridad vial en general. Sin embargo, conducir sin permiso sigue siendo un problema importante, ya que puede poner en peligro tanto al propio conductor como al resto de usuarios de la carretera.

¿Qué multas y penas de prisión puedes recibir por conducir sin carnet?

El artículo 384 del Código Penal establece que conducir sin permiso puede constituir un delito en algunas situaciones, por ejemplo, cuando una persona nunca se ha sacado el carnet, después de perder todos los puntos o porque tiene prohibido conducir por sentencia judicial.

En estos casos, el Código Penal contempla penas de entre tres y seis meses de prisión, multas penales de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Sin embargo, esto no significa que todos los conductores tengan que entrar en prisión, ya que la pena dependerá de las circunstancias y de la decisión judicial.

Esta confusión es habitual entre los conductores, especialmente cuando las estaciones de ITV tienen una gran demanda y resulta complicado conseguir una cita a tiempo. Pero tener una reserva confirmada no significa que se pueda seguir circulando con la inspección caducada. Por ello, la Dirección General de Tráfico establece que no existe ningún margen de cortesía y circular con la inspección caducada puede costar hasta 200 euros.

¿Cuántos días puedes circular con la ITV caducada sin recibir una multa?

Muchos conductores creen que disponen de algunos días adicionales para pasar la revisión, pero en realidad es que la ITV caduca y no existe ningún plazo extra. Esto significa que, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, el vehículo ya no tiene la inspección en vigor. Según establece la DGT, circular con la ITV caducada supone una multa de 200 euros, independientemente del tiempo que haya transcurrido. Es decir, la sanción puede ser la misma si la inspección venció ayer o hace varios meses.

Además, tener una cita previa para pasar la ITV no permite circular legalmente con la inspección caducada. Por tanto, un conductor puede ser sancionado incluso cuando se dirige a la estación donde tiene reservada la revisión. La multa no implica la pérdida de puntos del carnet, ya que si se abona durante los primeros 20 días naturales desde la notificación, se puede aplicar una reducción del 50%, por lo que el importe baja a 100 euros.

¿Qué pasa si circulas con la ITV desfavorable o negativa?

La cuantía de la multa de tráfico también depende del resultado que se haya tenido en la última inspección, y es que si el vehículo ha obtenido una ITV desfavorable, significa que se han detectado defectos graves que deben repararse antes de volver a circular con normalidad. En ese caso, el conductor únicamente puede trasladar el coche al taller para solucionar los problemas y regresar a la estación de inspección.

Por otro lado, el plazo máximo para realizar una nueva revisión es de dos meses y circular fuera de los desplazamientos permitidos puede suponer una sanción de 200 euros. La situación es más grave cuando la ITV es negativa, ya que implica que el vehículo presenta defectos bastante graves. En este caso, no puede circular por sus propios medios y debe trasladarse mediante una grúa; incumplir esta prohibición puede suponer una multa de hasta 500 euros.

Para evitar estas sanciones, la normativa permite adelantar la ITV hasta 30 días naturales antes de su vencimiento sin perder días de validez para la siguiente inspección. Por ello, el comprobar el vencimiento en la ficha técnica y reservar cita con antelación puede evitar una multa y los posibles inconvenientes de quedarte sin coche.

La normativa ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a los numerosos avisos de veterinarios, cuerpos policiales y asociaciones animalistas sobre los peligros que supone dejar a una mascota dentro de un coche cerrado. Incluso en jornadas con temperaturas moderadas, el habitáculo de un vehículo puede calentarse con rapidez y alcanzar niveles peligrosos para los animales en cuestión de minutos.

La ley vigente recoge de forma explícita que no se puede dejar a los animales solos dentro de vehículos cerrados cuando estén expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner en peligro su vida. Esta obligación forma parte de las medidas destinadas a garantizar unas condiciones mínimas de bienestar para perros y gatos y evitar situaciones de sufrimiento.

El texto legal no establece un tiempo de tolerancia determinado. Por ello, la infracción no depende de si el animal permanece cinco minutos o una hora dentro del vehículo, sino del riesgo objetivo al que esté expuesto. Las autoridades pueden considerar sancionable la conducta siempre que existan circunstancias que comprometan la salud o la seguridad del animal.

Qué dice la ley y cuáles son las sanciones previstas

La Ley de Bienestar Animal clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con diferentes tramos sancionadores en función de las consecuencias que haya sufrido el animal. En los casos en los que el animal no presente daños físicos ni secuelas apreciables, la conducta puede ser considerada una infracción leve, con multas que parten de los 500 euros y pueden alcanzar los 10.000 euros.

Sin embargo, cuando la situación provoca sufrimiento, estrés severo o problemas de salud, la infracción puede pasar a la categoría de grave. En esos supuestos, las sanciones económicas oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. Las consecuencias son aún más severas cuando el comportamiento del propietario deriva en lesiones permanentes o incluso en la muerte del animal. En esos escenarios, la ley contempla infracciones muy graves que pueden castigarse con multas de entre 50.001 y 200.000 euros.

Además de las sanciones económicas, la Administración puede imponer medidas complementarias. Entre ellas figuran la retirada del animal, la prohibición temporal o definitiva de tener mascotas y la obligación de realizar formación específica en materia de bienestar animal. Los expertos recuerdan que el riesgo de golpe de calor en perros y gatos es especialmente elevado porque estos animales tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal. Cuando el interior de un vehículo se convierte en un espacio cerrado y sin ventilación suficiente, la temperatura aumenta rápidamente y puede desencadenar consecuencias irreversibles en pocos minutos.

El coche se convierte en una trampa térmica para las mascotas

Veterinarios y organizaciones dedicadas a la protección animal llevan años alertando sobre este problema. El peligro no se limita únicamente a los días de ola de calor ni desaparece por abrir ligeramente una ventanilla. Según recuerdan diversas entidades y las propias advertencias recogidas en informaciones especializadas, una mínima exposición al calor acumulado dentro del vehículo puede generar estrés térmico y favorecer la aparición de un golpe de calor potencialmente mortal.

La legislación no prohíbe viajar con animales de compañía. Lo que exige es que el transporte se realice garantizando en todo momento unas condiciones adecuadas de ventilación, espacio y seguridad. Los propietarios deben asegurarse de que perros y gatos viajen protegidos y que no queden expuestos a situaciones que comprometan su bienestar.

Por este motivo, las autoridades recomiendan no dejar nunca a una mascota sola dentro de un vehículo estacionado, especialmente durante los meses de verano. Si resulta imprescindible realizar una gestión o una compra, la recomendación es que el animal acompañe a su responsable o permanezca en un lugar seguro donde no exista riesgo para su salud.

En este sentido, en varias ciudades se han visto obligadas a anular algunas de las multas que se han impuesto. Según ha explicado Trinidad Hernández en una entrevista en la Cope de Málaga, concejala de movilidad del ayuntamiento malagueño, ha tomado la decisión de suspender de forma temporal la Zona de Bajas Emisiones. Por tanto, se han dejado de poner multas a los vehículos que circulen por esas áreas, ya que se han suspendido de forma temporal.

¿Por qué la justicia ha suspendido las multas de la Zona de Bajas Emisiones de Málaga?

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía publicó una sentencia en la que consideraba que la ZBE malagueña era discriminatoria, ya que distinguía entre los vehículos de residentes empadronados en la capital y los de quienes vivían fuera de ella. Hernández, durante el programa en la radio malagueña, comentó que quería que pronto hubiera un gobierno que fijara criterios claros y que no dejara solos a los ayuntamientos españoles. Además, señaló que la ZBE se estableció porque, si no, se habría perdido la ayuda estatal al transporte público.

En este contexto, se desconoce qué va a pasar con las multas que se han interpuesto por no haber cumplido la normativa de estas zonas en Málaga. Según el TSJA, se calcula que en el tiempo que ha estado activa la regulación se han acumulado más de 46.000 sanciones. Ante esta situación, Hernández ha señalado que la devolución del dinero depende de los responsables de recaudación del Ayuntamiento y no de su departamento. Así, vuelve a trasladar la responsabilidad a otras áreas sin garantizar que los conductores recuperen el dinero que pagaron.

¿Qué otras ciudades españolas han tenido problemas con sus Zonas de Bajas Emisiones?

Ciudades como Tenerife, Gijón, Ávila, Segovia, Badajoz o Madrid han tenido que replantear sus ZBE por sentencia de la justicia. Madrid es el caso que más ha trascendido, ya que, a pesar de que la magistrada de la Plaza nº 34 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la capital pidió anular todas las multas impuestas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de esta petición.

Según Mario Arnaldo, presidente de AEA, esta nueva decisión judicial contradice los argumentos del Ayuntamiento de Madrid, que intentó restar importancia a la sentencia de septiembre de 2024 que anuló parte de la normativa de las zonas de bajas emisiones. Además, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el consistorio, por lo que la sentencia quedó firme. Pese a ello, el ayuntamiento madrileño todavía no ha confirmado que vaya a anular todas las multas afectadas ni devolver el dinero a los conductores afectados.

Para realizar los siguientes pasos, es importante revisar qué organismo ha impuesto la sanción, revisar los datos de denuncia o las posibles pruebas que permitan demostrar un error, como una señalización incorrecta o un fallo a la hora de identificar un vehículo.

¿Cómo recurrir una multa de tráfico paso a paso?

Si has recibido algún tipo de sanción y no estás de acuerdo, el primer paso es presentar alegaciones. Según explica la DGT, el plazo es de 20 días naturales desde el día siguiente a la notificación, incluidos sábados, domingos y festivos.

Para poder presentar una reclamación, debes de seguir los siguientes pasos:

1. Revisar la multa: comprueba que los datos del vehículo, la fecha, el lugar y la infracción sean correctos.
2. Localiza el número de expediente: necesitarás el código de 12 cifras que aparece en la cabecera de la notificación.
3. Prepara las alegaciones: explica por qué consideras que la sanción es incorrecta y adjunta las pruebas, como fotografías o documentos.
4. Presenta la solicitud: puedes hacerlo a través de la Sede Electrónica de la DGT, utilizando Cl@ve, DNI digital o certificado electrónico. También puedes enviarla por correo postal o ir de forma presencial a una Jefatura de Tráfico.
5. Espera la respuesta: la DGT estudiará tus alegaciones y determinará si corresponde mantener o dejar sin efecto la sanción.

Si decides presentar la reclamación por correo o presencialmente, deberás incluir tus datos personales, el número de expediente, los motivos de la alegación y tu firma. Para acudir a una oficina de Tráfico no necesitas cita previa, aunque las empresas están obligadas a realizar el trámite por vía electrónica.

¿Qué pasa si la DGT rechaza tu reclamación?

En este caso, todavía tienes la posibilidad de reclamar. Puedes pedir a la Dirección General de Tráfico que vuelva a revisar tu caso y reconsidere la sanción. Para hacerlo, tienes un plazo de un mes desde el día siguiente a recibir la resolución.

Si la DGT vuelve a rechazar tu reclamación, puedes acudir a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo. Por lo general, dispones de dos meses desde que recibes la respuesta oficial para iniciar este proceso.

¿Pierdes el descuento del 50% si recurres una multa de la DGT?

Hay un detalle importante que debes conocer, y es que al presentar alegaciones implica perder el descuento del 50% por pronto pago. Por ejemplo, si recibes una multa de 200 euros, que podrías pagar por 100 euros, al reclamar y no obtener una resolución a favor, tendrás que abonar el importe entero.

Además, presentar un recurso no significa que se paralice el cobro de la multa. Si no la pagas una vez terminado el proceso, la deuda puede pasar a la Agencia Tributaria, que añadirá un recargo del 20% al importe pendiente.

La situación se vuelve especialmente delicada cuando la persona que presta el vehículo conoce que el conductor no dispone de carné o que este ha perdido su vigencia. En esos casos, los tribunales pueden considerar que ha colaborado de manera imprescindible para la comisión del delito, lo que implica que se enfrenta a las mismas penas previstas para el autor principal.

La figura del cooperador necesario está recogida en el artículo 28 del Código Penal, que equipara la responsabilidad penal de quien hace posible la comisión del delito con la del propio infractor. Esto significa que una persona que presta conscientemente su coche a alguien que no puede conducir legalmente no se enfrenta a una simple sanción administrativa de tráfico, sino a un procedimiento penal con consecuencias potencialmente mucho más severas.

El delito contemplado en el artículo 384 del Código Penal prevé tres posibles castigos alternativos. El juez puede imponer una pena de prisión de tres a seis meses, una multa judicial de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante un periodo de entre 31 y 90 días. La elección de una u otra sanción dependerá de las circunstancias concretas del caso, así como de los antecedentes y la situación personal del acusado.

A diferencia de las multas de tráfico convencionales, las multas penales no consisten en una cantidad fija. Se calculan mediante una cuota diaria que determina el juez atendiendo a la capacidad económica del condenado. La ley permite fijar importes que oscilan entre los 2 y los 400 euros al día, una horquilla muy amplia que puede provocar diferencias económicas importantes entre unos casos y otros.

Por este motivo, cuando se habla de multas que pueden alcanzar los 400 euros diarios no significa que esa cantidad se imponga automáticamente. La cifra dependerá de la situación económica del condenado y de la valoración judicial. Sin embargo, en los supuestos más graves o cuando existen elevados ingresos, el importe final puede alcanzar cantidades muy importantes.

La situación adquiere una dimensión todavía más compleja cuando entra en juego la reincidencia. El Código Penal considera agravante que una persona haya sido condenada anteriormente por delitos de la misma naturaleza. Si quien presta el vehículo o quien conduce sin permiso acumula antecedentes penales relacionados con delitos contra la seguridad vial, las consecuencias pueden endurecerse notablemente.

En los casos de reincidencia, los jueces están obligados a aplicar la pena en su mitad superior. Esto significa que, si se opta por la multa de doce a veinticuatro meses prevista en el artículo 384, la condena deberá situarse entre los dieciocho y los veinticuatro meses. La diferencia económica puede ser muy considerable dependiendo de la cuota diaria fijada.

Además del impacto económico, existe otro elemento que preocupa especialmente a los expertos jurídicos: el riesgo real de ingresar en prisión. Cuando una persona cuenta con antecedentes penales vigentes por delitos similares, las posibilidades de beneficiarse de la suspensión de la pena se reducen considerablemente. En consecuencia, si el órgano judicial considera más adecuada una condena de prisión que una multa o unos trabajos en beneficio de la comunidad, el condenado podría verse obligado a cumplir efectivamente la pena de cárcel. Es precisamente este escenario el que convierte estos comportamientos en algo mucho más serio que una simple infracción de tráfico.

Las fuerzas policiales recuerdan periódicamente que conducir sin carné o permitir que otra persona lo haga supone una conducta perseguida penalmente. La responsabilidad no siempre recae exclusivamente sobre quien maneja el vehículo. Cuando se acredita que el propietario o usuario autorizado conocía la situación y aun así facilitó el coche, la Justicia puede entender que sin esa colaboración el delito no habría podido cometerse.

Por ello, antes de prestar un vehículo, resulta fundamental asegurarse de que la persona que va a utilizarlo dispone de un permiso de conducción válido y en vigor. De lo contrario, una decisión aparentemente inocente puede terminar derivando en una investigación penal, una condena económica de gran magnitud e incluso en una pena de prisión para quien facilitó las llaves del coche.

La Gendarmería francesa sorprendió al conductor del superdeportivo alemán en la autopista A40, en la Alta Saboya, muy por encima del límite de velocidad de 130 km/h.

La infracción por exceso de velocidad bate el récord en una vía pública francesa y resultó en la incautación inmediata del vehículo y la confiscación del permiso de conducir.

Además, se le exigió una fianza de 1.500 euros al propietario del 911 GT3, a la espera de la decisión judicial, y se enfrenta a una pena de hasta tres meses de prisión y una multa de 3.750 euros.

Los agentes detectaron el Porsche 911 GT3 a 312 km/h y de madrugada

Según informa L’Auto-Journal, durante un control, el radar de la Gendarmería detectó una velocidad que ni ellos podían creer: 312 km/h en un lugar donde la velocidad máxima legal es 130 km/h, el límite en las autopistas francesas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de septiembre. El conductor del Porsche circulaba por la autopista A40, en el valle de Arve, en Alta Saboya, una carretera de montaña con mucho tráfico que conecta Francia con Suiza e Italia.

Agentes del equipo de intervención rápida y de la brigada motorizada de Bonneville acudieron al lugar. Para demostrar que la detección de la velocidad era correcta, incluso la registraron en la pantalla de su radar láser.

Para ilustrar la magnitud de esta infracción por exceso de velocidad, la gendarmería de Alta Saboya destacó la cifra clave: “182 km/h: esta no es la velocidad a la que se registró la infracción. Esta es la infracción registrada”, publicó el cuerpo en su perfil de Facebook.

Tras aplicar el margen de error técnico del 5% permitido en Francia, la velocidad registrada se redujo a 300 km/h. Por lo tanto, la infracción real fue de 170 km/h, en una carretera con un límite de velocidad de 130 km/h.

Una infracción por exceso de velocidad récord

Esta velocidad supera ampliamente la que puede alcanzar un coche de producción estándar. El 911 GT3 de la generación 991 tiene 500 CV y su velocidad máxima oscila entre 315 y 318 km/h.

Según la gendarmería, se trata de la infracción por exceso de velocidad más alta jamás registrada en una vía pública en Francia. Cabe destacar que el récord anterior se registró en la A40, donde un Audi RS3 fue detectado a 287 km/h en mayo.

Ante semejante cifra, la Policía militar de Alta Saboya no ocultaba su sorpresa: “Es la primera vez que ocurre algo así en Alta Saboya. Ya hemos visto velocidades de 230 km/h y 290 km/h, pero nunca habíamos visto velocidades como esta. En cualquier caso, el radar no se equivoca”.

En una entrevista con France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, el capitán de la Gendarmería de Alta Saboya, Joël Contal, afirmó que “los fines de semana van y vienen… y también algunos comportamientos irresponsables. A 312 km/h, este conductor recorría casi 87 metros por segundo, entre otros usuarios de la autopista.

Consecuencias para el infractor

Una vez realizada la inspección, el procedimiento para el conductor fue inmediato. Según explicó la Gendarmería, “al conductor, de nacionalidad extranjera, se le incautó el vehículo y se le confiscó el permiso de conducir en el acto. Antes de abandonar el lugar de la inspección, también tuvo que abonar una fianza de 1.500 euros, a la espera de su comparecencia ante el tribunal”.

Esta fianza de 1.500 euros representa una cantidad retenida en depósito a la espera de la decisión judicial. En esta etapa, el conductor se enfrenta a las sanciones previstas por exceso de velocidad, superando el límite en más de 50 km/h.

Se trata de un delito penal castigado en Francia con tres meses de prisión y una multa de 3.750 euros. La ley también prevé la suspensión del carné de conducir, o incluso la confiscación definitiva del vehículo.

Según el Observatorio Nacional Interministerial de Seguridad Vial de Francia, las infracciones por exceso de velocidad que superan los 50 km/h siguen siendo muy raras. Representan solo alrededor del 0,3% de las infracciones registradas por las fuerzas del orden.

Sin embargo, el exceso de velocidad sigue siendo un factor importante en los accidentes mortales en carretera, como recuerda periódicamente la Autoridad Francesa de Seguridad Vial, equivalente a la DGT en España.

La avería obligó a inmovilizar el vehículo y el coche quedó bajo la custodia de un mecánico encargado de su reparación. Lo que la propietaria desconocía era que, según la reconstrucción de los hechos publicada por varios medios italianos, el vehículo habría seguido circulando durante semanas sin su conocimiento ni autorización.

La situación salió a la luz cuando comenzaron a llegar multas vinculadas a infracciones cometidas con ese mismo automóvil mientras permanecía supuestamente en el taller. El primer indicio de que algo extraño estaba ocurriendo llegó el 15 de julio de 2024, cuando la propietaria recibió una sanción por una infracción relacionada con el estacionamiento en una plaza reservada para personas con discapacidad.

Ante la inesperada multa, decidió contactar con el mecánico para pedir explicaciones. Sin embargo, lejos de tratarse de un error aislado, aquella sanción fue solo el comienzo de un problema mucho mayor. Con el paso de las semanas fueron llegando nuevos expedientes sancionadores. La suma de todas las multas terminó alcanzando una cifra cercana a los 7.000 euros. Además, el vehículo llegó a quedar afectado por un procedimiento de inmovilización administrativa derivado de las infracciones acumuladas.

El mecánico habría usado el vehículo para desplazamientos personales

Las investigaciones posteriores apuntaron a que el coche no permaneció inmovilizado en el taller tras finalizar la reparación. Según la versión recogida por los medios italianos, el mecánico habría utilizado el Audi para sus propios desplazamientos personales. La propietaria mantiene que nunca dio consentimiento para que su automóvil fuera empleado fuera de las necesidades estrictamente relacionadas con la reparación. De hecho, sostiene que desconocía por completo los movimientos realizados con el vehículo durante ese periodo.

La utilización de coches de clientes para pruebas mecánicas es una práctica habitual cuando resulta necesaria para verificar el correcto funcionamiento tras una reparación. Sin embargo, el caso habría ido mucho más allá de una simple prueba técnica, ya que las sanciones acumuladas sugieren un uso prolongado del automóvil. La historia adquirió una dimensión aún más llamativa cuando trascendió la situación administrativa del propio mecánico.

Según las informaciones publicadas por la prensa, el profesional habría estado conduciendo el Audi pese a tener suspendido el permiso de conducir. Esta circunstancia agrava considerablemente el caso, ya que no solo se estaría produciendo un uso no autorizado de un vehículo ajeno, sino que además la conducción se habría realizado incumpliendo una prohibición administrativa vigente.

El descubrimiento de este hecho generó una gran repercusión mediática en Italia, donde numerosos usuarios de redes sociales cuestionaron los mecanismos de control existentes para evitar situaciones similares en los talleres de reparación. Aunque la responsabilidad final deberá determinarse por las vías correspondientes, el episodio ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de los propietarios cuando sus vehículos permanecen durante largos periodos fuera de su control directo.

El problema fue demostrar que no fue ella

Uno de los principales problemas para la propietaria fue demostrar que ella no había cometido ninguna de las infracciones notificadas. Al recibir las sanciones, tuvo que reconstruir los movimientos del vehículo y aportar información para acreditar que el coche se encontraba bajo la custodia del taller en las fechas señaladas.

Este tipo de procedimientos suelen convertirse en procesos largos y complejos, especialmente cuando las multas provienen de sistemas automáticos de vigilancia del tráfico y no existe una identificación inmediata del conductor infractor. La mujer se vio obligada a gestionar numerosos trámites administrativos para desvincularse de unas sanciones que, según sostiene, nunca debieron dirigirse contra ella.

La sorprendente historia ha generado debate en Italia acerca de las obligaciones de los talleres y la protección de los clientes cuando entregan sus vehículos para una reparación. Más allá de las posibles responsabilidades individuales, el caso demuestra cómo una avería aparentemente rutinaria puede desembocar en un conflicto legal y administrativo de gran envergadura. Mientras se esclarecen todas las responsabilidades, la historia se ha convertido en uno de los casos más llamativos difundidos recientemente por la prensa italiana sobre la relación de confianza entre clientes y talleres mecánicos.

Se trata de una obligación que sigue generando numerosas dudas entre los propietarios, especialmente entre aquellos que tienen un segundo coche, vehículos clásicos o automóviles que apenas utilizan durante largos periodos de tiempo. No obstante, el coche está obligado a tener seguro aunque permanezca aparcado en una cochera privada, en una plaza de garaje comunitaria o incluso en una finca particular. El simple hecho de no utilizarlo no elimina la exigencia legal.

Esta situación afecta cada año a miles de propietarios que dejan el vehículo inmovilizado por motivos económicos, laborales o personales. Algunos incluso consideran que, al no existir riesgo de accidente en circulación, no es necesario mantener la cobertura. Sin embargo, la legislación española contempla otros supuestos y mantiene la obligatoriedad mientras el automóvil siga figurando en el registro de vehículos.

La DGT puede detectar la falta de seguro sin ver el coche

Otro de los mitos más extendidos es que las autoridades no pueden descubrir la ausencia de seguro si el vehículo nunca abandona el garaje. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Actualmente, la comprobación de la cobertura se realiza mediante sistemas informáticos que cruzan datos de diferentes organismos. Las compañías aseguradoras comunican sus pólizas al Consorcio de Compensación de Seguros, organismo que comparte información con la administración. Gracias al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), las autoridades pueden verificar qué vehículos cuentan con una póliza activa y cuáles carecen de ella.

Esto significa que no es necesario que un agente vea el coche circulando por la carretera ni que acceda al garaje donde está estacionado. El simple cruce de datos permite detectar irregularidades y abrir un expediente sancionador. La obligación está basada en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que vincula la necesidad de disponer de seguro al estacionamiento habitual en España. A efectos legales, un vehículo matriculado en territorio español cumple este requisito, aunque lleve meses parado. De hecho, la sanción puede llegar sin que exista un control presencial o una denuncia previa.

Además de la multa, el vehículo puede quedar precintado

La sanción económica no es la única consecuencia. La normativa también contempla la posibilidad de imponer el depósito o precinto cautelar del automóvil. Se trata de una medida que puede generar importantes inconvenientes para el propietario y aumentar considerablemente los costes asociados a la infracción.

El depósito cautelar puede mantenerse durante un mes con carácter general. En caso de reincidencia, el plazo puede ampliarse hasta tres meses. Si el propietario incumple el precinto impuesto por la administración, el periodo de inmovilización puede alcanzar incluso un año completo.

Además, recuperar el vehículo no resulta tan sencillo como pagar la multa. El propietario deberá demostrar previamente que ha contratado una póliza de seguro válida y en vigor. Sin este requisito, la administración no autorizará la devolución del automóvil. A todo ello hay que sumar los gastos derivados del depósito y custodia del vehículo, que corren íntegramente a cargo del titular. Estos importes deben abonarse o garantizarse antes de recuperar el coche, lo que puede incrementar notablemente el coste final de la infracción.

La única alternativa legal para quienes no vayan a utilizar su coche durante una larga temporada consiste en tramitar una baja temporal o definitiva en el Registro de Vehículos. La reforma introducida por la Ley 5/2025 exime de la obligación de asegurar aquellos vehículos dados de baja que no se empleen como medio de transporte.

En definitiva, guardar el coche en el garaje no evita la obligación de contratar un seguro. Mientras el vehículo permanezca dado de alta, la póliza seguirá siendo obligatoria. Ignorar esta norma puede acabar traduciéndose en una multa de miles de euros, gastos adicionales y la inmovilización del automóvil, una situación que muchos conductores descubren cuando ya es demasiado tarde

La Ley sobre Tráfico contempla esta sanción tan levada solo para conductas muy concretas, las cuales deja claras en el artículo 80.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En el apartado ‘d’ del mismo figura lo siguiente “las infracciones recogidas en el artículo 77.n), ñ), o), p), q), r), s) y t) se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros”.

Ahora bien, ¿cuáles son esas infracciones? Entre los supuestos incluidos están la realización de obras en la carretera sin la autorización correspondiente, la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización; la incorrecta señalización de una obra que genera un riesgo para la seguridad vial, causar daños en la infraestructura de la vía, etc.

Sin embargo, la que interesa más a los conductores convencionales, porque es la que más les puede afectar a priori, es la que figura en el apartado ‘p’: “Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico”.

6.000 euros de multa y hasta 6 puntos del carnet

La normativa prohíbe la instalación de inhibidores de radar, así como su uso, algo que considera como una infracción muy grave que implica una multa de 6.000 euros, así como la pérdida de hasta 6 puntos del carnet de conducir.

La prohibición es algo que se expresa de manera literal en el artículo 13.6 de la Ley de Tráfico aprobada en 2022: “Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros”

Pero, si la cuantía que se aplica a los conductores es de como mucho 6.000 euros, ¿de dónde sale ese “hasta 20.000 euros”? En el supuesto de los inhibidores de radar, es la suma máxima que puede aplicarse a las empresas que se encargan de vender y/o de instalar este tipo de dispositivos.

Avisador, detector e inhibidor de radar

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, avisador, detector e inhibidor de radar son dispositivos diferentes y la normativa española establece consecuencias distintas para cada uno, así que conviene aclarar qué son y qué supone el uso de unos y otros.

La principal diferencia está en cómo obtienen la información sobre la presencia de un radar y, sobre todo, en si interfieren o no en su funcionamiento.

El avisador es el único sistema permitido, su funcionamiento se basa en una base de datos que contiene la ubicación conocida de radares fijos, de tramo o de otros puntos de control, y alerta al conductor cuando se aproxima a ellos. No detecta ninguna señal emitida por el radar ni interfiere con él.

Pueden estar integrados en navegadores, aplicaciones móviles o sistemas del propio vehículo (todo el mundo utiliza servicios como Google Maps o Waze), y su utilización es legal siempre que se limiten a informar de la ubicación de controles que ya figuran en fuentes públicas.

El detector funciona de una manera diferente porque, en lugar de consultar únicamente una base de datos, es capaz de captar las ondas que emiten determinados radares para identificar que existe un dispositivo de control próximo, es decir, interfiere físicamente con el dispositivo y es especialmente útil para detectar radares móviles incluso sin verlos.

Por ese motivo la legislación española prohíbe llevar instalado un detector de radar en el vehículo, algo que está considerado como una infracción grave y que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del permiso de conducir.

Es el inhibidor de radar el que va un paso más allá, porque su objetivo no es simplemente informar al conductor de la presencia de un radar, sino interferir en su funcionamiento para impedir o dificultar que pueda realizar correctamente la medición, evitando así la “cazada”.

Por este motivo, la legislación establece las consecuencias más severas para este tipo de dispositivos, está considerada una infracción muy grave y puede suponer una multa de 6.000 euros, además de la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, como comentábamos más arriba.

El mero hecho de que la persona sentada en el asiento del copiloto haga esto ya va en contra de lo establecido, pero el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha añadido que el exfutbolista del Inter de Milán estaba conduciendo sin licencia en vigor. El polémico delantero no se ha quedado callado ante estas acusaciones y ha contraatacado al Ministerio en 'X' pidiendo que mejoren el estado de las calles, pero ha acabado siendo inhabilitado hasta 2099.

Mauro Icardi se queda sin carnet hasta 2099

Los elevados sueldos que tienen los futbolistas de élite les permiten tener coches de altas prestaciones y en ocasiones no disfrutan correctamente de ellos. Recientemente hemos visto casos de jugadores como Raúl Asencio, que fue pillado mientras conducía superando la tasa de alcohol, y aunque este no sea el caso de Mauro Icardi, el protagonista de hoy también ha demostrado lo que no se debe hacer cuando estás al volante.

En este caso no fue la policía la que vio el suceso, sino que fue la actriz conocida como 'China' Suárez, pareja del futbolista, quien subió el vídeo a las redes sociales donde cometía una irresponsabilidad en uno de sus últimos viajes. Ella estaba en el asiento del copiloto cuando decidió quitarse el cinturón de seguridad y prácticamente sacó el cuerpo en su totalidad por la ventanilla. Todo esto lo grabó con su teléfono y decidió subirlo a las redes sociales.

En el vídeo se puede ver cómo el que va al volante es Mauro Icardi, que, a pesar de lo que está haciendo su pareja, él parece estar haciendo todo correctamente. Pero tras hacerse viral este vídeo, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires decidió analizar los datos del futbolista y vieron que la validez su carnet ya había caducado. El de 33 años ha recibido un castigo notable perdiendo la licencia para conducir hasta 2099.

Icardi carga contra el Ministerio de Transporte

Para recuperar el carnet, el futbolista que en estos momentos se encuentra sin equipo debería ser evaluado para ver si puede volver a conducir. Es decir, el delito no solo está en quitarse el cinturón en marcha, error que está castigado en España con hasta 200 euros y 4 puntos del carnet, sino que al parecer Mauro conducía sin poder hacerlo. Ante estas acusaciones, él no se quedó callado y aseguró que puede conducir.

En la misma conversación de 'X' donde el Ministerio señalaba al futbolista argentino y a su pareja por lo que habían hecho en el vídeo que se subió a Instagram, el propio Icardi decidió contestar. "Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios", arrancaba el comunicado el exjugador del Inter de Milán o del PSG.

Además, no desaprovechó la oportunidad para atacar al Gobierno de Buenos Aires. "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar", comentaba sobre el estado de las carreteras de su país, donde precisamente se grabó este vídeo que ha generado tanta polémica.

El nacido en Rosario ha jugado la mayor parte de su carrera en Europa, y el hecho de cambiar su licencia en el Viejo Continente es el motivo por el que ha podido haber esta confusión. Lo explicó el propio jugador en su respuesta, donde se mostró muy enfadado: "La licencia argentina hay que entregarla cuando la conviertes a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?". Sea verdad o no que tenga licencia vigente, en el vídeo se puede ver cómo su pareja comete una irregularidad tremenda con él al volante y él ha sido castigado de forma severa.

Esta reforma legal, respaldada mediante la actualización del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, atiende al incremento de la presencia de ciclistas en vías secundarias y comarcales, especialmente tras el periodo vacacional. Con la entrada del otoño es habitual la formación de agrupaciones de ciclistas que comparten espacio con vehículos a motor. Por este motivo, el organismo regulador ha decidido endurecer los requisitos mínimos para efectuar cualquier maniobra de rebase, con el fin de priorizar la seguridad física de los usuarios más vulnerables del ecosistema vial.

Hasta la fecha, la normativa obligaba a mantener un margen lateral de seguridad de al menos 1,5 metros respecto al usuario de la bicicleta, permitiendo incluso la ocupación total o parcial del carril contrario o pisar la línea continua para garantizar dicha distancia de separación. Si bien esta exigencia sigue estando completamente vigente, desde el 1 de octubre se suma de manera estricta la necesidad de desacelerar antes de iniciar la maniobra.

En una carretera cuyo límite máximo sea de 90 kilómetros por hora, el vehículo a motor deberá reducir su velocidad hasta un máximo de 70 kilómetros por hora para poder efectuar el sobrepaso legalmente. De no hacerlo, los agentes de la autoridad tramitarán la sanción económica de 200 euros clasificada como infracción grave.

Las modificaciones normativas contemplan también pautas específicas para entornos urbanos y periurbanos. Es más, la nueva reglamentación estipula una distancia mínima de protección por detrás de hasta 5 metros cuando un vehículo circule tras un ciclista en ciudad antes de poder realizar la maniobra de rebase. Este margen evita que los vehículos ejerzan un acoso por aproximación que pueda desestabilizar o intimidar al usuario sobre dos ruedas.

Además, la normativa se complementa con la prohibición expresa de adelantar cuando la maniobra ponga en peligro a otros ciclistas que circulen en sentido contrario, aunque estos se desplacen por el arcén. De forma paralela, el mapa vial español se encuentra en un proceso de reestructuración tras la luz verde otorgada por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras para transformar progresivamente los arcenes de las vías estatales en carriles bici segregados.

Del mismo modo, el Boletín Oficial del Estado autoriza que, en aquellas carreteras multicarril o convencionales con una intensidad media de tráfico reducida, se puedan disminuir o suprimir los arcenes preexistentes para ejecutar vías ciclistas adyacentes de uso exclusivo.

El impacto del viento relativo que genera un coche al sobrepasar a gran velocidad a una bicicleta representa una de las principales causas de inestabilidad y posterior caída del ciclista. La reducción de 20 kilómetros por hora obligatoria pretende erradicar ese efecto de succión y rebufo que altera el equilibrio de la bicicleta. Los conductores deberán adaptar su marcha con suficiente antelación al aproximarse por detrás a los ciclistas, evitando frenazos bruscos sobre el asfalto que puedan provocar colisiones por alcance con otros vehículos que circulen por detrás.

El régimen sancionador se aplicará de forma inflexible en todo el territorio nacional a través de los controles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales. Como ocurre con el resto de infracciones graves sancionadas con 200 euros, los conductores denunciados podrán beneficiarse de una reducción del 50 % en el importe si efectúan el pronto pago durante los 20 días naturales posteriores a la notificación formal de la multa, si bien dicha vía administrativa implica la renuncia automática a formular alegaciones.

En conclusión, la DGT establece un marco de circulación más riguroso en el que la convivencia entre vehículos y bicicletas exige una mayor paciencia por parte de los conductores. El cumplimiento del margen de 1,5 metros, la distancia posterior en tramos urbanos y la reducción obligatoria de velocidad al adelantar serán los tres pilares esenciales que cada conductor deberá poner en práctica a partir del 1 de octubre para evitar sanciones económicas y pérdidas de puntos en su permiso de conducir.

La razón es sencilla: mientras el conductor de un coche cuenta con una estructura que protege su cuerpo ante un impacto, el ciclista apenas dispone de elementos que amortigüen las consecuencias de un choque.

Una maniobra aparentemente pequeña, como pasar demasiado cerca o mantener una velocidad excesiva al rebasarlo, puede provocar una caída con consecuencias graves. Por eso la legislación ha ido endureciendo progresivamente las condiciones que debe cumplir el vehículo a motor.

La regla básica que continúa vigente es la separación lateral mínima de 1,5 metros al adelantar a un ciclista, además de que cuando la carretera dispone de más de un carril por sentido, el conductor debe cambiar completamente de carril para realizar la maniobra.

Tampoco está permitido adelantar si la acción pone en peligro o entorpece a ciclistas que circulan en sentido contrario, aunque estos se encuentren utilizando el arcén. Todas estas obligaciones forman parte de la normativa desde la reforma que entró en vigor en marzo de 2022 e incumplirlas no supone una infracción menor.

La Ley de Tráfico establece una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso cuando se adelanta a ciclistas poniendo en peligro, acosando o entorpeciendo su circulación o sin respetar la separación lateral mínima de 1,5 metros. Es una de las conductas que más puntos de la licencia puede hacer perder de una sola vez.

A partir del 1 de octubre la normativa será todavía más estricta, porque, cuando el adelantamiento se produzca fuera de poblado, el conductor tendrá que reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite establecido en la vía y mantener esa reducción durante toda la maniobra. La nueva regla queda incorporada al artículo 85 del Reglamento General de Circulación.

El cambio puede tener un efecto especialmente visible en las carreteras convencionales, donde el límite genérico es de 90 km/h, así que en ella el adelantamiento de un ciclista deberá realizarse como máximo a 70 km/h. Si el tramo estuviera limitado a 70 km/h, la velocidad durante la maniobra tendría que reducirse hasta 50 km/h.

De esta manera, la modificación pretende que el vehículo que adelanta no solo deje espacio suficiente, sino que reduzca también la diferencia de velocidad durante el encuentro con la bicicleta.

Esta última cuestión es importante porque la velocidad condiciona tanto el riesgo de la maniobra como la gravedad de sus consecuencias. Un coche que circula muy rápido y pasa a poca distancia de una bicicleta genera una situación de riesgo mucho mayor que otro que reduce la marcha y realiza el adelantamiento con margen.

El ciclista, además, puede desviarse ligeramente de su trayectoria por irregularidades del firme, viento, obstáculos o simplemente por las condiciones de la carretera.

Así, se busca proteger más a los usuarios de las bicicletas, aunque es algo que va a tener consecuencias claras a nivel de fluidez en la circulación, especialmente en carreteras de montaña y donde solo haya un carril por sentido.

Además de esta novedad, la reforma también introduce un cambio específico para la circulación urbana.

Los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros respecto a los ciclistas que circulen delante de ellos en el mismo carril. En las vías urbanas con más de un carril por sentido se mantiene la obligación de cambiar completamente de carril cuando se adelanta a una bicicleta, junto con la separación lateral mínima establecida por la normativa.

El endurecimiento de la ley no se limita a los conductores, si no que desde octubre también desaparecerán determinadas excepciones relacionadas con el uso del casco en vías interurbanas, de modo que los ciclistas deberán utilizarlo en estas carreteras.

Además, los repartidores que trabajen en bicicleta tendrán obligaciones específicas de protección y visibilidad, teniendo que utilizar sí o sí tanto el casco, aunque desarrollen su actividad exclusivamente en ciudad, como un chaleco reflectante.

En conjunto, la reforma forma parte de un paquete más amplio destinado a reforzar la protección de los llamados usuarios vulnerables de la vía, entre los que se encuentran ciclistas, peatones, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

El jugador del equipo blanco no empieza para nada bien esta temporada. El pasado mes de agosto fue parado por la policía canaria y fue sometido a un control de alcoholemia en el que dio un resultado de 0,90 mg/l de alcohol en aire respirado. Con esta marca multiplica por cuatro el máximo permitido y fue condenado por este delito contra la seguridad vial. El futbolista fue juzgado en un juicio rápido y el castigo fue una multa económica y la retirada del permiso de conducir de forma temporal.

Asencio comete un error grave al volante

La pasión de los futbolistas por los coches es algo conocido por todos. En muchas ocasiones, esto no hace daño a nadie, pues jugadores como Cristiano Ronaldo tienen garajes de máximo lujo, pero no cometen temeridades con ellos. Esto se cumple en la mayoría de casos, pero hay en ocasiones que el hecho de tener estos coches puede llevar a los futbolistas a cometer errores que pueden salir muy caros.

Esto es un caso que ya vimos hace unos meses con Raheem Sterling. En aquella ocasión, el futbolista inglés fue pillado conduciendo y estrellando su coche bajo los efectos de la droga, y ahora hemos visto cómo un jugador español del Real Madrid ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. El sujeto en cuestión ha sido Raúl Asencio, futbolista canario que creció en las categorías inferiores del Real Madrid y lleva dos temporadas con el primer equipo.

Esta tercera campaña para él no ha empezado nada bien, pues además de perder su hueco en el once titular, también se ha visto manchada su imagen por temas extradeportivos. El defensa central pasó parte de sus vacaciones en las Islas Canarias, y allí fue donde cometió la temeridad de coger el coche tras haber bebido de más. Los futbolistas deben ser ejemplos para los más pequeños, pero en este caso ha sido todo lo contrario.

El del Real Madrid cuadruplicó la tasa permitida

El hecho tuvo lugar en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria. Concretamente, sucedió el día 16 de agosto y ahora varios medios locales han dado la noticia. En plenas vacaciones, antes de unirse al trabajo con su club, Raúl cometió un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio. El canario iba con su Porsche, no con el BMW i7 M70 que le proporcionó el Real Madrid esta temporada, y se saltó las normas.

La Policía le hizo someterse a un control de alcoholemia y la sorpresa mayor llegó cuando la máquina marcó un 0,90 mg/l de alcohol en aire respirado. Esto, por supuesto, es positivo y no solo eso, sino que el resultado cuadriplica la tasa máxima permitida, que es de 0,25. De esta forma, el central se suma así a la lista negra de futbolistas que han cometido verdaderas temeridades con el coche y que manchan así su carrera deportiva.

Tras esto, el central fue sometido a un juicio rápido y la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia le castigó con una multa diaria de 120 euros durante cuatro meses. Esto supone una sanción económica total de 14.400 euros, una cantidad que no es problema para un jugador de Primera División. Pero además, el castigo no se quedó ni mucho menos ahí, sino que se le ha retirado el carnet de conducir durante ocho meses.

En el club blanco seguro que no están contentos con este fallo de su jugador, que fue sorprendido cuando conducía ebrio por Gran Canaria. Durante sus vacaciones cometió este delito y ahora tiene que pagar por él. Además, el Real Madrid estará preparando la entrega de los BMW a los jugadores de la primera plantilla, como hace cada año, pero Raúl Asencio no estará listo para esta entrega, pues su delito le ha costado temporalmente la licencia de conducir.

Los tramos de las autopistas AP-7 y AP-2, así como de la autovía A-2, han servido de escenario para este estudio piloto de carácter internacional que se desarrolló a lo largo de los meses de junio y julio. Durante este periodo, los dispositivos de los Mossos d'Esquadra han estado midiendo no solo la velocidad a la que circulan los automóviles, sino también recopilando datos sobre la conducta de los conductores sin llegar a tramitar sanciones administrativas, ya que el único propósito del proyecto era testar la precisión de estos avanzados algoritmos de inteligencia artificial.

Los resultados extraídos de las pruebas estivales han dejado cifras preocupantes para las autoridades del Govern. El sistema inteligente fue capaz de detectar más de 8.500 incidencias relacionadas con la manipulación del teléfono móvil y más de 4.500 infracciones por no llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad. Estas lecturas han alcanzado un nivel de efectividad global que supera el 75%, llegando al 84% de precisión a la hora de certificar el uso inadecuado del teléfono móvil.

Por su parte, la falta de sujeción mediante el cinturón de seguridad afectó a entre el 1'3 y el 1'8% de las personas que viajaban en los vehículos analizados. Estas proporciones colocan a la comunidad autónoma catalana en un puesto desfavorable en el marco de la investigación internacional, situándola como la tercera región con mayor grado de incumplimiento de las normas relativas al uso del móvil al volante entre los territorios estudiados.

Los patrones de comportamiento detectados muestran una notable diferencia en cuanto a los días, las horas y la tipología de las carreteras en las que se registran estos hábitos de riesgo. En el caso del teléfono móvil, las distracciones se concentran fundamentalmente durante el día y en jornadas laborables, teniendo un pico muy marcado entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, concretamente entre las once y media de la mañana y las tres y media de la tarde.

En este sentido, la autovía A-2, especialmente en el entorno periurbano de la localidad de Cornellà de Llobregat, registró el índice más alto de uso del teléfono móvil al alcanzar a un 5% de los conductores. Por contraposición, la omisión del uso del cinturón de seguridad es una conducta que se dispara durante los periodos de ocio y en vías de gran capacidad.

Además, las detecciones de esta irregularidad aumentaron de forma considerable a lo largo de los fines de semana, siendo especialmente frecuentes en los horarios nocturnos y durante las primeras horas de la madrugada. Desde el punto de vista técnico, la gran innovación de estos carros-radar reside en la combinación estratégica de dos cámaras de alta definición, una dispuesta en orientación horizontal y otra en posición cenital.

Esta doble perspectiva permite a la inteligencia artificial descubrir comportamientos que resultaban prácticamente indetectables para los medios de vigilancia tradicionales, como los radares fijos o las patrullas en helicóptero. Una de las prácticas que ahora queda al descubierto es la de aquellos conductores que colocan el teléfono móvil sobre sus muslos o el regazo para intentar ocultar que lo están manipulando mientras manejan el vehículo.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha justificado la apuesta por esta herramienta recordando que la siniestralidad en la red viaria de Cataluña se encuentra muy dispersa, lo que exige adaptar la vigilancia mediante fórmulas de movilidad flexible. Aunque la fase experimental recién finalizada no ha derivado en sanciones económicas ni pérdida de puntos para los vehículos captados por las lentes inteligentes, la administración prevé incorporar formalmente esta tecnología de control dentro del Plan de Seguridad Vial 2027-2030 para atajar definitivamente las distracciones en carretera.

Puede que Hammond peque de imprudencia al volante o que esté tratando de batir el récord establecido por el entonces futbolista del Manchester United, Maroune Fellaini. En 2015, al jugador lo cazaron dos veces en el mismo día circulando por encima del límite de velocidad permitido. La primera vez fue a 130 km/h en una zona limitada a 64 km/h y, la segunda, a 95 km/h cuando el máximo legal era de 48 km/h. Lo llamativo es que las dos multas se tramitaron con una diferencia de solo 6 minutos.

Las consecuencias para Fellaini estuvieron a la altura de las infracciones que cometió. El ya ex futbolista belga tuvo que pagar una multa de 1.188 libras, el equivalente a unos 1.400 euros actuales, que para un deportista de élite puede parecer poco, pero a esto se unió una orden de retirada del carné de conducir durante 9 meses.

Cazado dos veces por exceso de velocidad en tres semanas

Volviendo al caso de Richard Hammond, los hechos no fueron tan graves como los de Fellaini, aunque no por ello el ex presentador de 56 años se ha quedado sin su correspondiente denuncia. Tal y como informa The Guardian, la primera infracción se registró poco antes de las 1 del medio día del pasado 2 de diciembre de 2025.

Al volante de un Porsche Taycan Cross Turismo, Hammond fue interceptado por un agente de Policía que portaba un radar móvil mientras circulaba a 68 mph (109 km/h) en un tramo de la carretera A40 en Pencraig, Herefordshire, donde el límite de velocidad es de 50 mph (80 km/h).

Tres semanas más tarde, el 22 de diciembre de 2025, cuando el reloj marcaba las 11:45 de la mañana, otro radar interceptó al ex presentador de Top Gear y The Grand Tour mientras conducía un Bentley Continental GT. El problema no era el lujoso deportivo, sino el hecho de que circulaba a 82 mph (132 km/h) en el paso elevado de Rudhall de la A50, también en Herefordshire, cuya velocidad máxima legal es de 70 mph (110 km/h).

La Policía envió por correo las multas por exceso de velocidad a dos residencias propiedad de Richard Hammond. Sin embargo, la correspondencia fue devuelta por no haber localizado al destinatario. Más tarde, las autoridades localizaron al ex presentador en una tercera propiedad cerca de Abergavenny, en Monmouthshire, donde, esta vez sí, le fueron notificadas las infracciones.

Los agentes expusieron en los documentos judiciales que Hammond había sido acusado de otro delito de tráfico en agosto de 2025. A pesar de que expuso los hechos ante sus abogados, Richard acabó declarándose culpable de ambas infracciones, así como de las acusaciones de haber ignorado las cartas y de no haberse identificado como responsable de ambas faltas.

¿Multa ejemplar o simbólica?

Las consecuencias, como en el caso del futbolista del Manchester United, al nivel de lo que cabría esperar en la justicia británica. Hammond recibió dos multas por las dos infracciones de velocidad. La primera supuso un coste de 333 libras (unos 390 euros), mientras que la segunda ascendió a 666 libras (unos 780 euros), por lo que el montante de ambos delitos fue de 999 libras (1.170 euros).

La cosa no acabó aquí. Richard Hammond también tuvo que abonar otros gastos, como las 240 libras (281 euros) en concepto de costas y las 532 libras (622 euros) por recargos para las víctimas. En total, 1.771 libras de sanción (2.073 euros) para el famoso presentador.

Esta vez, el famoso presentador que ha inspirado a más de una generación a explorar el mundo del motor ha tenido que responsabilizarse de su conducta al volante y, si bien no tiene las consecuencias a nivel económico que tendría para un conductor medio, este es un ejemplo más de que la ley es igual para todos. O eso dicen.

Esta circunstancia, que a simple vista podría parecer un detalle menor o puramente anecdótico, constituye en realidad un defecto de forma y de prueba de enorme calado. La base jurídica de este argumento radica en la estricta normativa de metrología técnica a la que están sujetos todos los aparatos de medición de velocidad homologados. Cuando un radar dispara su fotograma, proyecta una señal o registra un haz que mide la aceleración en un punto o tramo determinado. Si en el encuadre exacto del disparo aparecen dos vehículos circulando en paralelo o a una distancia reducida dentro de la misma zona de cobertura, resulta técnicamente imposible determinar de manera indubitada cuál de los dos transportes era el que circulaba por encima de los límites legales permitidos.

López destaca que la carga de la prueba recae íntegramente sobre la Administración sancionadora. En el procedimiento administrativo sancionador rige con absoluta firmeza el principio de presunción de inocencia, el cual exige que cualquier infracción atribuida a un ciudadano esté respaldada por una prueba plena, clara y exenta de cualquier tipo de ambigüedad. Si la fotografía del radar muestra de forma simultánea un turismo y una motocicleta compartiendo el espacio de medición, surge de inmediato una duda razonable sobre la autoría del exceso de velocidad. Ante la imposibilidad técnica de aislar el comportamiento de cada vehículo en esa instantánea concreta, la multa carece de la solidez probatoria exigida por la ley y debe ser anulada por el organismo competente.

Para llevar a cabo un recurso fundamentado en esta premisa, el primer paso fundamental consiste en no abonar la sanción de inmediato a través del procedimiento de pronto pago, ya que esta acción implica la aceptación explícita de la infracción y la renuncia a la vía de alegaciones. En su lugar, el conductor afectado debe solicitar el expediente sancionador completo, el cual debe incluir la fotografía original e íntegra del momento del disparo. Es una práctica habitual que los organismos de tráfico remitan inicialmente un encuadre ampliado o recortado donde únicamente se observa la matrícula del vehículo sancionado. Ante esto, el ciudadano tiene el derecho legal de exigir la foto panorámica sin recortes para verificar las condiciones reales en las que se produjo la captura.

Una vez examinada la imagen completa y confirmada la presencia de un segundo vehículo en el ángulo de visión del radar, se debe formalizar un escrito de alegaciones detallando la vulneración de la normativa metrológica y la falta de certeza en la asignación de la velocidad. En dicho recurso se argumenta que la medición pudo ser provocada o alterada por el vehículo contiguo, imposibilitando la atribución individualizada de la falta. La normativa vigente exige una precisión absoluta, por lo que la coexistencia de dos elementos móviles en la escena invalida automáticamente el valor probatorio de la captura de pantalla.

Respecto a las posibilidades reales de éxito, los expertos en derecho de tráfico estiman que la probabilidad de lograr la anulación de la sanción bajo estas circunstancias es alta, situándose entre un 70% y un 80%. No obstante, la efectividad del recurso depende en gran medida de la tecnología empleada por el cinemómetro; mientras que ante radares tradicionales la anulación es casi segura debido a la imposibilidad de discriminar los vehículos, los dispositivos modernos de tipo Lidar o multicarril pueden identificar la velocidad de cada elemento por separado. Por ello, la clave reside en agotar la vía administrativa exigiendo la imagen panorámica completa y completa evidencia técnica, garantizando así que la duda razonable prevalezca a favor del conductor ante cualquier incertidumbre probatoria.

Esta estrategia legal puesta de relieve por el letrado Javier López demuestra la importancia de analizar detenidamente las pruebas documentales antes de asumir una penalización. Un elemento tan cotidiano como un adelantamiento o el tránsito paralelo de una moto en el instante preciso del disparo puede convertirse en la herramienta definitiva para revocar la sanción, protegiendo así tanto el patrimonio económico del conductor como el saldo de puntos de su permiso de circulación.

No ha ocurrido en España, sino en Rumanía, concretamente, en Cluj-Napoca, al noreste del país. En la calle Remetea de la ciudad, los coches circulaban a gran velocidad y un vecino decidió resolver el problema por su cuenta, colocando un badén fabricado por él mismo.

Rápidamente, las imágenes de la vía con el badén improvisado instalado se viralizaron, lo que provocó la reacción inmediata de la Policía, que inició la búsqueda del responsable.

Las autoridades municipales inspeccionaron el lugar y retiraron la estructura, devolviendo la calle a su estado anterior. Pero el autor del badén tendrá que responder por haber alterado un dominio público sin permiso.

El badén improvisado estaba colocado en una calle muy transitada

La calle Remetea es una vía transitada de Cluj-Napoca y la presencia del badén casero no tardó en levantar sospechas. En declaraciones al medio G4Media.ro, el vicealcalde de la ciudad rumana, Dan Tarcea, dejó claro que “nadie puede modificar el dominio público a su antojo", una conducta que implica una sanción por ley.

Colocar un badén artesanal para reducir la velocidad no es una decisión que pueda tomar una persona de manera individual, por muy razonable que pueda parecer el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos. Estas estructuras deben cumplir con unos requisitos para estar homologaos.

Asimismo, Tarcea también pidió a los ciudadanos que avisen a las autoridades cuando detecten intervenciones similares en el espacio público sin previa autorización. Cualquier modificación del asfalto o del mobiliario urbano debe pasar por los canales oficiales y contar con el visto bueno del Ayuntamiento.

Finalmente, los trabajadores municipales retiraron el badén casero y restablecieron el estado original de la vía. Ahora, las autoridades buscan al vecino que puso el badén, que podría enfrentarse a una multa por alterar la vía pública sin autorización.

¿Cómo hay que pasar por un badén?

Normalmente, los badenes se utilizan como instrumento para reducir la velocidad en determinados puntos. También suelen estar en áreas residenciales o en zonas de salida de niños del colegio.

Pero estos sistemas pensados para la seguridad vial pueden producir efectos negativos en los coches, si no se toman adecuadamente. Los neumáticos delanteros son los que más sufren y pueden llegar a perforarse si no están en buen estado.

La suspensión podría dañarse debido a la necesidad de soportar un golpe fuerte de forma repentina. Esto tiene consecuencias indirectas, como una alineación incorrecta de las ruedas o golpes en los bajos del vehículo.

Los golpes en el suelo del vehículo pueden hacer que se suelte el parachoques delantero en los vehículos más bajos, incluso que roce o se descuelgue el tubo de escape, así como dañar elementos críticos como el cárter.

La mejor manera de coger los badenes es frenar antes de llegar al badén, no durante. La finalidad de estos guardias tumbados es que la amortiguación absorba bien el impacto.

Te damos algunos consejos para anticiparse a estos resaltos y no dañar el coche:

• Presta atención a las señales: siempre que hay un badén cerca, suele haber una señal que indica los metros exactos.

• Circula a la velocidad de la vía: los principales daños de los vehículos con badenes se producen a una velocidad excesiva; lo recomendable es circular a la velocidad que marcan las señales.

• Mantén la distancia de seguridad: los vehículos que circulan a poca distancia tienen menos campo de visión y pueden no anticipar la presencia de un badén a tiempo.

• Toma el badén de frente: el badén se debe tomar de forma perpendicular, no girando el volante o durante un cambio de carril. Las ruedas y la suspensión absorberán el impacto de manera uniforme.

El letrado argumenta que negarse a realizar la prueba de alcoholemia constituye una decisión sumamente perjudicial para la situación procesal del ciudadano. En la legislación aplicable, la negativa a someterse a los controles establecidos por los agentes de la autoridad no supone simplemente una infracción administrativa grave o una sanción económica, sino que se encuentra tipificada como un delito autónomo en el Código Penal.

Esta distinción resulta fundamental, ya que desobedecer la indicación de soplar en el etilómetro activa inmediatamente un procedimiento judicial que conlleva penas severas independientes de la tasa real de alcohol que pudiera registrar el conductor en ese momento. Al negarse a realizar la prueba, el individuo se enfrenta directamente a una pena de prisión que oscila entre los seis meses y un año, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo que puede ir de uno a cuatro años. La gravedad de esta medida punitiva radica en que el tipo penal castiga la desobediencia a la autoridad en el marco de la seguridad vial.

De este modo, la persona que rechaza la prueba se coloca automáticamente en una posición legal mucho más desfavorable que aquella que decide colaborar con los agentes, incluso si sospecha que su resultado va a superar con creces los límites permitidos. En cambio, si el conductor accede a realizar la medición y el resultado arroja una tasa positiva que supere los márgenes administrativos, el escenario jurídico se encauza por la vía correspondiente a los delitos contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol.

Aunque superar los límites establecidos también puede derivar en penas de prisión, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad, las posibilidades de defensa y de negociación de las medidas en el ámbito judicial son sensiblemente más favorables. Someterse a la prueba evita la acumulación de delitos y permite centrar la estrategia letrada en un único hecho punible.

Uno de los aspectos más relevantes que señala el abogado es el riesgo de incurrir en un concurso de delitos si el conductor combina ambas conductas. Si una persona muestra signos evidentes de embriaguez y además rechaza tajantemente la realización del test, la fiscalía y los tribunales pueden imputarle tanto el delito de negativa a someterse a las pruebas como el delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Esta suma de acusaciones multiplica las sanciones potenciales y dificulta enormemente la obtención de acuerdos favorables o la suspensión de las penas privativas de libertad.

Asimismo, colaborar con los agentes durante el procedimiento del control puede ser valorado de forma positiva en las diligencias posteriores. El cumplimiento de las órdenes dadas por la policía evita la imputación del delito de desobediencia y permite a la defensa analizar minuciosamente el atestado policial en busca de posibles defectos de forma, fallos en la calibración del etilómetro o irregularidades en los tiempos de margen entre las dos mediciones obligatorias. Estas vías de defensa quedan completamente invalidadas si el acusado decide no soplar, puesto que el delito de negativa se perfecciona en el mismo instante en que se consuma la desobediencia.

La recomendación del letrado busca desmitificar la creencia errónea de que no soplar impide a la justicia probar la embriaguez del conductor. En la práctica judicial, los agentes de tráfico elaboran un informe detallado con los signos externos que presenta el individuo, tales como la halitosis alcohólica, la deambulación titubeante, el habla pastosa o los ojos enrojecidos.

Estos elementos bastan para sostener una acusación por conducción ebria, por lo que negarse a soplar solo añade un delito adicional sin lograr neutralizar la primera sospecha. Aunque la prevención y el consumo cero de alcohol al volante constituyen la única conducta plenamente segura y responsable en la vía pública, la recomendación técnica ante un control inminente es acatar la orden de los agentes para evitar males mayores en el tribunal penal.

La prueba fundamental utilizada por las autoridades para incriminar al jugador fue el propio material audiovisual que él mismo grabó y guardó en su teléfono móvil, donde se le observa circulando a velocidades extremas que llegaron a alcanzar los 307 kilómetros por hora en vías públicas inglesas. Los hechos corresponden a una serie de episodios en los que Charlton decidió registrar sus imprudencias al volante de su vehículo, un todocamino deportivo BMW X3 M Competition.

En los metrajes recuperados por los investigadores policiales, el futbolista se inmortalizó alcanzando picos de velocidad de hasta 191 millas por hora, lo que equivale a 307 kilómetros por hora, en tramos donde el límite legal permitido está fijado en 70 millas por hora, es decir, unos 113 kilómetros por hora. De este modo, el condenado llegó a circular a más de dos veces y media la velocidad máxima autorizada por la normativa británica, generando un riesgo extremo para la seguridad vial.

La conducta temeraria del acusado no se limitó únicamente a acelerar en tramos rectos de autopista. La inspección de los teléfonos incautados sacó a la luz una serie de maniobras peligrosas realizadas en entornos de tráfico denso. En uno de los vídeos más llamativos, Charlton aparece zigzagueando entre automóviles a altas velocidades. En otra de las grabaciones se observa cómo arranca bruscamente tras una parada en un semáforo para alcanzar los 253 kilómetros por hora en pocos segundos.

Asimismo, las imágenes mostraron derrapes provocados en rotondas concurridas mientras otra persona lo filmaba desde el exterior, e incluso una maniobra en la que invadió el carril contrario justo por delante de una furgoneta blanca, rozando la colisión. El desencadenante de la investigación policial se produjo en septiembre de 2023, fecha en la que el futbolista se vio involucrado en un grave accidente de tráfico. A raíz de este siniestro, las fuerzas de seguridad procedieron al decomiso del vehículo y al análisis del teléfono de Charlton. Lo que comenzó como la investigación de un accidente rutinario derivó en el descubrimiento de un historial de infracciones.

Entre los hallazgos más relevantes, los peritos encontraron una nota guardada en el teléfono donde el jugador había redactado una versión falsa del choque para responsabilizar a un conductor inexistente que supuestamente se habría dado a la fuga. Paralelamente, los datos extraídos del propio automóvil revelaron que el coche había superado los 172 kilómetros por hora en al menos ocho ocasiones documentadas durante el año previo al accidente. Ante la solidez de las evidencias audiovisuales, Charlton terminó admitiendo diez delitos de conducción peligrosa y cuatro cargos por obstrucción a la justicia.

Estos últimos delitos respondían a la práctica reiterada de convencer a terceras personas para que asumieran sus puntos del carné de conducir y las multas correspondientes, evitando así la pérdida del permiso. En la resolución dictada en Leeds Crown Court, el juez impuso a Charlton una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, acompañada de una inhabilitación para conducir durante cuatro años y siete meses. Una vez concluido dicho plazo, el condenado estará obligado a realizar un examen de conducir extendido para poder obtener nuevamente su licencia.

Desde la perspectiva técnica, las elevadas velocidades alcanzadas exigían modificaciones previas en la mecánica del coche. El BMW X3 M Competition cuenta de serie con un motor biturbo de 3,0 litros y 510 caballos de potencia, pero posee un limitador electrónico fijado por el fabricante a 250 kilómetros por hora. Para poder rozar los 307 kilómetros por hora registrados en el teléfono del deportista, el vehículo tuvo que someterse a una reprogramación que eliminó dicha restricción e incrementó la potencia del motor por encima de los 620 caballos de fuerza.

Este caso ha tenido un gran impacto en el Reino Unido como advertencia sobre los peligros vinculados al exhibicionismo en redes sociales. Las autoridades recordaron que la obsesión por grabar conductas ilegales facilita el trabajo de la justicia, convirtiendo los propios teléfonos en pruebas irrefutables que conducen directamente a prisión.

El proyecto se encuentra en fase de pruebas y se aplica inicialmente en el tramo comprendido entre la avenida de América y Torrejón de Ardoz. Además, la previsión es que la infraestructura llegue posteriormente hasta Alcalá de Henares. Con esta medida, la DGT pretende aprovechar un carril que ya forma parte de la autovía y convertirlo en un carril Bus-VAO durante las franjas de mayor congestión, sin tener que construir una vía paralela ni levantar barreras de hormigón.

Asimismo, el color rojo permite identificar visualmente el carril y diferenciarlo del resto de la carretera, pero no es el único elemento que deben observar los conductores. El funcionamiento del sistema depende principalmente de los paneles de mensaje variable y de las balizas luminosas instaladas sobre el asfalto. Estos dispositivos indican en tiempo real si el carril está reservado, si se permite acceder a él o si debe utilizarse como un carril convencional.

Cuando las balizas están encendidas en verde, el conductor puede entrar o salir del carril en los puntos habilitados. Si aparecen en color ámbar, las maniobras de incorporación o abandono no están permitidas. En ese caso, los vehículos que ya circulan por el carril deben continuar hasta encontrar una zona autorizada para abandonarlo, mientras que quienes circulan por los carriles contiguos tienen que esperar para acceder. La situación cambia cuando las balizas permanecen apagadas. En ese momento, el carril deja de funcionar como Bus-VAO y vuelve a estar abierto a la circulación general, siempre que los paneles y el resto de la señalización no indiquen lo contrario.

Por este motivo, el conductor no debe interpretar el color rojo del asfalto como una prohibición permanente. La clave está en comprobar si el carril se encuentra activo y qué condiciones aparecen señaladas en cada momento. Durante la fase de pruebas, el carril se activa entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos de la A-2. Desde el 10 de agosto, también funciona entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida de Madrid. Estos horarios pueden modificarse durante el periodo experimental, por lo que la DGT recomienda prestar atención a los paneles instalados en los accesos y pórticos de la autovía.

Además, la ausencia de barreras físicas obliga a extremar la atención. En los carriles Bus-VAO tradicionales, los elementos de separación dificultan que un turismo entre por error. En el nuevo modelo, en cambio, el acceso resulta posible desde los carriles contiguos, pero solo debe realizarse cuando las balizas y la señalización lo permitan. Cambiar de carril en un tramo prohibido o utilizarlo sin cumplir las condiciones puede considerarse una infracción grave. De hecho, la sanción prevista por circular de forma indebida por un carril Bus-VAO es de 200 euros, aunque puede reducirse a 100 euros mediante el pago voluntario dentro del plazo establecido.

No obstante, la infracción no implica la pérdida de puntos del permiso de conducir. Además, el sistema incorpora cámaras y tecnología de control para comprobar las matrículas y verificar que los vehículos cumplen los requisitos de uso. La forma más sencilla de evitar una multa es no fijarse únicamente en el color del pavimento. Antes de acceder al carril rojo, el conductor debe revisar los paneles informativos, confirmar si está activo, comprobar el número de ocupantes del vehículo y respetar las zonas de entrada y salida. Si las balizas no están en verde, no debe realizar ninguna maniobra para incorporarse o abandonar el carril.

Los nuevos carriles rojos representan, por tanto, una gestión dinámica de la carretera. No se trata de un espacio reservado durante todo el día, sino de un carril cuyo uso cambia según las necesidades del tráfico. La DGT mantendrá las pruebas durante agosto y la primera semana de septiembre para evaluar su funcionamiento y facilitar que los conductores se familiaricen con una señalización que puede convertirse en habitual en otras carreteras españolas.

Sin embargo, la persistencia en el expediente ha generado una notable estupefacción tanto en el ámbito policial como en el judicial, derivando en la intervención directa de la Fiscalía, que ha terminado por archivar la causa al considerar inaudito el procedimiento iniciado contra los funcionarios.

Ante la gravedad de la situación y la necesidad de interceptar de forma inmediata a los sospechosos en su huida, los guardias civiles activaron los protocolos de prioridad en la circulación para personarse en el lugar en el menor tiempo posible. Durante la maniobra de aproximación y persecución, los vehículos oficiales rebasaron los límites normativos fijados en la vía, una conducta amparada por la legislación de tráfico cuando los cuerpos de seguridad actúan en el cumplimiento de sus funciones de urgencia y con las señales reglamentarias.

Pese a la justificación operativa del desplazamiento, los cinemómetros instalados en la carretera captaron la velocidad de los dos automóviles del instituto armado. El sistema automatizado de procesamiento de multas de la Dirección General de Tráfico emitió los correspondientes expedientes sancionadores. Lo que en principio se consideraba un trámite burocrático subsanable mediante la presentación del informe de servicio que atestiguaba la llamada de socorro y la persecución en curso, derivó en un conflicto administrativo inesperado al no retirarse las notificaciones de sanción de manera directa.

La tramitación de las denuncias obligó a los agentes a presentar las alegaciones oportunas para fundamentar que su exceso de velocidad no respondía a una infracción voluntaria ni a una negligencia al volante, sino a un deber constitucional de protección ciudadana y persecución del delito. La normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial exime expresamente de responsabilidad a los conductores de vehículos de emergencia cuando se encuentren realizando un servicio urgente, siempre que no pongan en riesgo injustificado al resto de los usuarios de la vía y utilicen los avisadores ópticos y acústicos.

La persistencia del procedimiento terminó trasladando el asunto al ámbito judicial y a la fiscalía de tráfico para evaluar la corrección del expediente. El representante del Ministerio Fiscal no tardó en calificar la situación de inaudita, señalando que penalizar o multar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de una persecución activa desvirtúa la propia función de auxilio y protección que tienen encomendada. Tras revisar la documentación acreditativa del atraco y constatar que las patrullas acudían de forma justificada a la llamada de emergencia, la Fiscalía decretó el archivo definitivo de las actuaciones.

Este incidente ha puesto de manifiesto las rigideces que en ocasiones presenta el sistema automatizado de detección e imposición de sanciones de la Dirección General de Tráfico. Aunque la automatización de los radares busca garantizar la imparcialidad y la eficacia en el control del tráfico, la falta de un filtro previo ágil para discriminar los vehículos de emergencia en servicio prioritario puede desencadenar situaciones rocambolescas en las que las fuerzas del orden se ven obligadas a defenderse administrativamente por cumplir con su deber.

El pronunciamiento fiscal deja claro que la labor policial ante situaciones de extrema urgencia no puede verse coartada por el temor a expedientes sancionadores automáticos. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han valorado la decisión de archivo como una resolución de puro sentido común, al tiempo que reclaman un ajuste en las comunicaciones internas entre Tráfico y las unidades operativas para evitar que persecuciones reales contra delincuentes armados terminen convertidas en expedientes por exceso de velocidad.

Esta doctrina jurisprudencial, respaldada firmemente por el Criterio del Tribunal Supremo y los protocolos vigentes de la DGT, establece una distinción clara y objetiva entre la velocidad que marca el marcador del vehículo o la pantalla del radar y la velocidad legalmente imputable al conductor. La clave radica en el margen de error técnico que se debe descontar obligatoriamente sobre la medición bruta para garantizar la certeza del hecho sancionado.

Si al aplicar dicho porcentaje corrector la cifra resultante se sitúa dentro de la velocidad autorizada o no alcanza el límite fijado para tipificar la infracción, la sanción carece de sustento legal y no debe prosperar. El debate se ha reavivado a raíz de pronunciamientos judiciales como el emitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Dicho órgano analizó el recurso presentado por un conductor detectado a una velocidad muy superior a la permitida en una vía urbana.

El recurrente alegaba una vulneración de la presunción de inocencia y argumentaba que se le debía aplicar un margen de error del siete por ciento, propio de las mediciones realizadas con aparatos en movimiento, en lugar del cinco por ciento que se le había computado. Sin embargo, el tribunal desestimó la pretensión del conductor al recordar la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. La alta magistratura determina de forma tajante que, cuando un cinemómetro opera colocado en una ubicación fija o estática, el margen de error aplicable es de un cinco por ciento, o de cinco kilómetros por hora si la velocidad de la vía es inferior a los cien kilómetros por hora.

El margen del siete por ciento se reserva exclusivamente para aquellos radares que realizan la medición mientras el vehículo policial se encuentra en efectivo desplazamiento por la calzada. Al quedar acreditado que el vehículo de las fuerzas de seguridad estaba detenido y que el aparato contaba con la homologación e inspección técnica metrológica en regla, la medición efectuada fue considerada plenamente válida. No obstante, la resolución judicial sí atendió parcialmente los argumentos de la defensa en lo relativo a la proporcionalidad de la pena impuesta en primera instancia.

El Juzgado de lo Penal número dos de Vigo había fijado inicialmente una condena de nueve meses de multa y la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante dos años. La Audiencia consideró que dicha pena superaba el mínimo legal sin una motivación suficiente, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales del acusado, por lo que decidió redefinir la sanción fijándola en seis meses de multa y un año y un día de retirada del permiso de conducción. Este tipo de resoluciones pone de relieve que la precisión técnica en la colocación del radar y la correcta aplicación de las tolerancias legales resultan fundamentales para el ejercicio del derecho de defensa de los conductores.

Tanto los servicios jurídicos de las asociaciones de conductores como la propia jurisprudencia insisten en que los organismos sancionadores y las Policías Locales deben aplicar de oficio los márgenes metrológicos sobre la velocidad captada por la cámara. Si la administración sancionadora emite un boletín de denuncia basándose únicamente en la velocidad bruta sin descontar el margen de error del cinco o del siete por ciento según el caso, la multa puede ser recurrida con elevadas probabilidades de éxito.

Esta garantía jurídica evita que los ciudadanos sean sancionados por excesos mínimos que podrían atribuirse a pequeñas desviaciones o imprecisiones inherentes a los propios aparatos de medición técnica. Por ello, la DGT y los tribunales insisten en que superar el límite formal de la vía no basta por sí solo para consolidar la sanción si la velocidad neta corregida no rebasa de forma incontestable el umbral legal establecido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una multa a un conductor que fue interceptado en la A-4 en Córdoba mientras conducía un vehículo con 144.665 euros camuflados en su interior.

El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el conductor, quien alegó que la multa impuesta de 72.832 euros, la máxima que permite la ley, sobrepasa el delito cometido, según publica la edición cordobesa de eldiario.

Estos hechos se produjeron en abril de 2022 durante un control rutinario que desplegaron los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba en la autovía A-4 a la altura del km 374 a su paso por San Antonio, en El Carpio.

Durante la inspección de un turismo, los agentes descubrieron los 144.665 euros en efectivo que no habían sido declarados previamente. Lógicamente, este dinero no iba a la vista de todos, sino que estaba estratégicamente camuflado.

En concreto, su dueño los había fraccionado en 15 paquetes envueltos en film transparente y los había escondido en el hueco destinado a guardar la rueda de repuesto. Es decir, muy lejos del ojo de cualquiera.

El conductor se enfrenta a la mayor multa de España

Ante este hallazgo, los agentes trasladaron el montante al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Una vez llegó a estas dependencias, se inició un expediente sancionador por una infracción grave, ya que la ley establece la obligación de declarar los movimientos por territorio nacional de efectivo iguales o superiores a 100.000 euros.

Ante el calibre de este delito, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso una multa de 72.832 euros, es decir, lo equivalente al 50% del valor de los fondos incautados, el tope máximo estipulado por la ley, acompañada de una amonestación privada.

Una media desproporcionada a ojos del conductor, que recurrió la decisión alegando falta de proporcionalidad y argumentando que no debió aplicarse el grado máximo de la sanción.

Sin embargo, el esta queja ha sido en balde, ya que el TSJM ha desestimado el recurso al considerar que el hecho de llevarlo precintado y evidenciaban una clara intención de eludir la acción policial.

Además, el conductor no aportó ningún tipo de dato ni documento que acreditara el origen lícito del dinero, ni demostró ejercer actividad económica alguna que respaldara una capacidad financiera semejante.

De este modo, el tribunal ha concluido que la presencia de estas agravantes justifica la aplicación de la multa máxima, desestimando el recurso y condenando al demandante al pago de las costas procesales con un límite de 3.000 euros.

En las carreteras españolas es imposible circular sin encontrarte con un coche, cuyo conductor no lleve el brazo sacado por la ventanilla. Esto es una práctica cada vez más habitual de ver, pero lo que muchos conductores no conocen es que la Guardia Civil está castigando esta acción con multas de hasta 200 euros. Un simple gesto que puede parecer inofensivo, pero que puede ser un peligro y es motivo de sanción.

Hay multas para todo tipo de situaciones

Muchos conductores solo están pendientes de no caer en las multas por exceso de velocidad, pero ni mucho menos estas son las únicas que deberían preocupar a los españoles. Incluso los radares ahora ya no solo se fijan en la velocidad, sino que también pueden controlar otras maniobras incorrectas como saltarse un stop o sobrepasar una línea continua.

En esta ocasión, no vamos a hablar de ninguna de estas tres infracciones, sino de una que se trata de un simple gesto que hacen cada vez más conductores en España. El hecho de pisar el acelerador y no respetar los límites de la vía es peligroso, pero la Dirección General de Tráfico también vigila lo que haces con tus brazos durante la conducción.

Cada vez más conductores optan por llevar una mano en el volante, la derecha, mientras que el brazo izquierdo lo tienen apoyado y lo sacan por fuera del coche. La DGT está persiguiendo a este tipo de personas que bajan la ventanilla para realizar este gesto. Esto muchos lo hacen porque no conocen que es motivo de sanción, pero el organismo encargado de vigilar estos errores lo tiene más que claro.

Sanciones de hasta 200 euros

Hay otro tipo de acciones como tirar algo por fuera de la ventanilla, comer mientras conduces o utilizar el teléfono al volante, de las que los conductores sí que son más conscientes de que no lo deben hacer. Pero el mero hecho de sacar el brazo por fuera cuando estás al volante también lo es y muchos no lo tienen en cuenta. Es una costumbre realmente extendida en España y la Guardia Civil la está persiguiendo para acabar con ella, pues puede llegar a ser un peligro para la seguridad vial.

No está tipificado como tal en el Reglamento General de Circulación que esto esté prohibido, pero sí que viene explicado que los conductores están obligados a tener una posición que permita libertad de movimientos. Es por eso que debe mantener una posición correcta tanto él como el resto de pasajeros, para no ser un peligro para los otros coches.

Por lo tanto, si un agente te ve y considera que estás con una postura que puede poner en peligro la seguridad vial, te puede sancionar. La posición perfecta para la DGT y de esta manera evitar cualquier tipo de castigo consiste en colocar las dos manos sobre el volante con una postura cómoda, concretamente la denominada 10:10 de las agujas del reloj. Pero bajo ningún concepto dejar una mano por fuera del vehículo.

En el caso de que continúes con esta manía de sacar el brazo por la ventanilla mientras conduces, debes saber que esto se puede considerar como una infracción leve o grave. Esto será valorado por el agente en cuestión y, dependiendo de su veredicto, la multa que deberás pagar puede fluctuar entre 80 y 200 euros. Todo ello por un simple gesto que está más que extendido en España.

El individuo era un veterano empleado de la concesionaria en el tramo de la AP-7 que une Cartagena con la localidad almeriense de Vera. Presuntamente, este trabajador se apropió de más de 1.200 euros mediante la manipulación de los cobros en metálico en las cabinas de peaje.

La Guardia Civil lo ha detenido como presunto autor de un delito continuado de estafa y ahora se enfrenta a una posible condena de seis meses a tres años de cárcel, según lo establecido en el artículo 248 del Código Penal para la base del delito de estafa.

No obstante, si se le aplica el hecho como "delito continuado", se impondrá la pena en su mitad superior, elevando el rango de la pena de prisión a un tramo desde un año, nueve meses y un día hasta los tres años.

Manipulación de los cobros en las cabinas de peajes

El investigado llevaba a cabo la supuesta estafa con los pagos que se efectuaban en efectivo. Para ello, cuando un conductor pagaba la cantidad correspondiente a un trayecto largo (de mayor coste), el empleado introducía en el lector el ticket de otro vehículo que hubiera realizado un recorrido más corto.

De esta manera, el sistema informático de la concesionaria registraba un importe inferior al que realmente había pagado el conductor. Luego el trabajador se quedaba con la diferencia entre lo pagado en metálico y lo reflejado oficialmente en el sistema.

Gracias a su amplio conocimiento del funcionamiento de los peajes, el hombre pudo mantener este engaño durante meses sin ser detectado… hasta que la dirección empezó a sospechar.

El pasado mes de junio, los servicios jurídicos de la empresa concesionaria de la AP-7 comenzaron a detectar irregularidades en la gestión de los cobros. Fue entonces cuando presentaron una denuncia ante la Guardia Civil e inició la investigación.

La investigación comenzó en junio

Los agentes del Instituto Armado verificaron las sospechas e identificaron al empleado como el responsable de las diferencias económicas.

Finalmente, el sospechoso fue sorprendido in fraganti en su puesto de trabajo, cuando los agentes comprobaron que el hombre tenía ocultos varios tickets de menor cuantía listos para utilizarlos en futuras operaciones fraudulentas.

Tras su arresto, el trabajador ha quedado en libertad con cargos a la espera de ser citado por la autoridad judicial competente, según informan los compañeros de 20 Minutos.

Según el artículo 75 de la Ley de Tráfico, el impago de un peaje se considera una infracción leve. Si un conductor llega a la ventanilla y se niega a pagar o utiliza métodos para evitar la barrera, la multa asciende a 100 euros.

Aunque, en caso de que el conductor decida abandonar su coche en el propio peaje como forma de protesta o negativa al pago, la cuantía de la sanción se eleva hasta los 200 euros.

La intervención ha puesto de manifiesto la persistencia de conductas de alto riesgo al volante, incluso cuando los dispositivos de control y señalización son perfectamente identificables por los usuarios de la vía.

El despliegue policial se había ubicado en un tramo interurbano catalogado con un límite máximo permitido de 100 kilómetros por hora. Este tipo de vías suelen concentrar una parte considerable de los accidentes de tráfico registrados en la comunidad autónoma debido a combinaciones de factores como la presencia de cruces al mismo nivel, accesos a fincas agrícolas o condiciones de visibilidad cambiantes. Por este motivo, la Policía Foral programa de forma periódica controles de velocidad destinados a disuadir a los automovilistas de apretar en exceso el acelerador y prevenir situaciones de peligro insalvables.

Lo que más ha llamado la atención de los propios agentes encargados del dispositivo no ha sido únicamente el elevado número de vehículos cazados en tan breve espacio de tiempo, sino las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Según ha subrayado el propio cuerpo policial, el dispositivo de velocidad se encontraba posicionado de manera "plenamente visible" en el margen de la carretera, sin recurrir a camuflajes ni a ocultaciones estratégicas.

A pesar de contar con campo de visión directo sobre el control desde una distancia suficiente para haber reducido la marcha, los cinco conductores ignoraron la presencia del vehículo de las fuerzas de seguridad y continuaron su trayectoria a velocidades muy superiores a la máxima autorizada. Las lecturas del cinemómetro revelaron excesos de velocidad desmedidos que superaban con holgura los márgenes de tolerancia establecidos por la normativa vigente. Varios de los vehículos fiscalizados sobrepasaron el límite de 100 km/h con cifras que ponían en grave riesgo la integridad física de los propios ocupantes y del resto de usuarios de la carretera: 153, 172, 177, 179 y 184 km/h.

La concatenación de estas cinco infracciones en tan solo cuarenta minutos supone un ritmo de detección casi continuo, donde los agentes debieron tramitar de forma sucesiva las correspondientes expedientes sancionadores a medida que las pantallas registraban cada uno de los excesos cometidos. Tras registrar las lecturas del radar, patrullas de la Policía Foral procedieron a dar el alto a los vehículos infractores más adelante para notificarles la denuncia de forma presencial y comprobar la documentación tanto de los automovilistas como de los turismos.

Las sanciones asociadas a este tipo de conductas conllevan importantes multas económicas que pueden alcanzar los seiscientos euros, además de la retirada directa de entre cuatro y seis puntos del permiso de conducir, en función del tramo de velocidad excedido respecto a la norma.

En los casos más extremos, si el exceso supera en más de ochenta kilómetros por hora el límite fijado en vías interurbanas, el hecho pasa a ser tipificado como un delito contra la seguridad vial según el Código Penal, lo que puede acarrear penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad o la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante periodos de hasta cuatro años.

Desde la Policía Foral de Navarra se ha hecho un llamamiento explícito a la prudencia y a la concienciación ciudadana, recordando que el objetivo principal de este tipo de controles visibles no es la recaudación, sino la prevención efectiva de siniestros. Los responsables del tráfico autonómico recuerdan que la velocidad excesiva o inadecuada sigue figurando entre los factores concurrentes más habituales en los accidentes mortales o con heridos graves en las vías navarras, reduciendo drásticamente la distancia de reacción del conductor e incrementando la severidad de los impactos.

Este suceso reaviva el debate sobre la eficacia de los controles tradicionales de tráfico y la necesidad de profundizar en la educación vial para evitar conductas temerarias reiteradas. La actuación de Navarra constata que la visibilidad de los radares no siempre resulta un elemento disuasorio suficiente para quienes deciden ignorar las normas básicas de circulación, convirtiendo la labor de control de los agentes en una herramienta indispensable para garantizar la seguridad vial en el territorio.

El vehículo implicado, un hiperdeportivo sueco diseñado para alcanzar prestaciones extremas en circuitos cerrados, transitaba por un tramo de la autopista A1 entre Berna y Lausana. En esa vía, la normativa helvética establece un límite máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora. El automóvil rebasó dicha barrera por más de 170 kilómetros por hora, una cifra que no solo superaba con creces el umbral de la imprudencia, sino que anulaba casi por completo la capacidad de reacción del conductor y la eficacia de los radares tradicionales.

De hecho, los dispositivos de medición de la policía local requirieron de tecnología de nueva generación para poder registrar de forma precisa el paso de un bólido que se desplazaba a casi trescientos kilómetros por hora. Tras ser interceptado por las fuerzas de seguridad suizas, el conductor, un ciudadano sueco de 37 años, se enfrentó a un marco legal implacable.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países donde las multas de tráfico están fijadas mediante cuantías prefijadas según la gravedad de la infracción, la legislación de Suiza aplica un sistema proporcional que vincula la sanción económica tanto a la magnitud del exceso de velocidad como a la capacidad financiera y al patrimonio del infractor. Este modelo busca garantizar que la sanción tenga un carácter verdaderamente disuasorio y punitivo, evitando que las fortunas más elevadas consideren el pago de una multa como un mero peaje para infringir la ley.

Al evaluar la gravedad de los hechos, las autoridades judiciales determinaron que la velocidad alcanzada constituía un delito grave contra la seguridad del tráfico, calificándolo como un riesgo extremo para la vida de los demás usuarios de la vía. El cálculo de la penalización se basó en los ingresos diarios del conductor y en el valor total de su patrimonio personal.

Dada la holgada situación económica del infractor, el tribunal calculó una multa progresiva acumulada que alcanzó una cifra astronómica cercana al millón de francos suizos, lo que equivalía a casi un millón de dólares estadounidenses o cientos de miles de euros en ese momento. Esta cuantía superó ampliamente los récords anteriores registrados en el país alpino y situó el episodio en el libro de los récords de la jurisprudencia vial internacional.

Además del desembolso financiero histórico, el conductor del superdeportivo tuvo que hacer frente a la confiscación cautelar del propio vehículo y a la retirada inmediata de su permiso de conducir, acompañada de la prohibición de circular por territorio suizo durante un período prolongado. Las autoridades locales recalcaron que la vía pública no es un circuito de carreras y que la potencia de los automóviles de lujo no exime a sus propietarios del cumplimiento riguroso de las normas de convivencia.

El caso generó un intenso debate internacional sobre la efectividad de las sanciones de tráfico vinculadas a la renta. Diversos analistas e instituciones de seguridad vial elogiaron el rigor del sistema suizo, argumentando que las multas proporcionales representan el método más equitativo para disuadir las conductas desmedidas al volante. Por el contrario, algunos sectores del ámbito del automóvil de altas prestaciones expresaron su asombro ante el importe de la pena, aunque coincidieron en que la velocidad registrada en una autopista abierta al público resultaba del todo injustificable.

La noticia del Koenigsegg cazado a 290 kilómetros por hora dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un aviso contundente para los conductores de vehículos de gran cilindrada. Lo que comenzó como un apacible trayecto veraniego a mediados de agosto acabó transformándose en la lección financiera y jurídica más costosa de la historia del automovilismo, recordando que en las carreteras suizas el exceso de velocidad se paga en estricta proporción a la riqueza de quien pisa el acelerador.

Nada más registrar el exceso de velocidad en el cinemómetro, las patrullas desplegadas en la calzada se coordinaron para interceptar el vehículo sin poner en riesgo la circulación. La patrulla consiguió dar el alto al coche más de veinte kilómetros después del punto donde saltó el radar, concretamente a la altura del kilómetro 121 de la misma autopista, a su paso por el término municipal de San Clemente. Una vez detenido el automóvil en un lugar seguro, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 67 años de edad, y le notificaron en el acto que será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

¿A qué consecuencias administrativas y penales se enfrenta ahora el conductor temerario?

El atestado tramitado por la Guardia Civil ya ha ido a parar al Juzgado de Instrucción de Guardia de San Clemente. Para entender lo que se le viene encima a este conductor, conviene recordar cómo funciona la ley en España con el pie en el acelerador. La normativa establece una frontera muy clara entre lo que se queda en una simple infracción de tráfico y lo que salta directamente al terreno del Código Penal. Cuando el exceso de velocidad es moderado, el asunto se resuelve por la vía administrativa: la Dirección General de Tráfico tramita una multa económica y retira los puntos correspondientes del carné. Sin embargo, cuando se cruzan ciertos límites de peligrosidad, la vía administrativa se agota y el caso acaba en los tribunales.

En las vías interurbanas, como es el caso de las autopistas y autovías, la línea roja que transforma un descuido o un exceso de velocidad en un delito penal está fijada en rebasar en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido. Dado que este automovilista circulaba a 217 km/h en una vía limitada a 120, superó esa barrera legal en 97 km/h. Con semejante cifra sobre la mesa, su conducta encaja de lleno en lo que recoge el artículo 379.1 del Código Penal español, por lo que el conductor se libra de la vía administrativa habitual para sentarse directamente en el banquillo.

A partir de ahora, el juzgado competente será el encargado de determinar la pena. El abanico de sanciones que maneja el Código Penal para este delito da varias opciones al juez a la hora de dictar sentencia. En el plano de las penas principales, el investigado afronta la posibilidad de ser condenado a entre tres y seis meses de prisión. Si el magistrado opta por no imponer la pena de cárcel, puede decantarse por una multa económica de seis a doce meses, cuya cuota diaria se fija según la capacidad financiera del acusado. Como tercera alternativa, la ley permite sustituir la pena principal por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un periodo que va de 31 a 90 días.

Pero al margen de la pena que elija el juez (ya sea cárcel, multa o trabajos comunitarios), hay un castigo accesorio del que el conductor no va a poder librarse si acaba siendo condenado, como es la retirada del permiso de conducir. Esto se debe a que la ley obliga a imponer la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de tiempo que va desde un año como mínimo hasta cuatro años como máximo. Esta inhabilitación supone la retirada inmediata del carné y la obligación de superar un curso de reeducación vial para poder volver a ponerse al volante una vez cumplida la condena.

Desde los mando de la Agrupación de Tráfico recuerdan que la velocidad no es una cifra abstracta en un marcador. A más de 200 kilómetros por hora, la capacidad del conductor para reaccionar ante un pinchazo, un frenazo repentino o cualquier imprevisto en la calzada es prácticamente nula. Las distancias necesarias para detener el vehículo se triplican y el campo de visión se estrecha drásticamente por el efecto túnel.

Se trata de una prueba piloto que ha puesto en marcha el Servei Català de Trànsit (la DGT autonómica) y que consiste en un sistema de cámaras con inteligencia artificial capaz de detectar conductores usando el móvil al volante o circulando sin los cinturones de seguridad abrochados.

Estas cámaras inteligentes con IA se han instalado en puntos de dos de las carreteras con más tráfico de España, como son la A-2 y la AP-2. La prueba piloto inició el pasado mes de junio y ha acumulado datos durante ese mes y julio.

El sistema de cámaras envía las imágenes captadas de los supuestos infractores a un centro donde unos técnicos verifican si la infracción es real o no. Los primeros datos del ensayo son demoledores: más de un 70% de casos sin cinturón de seguridad y un 84% de conductores con el teléfono móvil al volante.

Uno de cada 20 conductores usa el móvil mientras conduce, según los datos

Según publican medios locales como Diari de Catalunya, durante la prueba piloto las cámaras con IA en la AP-7 y A-2 han detectado más de 8.500 conductores que circulaban con el móvil en la mano.

Además, el sistema no sólo cazaba a quienes tenían el móvil en la mano, sino también a los que lo llevaban en las piernas, lo cual resulta más difícil de detectar con medios tradicionales.

Según el análisis de los datos, un 5% de los conductores usan el móvil en la A-2 en torno a Cornellá de Llobregat y un 3,6% en el caso de la AP-7, lo que significa que uno de cada 20 conductores está pendiente del móvil mientras circula.

En cuanto a los conductores que no llevaban el cinturón de seguridad abrochado o más colocado, las cámaras identificaron unos 4.500 casos, especialmente de noche y los fines de semana.

Una tecnología lista para 2027

La prueba piloto se ha llevado a cabo mediante un remolque con un mástil de 7 metros de altura al que se acoplaron dos cámaras con IA y alta definición. Lógicamente, al tratarse de un ensayo, el sistema no ha multado a ninguno de los infractores.

La idea era más bien comprobar cómo puede funcionar esta innovadora tecnología y cuántas conductas ilegales puede detectar.

Al mismo tiempo, ha permitido mostrar una fotografía más o menos real de cómo aún hay muchos conductores que circulan sin el cinturón de seguridad y usan el móvil mientras conducen, infracciones castigadas con 200 euros de multa en ambos casos, más la pérdida de cuatro puntos en el caso del cinturón y seis puntos en el uso del móvil.

Según afirmó Carlos García, jefe del SCT, “la inteligencia artificial detecta ya el 60% de los incumplimientos a base de entrenarlas sería capaz de obtener mejores resultados, aunque ya creemos que son suficientes representativos".

En principio, está previsto que el organismo de tráfico catalán implemente este sistema de cámaras con IA en 2027 con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico provocados por distracciones al volante, siendo el uso del móvil la más común.

Concretamente, la omisión o colocación incorrecta del panel de señalización V20 en los portabicicletas instalados en la parte posterior del automóvil se ha convertido en una de las faltas más habituales durante los controles estivales, conllevando sanciones económicas que alcanzan los 200 euros.

El Reglamento General de Circulación determina con absoluta claridad que cualquier carga que sobresalga por la parte posterior de un turismo debe ser señalizada de manera obligatoria para alertar al resto de los usuarios de la vía sobre el incremento en las dimensiones del vehículo. En los turismos convencionales, la carga indivisible, como es el caso de las bicicletas o las estructuras portantes de bola de remolque y portón, solo puede sobresalir longitudinalmente por la parte trasera hasta un máximo del 15% de la longitud total del coche.

Todo elemento que extienda la proyección en planta del automóvil más allá del parachoques trasero debe llevar fijada la placa homologada V20, caracterizada por sus franjas diagonales alternas de color rojo y blanco con material reflectante. La normativa especifica además la forma adecuada de instalar este dispositivo de seguridad según las dimensiones de la carga transportada. Por lo tanto, cuando las bicicletas colocadas en el portabicis no sobrepasan el ancho total del coche, basta con colocar un único panel V20 en el extremo posterior de la carga de forma perpendicular al eje del vehículo.

No obstante, si el equipamiento o las ruedas abarcan toda la anchura del vehículo sin rebasar el límite de los espejos, el reglamento exige la colocación de dos señales V20. Estas deben situarse verticalmente en cada extremo del conjunto formando una 'V' invertida. Un error sumamente extendido entre los usuarios reside en considerar que la sola presencia de la placa V20 exime de cumplir otros requerimientos técnicos. Las autoridades de tráfico recuerdan que la instalación del portabicicletas jamás debe tapar, ocultar ni obstaculizar la visibilidad de los elementos de alumbrado, los pilotos traseros de frenado y señalización o la propia placa de matrícula del coche.

En los supuestos en los que el accesorio o la propia bicicleta oculten total o parcialmente alguno de estos elementos obligatorios, el conductor está forzado por ley a instalar un soporte supletorio que incorpore tanto una segunda placa de matrícula homologada como un repetidor de luces totalmente funcional conectado a la toma eléctrica del vehículo. El incumplimiento de este punto o la falta de visibilidad del sistema de iluminación se tipifica como una infracción grave, castigada igualmente con 200 euros de multa.

A estas exigencias relativas a la parte exterior se suman las inspecciones sobre la masa y sujeción del conjunto. El portabicicletas y las bicicletas deben estar fijados de forma firme mediante trincajes, correas y cinchas homologadas que impidan cualquier movimiento, arrastre o caída del material a la calzada. La pérdida accidental de la carga por una fijación deficiente genera una situación de grave peligro para la circulación y puede elevar la cuantía de la multa hasta los 500 euros.

Asimismo, las autoridades recuerdan que transportar la bicicleta en el interior del habitáculo también está sujeto a normas estrictas. Aunque no está prohibido llevarla dentro del maletero con los asientos abatidos, la bicicleta debe ir fijada a los puntos de anclaje del vehículo mediante elementos de traba homologados para evitar que en un frenazo o colisión se transforme en un proyectil suelto que impacte contra los pasajeros. Igualmente, la carga interior no debe mermar la libertad de movimientos del conductor ni impedir la visibilidad hacia la parte trasera del cristal o los espejos retrovisores.

Ante la intensificación de las inspecciones en las carreteras españolas con motivo de las operaciones de salida y retorno de las vacaciones de verano, la Dirección General de Tráfico aconseja verificar meticulosamente la correcta instalación del sistema de transporte de bicicletas antes de iniciar cualquier ruta. Revisar la firmeza del soporte, comprobar el funcionamiento de las luces adicionales si las hubiera y cerciorarse de la presencia del panel V20 debidamente sujeto son pasos fundamentales no solo para evitar sanciones de 200 euros, sino para garantizar un trayecto seguro tanto para los ocupantes del coche como para el resto de los conductores que comparten la vía.

En efecto, bastaron unos pocos kilómetros por hora de más para que la factura ascendiera a una cantidad que pocos esperaban. Un conductor recibió una multa por exceso de velocidad en dos ocasiones en un lapso de cuarenta minutos.

La primera vez, se le detectó una velocidad de 66 km/h. Poco después, se registró una segunda medición de 67 km/h, si bien en ambos casos la velocidad máxima permitida era de 50 km/h.

Sólo más adelante se aclara en el expediente por qué el importe de la sanción fue tan elevado. El incidente tuvo lugar en Hungría, donde las normas sobre exceso de velocidad son diferentes a las que muchos conductores están acostumbrados.

Dos multas en 40 minutos por exceso de velocidad

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio. El infractor fue sancionado dos veces por exceso de velocidad en las inmediaciones de Karancsalja, al norte de Hungría. Según informa la revista húngara de automovilismo Vezess, transcurrieron menos de cuarenta minutos entre ambas infracciones.

En Hungría, a una velocidad máxima de 50 km/h, se imponen sanciones administrativas a partir de los 66 km/h. Sin embargo, cada medición se considera una infracción independiente, lo que significa que el conductor recibe una multa separada por ambas infracciones.

Además, los controles policiales en la región sacaron a la luz numerosas infracciones por exceso de velocidad. Algunos conductores circulaban a una velocidad ligeramente superior a la permitida, mientras que otros superaban considerablemente el límite de velocidad.

Aunque las infracciones por exceso de velocidad fueron leves, se registraron como dos delitos separados. En consecuencia, la multa total ascendió a 100.000 florines húngaros, lo que equivale a aproximadamente 281 euros.

Multas en España por exceso de velocidad

En España las multas por exceso de velocidad son las más frecuentes. De hecho, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), dos de cada tres sanciones por infracciones de tráfico que se tramitan en nuestro país están relacionadas con los excesos de velocidad.

Hay tres tipos de sanciones, según su gravedad: leves (multa de 100 euros sin pérdida de puntos del carné); graves (multas a partir de 200 euros y, en algunos casos, supone la retirada de puntos del carné); muy graves (más de 500 euros y la retirada de puntos en todos los casos).

En cuanto a la cuantía de las multas, varían en función de la gravedad y del tipo de infracción, pero oscilan entre los 100 y los 1.000 euros que puede alcanzar en función del nivel de alcoholemia que presente un conductor en un control. Aquí también se incluye la presencia de drogas en el organismo, lo cual está considerado como sanción muy grave.

Lo mismo sucede con los puntos a retirar del carné de conducir. Se pueden perder 2, 3, 4 o 6 puntos en una sola multa sobre un total máximo de 15 puntos con los que cuenta un conductor experimentado. Un conductor novel tiene un máximo de 8 puntos.

Las infracciones por exceso de velocidad son las únicas que pueden implicar pérdida de 6 puntos del carné, junto con la presencia de alcohol y/o drogas en el organismo, el uso del teléfono móvil u otros dispositivos, circular en sentido contrario o por carril prohibido y no respetar la prioridad de paso de ciclistas y/o peatones.

Los excesos de velocidad que cometen algunos conductores son una auténtica temeridad y pueden ponerse ellos mismos en peligro y también al resto de usuarios que circulen por esa vía al mismo tiempo que ellos. El año pasado la recaudación por esta infracción fue de 246.802.934 euros, o, lo que es lo mismo, 8,2 millones diarios. Con estos datos también podemos conocer cuál es el radar más sancionador de todo el país.

Aumentan las multas por excesos de velocidad

La Dirección General de Tráfico sigue persiguiendo a todos aquellos que se tomen la justicia por su mano a la hora de coger el coche y superen los límites de velocidad establecidos en cada vía. Desde la organización señalan que, lejos de controlar esta infracción para recaudar dinero, esto lo siguen mirando con lupa al ser una de las mayores causas de accidentes de nuestro país.

Esto no implica que no se recaude grandes cantidades de dinero a raíz de estos errores al volante. Pues se recauda y mucho con estos multas que van desde los 100 a los 600 euros y pueden acarrear pérdida de puntos, y cada año más que el anterior. Han salido los resultados del análisis realizado por la organización de Automovilistas Españoles Asociados y han destacado que el número de sanciones por correr en la carretera con el coche ha subido un 14% respecto al mismo dato en 2024.

Hace poco analizamos cómo la DGT está ante una tesitura complicada, pues hay ciertas multas por exceso de velocidad que deberá devolver por pequeños vacíos legales. Pero los datos obtenidos en el año 2025 en cuanto a sanciones de este tipo son los que son y son realmente llamativos. El crecimiento mencionado marcó un dato total de castigos por exceder la velocidad marcada en España en 246.802.934 euros.

Esto equivale a un total de 8,2 millones de euros por cada 24 horas. Una auténtica barbaridad. Y el número arrojado por la AEA es más llamativo si cabe si recordamos que en estos datos no se encuentran los de las sanciones impuestas en Cataluña o País Vasco, pues funcionan de forma distinta. Estas sanciones concretas siguen destacando por encima del resto, ya sean las impuestas por conducir en estado de embriaguez, con el móvil o cualquier otra. Pues representan el 41% de las multas de tráfico en general en España.

El radar por excelencia en España

Los realizadores de este estudio no achacan el incremento de estas multas de tráfico a un peor comportamiento de los conductores ahora que en el pasado. Sino que señalan que cada vez hay más controles situados en puntos estratégicos de la red de carreteras de España. Estos se cuentan en miles, pero la AEA señala que entre apenas 50 se reparten más del millón de multas.

Valencia lidera la lista de provincias de España con mayor recaudación, con un total obtenido en 2025 de 18,9 millones de euros obtenidos a base de multas. Se sitúa por delante de Madrid, que se queda en los 17,9 millones, pero no es sorprendente este dato al ver que el radar que más veces ha castigado a aquellos que no respetan los límites de velocidad marcados está precisamente en Valencia. Concretamente, se encuentra en la A-7 en el kilómetro 326 y acumuló 90.766 multas.

El segundo no está muy lejos, pues se sitúa en Alicante, en la CV-905 en el kilómetro 7. Y el top 3 de dispositivos con mayor número de sanciones con su firma en 2025 lo completa uno ubicado en la A-15 de Navarra en el kilómetro 127. El segundo de esta lista cerró el año con 72.557 denuncias, mientras que el instalado en suelo navarro puso otras 67.445.

Entre todos los radares desplegados por las carreteras, han dado lugar a este crecimiento tan notable de un año para otro. Unas cifras en cuanto a recaudación que realmente asustan, pero que más allá de esto tienen como objetivo hacer de las carreteras de España un lugar más seguro. El ubicado en Valencia se ha llevado el primer puesto el pasado año, y habrá que fijarse en si repite puesto, y si la tendencia de sanciones por esta infracción relacionada con la velocidad sigue con tendencia a la alta.

El origen de este litigio jurídico se remonta a una jornada dominical específica en la que el operario utilizaba el automóvil comercial que la corporación le había asignado de forma regular para el desarrollo de sus funciones profesionales habituales de reparto y representación. Durante dicho desplazamiento particular en un día festivo, el vehículo fue fotografiado por un radar de la jefatura de tráfico debido a un exceso de velocidad detectado en una vía pública.

La notificación de la correspondiente sanción administrativa llegó semanas después a la sede central de la empresa, que figuraba como titular legal del coche, lo que desató de inmediato un riguroso proceso de auditoría interna sobre los movimientos del trabajador durante sus periodos obligatorios de descanso semanal. Tras comprobar formalmente los registros de la multa remitida por las autoridades y constatar la utilización efectiva del coche de empresa fuera del calendario laboral estipulado en el contrato, el departamento de recursos humanos procedió a tramitar el despido disciplinario inmediato del asalariado.

La dirección de la empresa fundamentó jurídicamente su decisión en una presunta transgresión grave de la buena fe contractual y en un abuso manifiesto de confianza. La tesis de la parte empleadora sostenía que el uso del vehículo para fines estrictamente particulares sin una autorización escrita previa, sumado a la comisión de una infracción vial que ponía en riesgo un activo de la compañía, constituían motivos plenamente legítimos para extinguir la relación laboral sin la obligación de abonar ningún tipo de indemnización.

El empleado, disconforme con la severidad de la sanción y la pérdida repentina de su puesto de trabajo, interpuso una demanda judicial ante los juzgados de lo social solicitando la declaración de improcedencia del despido. La defensa legal del trabajador argumentó en la vista oral que, si bien se reconocía un uso indebido del vehículo y una infracción de tráfico en domingo, la respuesta ejecutada por la empresa carecía de una graduación justa. Asimismo, señalaron que la dirección había omitido por completo el historial laboral intachable del afectado, quien acumulaba años de servicio en la organización sin registrar antecedentes sancionadores ni amonestaciones previas por motivos similares.

El tribunal encargado de resolver el caso examinó de forma exhaustiva las pruebas documentales aportadas por ambas partes, prestando especial atención al reglamento interno de la compañía sobre la utilización de los recursos materiales y los vehículos de la flota. Los magistrados concluyeron que, aunque el comportamiento del demandante era merecedor de un reproche y de una penalización económica conforme al convenio colectivo aplicable al sector, la expulsión definitiva de la organización empresarial rebasaba los límites de la equidad y la proporcionalidad requeridas por la legislación laboral vigente.

La sentencia judicial incide de manera particular en que un único episodio aislado de exceso de velocidad en un día no laborable no posee la gravedad extrema ni la entidad delictiva necesaria para justificar la ruptura total y unilateral del vínculo contractual. El fallo dictaminado subraya con claridad que la empresa disponía de otros mecanismos correctivos intermedios y menos lesivos, tales como la suspensión temporal de empleo y sueldo o la retirada del derecho de uso del automóvil para fines particulares, antes de recurrir a la máxima sanción expulsiva contemplada en el ordenamiento jurídico nacional.

Como consecuencia directa de la declaración de improcedencia del despido disciplinario, el tribunal condenó a la empresa demandada a abonar una indemnización sustitutoria fijada en 77.000 euros, una cantidad calculada de forma estricta en función de la dilatada antigüedad del trabajador en su puesto y el salario regulador acreditado en la causa judicial. Esta relevante resolución judicial sienta un precedente de gran peso respecto a la monitorización y fiscalización de los bienes de empresa por parte de los empleadores.

Al mismo tiempo, delimita con precisión las fronteras del control de la dirección sobre sus subordinados, aclarando que las faltas cometidas fuera del horario de servicio deben ponderarse siempre bajo criterios estrictos de moderación para evitar resoluciones corporativas que resulten arbitrarias, subjetivas o excesivas para la estabilidad del trabajador.

Se trata de un canadiense que fue interceptado a 111 km/h en una vía donde la máxima velocidad autorizada era de 60 km/h. Y al hombre no se le ocurrió otra excusa que decir que tenía que circular rápido para secar el coche después de haberlo lavado.

Es verdad que, cuando se lava un coche, sobre todo, si se hace en un box con una manguera a presión, luego hay que secarlo bien para que no queden marcas de gotas de agua. De lo contrario, no servirán para mucho los 3 o 4 euros que echaste a la máquina.

Pero, para secar un coche, hay métodos mejores que duplicar la velocidad legal permitida. Se puede utilizar una toalla de secado especial para coches, de esas que, con una pasada, secan por completo la superficie. Incluso, si se quiere elevar el nivel, hay secadores específicos para vehículos.

Casi duplicaba la velocidad legal porque quería secar el coche

Según la unidad de Servicios de Tráfico de la RCMP de Coquitlam, en la Columbia Británica, Canadá, el vehículo fue detectado circulando a 111 km/h por Port Coquitlam.

Cuando la policía interceptó el vehículo e interrogó al conductor, éste explicó que acababa de lavar el coche y estaba intentando quitar las gotas de agua restantes de la carrocería.

A nadie le gustan las manchas de agua en la pintura de su coche, pero imaginamos que al conductor le disgustó aún más el resultado final. La RCMP señaló que circular a casi el doble del límite de velocidad permitido ponía en riesgo a los demás usuarios de la vía y superaba el umbral de exceso de velocidad según la ley de la Columbia Británica.

Como resultado, el conductor recibió una multa y su vehículo fue confiscado durante siete días. La policía no especificó la marca ni el modelo del sedán, ni reveló la identidad del conductor.

En la foto que publicaron los agentes en Facebook, el vehículo se ve desenfocado, lo que dificulta su identificación, pero parece que se trata de un Lexus LS de segunda generación, lanzado a mediados de los 90.

Por cierto, un sedán de lujo que equipaba un V8 de 4.0 litros atmosférico en su versión LS 430, que era una auténtica delicia por su funcionamiento suave, silencioso y sedoso.

La Policía de la Columbia Británica puso un poco de humor a la hora de explicar el suceso, recordando a los conductores que no hay razón para conducir a velocidades tan excesivas: "Por favor, reduzca la velocidad y respete las señales de tráfico, incluso si acaba de lavar su coche".

Quizás todo este incidente motive al infractor a usar algunos de los métodos para secar su coche que hemos señalado antes. O quizá debería buscar un lavadero de coches con uno de esos modernos ventiladores de secado. Al menos ahora tiene tiempo de sobra para secarse en el depósito.

Un conductor recibió una multa de un radar de tramo por exceso de velocidad mientras circulaba por la autopista AP-7, entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz.

Sin embargo, el supuesto infractor denunció a Tráfico, exponiendo que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En total, el afectado recibió dos sanciones, una de 300 euros y otra de 100 euros. Pero, como adelantó Europa Sur, la resolución del juez ha obligado a la DGT a revocar ambas multas y devolver el correspondiente importe.

La DGT deberá devolver el importe de dos multas de radar de tramo a un conductor

El conductor, un trabajador de la empresa Arreza Seguros, fue sancionado dos veces, una el 22 de septiembre y otra el 15 de octubre del año pasado, cuando pasó por el tramo mencionado de la AP-7, donde el límite de velocidad es 100 km/h, según marca la señal de tráfico.

El afectado reclamó las multas alegando que "el control radar de tramos está limitado a 80 km/h, pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h", considerando dichas sanciones "ilegales".

La aseguradora ha advertido que puede haber "muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales al ser también multadas por este radar de tramo”.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384 y la A-2001.

Cómo funcionan los radares de tramo

Los radares de tramo son aquellos que miden la velocidad media de un vehículo a lo largo de un tramo determinado de carretera, calculando el tiempo que tarda en recorrer esa distancia específica.

Para ello, una cámara instalada en el primer punto de control captura el paso del coche, mientras que otra cámara colocada en el segundo punto de control registra su salida. Luego, el sistema calcula la velocidad media del vehículo a lo largo del tramo vigilado.

Este método es más eficaz que los cinemómetros convencionales colocados en un punto fijo, donde los conductores levantan el pie del acelerador al aproximarse.

Las multas por exceso de velocidad en España varían entre 100 y 600 euros, y pueden suponer la pérdida de hasta seis puntos en el carné de conducir. El importe exacto y los puntos dependen de la velocidad de la vía y de los kilómetros por hora que rebase el límite.

Nuevos radares de tramo

El pasado mes de febrero, el organismo de Pere Navarro anunció el inicio de un periodo de prueba de nuevos radares de tramo en las carreteras de la provincia de Alicante.

En concreto, las carreteras de Alicante cuentan con tres puntos nuevos con radares de tramo: en la A-31 a su paso por Vinalopó y la A-7 a la altura de Elche.

Por otro lado, otro nuevo radar de tramo se encuentra en la autovía A-8, entre el viaducto de Ontón y la localidad de Castro Urdiales, en la provincia de Cantabria, y cubre una distancia de más de seis kilómetros. Este radar de tramo sustituye los dos cinemómetros que prestaban servicio antes en este tramo de carretera.

Desde Tráfico, justificaron la instalación del nuevo dispositivo por la necesidad de reducir la siniestralidad en ese punto, sobre todo, de accidentes por alcance.

Con este nuevo radar, es importante recordar que el límite de velocidad cambia a lo largo del tramo, pasando de 80 a 100 km/h. Puede parecer contradictorio, pero, como explicó el jefe provincial de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, “lo que se quiere evitar es ese número importante de accidentes por alcance que se da entre un conductor que frena de golpe al ver el radar y el que viene por detrás que no reacciona a tiempo”.

Ocurrió el pasado 15 de julio, según informan los compañeros de Málaga Hoy. El taxista, un conductor malagueño de Alhaurín el Grande, fue denunciado por la Royal Gibraltar Police (RGP) después de prestar un servicio dentro del Peñón sin la correspondiente autorización local.

Según el medio GBC News, dos taxistas gibraltareños localizaron el taxi español y le bloquearon el paso para impedir que continuara prestando servicio, mientras avisaban a la Policía. Una vez en el lugar, los agentes levantaron un acta por ejercer una actividad comercial sin autorización.

Los taxistas locales aseguraron al medio gibraltareño que no fue un caso aislado, sino el segundo incidente de este tipo detectado durante la primera jornada de aplicación del tratado entre España y Reino Unido, lo que disparó la preocupación del sector ante un posible aumento del intrusismo profesional.

Gibraltar lanza una campaña informativa: la caída de la Verja no implica libre circulación

El taxista español recibió la multa apenas unas horas después de retirar la Verja que separaba España y Gibraltar. Según explicó en el programa Viewpoint de GBC News el Primer Ministro de la colonia británica, Fabián Picardo, ha habido un error de comunicación en las primeras horas de aplicación del tratado, al no haber advertido de manera más clara que las limitaciones para el transporte público de viajeros continúan.

"Una de las cosas que no hicimos el miércoles, en medio de la euforia por retirar las puertas de la frontera, fue colocar una señal de tráfico muy clara", afirmó Picardo, quien explicó que muchos conductores españoles pueden interpretar que la desaparición de la Verja implica la libre circulación de cualquier servicio de transporte, pero no es así.

El jefe del Ejecutivo del Peñón puso como ejemplo un taxista que recibe una solicitud de un cliente para llevarlo al aeropuerto o a cualquier punto del Peñón, sin saber que ese servicio continúa estando prohibido.

Por eso, el Gobierno de Gibraltar va a iniciar una campaña de comunicación mediante cartas a los ayuntamientos de los municipios que conforman el Campo de Gibraltar, así como a la Junta de Andalucía y otras administraciones españolas, recordando el contenido del tratado en materia de transporte de viajeros.

Además, el Ejecutivo gibraltareño contactará directamente con las compañías de taxi, así como con las plataformas Uber y Bolt, para advertirles que no pueden realizar trayectos comerciales con destino o recogida dentro de la colonia sin la previa autorización exigida por las autoridades gibraltareñas.

Asimismo, el Gobierno del Peñón ha encargado una señal dirigida expresamente a los taxis, los servicios públicos de transporte, Uber y Bolt, indicando que no pueden operar en Gibraltar sin la licencia correspondiente.

Las condiciones del tratado en materia de transporte de pasajeros

Gibraltar insiste en que la entrada en vigor del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea no ha modificado la normativa que regula el transporte público de viajeros. Por tanto, en este aspecto, nada ha cambiado.

Los taxistas españoles pueden acceder al Peñón como cualquier otro conductor particular, pero no pueden recoger pasajeros ni prestar servicios comerciales, a no ser que dispongan de una autorización expedida por las autoridades de Gibraltar.

En caso de incumplimiento, los infractores se exponen al levantamiento de actas, sanciones económicas e incluso a la inmovilización o retirada del vehículo mediante grúa.

Muchos conductores tienen asociado a los radares como controladores de velocidad, y esto no es del todo erróneo, pero de un tiempo a esta parte esto no es lo único que hacen. El abogado Sebastián Ramírez ha publicado un vídeo en sus redes sociales avisando de las nuevas infracciones que podrán ser sancionadas por estos radares a partir de este 2026.

El control en las carreteras

La principal infracción que controlan los radares situados en distintos puntos de la red de carreteras nacional son los excesos de velocidad. Muchos conductores exceden los límites marcados por las carreteras por las que circulan, y estos aparatos sirven para sancionar tanto con multas económicas como con puntos a dichos infractores en búsqueda de hacer de la carretera un lugar más seguro.

Cada verano, millones de españoles se lanzan a las carreteras para dirigirse a su destino vacacional. Esto puede llevar a que muchos excedan los límites y puedan poner en peligro al resto de conductores. Es por ello que cada año por estas fechas la Dirección General de Tráfico instala nuevos radares, este año hemos sumado un total de 33 radares nuevos, que controlan la velocidad y mucho más.

Un ejemplo de un conductor que ha experimentado este control de radares por toda España es aquel que ha sido pillado recientemente hasta en tres radares situados en tres lugares distintos de la geografía española. Estaba cruzando España a más de 200 km/h, y hasta tres radares, uno en Zamora, otro en Jaén y otro en Galicia, le cazaron. Ahora, lo que debe saber este conductor es que no solo se le puede sancionar en 2026 por la velocidad, sino por más posibles errores al volante.

Las otras infracciones controladas por radares

Todos los radares que están colocados por las carreteras españolas ya no solo se centran en calcular la velocidad a la que va cada coche y castigar a todo aquel que exceda lo establecido. Ahora también puede sancionar otro tipo de infracciones, por lo que este 2026 los conductores deberán estar más atentos que nunca y así las vías serán un lugar más seguro.

La primera infracción que destaca el abogado Sebastián Ramírez en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el perfil 'leyesconsebas' es la cometida al pisar una línea continua. Con la intención de ganar tiempo y adelantar, muchos conductores cometen esta infracción a la hora de incorporarse a una carretera en concreto o a la hora de pasar a otro coche en un lugar prohibido.

Otra infracción que cometen muchos conductores y que el abogado señala en este vídeo es la cometida al saltarse un stop. Hay quien hace caso omiso a esta señal que te obliga a detenerte en un determinado punto. Pues si no viene nadie, no ven necesario detener el coche del todo y siguen con la marcha sin haber frenado el vehículo. Esto se une a la anterior infracción en la lista de maniobras que pueden acabar en multa a partir de este año si un radar lo ve.

Tanto una como otra pueden parecer fallos sin importancia, pero ahora van a ser sancionados y captados a través de los radares. Todos pensaban que estas máquinas se centraban en controlar a aquellos que excedían su velocidad, pero nada más lejos de la realidad. En el año 2026, el hecho de ir a la velocidad marcada por la carretera con tu coche no te exime de ser víctima de uno de estos radares. Tanto si decides saltarte una señal de stop como si te incorporas pisando una línea continua, podrás ser multado de igual manera.

Estamos en uno de esos casos en los que la ley se puede interpretar de varias maneras y tenemos el ejemplo de un caso ocurrido en Oviedo. Un juez de la capital asturiana ha anulado una multa impuesta a un vehículo que estaba aparcado en la vía pública sin la ITV en vigor.

El juzgado considera que la conducta denunciada no encaja en la infracción prevista por la Ley de Tráfico. La sentencia no elimina la obligación de tener la inspección técnica al día ni tampoco cambia las multas por circular sin ella.

Lo que hace es cuestionar la manera en que algunas administraciones interpretan esta situación.

Se podría recurrir una multa por tener la ITV caducada, aunque no siempre

La historia comenzó cuando una furgoneta aparcada en la calle con la ITV caducada recibió una denuncia y su propietario la recurrió. El caso terminó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.

El magistrado concluyó que la Administración no podía imponer esa multa porque la infracción que recoge la legislación está vinculada a la circulación del vehículo, no al simple hecho de permanecer estacionado.

Es decir, sólo se puede formular la denuncia si el vehículo está circulando. El fallo del juez recoge que sancionar un vehículo inmóvil carece de cobertura legal al no estar expresamente previsto en la norma.

El razonamiento se apoya además en el principio de tipicidad recogido por la Constitución, que impide castigar conductas que la ley no describe de forma clara como infracción.

Esto vale para cualquier vehículo, incluidas las motos, aunque el procedimiento haga referencia a una furgoneta, pero también las motocicletas tienen la obligación de pasar la inspección técnica cuando alcanzan la antigüedad correspondiente.

Cuando el vehículo esté en marcha

Como hemos dicho al principio, circular con la ITV caducada, ya sea en coche, furgoneta o moto, conlleva una sanción de 200 euros y, dependiendo de las circunstancias, el vehículo puede quedar inmovilizado hasta regularizar su situación.

Lo que cuestiona el juzgado de Oviedo es que se pueda poner una multa cuando el vehículo esté aparcado, lo que sienta un precedente que puede abrir más recursos similares.

El juez recuerda que la Ley sobre Tráfico sanciona conducir un vehículo sin haber superado la ITV obligatoria, pero no tipifica expresamente como infracción mantener un vehículo inmóvil con la inspección vencida.

De todas formas, la resolución tampoco supone que todas las multas de este tipo se puedan anular automáticamente. Se trata de una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia, por lo que no crea jurisprudencia en sentido estricto.

Esta maniobra de presión, habitual en conductores impacientes o agresivos, eleva de manera exponencial las posibilidades de sufrir una colisión por alcance en cadena y puede derivar en castigos de cuantía muy superior e incluso de carácter penal si la situación se considera conducción temeraria. Las autoridades del sector de la seguridad vial insisten en que la distancia de seguridad no constituye una mera recomendación de cortesía, sino una obligación legal rigurosa que debe calcularse de manera constante en función de las circunstancias específicas de la vía.

Un porcentaje notable de los conductores reconoce no guardar la separación suficiente en sus trayectos cotidianos, una imprudencia que suele acentuarse en situaciones de alta densidad circulatoria, horas punta o retenciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos. El problema radica en que, en caso de que el automóvil delantero efectúe una frenada brusca para sortear un obstáculo o evitar un siniestro, el conductor que circula pegado carece por completo del margen de tiempo mínimo necesario para reaccionar y activar el sistema de frenado.

La determinación del espacio correcto que se debe mantener con el vehículo precedente depende de varios factores variables que todo conductor debe evaluar en tiempo real mientras conduce. El primero de ellos es el tiempo de reacción humano, que es el lapso cronológico que transcurre desde que el conductor percibe un estímulo visual de peligro hasta que efectivamente pisa el pedal del freno.

El segundo elemento crítico es la distancia de frenado propia del automóvil, la cual está condicionada de manera directa por la velocidad de desplazamiento, el peso total del vehículo, el estado de conservación de los neumáticos y la eficacia de las pastillas y discos de freno. Cuando la conducta de aproximación excesiva deja de ser una distracción puntual o un error de cálculo y se convierte en una acción deliberada para presionar e intimidar al usuario que circula por delante, la consideración legal del hecho cambia radicalmente.

Esta vertiente de acoso en carretera, donde el infractor reduce al mínimo el espacio de seguridad para forzar al conductor delantero a apartarse del carril o a incrementar su velocidad de manera indebida, puede tipificarse como una infracción mucho más severa. Si las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o los sistemas de videovigilancia aérea constatan que el acoso ha puesto en peligro concreto e inminente la integridad o la vida de los ocupantes de los vehículos implicados, la denuncia puede formularse por conducción temeraria manifiesta.

En la vía administrativa, este comportamiento violento se castiga con una sanción económica que asciende a los 500 euros y supone la pérdida inmediata de hasta seis puntos del carnet de conducir. No obstante, si la gravedad del incidente es manifiesta y encaja plenamente dentro de los supuestos regulados por el Código Penal para los delitos contra la seguridad vial, el conductor agresivo se enfrenta a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años, sumadas a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un período de tiempo que puede extenderse hasta los seis años.

La primera recomendación consiste en mantener la calma y evitar cualquier tipo de reacción que pueda incrementar la ira o la agresividad del infractor, eludiendo por completo los gestos hostiles o el contacto visual prolongado a través de los espejos retrovisores. La pauta de actuación más segura ante un conductor que presiona por detrás es facilitar su adelantamiento lo antes posible, desplazándose de forma progresiva y señalizada hacia el carril de la derecha en cuanto las condiciones de tráfico lo permitan, priorizando la propia seguridad por encima de cualquier disputa de prioridad.

Si la situación de riesgo se prolonga en el tiempo o adquiere tintes de violencia vial, se aconseja alertar de inmediato a los servicios de emergencia mediante una llamada telefónica para aportar la localización exacta del tramo y la descripción del vehículo acosador. En aquellos casos en los que el conductor afectado viaje acompañado por otros pasajeros, estos pueden colaborar activamente registrando la secuencia de acoso mediante una grabación de vídeo con el teléfono móvil.

Entre las diferentes fases de iluminación de estos dispositivos, la luz amarilla no parpadeante suscita con frecuencia dudas y debates entre los usuarios de las vías públicas, existiendo el mito de que este color simplemente funciona como una transición que permite acelerar el paso antes de la llegada de la luz roja.

La normativa legal vigente en el territorio nacional desmiente de forma tajante esta creencia y establece una obligación principal que equipara en gran medida la luz amarilla fija a la prohibición de paso que impone la luz roja. El texto normativo detalla de manera inequívoca que la aparición de una luz amarilla no intermitente significa que los conductores deben detener sus vehículos en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja, lo que implica que la detención debe realizarse antes de la línea de parada más cercana o, en su defecto, inmediatamente antes del propio semáforo.

La legislación española contempla una única y estricta excepción a esta regla general de detención obligatoria, fundamentada exclusivamente en criterios de seguridad vial y prevención de colisiones por alcance. Un conductor solo está autorizado a continuar la marcha y franquear el semáforo en fase amarilla cuando, en el momento exacto en que se enciende dicha señal, el vehículo se encuentra tan cerca del lugar de detención que no resulta posible frenar y detener la marcha de forma total antes del semáforo en condiciones de suficiente seguridad.

Esta salvedad busca evitar que una frenada brusca, inesperada y violenta provoque un riesgo inminente de accidente con los vehículos que circulan inmediatamente por detrás, protegiendo así la integridad física de los usuarios de la vía. El análisis de la seguridad en la frenada recae en primera instancia sobre la valoración inmediata que realiza el propio conductor, quien debe calibrar factores cruciales como la velocidad a la que circula, las condiciones de adherencia del pavimento, la distancia con el coche posterior y la visibilidad del entorno.

No obstante, esta apreciación subjetiva está sujeta a la posterior vigilancia y control de los agentes de la autoridad encargados de la gestión del tráfico o de los sistemas tecnológicos de captación de imágenes automatizados instalados en los cruces. Si se determina que el conductor disponía de espacio y tiempo suficientes para realizar una desaceleración progresiva y segura, el rebasamiento del semáforo será considerado una infracción administrativa.

En el plano sancionador, el ordenamiento jurídico penaliza el incumplimiento de esta señalización debido al elevado riesgo que supone atravesar una intersección cuando la fase de paso para otros flujos de tráfico o peatones está a punto de comenzar. Rebasar un semáforo en luz amarilla fija cuando las circunstancias permitían detenerse con seguridad se considera una infracción grave contra la seguridad vial, llevando aparejada una sanción económica que asciende a los doscientos euros. Además de la cuantía financiera, esta conducta indebida conlleva de forma automática la detracción de cuatro puntos del permiso de conducción del infractor, penalización idéntica a la que se impone por saltarse un semáforo completamente en rojo.

Los sistemas de control automático, conocidos popularmente como semáforos foto-rojo, operan mediante cámaras que graban el comportamiento de los vehículos cuando la fase de la luz cambia a rojo, capturando secuencias de vídeo y fotografías para verificar si el automóvil cruzó la línea de detención en el momento prohibido. Aunque estos dispositivos automáticos se centran principalmente en sancionar el paso en fase roja, la fase amarilla sirve de advertencia temporal imprescindible, cuya duración suele oscilar entre los tres y los cinco segundos dependiendo del tipo de vía y de la velocidad máxima permitida en el tramo.

Es de vital importancia diferenciar esta situación de los semáforos que presentan una luz amarilla intermitente o dos luces de este color alternativamente parpadeantes, ya que su significado legal y operativo es radicalmente distinto. La luz amarilla intermitente no impone una obligación intrínseca de detención al conductor, sino que funciona como una señal de advertencia de peligro que obliga a extremar la precaución, reducir significativamente la velocidad de circulación y ceder el paso a los vehículos o peatones que tengan prioridad legal según otras señales presentes en la intersección.

Este repunte coincide con un notable crecimiento en la movilidad veraniega, alcanzando los 42'8 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3% más que en la temporada pasada. Ante estos preocupantes datos, concentrados de forma mayoritaria en las carreteras convencionales a través de salidas de vía y colisiones frontales, la administración ha decidido intensificar la vigilancia incorporando 33 nuevos cinemómetros fijos y de tramo en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Madrid o Castilla y León.

Sin embargo, la consultoría jurídica especializada Pyramid Consulting recuerda que este despliegue de controles automatizados y helicópteros Pegasus debe convivir estrictamente con el respeto a las garantías legales del ciudadano, ya que multitud de sanciones acaban siendo invalidadas por defectos de forma, fallos en las pruebas o errores de tramitación.

Una de las principales vías para conseguir la nulidad de una sanción económica por exceso de velocidad se encuentra en la insuficiencia o el defecto de la actividad probatoria aportada por la propia administración. La normativa vigente determina de forma clara que el expediente sancionador no puede sostenerse simplemente con una fotografía ampliada que muestre la matrícula del infractor.

Para que la denuncia sea plenamente válida, el organismo de tráfico tiene la obligación de incorporar al expediente dos imágenes capturadas desde ángulos o posiciones diferentes que contextualicen la supuesta infracción, identificando plenamente el entorno, la vía y las condiciones del tráfico en ese preciso instante.

Cuando la jefatura de tráfico aporta únicamente un recorte o una ampliación de la misma toma, o bien cuando las imágenes resultan demasiado oscuras o deficientes para clarificar el escenario, los tribunales suelen dejar sin efecto la penalización económica y la retirada de puntos por falta de base probatoria rigurosa.

Otro factor determinante para el éxito de un recurso radica en la fiscalización de los márgenes de error de los cinemómetros. Todos los dispositivos de medición de velocidad están condicionados por unos umbrales de tolerancia técnica fijados por la normativa metrológica que varían según la tipología del aparato.

De este modo, un aparato fijo de nueva adquisición contempla un margen de tres kilómetros por hora o un tres por ciento, mientras que los dispositivos móviles verificados operan bajo un umbral de siete kilómetros por hora o un siete por ciento. En muchas ocasiones, la administración calcula la sanción final basándose de forma directa en la velocidad exacta que figura en la pantalla del radar, omitiendo la obligatoria reducción por el margen de error legal.

Cuando el conductor formula una alegación advirtiendo este desfase y la entidad sancionadora ignora el requerimiento o no ofrece una respuesta motivada en la resolución, el procedimiento incurre en un defecto de motivación que invalida por completo la multa por vulnerar los derechos del expedientado.

Más allá de los fallos técnicos de los radares fijos o móviles, la tramitación administrativa del expediente constituye otra fuente habitual de anulaciones judiciales debido al quebrantamiento de las garantías del conductor. La ley establece unos plazos muy estrictos y unos protocolos formales rigurosos para efectuar las notificaciones de las denuncias en el domicilio del titular o a través de la dirección electrónica vial.

Si el organismo público realiza los intentos de comunicación fuera de los plazos estipulados por el procedimiento administrativo común o salta alguno de los pasos formales para localizar al presunto infractor, se produce de manera automática una situación de indefensión jurídica que priva al ciudadano de la oportunidad de presentar sus correspondientes alegaciones y pruebas de descargo durante la fase administrativa ordinaria, lo que aboca inevitablemente a la nulidad íntegra de las actuaciones por violar el derecho constitucional de defensa.

Finalmente, las autoridades de tráfico tampoco pueden subsanar las deficiencias de sus propios expedientes una vez que el conflicto ha escalado a la vía judicial. El expediente sancionador debe presentarse cerrado y completo desde el inicio de la reclamación para asegurar que el conductor conozca todas las pruebas de cargo en igualdad de condiciones.

Nunca es buen momento para que te pongan una multa, pero aún menos cuando te vas de vacaciones, ya que te las puede amargar. Sobre todo, en un contexto económico como el actual, en el que muchas familias tienen que hacer malabares para poder disfrutar de unos días en la playa o en el destino que sea.

Por supuesto, el conductor es el que debe prestar más atención a todo lo que ocurre en la carretera, respetar los límites de velocidad y cumplir el resto de las normas viales. Pero no es el único: en algunos casos, los pasajeros tampoco se van de rositas.

En concreto, hablamos de una práctica que, por desgracia, todavía sigue siendo habitual en muchas personas: tirar una colilla o un cigarro por la ventanilla. Esto puede ser muy peligroso en esta época del año en la que aprieta el calor, porque puede provocar un incendio.

De hecho, según el Ministerio de Medioambiente, el 3% de los incendios forestales tiene su origen en las colillas que se lanzan desde algún vehículo. Por ello, las campañas de concienciación insisten en evitar esta práctica durante todo el año, especialmente en verano. Y la Guardia Civil extrema la vigilancia.

Tirar una colilla o cigarro por la ventanilla, multa de 500 euros y seis puntos del carné

Las multas más graves suelen estar relacionadas con rebasar la velocidad máxima permitida. En función de la velocidad a la que te cace el radar, la cuantía oscila entre los 100 y los 600 euros, así como la pérdida de hasta seis puntos del carné.

Pero la DGT también te puede poner otras multas que pueden arruinarte unas vacaciones, como arrojar objetos por la ventanilla. Se trata de una práctica que, además de incívica, puede crear situaciones de peligro, especialmente tirar una colilla.

Es una de las infracciones más castigadas, ya que, además de provocar un accidente de tráfico, puede dañar el medioambiente. Ocasionar un incendio, sin ir más lejos, algo que, desgraciadamente, tenemos que lamentar cada verano.

La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial prohíbe expresamente lanzar a la vía o a sus inmediaciones cualquier objeto que pueda provocar incendios o afectar a la seguridad vial, especialmente cigarros.

La normativa tipifica esta conducta como una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Por eso, esta acción se castiga con una multa de 500 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

Antes de la reforma de la legislación llevada a cabo en 2021, la sanción por hacer el mismo gesto era de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Pero, desde entonces, Tráfico ha endurecido la multa, precisamente, por la gravedad que entraña.

Aun así, todavía hay muchas personas que creen que arrojar una colilla por la ventanilla del coche es una infracción menor, por eso la DGT recuerda en su cuenta de X que “tirar una colilla por la ventanilla de tu vehículo puede hacerte perder 6 puntos del permiso de conducción y 500 euros de multa, pero sobre todo puede provocar un desastre de tales proporciones que ni te imaginas”.

Además de las sanciones administrativas, si la colilla que se tira desde el coche termina provocando un incendio forestal, entonces la acción pasa a considerarse delito, tipificada en el Código Penal, y puede acarrear penas de cárcel de tres a seis años.