Esta reforma legal, respaldada mediante la actualización del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, atiende al incremento de la presencia de ciclistas en vías secundarias y comarcales, especialmente tras el periodo vacacional. Con la entrada del otoño es habitual la formación de agrupaciones de ciclistas que comparten espacio con vehículos a motor. Por este motivo, el organismo regulador ha decidido endurecer los requisitos mínimos para efectuar cualquier maniobra de rebase, con el fin de priorizar la seguridad física de los usuarios más vulnerables del ecosistema vial.

Hasta la fecha, la normativa obligaba a mantener un margen lateral de seguridad de al menos 1,5 metros respecto al usuario de la bicicleta, permitiendo incluso la ocupación total o parcial del carril contrario o pisar la línea continua para garantizar dicha distancia de separación. Si bien esta exigencia sigue estando completamente vigente, desde el 1 de octubre se suma de manera estricta la necesidad de desacelerar antes de iniciar la maniobra.

En una carretera cuyo límite máximo sea de 90 kilómetros por hora, el vehículo a motor deberá reducir su velocidad hasta un máximo de 70 kilómetros por hora para poder efectuar el sobrepaso legalmente. De no hacerlo, los agentes de la autoridad tramitarán la sanción económica de 200 euros clasificada como infracción grave.

Las modificaciones normativas contemplan también pautas específicas para entornos urbanos y periurbanos. Es más, la nueva reglamentación estipula una distancia mínima de protección por detrás de hasta 5 metros cuando un vehículo circule tras un ciclista en ciudad antes de poder realizar la maniobra de rebase. Este margen evita que los vehículos ejerzan un acoso por aproximación que pueda desestabilizar o intimidar al usuario sobre dos ruedas.

Además, la normativa se complementa con la prohibición expresa de adelantar cuando la maniobra ponga en peligro a otros ciclistas que circulen en sentido contrario, aunque estos se desplacen por el arcén. De forma paralela, el mapa vial español se encuentra en un proceso de reestructuración tras la luz verde otorgada por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras para transformar progresivamente los arcenes de las vías estatales en carriles bici segregados.

Del mismo modo, el Boletín Oficial del Estado autoriza que, en aquellas carreteras multicarril o convencionales con una intensidad media de tráfico reducida, se puedan disminuir o suprimir los arcenes preexistentes para ejecutar vías ciclistas adyacentes de uso exclusivo.

El impacto del viento relativo que genera un coche al sobrepasar a gran velocidad a una bicicleta representa una de las principales causas de inestabilidad y posterior caída del ciclista. La reducción de 20 kilómetros por hora obligatoria pretende erradicar ese efecto de succión y rebufo que altera el equilibrio de la bicicleta. Los conductores deberán adaptar su marcha con suficiente antelación al aproximarse por detrás a los ciclistas, evitando frenazos bruscos sobre el asfalto que puedan provocar colisiones por alcance con otros vehículos que circulen por detrás.

El régimen sancionador se aplicará de forma inflexible en todo el territorio nacional a través de los controles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales. Como ocurre con el resto de infracciones graves sancionadas con 200 euros, los conductores denunciados podrán beneficiarse de una reducción del 50 % en el importe si efectúan el pronto pago durante los 20 días naturales posteriores a la notificación formal de la multa, si bien dicha vía administrativa implica la renuncia automática a formular alegaciones.

En conclusión, la DGT establece un marco de circulación más riguroso en el que la convivencia entre vehículos y bicicletas exige una mayor paciencia por parte de los conductores. El cumplimiento del margen de 1,5 metros, la distancia posterior en tramos urbanos y la reducción obligatoria de velocidad al adelantar serán los tres pilares esenciales que cada conductor deberá poner en práctica a partir del 1 de octubre para evitar sanciones económicas y pérdidas de puntos en su permiso de conducir.

La razón es sencilla: mientras el conductor de un coche cuenta con una estructura que protege su cuerpo ante un impacto, el ciclista apenas dispone de elementos que amortigüen las consecuencias de un choque.

Una maniobra aparentemente pequeña, como pasar demasiado cerca o mantener una velocidad excesiva al rebasarlo, puede provocar una caída con consecuencias graves. Por eso la legislación ha ido endureciendo progresivamente las condiciones que debe cumplir el vehículo a motor.

La regla básica que continúa vigente es la separación lateral mínima de 1,5 metros al adelantar a un ciclista, además de que cuando la carretera dispone de más de un carril por sentido, el conductor debe cambiar completamente de carril para realizar la maniobra.

Tampoco está permitido adelantar si la acción pone en peligro o entorpece a ciclistas que circulan en sentido contrario, aunque estos se encuentren utilizando el arcén. Todas estas obligaciones forman parte de la normativa desde la reforma que entró en vigor en marzo de 2022 e incumplirlas no supone una infracción menor.

La Ley de Tráfico establece una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso cuando se adelanta a ciclistas poniendo en peligro, acosando o entorpeciendo su circulación o sin respetar la separación lateral mínima de 1,5 metros. Es una de las conductas que más puntos de la licencia puede hacer perder de una sola vez.

A partir del 1 de octubre la normativa será todavía más estricta, porque, cuando el adelantamiento se produzca fuera de poblado, el conductor tendrá que reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite establecido en la vía y mantener esa reducción durante toda la maniobra. La nueva regla queda incorporada al artículo 85 del Reglamento General de Circulación.

El cambio puede tener un efecto especialmente visible en las carreteras convencionales, donde el límite genérico es de 90 km/h, así que en ella el adelantamiento de un ciclista deberá realizarse como máximo a 70 km/h. Si el tramo estuviera limitado a 70 km/h, la velocidad durante la maniobra tendría que reducirse hasta 50 km/h.

De esta manera, la modificación pretende que el vehículo que adelanta no solo deje espacio suficiente, sino que reduzca también la diferencia de velocidad durante el encuentro con la bicicleta.

Esta última cuestión es importante porque la velocidad condiciona tanto el riesgo de la maniobra como la gravedad de sus consecuencias. Un coche que circula muy rápido y pasa a poca distancia de una bicicleta genera una situación de riesgo mucho mayor que otro que reduce la marcha y realiza el adelantamiento con margen.

El ciclista, además, puede desviarse ligeramente de su trayectoria por irregularidades del firme, viento, obstáculos o simplemente por las condiciones de la carretera.

Así, se busca proteger más a los usuarios de las bicicletas, aunque es algo que va a tener consecuencias claras a nivel de fluidez en la circulación, especialmente en carreteras de montaña y donde solo haya un carril por sentido.

Además de esta novedad, la reforma también introduce un cambio específico para la circulación urbana.

Los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros respecto a los ciclistas que circulen delante de ellos en el mismo carril. En las vías urbanas con más de un carril por sentido se mantiene la obligación de cambiar completamente de carril cuando se adelanta a una bicicleta, junto con la separación lateral mínima establecida por la normativa.

El endurecimiento de la ley no se limita a los conductores, si no que desde octubre también desaparecerán determinadas excepciones relacionadas con el uso del casco en vías interurbanas, de modo que los ciclistas deberán utilizarlo en estas carreteras.

Además, los repartidores que trabajen en bicicleta tendrán obligaciones específicas de protección y visibilidad, teniendo que utilizar sí o sí tanto el casco, aunque desarrollen su actividad exclusivamente en ciudad, como un chaleco reflectante.

En conjunto, la reforma forma parte de un paquete más amplio destinado a reforzar la protección de los llamados usuarios vulnerables de la vía, entre los que se encuentran ciclistas, peatones, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

El jugador del equipo blanco no empieza para nada bien esta temporada. El pasado mes de agosto fue parado por la policía canaria y fue sometido a un control de alcoholemia en el que dio un resultado de 0,90 mg/l de alcohol en aire respirado. Con esta marca multiplica por cuatro el máximo permitido y fue condenado por este delito contra la seguridad vial. El futbolista fue juzgado en un juicio rápido y el castigo fue una multa económica y la retirada del permiso de conducir de forma temporal.

Asencio comete un error grave al volante

La pasión de los futbolistas por los coches es algo conocido por todos. En muchas ocasiones, esto no hace daño a nadie, pues jugadores como Cristiano Ronaldo tienen garajes de máximo lujo, pero no cometen temeridades con ellos. Esto se cumple en la mayoría de casos, pero hay en ocasiones que el hecho de tener estos coches puede llevar a los futbolistas a cometer errores que pueden salir muy caros.

Esto es un caso que ya vimos hace unos meses con Raheem Sterling. En aquella ocasión, el futbolista inglés fue pillado conduciendo y estrellando su coche bajo los efectos de la droga, y ahora hemos visto cómo un jugador español del Real Madrid ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. El sujeto en cuestión ha sido Raúl Asencio, futbolista canario que creció en las categorías inferiores del Real Madrid y lleva dos temporadas con el primer equipo.

Esta tercera campaña para él no ha empezado nada bien, pues además de perder su hueco en el once titular, también se ha visto manchada su imagen por temas extradeportivos. El defensa central pasó parte de sus vacaciones en las Islas Canarias, y allí fue donde cometió la temeridad de coger el coche tras haber bebido de más. Los futbolistas deben ser ejemplos para los más pequeños, pero en este caso ha sido todo lo contrario.

El del Real Madrid cuadruplicó la tasa permitida

El hecho tuvo lugar en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria. Concretamente, sucedió el día 16 de agosto y ahora varios medios locales han dado la noticia. En plenas vacaciones, antes de unirse al trabajo con su club, Raúl cometió un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio. El canario iba con su Porsche, no con el BMW i7 M70 que le proporcionó el Real Madrid esta temporada, y se saltó las normas.

La Policía le hizo someterse a un control de alcoholemia y la sorpresa mayor llegó cuando la máquina marcó un 0,90 mg/l de alcohol en aire respirado. Esto, por supuesto, es positivo y no solo eso, sino que el resultado cuadriplica la tasa máxima permitida, que es de 0,25. De esta forma, el central se suma así a la lista negra de futbolistas que han cometido verdaderas temeridades con el coche y que manchan así su carrera deportiva.

Tras esto, el central fue sometido a un juicio rápido y la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia le castigó con una multa diaria de 120 euros durante cuatro meses. Esto supone una sanción económica total de 14.400 euros, una cantidad que no es problema para un jugador de Primera División. Pero además, el castigo no se quedó ni mucho menos ahí, sino que se le ha retirado el carnet de conducir durante ocho meses.

En el club blanco seguro que no están contentos con este fallo de su jugador, que fue sorprendido cuando conducía ebrio por Gran Canaria. Durante sus vacaciones cometió este delito y ahora tiene que pagar por él. Además, el Real Madrid estará preparando la entrega de los BMW a los jugadores de la primera plantilla, como hace cada año, pero Raúl Asencio no estará listo para esta entrega, pues su delito le ha costado temporalmente la licencia de conducir.

Los tramos de las autopistas AP-7 y AP-2, así como de la autovía A-2, han servido de escenario para este estudio piloto de carácter internacional que se desarrolló a lo largo de los meses de junio y julio. Durante este periodo, los dispositivos de los Mossos d'Esquadra han estado midiendo no solo la velocidad a la que circulan los automóviles, sino también recopilando datos sobre la conducta de los conductores sin llegar a tramitar sanciones administrativas, ya que el único propósito del proyecto era testar la precisión de estos avanzados algoritmos de inteligencia artificial.

Los resultados extraídos de las pruebas estivales han dejado cifras preocupantes para las autoridades del Govern. El sistema inteligente fue capaz de detectar más de 8.500 incidencias relacionadas con la manipulación del teléfono móvil y más de 4.500 infracciones por no llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad. Estas lecturas han alcanzado un nivel de efectividad global que supera el 75%, llegando al 84% de precisión a la hora de certificar el uso inadecuado del teléfono móvil.

Por su parte, la falta de sujeción mediante el cinturón de seguridad afectó a entre el 1'3 y el 1'8% de las personas que viajaban en los vehículos analizados. Estas proporciones colocan a la comunidad autónoma catalana en un puesto desfavorable en el marco de la investigación internacional, situándola como la tercera región con mayor grado de incumplimiento de las normas relativas al uso del móvil al volante entre los territorios estudiados.

Los patrones de comportamiento detectados muestran una notable diferencia en cuanto a los días, las horas y la tipología de las carreteras en las que se registran estos hábitos de riesgo. En el caso del teléfono móvil, las distracciones se concentran fundamentalmente durante el día y en jornadas laborables, teniendo un pico muy marcado entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, concretamente entre las once y media de la mañana y las tres y media de la tarde.

En este sentido, la autovía A-2, especialmente en el entorno periurbano de la localidad de Cornellà de Llobregat, registró el índice más alto de uso del teléfono móvil al alcanzar a un 5% de los conductores. Por contraposición, la omisión del uso del cinturón de seguridad es una conducta que se dispara durante los periodos de ocio y en vías de gran capacidad.

Además, las detecciones de esta irregularidad aumentaron de forma considerable a lo largo de los fines de semana, siendo especialmente frecuentes en los horarios nocturnos y durante las primeras horas de la madrugada. Desde el punto de vista técnico, la gran innovación de estos carros-radar reside en la combinación estratégica de dos cámaras de alta definición, una dispuesta en orientación horizontal y otra en posición cenital.

Esta doble perspectiva permite a la inteligencia artificial descubrir comportamientos que resultaban prácticamente indetectables para los medios de vigilancia tradicionales, como los radares fijos o las patrullas en helicóptero. Una de las prácticas que ahora queda al descubierto es la de aquellos conductores que colocan el teléfono móvil sobre sus muslos o el regazo para intentar ocultar que lo están manipulando mientras manejan el vehículo.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha justificado la apuesta por esta herramienta recordando que la siniestralidad en la red viaria de Cataluña se encuentra muy dispersa, lo que exige adaptar la vigilancia mediante fórmulas de movilidad flexible. Aunque la fase experimental recién finalizada no ha derivado en sanciones económicas ni pérdida de puntos para los vehículos captados por las lentes inteligentes, la administración prevé incorporar formalmente esta tecnología de control dentro del Plan de Seguridad Vial 2027-2030 para atajar definitivamente las distracciones en carretera.

Puede que Hammond peque de imprudencia al volante o que esté tratando de batir el récord establecido por el entonces futbolista del Manchester United, Maroune Fellaini. En 2015, al jugador lo cazaron dos veces en el mismo día circulando por encima del límite de velocidad permitido. La primera vez fue a 130 km/h en una zona limitada a 64 km/h y, la segunda, a 95 km/h cuando el máximo legal era de 48 km/h. Lo llamativo es que las dos multas se tramitaron con una diferencia de solo 6 minutos.

Las consecuencias para Fellaini estuvieron a la altura de las infracciones que cometió. El ya ex futbolista belga tuvo que pagar una multa de 1.188 libras, el equivalente a unos 1.400 euros actuales, que para un deportista de élite puede parecer poco, pero a esto se unió una orden de retirada del carné de conducir durante 9 meses.

Cazado dos veces por exceso de velocidad en tres semanas

Volviendo al caso de Richard Hammond, los hechos no fueron tan graves como los de Fellaini, aunque no por ello el ex presentador de 56 años se ha quedado sin su correspondiente denuncia. Tal y como informa The Guardian, la primera infracción se registró poco antes de las 1 del medio día del pasado 2 de diciembre de 2025.

Al volante de un Porsche Taycan Cross Turismo, Hammond fue interceptado por un agente de Policía que portaba un radar móvil mientras circulaba a 68 mph (109 km/h) en un tramo de la carretera A40 en Pencraig, Herefordshire, donde el límite de velocidad es de 50 mph (80 km/h).

Tres semanas más tarde, el 22 de diciembre de 2025, cuando el reloj marcaba las 11:45 de la mañana, otro radar interceptó al ex presentador de Top Gear y The Grand Tour mientras conducía un Bentley Continental GT. El problema no era el lujoso deportivo, sino el hecho de que circulaba a 82 mph (132 km/h) en el paso elevado de Rudhall de la A50, también en Herefordshire, cuya velocidad máxima legal es de 70 mph (110 km/h).

La Policía envió por correo las multas por exceso de velocidad a dos residencias propiedad de Richard Hammond. Sin embargo, la correspondencia fue devuelta por no haber localizado al destinatario. Más tarde, las autoridades localizaron al ex presentador en una tercera propiedad cerca de Abergavenny, en Monmouthshire, donde, esta vez sí, le fueron notificadas las infracciones.

Los agentes expusieron en los documentos judiciales que Hammond había sido acusado de otro delito de tráfico en agosto de 2025. A pesar de que expuso los hechos ante sus abogados, Richard acabó declarándose culpable de ambas infracciones, así como de las acusaciones de haber ignorado las cartas y de no haberse identificado como responsable de ambas faltas.

¿Multa ejemplar o simbólica?

Las consecuencias, como en el caso del futbolista del Manchester United, al nivel de lo que cabría esperar en la justicia británica. Hammond recibió dos multas por las dos infracciones de velocidad. La primera supuso un coste de 333 libras (unos 390 euros), mientras que la segunda ascendió a 666 libras (unos 780 euros), por lo que el montante de ambos delitos fue de 999 libras (1.170 euros).

La cosa no acabó aquí. Richard Hammond también tuvo que abonar otros gastos, como las 240 libras (281 euros) en concepto de costas y las 532 libras (622 euros) por recargos para las víctimas. En total, 1.771 libras de sanción (2.073 euros) para el famoso presentador.

Esta vez, el famoso presentador que ha inspirado a más de una generación a explorar el mundo del motor ha tenido que responsabilizarse de su conducta al volante y, si bien no tiene las consecuencias a nivel económico que tendría para un conductor medio, este es un ejemplo más de que la ley es igual para todos. O eso dicen.

Esta circunstancia, que a simple vista podría parecer un detalle menor o puramente anecdótico, constituye en realidad un defecto de forma y de prueba de enorme calado. La base jurídica de este argumento radica en la estricta normativa de metrología técnica a la que están sujetos todos los aparatos de medición de velocidad homologados. Cuando un radar dispara su fotograma, proyecta una señal o registra un haz que mide la aceleración en un punto o tramo determinado. Si en el encuadre exacto del disparo aparecen dos vehículos circulando en paralelo o a una distancia reducida dentro de la misma zona de cobertura, resulta técnicamente imposible determinar de manera indubitada cuál de los dos transportes era el que circulaba por encima de los límites legales permitidos.

López destaca que la carga de la prueba recae íntegramente sobre la Administración sancionadora. En el procedimiento administrativo sancionador rige con absoluta firmeza el principio de presunción de inocencia, el cual exige que cualquier infracción atribuida a un ciudadano esté respaldada por una prueba plena, clara y exenta de cualquier tipo de ambigüedad. Si la fotografía del radar muestra de forma simultánea un turismo y una motocicleta compartiendo el espacio de medición, surge de inmediato una duda razonable sobre la autoría del exceso de velocidad. Ante la imposibilidad técnica de aislar el comportamiento de cada vehículo en esa instantánea concreta, la multa carece de la solidez probatoria exigida por la ley y debe ser anulada por el organismo competente.

Para llevar a cabo un recurso fundamentado en esta premisa, el primer paso fundamental consiste en no abonar la sanción de inmediato a través del procedimiento de pronto pago, ya que esta acción implica la aceptación explícita de la infracción y la renuncia a la vía de alegaciones. En su lugar, el conductor afectado debe solicitar el expediente sancionador completo, el cual debe incluir la fotografía original e íntegra del momento del disparo. Es una práctica habitual que los organismos de tráfico remitan inicialmente un encuadre ampliado o recortado donde únicamente se observa la matrícula del vehículo sancionado. Ante esto, el ciudadano tiene el derecho legal de exigir la foto panorámica sin recortes para verificar las condiciones reales en las que se produjo la captura.

Una vez examinada la imagen completa y confirmada la presencia de un segundo vehículo en el ángulo de visión del radar, se debe formalizar un escrito de alegaciones detallando la vulneración de la normativa metrológica y la falta de certeza en la asignación de la velocidad. En dicho recurso se argumenta que la medición pudo ser provocada o alterada por el vehículo contiguo, imposibilitando la atribución individualizada de la falta. La normativa vigente exige una precisión absoluta, por lo que la coexistencia de dos elementos móviles en la escena invalida automáticamente el valor probatorio de la captura de pantalla.

Respecto a las posibilidades reales de éxito, los expertos en derecho de tráfico estiman que la probabilidad de lograr la anulación de la sanción bajo estas circunstancias es alta, situándose entre un 70% y un 80%. No obstante, la efectividad del recurso depende en gran medida de la tecnología empleada por el cinemómetro; mientras que ante radares tradicionales la anulación es casi segura debido a la imposibilidad de discriminar los vehículos, los dispositivos modernos de tipo Lidar o multicarril pueden identificar la velocidad de cada elemento por separado. Por ello, la clave reside en agotar la vía administrativa exigiendo la imagen panorámica completa y completa evidencia técnica, garantizando así que la duda razonable prevalezca a favor del conductor ante cualquier incertidumbre probatoria.

Esta estrategia legal puesta de relieve por el letrado Javier López demuestra la importancia de analizar detenidamente las pruebas documentales antes de asumir una penalización. Un elemento tan cotidiano como un adelantamiento o el tránsito paralelo de una moto en el instante preciso del disparo puede convertirse en la herramienta definitiva para revocar la sanción, protegiendo así tanto el patrimonio económico del conductor como el saldo de puntos de su permiso de circulación.

No ha ocurrido en España, sino en Rumanía, concretamente, en Cluj-Napoca, al noreste del país. En la calle Remetea de la ciudad, los coches circulaban a gran velocidad y un vecino decidió resolver el problema por su cuenta, colocando un badén fabricado por él mismo.

Rápidamente, las imágenes de la vía con el badén improvisado instalado se viralizaron, lo que provocó la reacción inmediata de la Policía, que inició la búsqueda del responsable.

Las autoridades municipales inspeccionaron el lugar y retiraron la estructura, devolviendo la calle a su estado anterior. Pero el autor del badén tendrá que responder por haber alterado un dominio público sin permiso.

El badén improvisado estaba colocado en una calle muy transitada

La calle Remetea es una vía transitada de Cluj-Napoca y la presencia del badén casero no tardó en levantar sospechas. En declaraciones al medio G4Media.ro, el vicealcalde de la ciudad rumana, Dan Tarcea, dejó claro que “nadie puede modificar el dominio público a su antojo", una conducta que implica una sanción por ley.

Colocar un badén artesanal para reducir la velocidad no es una decisión que pueda tomar una persona de manera individual, por muy razonable que pueda parecer el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos. Estas estructuras deben cumplir con unos requisitos para estar homologaos.

Asimismo, Tarcea también pidió a los ciudadanos que avisen a las autoridades cuando detecten intervenciones similares en el espacio público sin previa autorización. Cualquier modificación del asfalto o del mobiliario urbano debe pasar por los canales oficiales y contar con el visto bueno del Ayuntamiento.

Finalmente, los trabajadores municipales retiraron el badén casero y restablecieron el estado original de la vía. Ahora, las autoridades buscan al vecino que puso el badén, que podría enfrentarse a una multa por alterar la vía pública sin autorización.

¿Cómo hay que pasar por un badén?

Normalmente, los badenes se utilizan como instrumento para reducir la velocidad en determinados puntos. También suelen estar en áreas residenciales o en zonas de salida de niños del colegio.

Pero estos sistemas pensados para la seguridad vial pueden producir efectos negativos en los coches, si no se toman adecuadamente. Los neumáticos delanteros son los que más sufren y pueden llegar a perforarse si no están en buen estado.

La suspensión podría dañarse debido a la necesidad de soportar un golpe fuerte de forma repentina. Esto tiene consecuencias indirectas, como una alineación incorrecta de las ruedas o golpes en los bajos del vehículo.

Los golpes en el suelo del vehículo pueden hacer que se suelte el parachoques delantero en los vehículos más bajos, incluso que roce o se descuelgue el tubo de escape, así como dañar elementos críticos como el cárter.

La mejor manera de coger los badenes es frenar antes de llegar al badén, no durante. La finalidad de estos guardias tumbados es que la amortiguación absorba bien el impacto.

Te damos algunos consejos para anticiparse a estos resaltos y no dañar el coche:

• Presta atención a las señales: siempre que hay un badén cerca, suele haber una señal que indica los metros exactos.

• Circula a la velocidad de la vía: los principales daños de los vehículos con badenes se producen a una velocidad excesiva; lo recomendable es circular a la velocidad que marcan las señales.

• Mantén la distancia de seguridad: los vehículos que circulan a poca distancia tienen menos campo de visión y pueden no anticipar la presencia de un badén a tiempo.

• Toma el badén de frente: el badén se debe tomar de forma perpendicular, no girando el volante o durante un cambio de carril. Las ruedas y la suspensión absorberán el impacto de manera uniforme.

El letrado argumenta que negarse a realizar la prueba de alcoholemia constituye una decisión sumamente perjudicial para la situación procesal del ciudadano. En la legislación aplicable, la negativa a someterse a los controles establecidos por los agentes de la autoridad no supone simplemente una infracción administrativa grave o una sanción económica, sino que se encuentra tipificada como un delito autónomo en el Código Penal.

Esta distinción resulta fundamental, ya que desobedecer la indicación de soplar en el etilómetro activa inmediatamente un procedimiento judicial que conlleva penas severas independientes de la tasa real de alcohol que pudiera registrar el conductor en ese momento. Al negarse a realizar la prueba, el individuo se enfrenta directamente a una pena de prisión que oscila entre los seis meses y un año, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo que puede ir de uno a cuatro años. La gravedad de esta medida punitiva radica en que el tipo penal castiga la desobediencia a la autoridad en el marco de la seguridad vial.

De este modo, la persona que rechaza la prueba se coloca automáticamente en una posición legal mucho más desfavorable que aquella que decide colaborar con los agentes, incluso si sospecha que su resultado va a superar con creces los límites permitidos. En cambio, si el conductor accede a realizar la medición y el resultado arroja una tasa positiva que supere los márgenes administrativos, el escenario jurídico se encauza por la vía correspondiente a los delitos contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol.

Aunque superar los límites establecidos también puede derivar en penas de prisión, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad, las posibilidades de defensa y de negociación de las medidas en el ámbito judicial son sensiblemente más favorables. Someterse a la prueba evita la acumulación de delitos y permite centrar la estrategia letrada en un único hecho punible.

Uno de los aspectos más relevantes que señala el abogado es el riesgo de incurrir en un concurso de delitos si el conductor combina ambas conductas. Si una persona muestra signos evidentes de embriaguez y además rechaza tajantemente la realización del test, la fiscalía y los tribunales pueden imputarle tanto el delito de negativa a someterse a las pruebas como el delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Esta suma de acusaciones multiplica las sanciones potenciales y dificulta enormemente la obtención de acuerdos favorables o la suspensión de las penas privativas de libertad.

Asimismo, colaborar con los agentes durante el procedimiento del control puede ser valorado de forma positiva en las diligencias posteriores. El cumplimiento de las órdenes dadas por la policía evita la imputación del delito de desobediencia y permite a la defensa analizar minuciosamente el atestado policial en busca de posibles defectos de forma, fallos en la calibración del etilómetro o irregularidades en los tiempos de margen entre las dos mediciones obligatorias. Estas vías de defensa quedan completamente invalidadas si el acusado decide no soplar, puesto que el delito de negativa se perfecciona en el mismo instante en que se consuma la desobediencia.

La recomendación del letrado busca desmitificar la creencia errónea de que no soplar impide a la justicia probar la embriaguez del conductor. En la práctica judicial, los agentes de tráfico elaboran un informe detallado con los signos externos que presenta el individuo, tales como la halitosis alcohólica, la deambulación titubeante, el habla pastosa o los ojos enrojecidos.

Estos elementos bastan para sostener una acusación por conducción ebria, por lo que negarse a soplar solo añade un delito adicional sin lograr neutralizar la primera sospecha. Aunque la prevención y el consumo cero de alcohol al volante constituyen la única conducta plenamente segura y responsable en la vía pública, la recomendación técnica ante un control inminente es acatar la orden de los agentes para evitar males mayores en el tribunal penal.

La prueba fundamental utilizada por las autoridades para incriminar al jugador fue el propio material audiovisual que él mismo grabó y guardó en su teléfono móvil, donde se le observa circulando a velocidades extremas que llegaron a alcanzar los 307 kilómetros por hora en vías públicas inglesas. Los hechos corresponden a una serie de episodios en los que Charlton decidió registrar sus imprudencias al volante de su vehículo, un todocamino deportivo BMW X3 M Competition.

En los metrajes recuperados por los investigadores policiales, el futbolista se inmortalizó alcanzando picos de velocidad de hasta 191 millas por hora, lo que equivale a 307 kilómetros por hora, en tramos donde el límite legal permitido está fijado en 70 millas por hora, es decir, unos 113 kilómetros por hora. De este modo, el condenado llegó a circular a más de dos veces y media la velocidad máxima autorizada por la normativa británica, generando un riesgo extremo para la seguridad vial.

La conducta temeraria del acusado no se limitó únicamente a acelerar en tramos rectos de autopista. La inspección de los teléfonos incautados sacó a la luz una serie de maniobras peligrosas realizadas en entornos de tráfico denso. En uno de los vídeos más llamativos, Charlton aparece zigzagueando entre automóviles a altas velocidades. En otra de las grabaciones se observa cómo arranca bruscamente tras una parada en un semáforo para alcanzar los 253 kilómetros por hora en pocos segundos.

Asimismo, las imágenes mostraron derrapes provocados en rotondas concurridas mientras otra persona lo filmaba desde el exterior, e incluso una maniobra en la que invadió el carril contrario justo por delante de una furgoneta blanca, rozando la colisión. El desencadenante de la investigación policial se produjo en septiembre de 2023, fecha en la que el futbolista se vio involucrado en un grave accidente de tráfico. A raíz de este siniestro, las fuerzas de seguridad procedieron al decomiso del vehículo y al análisis del teléfono de Charlton. Lo que comenzó como la investigación de un accidente rutinario derivó en el descubrimiento de un historial de infracciones.

Entre los hallazgos más relevantes, los peritos encontraron una nota guardada en el teléfono donde el jugador había redactado una versión falsa del choque para responsabilizar a un conductor inexistente que supuestamente se habría dado a la fuga. Paralelamente, los datos extraídos del propio automóvil revelaron que el coche había superado los 172 kilómetros por hora en al menos ocho ocasiones documentadas durante el año previo al accidente. Ante la solidez de las evidencias audiovisuales, Charlton terminó admitiendo diez delitos de conducción peligrosa y cuatro cargos por obstrucción a la justicia.

Estos últimos delitos respondían a la práctica reiterada de convencer a terceras personas para que asumieran sus puntos del carné de conducir y las multas correspondientes, evitando así la pérdida del permiso. En la resolución dictada en Leeds Crown Court, el juez impuso a Charlton una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, acompañada de una inhabilitación para conducir durante cuatro años y siete meses. Una vez concluido dicho plazo, el condenado estará obligado a realizar un examen de conducir extendido para poder obtener nuevamente su licencia.

Desde la perspectiva técnica, las elevadas velocidades alcanzadas exigían modificaciones previas en la mecánica del coche. El BMW X3 M Competition cuenta de serie con un motor biturbo de 3,0 litros y 510 caballos de potencia, pero posee un limitador electrónico fijado por el fabricante a 250 kilómetros por hora. Para poder rozar los 307 kilómetros por hora registrados en el teléfono del deportista, el vehículo tuvo que someterse a una reprogramación que eliminó dicha restricción e incrementó la potencia del motor por encima de los 620 caballos de fuerza.

Este caso ha tenido un gran impacto en el Reino Unido como advertencia sobre los peligros vinculados al exhibicionismo en redes sociales. Las autoridades recordaron que la obsesión por grabar conductas ilegales facilita el trabajo de la justicia, convirtiendo los propios teléfonos en pruebas irrefutables que conducen directamente a prisión.

El proyecto se encuentra en fase de pruebas y se aplica inicialmente en el tramo comprendido entre la avenida de América y Torrejón de Ardoz. Además, la previsión es que la infraestructura llegue posteriormente hasta Alcalá de Henares. Con esta medida, la DGT pretende aprovechar un carril que ya forma parte de la autovía y convertirlo en un carril Bus-VAO durante las franjas de mayor congestión, sin tener que construir una vía paralela ni levantar barreras de hormigón.

Asimismo, el color rojo permite identificar visualmente el carril y diferenciarlo del resto de la carretera, pero no es el único elemento que deben observar los conductores. El funcionamiento del sistema depende principalmente de los paneles de mensaje variable y de las balizas luminosas instaladas sobre el asfalto. Estos dispositivos indican en tiempo real si el carril está reservado, si se permite acceder a él o si debe utilizarse como un carril convencional.

Cuando las balizas están encendidas en verde, el conductor puede entrar o salir del carril en los puntos habilitados. Si aparecen en color ámbar, las maniobras de incorporación o abandono no están permitidas. En ese caso, los vehículos que ya circulan por el carril deben continuar hasta encontrar una zona autorizada para abandonarlo, mientras que quienes circulan por los carriles contiguos tienen que esperar para acceder. La situación cambia cuando las balizas permanecen apagadas. En ese momento, el carril deja de funcionar como Bus-VAO y vuelve a estar abierto a la circulación general, siempre que los paneles y el resto de la señalización no indiquen lo contrario.

Por este motivo, el conductor no debe interpretar el color rojo del asfalto como una prohibición permanente. La clave está en comprobar si el carril se encuentra activo y qué condiciones aparecen señaladas en cada momento. Durante la fase de pruebas, el carril se activa entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos de la A-2. Desde el 10 de agosto, también funciona entre las 15:00 y las 17:00 horas en sentido salida de Madrid. Estos horarios pueden modificarse durante el periodo experimental, por lo que la DGT recomienda prestar atención a los paneles instalados en los accesos y pórticos de la autovía.

Además, la ausencia de barreras físicas obliga a extremar la atención. En los carriles Bus-VAO tradicionales, los elementos de separación dificultan que un turismo entre por error. En el nuevo modelo, en cambio, el acceso resulta posible desde los carriles contiguos, pero solo debe realizarse cuando las balizas y la señalización lo permitan. Cambiar de carril en un tramo prohibido o utilizarlo sin cumplir las condiciones puede considerarse una infracción grave. De hecho, la sanción prevista por circular de forma indebida por un carril Bus-VAO es de 200 euros, aunque puede reducirse a 100 euros mediante el pago voluntario dentro del plazo establecido.

No obstante, la infracción no implica la pérdida de puntos del permiso de conducir. Además, el sistema incorpora cámaras y tecnología de control para comprobar las matrículas y verificar que los vehículos cumplen los requisitos de uso. La forma más sencilla de evitar una multa es no fijarse únicamente en el color del pavimento. Antes de acceder al carril rojo, el conductor debe revisar los paneles informativos, confirmar si está activo, comprobar el número de ocupantes del vehículo y respetar las zonas de entrada y salida. Si las balizas no están en verde, no debe realizar ninguna maniobra para incorporarse o abandonar el carril.

Los nuevos carriles rojos representan, por tanto, una gestión dinámica de la carretera. No se trata de un espacio reservado durante todo el día, sino de un carril cuyo uso cambia según las necesidades del tráfico. La DGT mantendrá las pruebas durante agosto y la primera semana de septiembre para evaluar su funcionamiento y facilitar que los conductores se familiaricen con una señalización que puede convertirse en habitual en otras carreteras españolas.

Sin embargo, la persistencia en el expediente ha generado una notable estupefacción tanto en el ámbito policial como en el judicial, derivando en la intervención directa de la Fiscalía, que ha terminado por archivar la causa al considerar inaudito el procedimiento iniciado contra los funcionarios.

Ante la gravedad de la situación y la necesidad de interceptar de forma inmediata a los sospechosos en su huida, los guardias civiles activaron los protocolos de prioridad en la circulación para personarse en el lugar en el menor tiempo posible. Durante la maniobra de aproximación y persecución, los vehículos oficiales rebasaron los límites normativos fijados en la vía, una conducta amparada por la legislación de tráfico cuando los cuerpos de seguridad actúan en el cumplimiento de sus funciones de urgencia y con las señales reglamentarias.

Pese a la justificación operativa del desplazamiento, los cinemómetros instalados en la carretera captaron la velocidad de los dos automóviles del instituto armado. El sistema automatizado de procesamiento de multas de la Dirección General de Tráfico emitió los correspondientes expedientes sancionadores. Lo que en principio se consideraba un trámite burocrático subsanable mediante la presentación del informe de servicio que atestiguaba la llamada de socorro y la persecución en curso, derivó en un conflicto administrativo inesperado al no retirarse las notificaciones de sanción de manera directa.

La tramitación de las denuncias obligó a los agentes a presentar las alegaciones oportunas para fundamentar que su exceso de velocidad no respondía a una infracción voluntaria ni a una negligencia al volante, sino a un deber constitucional de protección ciudadana y persecución del delito. La normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial exime expresamente de responsabilidad a los conductores de vehículos de emergencia cuando se encuentren realizando un servicio urgente, siempre que no pongan en riesgo injustificado al resto de los usuarios de la vía y utilicen los avisadores ópticos y acústicos.

La persistencia del procedimiento terminó trasladando el asunto al ámbito judicial y a la fiscalía de tráfico para evaluar la corrección del expediente. El representante del Ministerio Fiscal no tardó en calificar la situación de inaudita, señalando que penalizar o multar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de una persecución activa desvirtúa la propia función de auxilio y protección que tienen encomendada. Tras revisar la documentación acreditativa del atraco y constatar que las patrullas acudían de forma justificada a la llamada de emergencia, la Fiscalía decretó el archivo definitivo de las actuaciones.

Este incidente ha puesto de manifiesto las rigideces que en ocasiones presenta el sistema automatizado de detección e imposición de sanciones de la Dirección General de Tráfico. Aunque la automatización de los radares busca garantizar la imparcialidad y la eficacia en el control del tráfico, la falta de un filtro previo ágil para discriminar los vehículos de emergencia en servicio prioritario puede desencadenar situaciones rocambolescas en las que las fuerzas del orden se ven obligadas a defenderse administrativamente por cumplir con su deber.

El pronunciamiento fiscal deja claro que la labor policial ante situaciones de extrema urgencia no puede verse coartada por el temor a expedientes sancionadores automáticos. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han valorado la decisión de archivo como una resolución de puro sentido común, al tiempo que reclaman un ajuste en las comunicaciones internas entre Tráfico y las unidades operativas para evitar que persecuciones reales contra delincuentes armados terminen convertidas en expedientes por exceso de velocidad.

Esta doctrina jurisprudencial, respaldada firmemente por el Criterio del Tribunal Supremo y los protocolos vigentes de la DGT, establece una distinción clara y objetiva entre la velocidad que marca el marcador del vehículo o la pantalla del radar y la velocidad legalmente imputable al conductor. La clave radica en el margen de error técnico que se debe descontar obligatoriamente sobre la medición bruta para garantizar la certeza del hecho sancionado.

Si al aplicar dicho porcentaje corrector la cifra resultante se sitúa dentro de la velocidad autorizada o no alcanza el límite fijado para tipificar la infracción, la sanción carece de sustento legal y no debe prosperar. El debate se ha reavivado a raíz de pronunciamientos judiciales como el emitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Dicho órgano analizó el recurso presentado por un conductor detectado a una velocidad muy superior a la permitida en una vía urbana.

El recurrente alegaba una vulneración de la presunción de inocencia y argumentaba que se le debía aplicar un margen de error del siete por ciento, propio de las mediciones realizadas con aparatos en movimiento, en lugar del cinco por ciento que se le había computado. Sin embargo, el tribunal desestimó la pretensión del conductor al recordar la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. La alta magistratura determina de forma tajante que, cuando un cinemómetro opera colocado en una ubicación fija o estática, el margen de error aplicable es de un cinco por ciento, o de cinco kilómetros por hora si la velocidad de la vía es inferior a los cien kilómetros por hora.

El margen del siete por ciento se reserva exclusivamente para aquellos radares que realizan la medición mientras el vehículo policial se encuentra en efectivo desplazamiento por la calzada. Al quedar acreditado que el vehículo de las fuerzas de seguridad estaba detenido y que el aparato contaba con la homologación e inspección técnica metrológica en regla, la medición efectuada fue considerada plenamente válida. No obstante, la resolución judicial sí atendió parcialmente los argumentos de la defensa en lo relativo a la proporcionalidad de la pena impuesta en primera instancia.

El Juzgado de lo Penal número dos de Vigo había fijado inicialmente una condena de nueve meses de multa y la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante dos años. La Audiencia consideró que dicha pena superaba el mínimo legal sin una motivación suficiente, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales del acusado, por lo que decidió redefinir la sanción fijándola en seis meses de multa y un año y un día de retirada del permiso de conducción. Este tipo de resoluciones pone de relieve que la precisión técnica en la colocación del radar y la correcta aplicación de las tolerancias legales resultan fundamentales para el ejercicio del derecho de defensa de los conductores.

Tanto los servicios jurídicos de las asociaciones de conductores como la propia jurisprudencia insisten en que los organismos sancionadores y las Policías Locales deben aplicar de oficio los márgenes metrológicos sobre la velocidad captada por la cámara. Si la administración sancionadora emite un boletín de denuncia basándose únicamente en la velocidad bruta sin descontar el margen de error del cinco o del siete por ciento según el caso, la multa puede ser recurrida con elevadas probabilidades de éxito.

Esta garantía jurídica evita que los ciudadanos sean sancionados por excesos mínimos que podrían atribuirse a pequeñas desviaciones o imprecisiones inherentes a los propios aparatos de medición técnica. Por ello, la DGT y los tribunales insisten en que superar el límite formal de la vía no basta por sí solo para consolidar la sanción si la velocidad neta corregida no rebasa de forma incontestable el umbral legal establecido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una multa a un conductor que fue interceptado en la A-4 en Córdoba mientras conducía un vehículo con 144.665 euros camuflados en su interior.

El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el conductor, quien alegó que la multa impuesta de 72.832 euros, la máxima que permite la ley, sobrepasa el delito cometido, según publica la edición cordobesa de eldiario.

Estos hechos se produjeron en abril de 2022 durante un control rutinario que desplegaron los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba en la autovía A-4 a la altura del km 374 a su paso por San Antonio, en El Carpio.

Durante la inspección de un turismo, los agentes descubrieron los 144.665 euros en efectivo que no habían sido declarados previamente. Lógicamente, este dinero no iba a la vista de todos, sino que estaba estratégicamente camuflado.

En concreto, su dueño los había fraccionado en 15 paquetes envueltos en film transparente y los había escondido en el hueco destinado a guardar la rueda de repuesto. Es decir, muy lejos del ojo de cualquiera.

El conductor se enfrenta a la mayor multa de España

Ante este hallazgo, los agentes trasladaron el montante al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Una vez llegó a estas dependencias, se inició un expediente sancionador por una infracción grave, ya que la ley establece la obligación de declarar los movimientos por territorio nacional de efectivo iguales o superiores a 100.000 euros.

Ante el calibre de este delito, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso una multa de 72.832 euros, es decir, lo equivalente al 50% del valor de los fondos incautados, el tope máximo estipulado por la ley, acompañada de una amonestación privada.

Una media desproporcionada a ojos del conductor, que recurrió la decisión alegando falta de proporcionalidad y argumentando que no debió aplicarse el grado máximo de la sanción.

Sin embargo, el esta queja ha sido en balde, ya que el TSJM ha desestimado el recurso al considerar que el hecho de llevarlo precintado y evidenciaban una clara intención de eludir la acción policial.

Además, el conductor no aportó ningún tipo de dato ni documento que acreditara el origen lícito del dinero, ni demostró ejercer actividad económica alguna que respaldara una capacidad financiera semejante.

De este modo, el tribunal ha concluido que la presencia de estas agravantes justifica la aplicación de la multa máxima, desestimando el recurso y condenando al demandante al pago de las costas procesales con un límite de 3.000 euros.

En las carreteras españolas es imposible circular sin encontrarte con un coche, cuyo conductor no lleve el brazo sacado por la ventanilla. Esto es una práctica cada vez más habitual de ver, pero lo que muchos conductores no conocen es que la Guardia Civil está castigando esta acción con multas de hasta 200 euros. Un simple gesto que puede parecer inofensivo, pero que puede ser un peligro y es motivo de sanción.

Hay multas para todo tipo de situaciones

Muchos conductores solo están pendientes de no caer en las multas por exceso de velocidad, pero ni mucho menos estas son las únicas que deberían preocupar a los españoles. Incluso los radares ahora ya no solo se fijan en la velocidad, sino que también pueden controlar otras maniobras incorrectas como saltarse un stop o sobrepasar una línea continua.

En esta ocasión, no vamos a hablar de ninguna de estas tres infracciones, sino de una que se trata de un simple gesto que hacen cada vez más conductores en España. El hecho de pisar el acelerador y no respetar los límites de la vía es peligroso, pero la Dirección General de Tráfico también vigila lo que haces con tus brazos durante la conducción.

Cada vez más conductores optan por llevar una mano en el volante, la derecha, mientras que el brazo izquierdo lo tienen apoyado y lo sacan por fuera del coche. La DGT está persiguiendo a este tipo de personas que bajan la ventanilla para realizar este gesto. Esto muchos lo hacen porque no conocen que es motivo de sanción, pero el organismo encargado de vigilar estos errores lo tiene más que claro.

Sanciones de hasta 200 euros

Hay otro tipo de acciones como tirar algo por fuera de la ventanilla, comer mientras conduces o utilizar el teléfono al volante, de las que los conductores sí que son más conscientes de que no lo deben hacer. Pero el mero hecho de sacar el brazo por fuera cuando estás al volante también lo es y muchos no lo tienen en cuenta. Es una costumbre realmente extendida en España y la Guardia Civil la está persiguiendo para acabar con ella, pues puede llegar a ser un peligro para la seguridad vial.

No está tipificado como tal en el Reglamento General de Circulación que esto esté prohibido, pero sí que viene explicado que los conductores están obligados a tener una posición que permita libertad de movimientos. Es por eso que debe mantener una posición correcta tanto él como el resto de pasajeros, para no ser un peligro para los otros coches.

Por lo tanto, si un agente te ve y considera que estás con una postura que puede poner en peligro la seguridad vial, te puede sancionar. La posición perfecta para la DGT y de esta manera evitar cualquier tipo de castigo consiste en colocar las dos manos sobre el volante con una postura cómoda, concretamente la denominada 10:10 de las agujas del reloj. Pero bajo ningún concepto dejar una mano por fuera del vehículo.

En el caso de que continúes con esta manía de sacar el brazo por la ventanilla mientras conduces, debes saber que esto se puede considerar como una infracción leve o grave. Esto será valorado por el agente en cuestión y, dependiendo de su veredicto, la multa que deberás pagar puede fluctuar entre 80 y 200 euros. Todo ello por un simple gesto que está más que extendido en España.

El individuo era un veterano empleado de la concesionaria en el tramo de la AP-7 que une Cartagena con la localidad almeriense de Vera. Presuntamente, este trabajador se apropió de más de 1.200 euros mediante la manipulación de los cobros en metálico en las cabinas de peaje.

La Guardia Civil lo ha detenido como presunto autor de un delito continuado de estafa y ahora se enfrenta a una posible condena de seis meses a tres años de cárcel, según lo establecido en el artículo 248 del Código Penal para la base del delito de estafa.

No obstante, si se le aplica el hecho como "delito continuado", se impondrá la pena en su mitad superior, elevando el rango de la pena de prisión a un tramo desde un año, nueve meses y un día hasta los tres años.

Manipulación de los cobros en las cabinas de peajes

El investigado llevaba a cabo la supuesta estafa con los pagos que se efectuaban en efectivo. Para ello, cuando un conductor pagaba la cantidad correspondiente a un trayecto largo (de mayor coste), el empleado introducía en el lector el ticket de otro vehículo que hubiera realizado un recorrido más corto.

De esta manera, el sistema informático de la concesionaria registraba un importe inferior al que realmente había pagado el conductor. Luego el trabajador se quedaba con la diferencia entre lo pagado en metálico y lo reflejado oficialmente en el sistema.

Gracias a su amplio conocimiento del funcionamiento de los peajes, el hombre pudo mantener este engaño durante meses sin ser detectado… hasta que la dirección empezó a sospechar.

El pasado mes de junio, los servicios jurídicos de la empresa concesionaria de la AP-7 comenzaron a detectar irregularidades en la gestión de los cobros. Fue entonces cuando presentaron una denuncia ante la Guardia Civil e inició la investigación.

La investigación comenzó en junio

Los agentes del Instituto Armado verificaron las sospechas e identificaron al empleado como el responsable de las diferencias económicas.

Finalmente, el sospechoso fue sorprendido in fraganti en su puesto de trabajo, cuando los agentes comprobaron que el hombre tenía ocultos varios tickets de menor cuantía listos para utilizarlos en futuras operaciones fraudulentas.

Tras su arresto, el trabajador ha quedado en libertad con cargos a la espera de ser citado por la autoridad judicial competente, según informan los compañeros de 20 Minutos.

Según el artículo 75 de la Ley de Tráfico, el impago de un peaje se considera una infracción leve. Si un conductor llega a la ventanilla y se niega a pagar o utiliza métodos para evitar la barrera, la multa asciende a 100 euros.

Aunque, en caso de que el conductor decida abandonar su coche en el propio peaje como forma de protesta o negativa al pago, la cuantía de la sanción se eleva hasta los 200 euros.

La intervención ha puesto de manifiesto la persistencia de conductas de alto riesgo al volante, incluso cuando los dispositivos de control y señalización son perfectamente identificables por los usuarios de la vía.

El despliegue policial se había ubicado en un tramo interurbano catalogado con un límite máximo permitido de 100 kilómetros por hora. Este tipo de vías suelen concentrar una parte considerable de los accidentes de tráfico registrados en la comunidad autónoma debido a combinaciones de factores como la presencia de cruces al mismo nivel, accesos a fincas agrícolas o condiciones de visibilidad cambiantes. Por este motivo, la Policía Foral programa de forma periódica controles de velocidad destinados a disuadir a los automovilistas de apretar en exceso el acelerador y prevenir situaciones de peligro insalvables.

Lo que más ha llamado la atención de los propios agentes encargados del dispositivo no ha sido únicamente el elevado número de vehículos cazados en tan breve espacio de tiempo, sino las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Según ha subrayado el propio cuerpo policial, el dispositivo de velocidad se encontraba posicionado de manera "plenamente visible" en el margen de la carretera, sin recurrir a camuflajes ni a ocultaciones estratégicas.

A pesar de contar con campo de visión directo sobre el control desde una distancia suficiente para haber reducido la marcha, los cinco conductores ignoraron la presencia del vehículo de las fuerzas de seguridad y continuaron su trayectoria a velocidades muy superiores a la máxima autorizada. Las lecturas del cinemómetro revelaron excesos de velocidad desmedidos que superaban con holgura los márgenes de tolerancia establecidos por la normativa vigente. Varios de los vehículos fiscalizados sobrepasaron el límite de 100 km/h con cifras que ponían en grave riesgo la integridad física de los propios ocupantes y del resto de usuarios de la carretera: 153, 172, 177, 179 y 184 km/h.

La concatenación de estas cinco infracciones en tan solo cuarenta minutos supone un ritmo de detección casi continuo, donde los agentes debieron tramitar de forma sucesiva las correspondientes expedientes sancionadores a medida que las pantallas registraban cada uno de los excesos cometidos. Tras registrar las lecturas del radar, patrullas de la Policía Foral procedieron a dar el alto a los vehículos infractores más adelante para notificarles la denuncia de forma presencial y comprobar la documentación tanto de los automovilistas como de los turismos.

Las sanciones asociadas a este tipo de conductas conllevan importantes multas económicas que pueden alcanzar los seiscientos euros, además de la retirada directa de entre cuatro y seis puntos del permiso de conducir, en función del tramo de velocidad excedido respecto a la norma.

En los casos más extremos, si el exceso supera en más de ochenta kilómetros por hora el límite fijado en vías interurbanas, el hecho pasa a ser tipificado como un delito contra la seguridad vial según el Código Penal, lo que puede acarrear penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad o la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante periodos de hasta cuatro años.

Desde la Policía Foral de Navarra se ha hecho un llamamiento explícito a la prudencia y a la concienciación ciudadana, recordando que el objetivo principal de este tipo de controles visibles no es la recaudación, sino la prevención efectiva de siniestros. Los responsables del tráfico autonómico recuerdan que la velocidad excesiva o inadecuada sigue figurando entre los factores concurrentes más habituales en los accidentes mortales o con heridos graves en las vías navarras, reduciendo drásticamente la distancia de reacción del conductor e incrementando la severidad de los impactos.

Este suceso reaviva el debate sobre la eficacia de los controles tradicionales de tráfico y la necesidad de profundizar en la educación vial para evitar conductas temerarias reiteradas. La actuación de Navarra constata que la visibilidad de los radares no siempre resulta un elemento disuasorio suficiente para quienes deciden ignorar las normas básicas de circulación, convirtiendo la labor de control de los agentes en una herramienta indispensable para garantizar la seguridad vial en el territorio.

El vehículo implicado, un hiperdeportivo sueco diseñado para alcanzar prestaciones extremas en circuitos cerrados, transitaba por un tramo de la autopista A1 entre Berna y Lausana. En esa vía, la normativa helvética establece un límite máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora. El automóvil rebasó dicha barrera por más de 170 kilómetros por hora, una cifra que no solo superaba con creces el umbral de la imprudencia, sino que anulaba casi por completo la capacidad de reacción del conductor y la eficacia de los radares tradicionales.

De hecho, los dispositivos de medición de la policía local requirieron de tecnología de nueva generación para poder registrar de forma precisa el paso de un bólido que se desplazaba a casi trescientos kilómetros por hora. Tras ser interceptado por las fuerzas de seguridad suizas, el conductor, un ciudadano sueco de 37 años, se enfrentó a un marco legal implacable.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países donde las multas de tráfico están fijadas mediante cuantías prefijadas según la gravedad de la infracción, la legislación de Suiza aplica un sistema proporcional que vincula la sanción económica tanto a la magnitud del exceso de velocidad como a la capacidad financiera y al patrimonio del infractor. Este modelo busca garantizar que la sanción tenga un carácter verdaderamente disuasorio y punitivo, evitando que las fortunas más elevadas consideren el pago de una multa como un mero peaje para infringir la ley.

Al evaluar la gravedad de los hechos, las autoridades judiciales determinaron que la velocidad alcanzada constituía un delito grave contra la seguridad del tráfico, calificándolo como un riesgo extremo para la vida de los demás usuarios de la vía. El cálculo de la penalización se basó en los ingresos diarios del conductor y en el valor total de su patrimonio personal.

Dada la holgada situación económica del infractor, el tribunal calculó una multa progresiva acumulada que alcanzó una cifra astronómica cercana al millón de francos suizos, lo que equivalía a casi un millón de dólares estadounidenses o cientos de miles de euros en ese momento. Esta cuantía superó ampliamente los récords anteriores registrados en el país alpino y situó el episodio en el libro de los récords de la jurisprudencia vial internacional.

Además del desembolso financiero histórico, el conductor del superdeportivo tuvo que hacer frente a la confiscación cautelar del propio vehículo y a la retirada inmediata de su permiso de conducir, acompañada de la prohibición de circular por territorio suizo durante un período prolongado. Las autoridades locales recalcaron que la vía pública no es un circuito de carreras y que la potencia de los automóviles de lujo no exime a sus propietarios del cumplimiento riguroso de las normas de convivencia.

El caso generó un intenso debate internacional sobre la efectividad de las sanciones de tráfico vinculadas a la renta. Diversos analistas e instituciones de seguridad vial elogiaron el rigor del sistema suizo, argumentando que las multas proporcionales representan el método más equitativo para disuadir las conductas desmedidas al volante. Por el contrario, algunos sectores del ámbito del automóvil de altas prestaciones expresaron su asombro ante el importe de la pena, aunque coincidieron en que la velocidad registrada en una autopista abierta al público resultaba del todo injustificable.

La noticia del Koenigsegg cazado a 290 kilómetros por hora dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un aviso contundente para los conductores de vehículos de gran cilindrada. Lo que comenzó como un apacible trayecto veraniego a mediados de agosto acabó transformándose en la lección financiera y jurídica más costosa de la historia del automovilismo, recordando que en las carreteras suizas el exceso de velocidad se paga en estricta proporción a la riqueza de quien pisa el acelerador.

Nada más registrar el exceso de velocidad en el cinemómetro, las patrullas desplegadas en la calzada se coordinaron para interceptar el vehículo sin poner en riesgo la circulación. La patrulla consiguió dar el alto al coche más de veinte kilómetros después del punto donde saltó el radar, concretamente a la altura del kilómetro 121 de la misma autopista, a su paso por el término municipal de San Clemente. Una vez detenido el automóvil en un lugar seguro, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 67 años de edad, y le notificaron en el acto que será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

¿A qué consecuencias administrativas y penales se enfrenta ahora el conductor temerario?

El atestado tramitado por la Guardia Civil ya ha ido a parar al Juzgado de Instrucción de Guardia de San Clemente. Para entender lo que se le viene encima a este conductor, conviene recordar cómo funciona la ley en España con el pie en el acelerador. La normativa establece una frontera muy clara entre lo que se queda en una simple infracción de tráfico y lo que salta directamente al terreno del Código Penal. Cuando el exceso de velocidad es moderado, el asunto se resuelve por la vía administrativa: la Dirección General de Tráfico tramita una multa económica y retira los puntos correspondientes del carné. Sin embargo, cuando se cruzan ciertos límites de peligrosidad, la vía administrativa se agota y el caso acaba en los tribunales.

En las vías interurbanas, como es el caso de las autopistas y autovías, la línea roja que transforma un descuido o un exceso de velocidad en un delito penal está fijada en rebasar en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido. Dado que este automovilista circulaba a 217 km/h en una vía limitada a 120, superó esa barrera legal en 97 km/h. Con semejante cifra sobre la mesa, su conducta encaja de lleno en lo que recoge el artículo 379.1 del Código Penal español, por lo que el conductor se libra de la vía administrativa habitual para sentarse directamente en el banquillo.

A partir de ahora, el juzgado competente será el encargado de determinar la pena. El abanico de sanciones que maneja el Código Penal para este delito da varias opciones al juez a la hora de dictar sentencia. En el plano de las penas principales, el investigado afronta la posibilidad de ser condenado a entre tres y seis meses de prisión. Si el magistrado opta por no imponer la pena de cárcel, puede decantarse por una multa económica de seis a doce meses, cuya cuota diaria se fija según la capacidad financiera del acusado. Como tercera alternativa, la ley permite sustituir la pena principal por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un periodo que va de 31 a 90 días.

Pero al margen de la pena que elija el juez (ya sea cárcel, multa o trabajos comunitarios), hay un castigo accesorio del que el conductor no va a poder librarse si acaba siendo condenado, como es la retirada del permiso de conducir. Esto se debe a que la ley obliga a imponer la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de tiempo que va desde un año como mínimo hasta cuatro años como máximo. Esta inhabilitación supone la retirada inmediata del carné y la obligación de superar un curso de reeducación vial para poder volver a ponerse al volante una vez cumplida la condena.

Desde los mando de la Agrupación de Tráfico recuerdan que la velocidad no es una cifra abstracta en un marcador. A más de 200 kilómetros por hora, la capacidad del conductor para reaccionar ante un pinchazo, un frenazo repentino o cualquier imprevisto en la calzada es prácticamente nula. Las distancias necesarias para detener el vehículo se triplican y el campo de visión se estrecha drásticamente por el efecto túnel.

Se trata de una prueba piloto que ha puesto en marcha el Servei Català de Trànsit (la DGT autonómica) y que consiste en un sistema de cámaras con inteligencia artificial capaz de detectar conductores usando el móvil al volante o circulando sin los cinturones de seguridad abrochados.

Estas cámaras inteligentes con IA se han instalado en puntos de dos de las carreteras con más tráfico de España, como son la A-2 y la AP-2. La prueba piloto inició el pasado mes de junio y ha acumulado datos durante ese mes y julio.

El sistema de cámaras envía las imágenes captadas de los supuestos infractores a un centro donde unos técnicos verifican si la infracción es real o no. Los primeros datos del ensayo son demoledores: más de un 70% de casos sin cinturón de seguridad y un 84% de conductores con el teléfono móvil al volante.

Uno de cada 20 conductores usa el móvil mientras conduce, según los datos

Según publican medios locales como Diari de Catalunya, durante la prueba piloto las cámaras con IA en la AP-7 y A-2 han detectado más de 8.500 conductores que circulaban con el móvil en la mano.

Además, el sistema no sólo cazaba a quienes tenían el móvil en la mano, sino también a los que lo llevaban en las piernas, lo cual resulta más difícil de detectar con medios tradicionales.

Según el análisis de los datos, un 5% de los conductores usan el móvil en la A-2 en torno a Cornellá de Llobregat y un 3,6% en el caso de la AP-7, lo que significa que uno de cada 20 conductores está pendiente del móvil mientras circula.

En cuanto a los conductores que no llevaban el cinturón de seguridad abrochado o más colocado, las cámaras identificaron unos 4.500 casos, especialmente de noche y los fines de semana.

Una tecnología lista para 2027

La prueba piloto se ha llevado a cabo mediante un remolque con un mástil de 7 metros de altura al que se acoplaron dos cámaras con IA y alta definición. Lógicamente, al tratarse de un ensayo, el sistema no ha multado a ninguno de los infractores.

La idea era más bien comprobar cómo puede funcionar esta innovadora tecnología y cuántas conductas ilegales puede detectar.

Al mismo tiempo, ha permitido mostrar una fotografía más o menos real de cómo aún hay muchos conductores que circulan sin el cinturón de seguridad y usan el móvil mientras conducen, infracciones castigadas con 200 euros de multa en ambos casos, más la pérdida de cuatro puntos en el caso del cinturón y seis puntos en el uso del móvil.

Según afirmó Carlos García, jefe del SCT, “la inteligencia artificial detecta ya el 60% de los incumplimientos a base de entrenarlas sería capaz de obtener mejores resultados, aunque ya creemos que son suficientes representativos".

En principio, está previsto que el organismo de tráfico catalán implemente este sistema de cámaras con IA en 2027 con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico provocados por distracciones al volante, siendo el uso del móvil la más común.

Concretamente, la omisión o colocación incorrecta del panel de señalización V20 en los portabicicletas instalados en la parte posterior del automóvil se ha convertido en una de las faltas más habituales durante los controles estivales, conllevando sanciones económicas que alcanzan los 200 euros.

El Reglamento General de Circulación determina con absoluta claridad que cualquier carga que sobresalga por la parte posterior de un turismo debe ser señalizada de manera obligatoria para alertar al resto de los usuarios de la vía sobre el incremento en las dimensiones del vehículo. En los turismos convencionales, la carga indivisible, como es el caso de las bicicletas o las estructuras portantes de bola de remolque y portón, solo puede sobresalir longitudinalmente por la parte trasera hasta un máximo del 15% de la longitud total del coche.

Todo elemento que extienda la proyección en planta del automóvil más allá del parachoques trasero debe llevar fijada la placa homologada V20, caracterizada por sus franjas diagonales alternas de color rojo y blanco con material reflectante. La normativa especifica además la forma adecuada de instalar este dispositivo de seguridad según las dimensiones de la carga transportada. Por lo tanto, cuando las bicicletas colocadas en el portabicis no sobrepasan el ancho total del coche, basta con colocar un único panel V20 en el extremo posterior de la carga de forma perpendicular al eje del vehículo.

No obstante, si el equipamiento o las ruedas abarcan toda la anchura del vehículo sin rebasar el límite de los espejos, el reglamento exige la colocación de dos señales V20. Estas deben situarse verticalmente en cada extremo del conjunto formando una 'V' invertida. Un error sumamente extendido entre los usuarios reside en considerar que la sola presencia de la placa V20 exime de cumplir otros requerimientos técnicos. Las autoridades de tráfico recuerdan que la instalación del portabicicletas jamás debe tapar, ocultar ni obstaculizar la visibilidad de los elementos de alumbrado, los pilotos traseros de frenado y señalización o la propia placa de matrícula del coche.

En los supuestos en los que el accesorio o la propia bicicleta oculten total o parcialmente alguno de estos elementos obligatorios, el conductor está forzado por ley a instalar un soporte supletorio que incorpore tanto una segunda placa de matrícula homologada como un repetidor de luces totalmente funcional conectado a la toma eléctrica del vehículo. El incumplimiento de este punto o la falta de visibilidad del sistema de iluminación se tipifica como una infracción grave, castigada igualmente con 200 euros de multa.

A estas exigencias relativas a la parte exterior se suman las inspecciones sobre la masa y sujeción del conjunto. El portabicicletas y las bicicletas deben estar fijados de forma firme mediante trincajes, correas y cinchas homologadas que impidan cualquier movimiento, arrastre o caída del material a la calzada. La pérdida accidental de la carga por una fijación deficiente genera una situación de grave peligro para la circulación y puede elevar la cuantía de la multa hasta los 500 euros.

Asimismo, las autoridades recuerdan que transportar la bicicleta en el interior del habitáculo también está sujeto a normas estrictas. Aunque no está prohibido llevarla dentro del maletero con los asientos abatidos, la bicicleta debe ir fijada a los puntos de anclaje del vehículo mediante elementos de traba homologados para evitar que en un frenazo o colisión se transforme en un proyectil suelto que impacte contra los pasajeros. Igualmente, la carga interior no debe mermar la libertad de movimientos del conductor ni impedir la visibilidad hacia la parte trasera del cristal o los espejos retrovisores.

Ante la intensificación de las inspecciones en las carreteras españolas con motivo de las operaciones de salida y retorno de las vacaciones de verano, la Dirección General de Tráfico aconseja verificar meticulosamente la correcta instalación del sistema de transporte de bicicletas antes de iniciar cualquier ruta. Revisar la firmeza del soporte, comprobar el funcionamiento de las luces adicionales si las hubiera y cerciorarse de la presencia del panel V20 debidamente sujeto son pasos fundamentales no solo para evitar sanciones de 200 euros, sino para garantizar un trayecto seguro tanto para los ocupantes del coche como para el resto de los conductores que comparten la vía.

En efecto, bastaron unos pocos kilómetros por hora de más para que la factura ascendiera a una cantidad que pocos esperaban. Un conductor recibió una multa por exceso de velocidad en dos ocasiones en un lapso de cuarenta minutos.

La primera vez, se le detectó una velocidad de 66 km/h. Poco después, se registró una segunda medición de 67 km/h, si bien en ambos casos la velocidad máxima permitida era de 50 km/h.

Sólo más adelante se aclara en el expediente por qué el importe de la sanción fue tan elevado. El incidente tuvo lugar en Hungría, donde las normas sobre exceso de velocidad son diferentes a las que muchos conductores están acostumbrados.

Dos multas en 40 minutos por exceso de velocidad

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio. El infractor fue sancionado dos veces por exceso de velocidad en las inmediaciones de Karancsalja, al norte de Hungría. Según informa la revista húngara de automovilismo Vezess, transcurrieron menos de cuarenta minutos entre ambas infracciones.

En Hungría, a una velocidad máxima de 50 km/h, se imponen sanciones administrativas a partir de los 66 km/h. Sin embargo, cada medición se considera una infracción independiente, lo que significa que el conductor recibe una multa separada por ambas infracciones.

Además, los controles policiales en la región sacaron a la luz numerosas infracciones por exceso de velocidad. Algunos conductores circulaban a una velocidad ligeramente superior a la permitida, mientras que otros superaban considerablemente el límite de velocidad.

Aunque las infracciones por exceso de velocidad fueron leves, se registraron como dos delitos separados. En consecuencia, la multa total ascendió a 100.000 florines húngaros, lo que equivale a aproximadamente 281 euros.

Multas en España por exceso de velocidad

En España las multas por exceso de velocidad son las más frecuentes. De hecho, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), dos de cada tres sanciones por infracciones de tráfico que se tramitan en nuestro país están relacionadas con los excesos de velocidad.

Hay tres tipos de sanciones, según su gravedad: leves (multa de 100 euros sin pérdida de puntos del carné); graves (multas a partir de 200 euros y, en algunos casos, supone la retirada de puntos del carné); muy graves (más de 500 euros y la retirada de puntos en todos los casos).

En cuanto a la cuantía de las multas, varían en función de la gravedad y del tipo de infracción, pero oscilan entre los 100 y los 1.000 euros que puede alcanzar en función del nivel de alcoholemia que presente un conductor en un control. Aquí también se incluye la presencia de drogas en el organismo, lo cual está considerado como sanción muy grave.

Lo mismo sucede con los puntos a retirar del carné de conducir. Se pueden perder 2, 3, 4 o 6 puntos en una sola multa sobre un total máximo de 15 puntos con los que cuenta un conductor experimentado. Un conductor novel tiene un máximo de 8 puntos.

Las infracciones por exceso de velocidad son las únicas que pueden implicar pérdida de 6 puntos del carné, junto con la presencia de alcohol y/o drogas en el organismo, el uso del teléfono móvil u otros dispositivos, circular en sentido contrario o por carril prohibido y no respetar la prioridad de paso de ciclistas y/o peatones.

Los excesos de velocidad que cometen algunos conductores son una auténtica temeridad y pueden ponerse ellos mismos en peligro y también al resto de usuarios que circulen por esa vía al mismo tiempo que ellos. El año pasado la recaudación por esta infracción fue de 246.802.934 euros, o, lo que es lo mismo, 8,2 millones diarios. Con estos datos también podemos conocer cuál es el radar más sancionador de todo el país.

Aumentan las multas por excesos de velocidad

La Dirección General de Tráfico sigue persiguiendo a todos aquellos que se tomen la justicia por su mano a la hora de coger el coche y superen los límites de velocidad establecidos en cada vía. Desde la organización señalan que, lejos de controlar esta infracción para recaudar dinero, esto lo siguen mirando con lupa al ser una de las mayores causas de accidentes de nuestro país.

Esto no implica que no se recaude grandes cantidades de dinero a raíz de estos errores al volante. Pues se recauda y mucho con estos multas que van desde los 100 a los 600 euros y pueden acarrear pérdida de puntos, y cada año más que el anterior. Han salido los resultados del análisis realizado por la organización de Automovilistas Españoles Asociados y han destacado que el número de sanciones por correr en la carretera con el coche ha subido un 14% respecto al mismo dato en 2024.

Hace poco analizamos cómo la DGT está ante una tesitura complicada, pues hay ciertas multas por exceso de velocidad que deberá devolver por pequeños vacíos legales. Pero los datos obtenidos en el año 2025 en cuanto a sanciones de este tipo son los que son y son realmente llamativos. El crecimiento mencionado marcó un dato total de castigos por exceder la velocidad marcada en España en 246.802.934 euros.

Esto equivale a un total de 8,2 millones de euros por cada 24 horas. Una auténtica barbaridad. Y el número arrojado por la AEA es más llamativo si cabe si recordamos que en estos datos no se encuentran los de las sanciones impuestas en Cataluña o País Vasco, pues funcionan de forma distinta. Estas sanciones concretas siguen destacando por encima del resto, ya sean las impuestas por conducir en estado de embriaguez, con el móvil o cualquier otra. Pues representan el 41% de las multas de tráfico en general en España.

El radar por excelencia en España

Los realizadores de este estudio no achacan el incremento de estas multas de tráfico a un peor comportamiento de los conductores ahora que en el pasado. Sino que señalan que cada vez hay más controles situados en puntos estratégicos de la red de carreteras de España. Estos se cuentan en miles, pero la AEA señala que entre apenas 50 se reparten más del millón de multas.

Valencia lidera la lista de provincias de España con mayor recaudación, con un total obtenido en 2025 de 18,9 millones de euros obtenidos a base de multas. Se sitúa por delante de Madrid, que se queda en los 17,9 millones, pero no es sorprendente este dato al ver que el radar que más veces ha castigado a aquellos que no respetan los límites de velocidad marcados está precisamente en Valencia. Concretamente, se encuentra en la A-7 en el kilómetro 326 y acumuló 90.766 multas.

El segundo no está muy lejos, pues se sitúa en Alicante, en la CV-905 en el kilómetro 7. Y el top 3 de dispositivos con mayor número de sanciones con su firma en 2025 lo completa uno ubicado en la A-15 de Navarra en el kilómetro 127. El segundo de esta lista cerró el año con 72.557 denuncias, mientras que el instalado en suelo navarro puso otras 67.445.

Entre todos los radares desplegados por las carreteras, han dado lugar a este crecimiento tan notable de un año para otro. Unas cifras en cuanto a recaudación que realmente asustan, pero que más allá de esto tienen como objetivo hacer de las carreteras de España un lugar más seguro. El ubicado en Valencia se ha llevado el primer puesto el pasado año, y habrá que fijarse en si repite puesto, y si la tendencia de sanciones por esta infracción relacionada con la velocidad sigue con tendencia a la alta.

El origen de este litigio jurídico se remonta a una jornada dominical específica en la que el operario utilizaba el automóvil comercial que la corporación le había asignado de forma regular para el desarrollo de sus funciones profesionales habituales de reparto y representación. Durante dicho desplazamiento particular en un día festivo, el vehículo fue fotografiado por un radar de la jefatura de tráfico debido a un exceso de velocidad detectado en una vía pública.

La notificación de la correspondiente sanción administrativa llegó semanas después a la sede central de la empresa, que figuraba como titular legal del coche, lo que desató de inmediato un riguroso proceso de auditoría interna sobre los movimientos del trabajador durante sus periodos obligatorios de descanso semanal. Tras comprobar formalmente los registros de la multa remitida por las autoridades y constatar la utilización efectiva del coche de empresa fuera del calendario laboral estipulado en el contrato, el departamento de recursos humanos procedió a tramitar el despido disciplinario inmediato del asalariado.

La dirección de la empresa fundamentó jurídicamente su decisión en una presunta transgresión grave de la buena fe contractual y en un abuso manifiesto de confianza. La tesis de la parte empleadora sostenía que el uso del vehículo para fines estrictamente particulares sin una autorización escrita previa, sumado a la comisión de una infracción vial que ponía en riesgo un activo de la compañía, constituían motivos plenamente legítimos para extinguir la relación laboral sin la obligación de abonar ningún tipo de indemnización.

El empleado, disconforme con la severidad de la sanción y la pérdida repentina de su puesto de trabajo, interpuso una demanda judicial ante los juzgados de lo social solicitando la declaración de improcedencia del despido. La defensa legal del trabajador argumentó en la vista oral que, si bien se reconocía un uso indebido del vehículo y una infracción de tráfico en domingo, la respuesta ejecutada por la empresa carecía de una graduación justa. Asimismo, señalaron que la dirección había omitido por completo el historial laboral intachable del afectado, quien acumulaba años de servicio en la organización sin registrar antecedentes sancionadores ni amonestaciones previas por motivos similares.

El tribunal encargado de resolver el caso examinó de forma exhaustiva las pruebas documentales aportadas por ambas partes, prestando especial atención al reglamento interno de la compañía sobre la utilización de los recursos materiales y los vehículos de la flota. Los magistrados concluyeron que, aunque el comportamiento del demandante era merecedor de un reproche y de una penalización económica conforme al convenio colectivo aplicable al sector, la expulsión definitiva de la organización empresarial rebasaba los límites de la equidad y la proporcionalidad requeridas por la legislación laboral vigente.

La sentencia judicial incide de manera particular en que un único episodio aislado de exceso de velocidad en un día no laborable no posee la gravedad extrema ni la entidad delictiva necesaria para justificar la ruptura total y unilateral del vínculo contractual. El fallo dictaminado subraya con claridad que la empresa disponía de otros mecanismos correctivos intermedios y menos lesivos, tales como la suspensión temporal de empleo y sueldo o la retirada del derecho de uso del automóvil para fines particulares, antes de recurrir a la máxima sanción expulsiva contemplada en el ordenamiento jurídico nacional.

Como consecuencia directa de la declaración de improcedencia del despido disciplinario, el tribunal condenó a la empresa demandada a abonar una indemnización sustitutoria fijada en 77.000 euros, una cantidad calculada de forma estricta en función de la dilatada antigüedad del trabajador en su puesto y el salario regulador acreditado en la causa judicial. Esta relevante resolución judicial sienta un precedente de gran peso respecto a la monitorización y fiscalización de los bienes de empresa por parte de los empleadores.

Al mismo tiempo, delimita con precisión las fronteras del control de la dirección sobre sus subordinados, aclarando que las faltas cometidas fuera del horario de servicio deben ponderarse siempre bajo criterios estrictos de moderación para evitar resoluciones corporativas que resulten arbitrarias, subjetivas o excesivas para la estabilidad del trabajador.

Se trata de un canadiense que fue interceptado a 111 km/h en una vía donde la máxima velocidad autorizada era de 60 km/h. Y al hombre no se le ocurrió otra excusa que decir que tenía que circular rápido para secar el coche después de haberlo lavado.

Es verdad que, cuando se lava un coche, sobre todo, si se hace en un box con una manguera a presión, luego hay que secarlo bien para que no queden marcas de gotas de agua. De lo contrario, no servirán para mucho los 3 o 4 euros que echaste a la máquina.

Pero, para secar un coche, hay métodos mejores que duplicar la velocidad legal permitida. Se puede utilizar una toalla de secado especial para coches, de esas que, con una pasada, secan por completo la superficie. Incluso, si se quiere elevar el nivel, hay secadores específicos para vehículos.

Casi duplicaba la velocidad legal porque quería secar el coche

Según la unidad de Servicios de Tráfico de la RCMP de Coquitlam, en la Columbia Británica, Canadá, el vehículo fue detectado circulando a 111 km/h por Port Coquitlam.

Cuando la policía interceptó el vehículo e interrogó al conductor, éste explicó que acababa de lavar el coche y estaba intentando quitar las gotas de agua restantes de la carrocería.

A nadie le gustan las manchas de agua en la pintura de su coche, pero imaginamos que al conductor le disgustó aún más el resultado final. La RCMP señaló que circular a casi el doble del límite de velocidad permitido ponía en riesgo a los demás usuarios de la vía y superaba el umbral de exceso de velocidad según la ley de la Columbia Británica.

Como resultado, el conductor recibió una multa y su vehículo fue confiscado durante siete días. La policía no especificó la marca ni el modelo del sedán, ni reveló la identidad del conductor.

En la foto que publicaron los agentes en Facebook, el vehículo se ve desenfocado, lo que dificulta su identificación, pero parece que se trata de un Lexus LS de segunda generación, lanzado a mediados de los 90.

Por cierto, un sedán de lujo que equipaba un V8 de 4.0 litros atmosférico en su versión LS 430, que era una auténtica delicia por su funcionamiento suave, silencioso y sedoso.

La Policía de la Columbia Británica puso un poco de humor a la hora de explicar el suceso, recordando a los conductores que no hay razón para conducir a velocidades tan excesivas: "Por favor, reduzca la velocidad y respete las señales de tráfico, incluso si acaba de lavar su coche".

Quizás todo este incidente motive al infractor a usar algunos de los métodos para secar su coche que hemos señalado antes. O quizá debería buscar un lavadero de coches con uno de esos modernos ventiladores de secado. Al menos ahora tiene tiempo de sobra para secarse en el depósito.

Un conductor recibió una multa de un radar de tramo por exceso de velocidad mientras circulaba por la autopista AP-7, entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz.

Sin embargo, el supuesto infractor denunció a Tráfico, exponiendo que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En total, el afectado recibió dos sanciones, una de 300 euros y otra de 100 euros. Pero, como adelantó Europa Sur, la resolución del juez ha obligado a la DGT a revocar ambas multas y devolver el correspondiente importe.

La DGT deberá devolver el importe de dos multas de radar de tramo a un conductor

El conductor, un trabajador de la empresa Arreza Seguros, fue sancionado dos veces, una el 22 de septiembre y otra el 15 de octubre del año pasado, cuando pasó por el tramo mencionado de la AP-7, donde el límite de velocidad es 100 km/h, según marca la señal de tráfico.

El afectado reclamó las multas alegando que "el control radar de tramos está limitado a 80 km/h, pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h", considerando dichas sanciones "ilegales".

La aseguradora ha advertido que puede haber "muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales al ser también multadas por este radar de tramo”.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384 y la A-2001.

Cómo funcionan los radares de tramo

Los radares de tramo son aquellos que miden la velocidad media de un vehículo a lo largo de un tramo determinado de carretera, calculando el tiempo que tarda en recorrer esa distancia específica.

Para ello, una cámara instalada en el primer punto de control captura el paso del coche, mientras que otra cámara colocada en el segundo punto de control registra su salida. Luego, el sistema calcula la velocidad media del vehículo a lo largo del tramo vigilado.

Este método es más eficaz que los cinemómetros convencionales colocados en un punto fijo, donde los conductores levantan el pie del acelerador al aproximarse.

Las multas por exceso de velocidad en España varían entre 100 y 600 euros, y pueden suponer la pérdida de hasta seis puntos en el carné de conducir. El importe exacto y los puntos dependen de la velocidad de la vía y de los kilómetros por hora que rebase el límite.

Nuevos radares de tramo

El pasado mes de febrero, el organismo de Pere Navarro anunció el inicio de un periodo de prueba de nuevos radares de tramo en las carreteras de la provincia de Alicante.

En concreto, las carreteras de Alicante cuentan con tres puntos nuevos con radares de tramo: en la A-31 a su paso por Vinalopó y la A-7 a la altura de Elche.

Por otro lado, otro nuevo radar de tramo se encuentra en la autovía A-8, entre el viaducto de Ontón y la localidad de Castro Urdiales, en la provincia de Cantabria, y cubre una distancia de más de seis kilómetros. Este radar de tramo sustituye los dos cinemómetros que prestaban servicio antes en este tramo de carretera.

Desde Tráfico, justificaron la instalación del nuevo dispositivo por la necesidad de reducir la siniestralidad en ese punto, sobre todo, de accidentes por alcance.

Con este nuevo radar, es importante recordar que el límite de velocidad cambia a lo largo del tramo, pasando de 80 a 100 km/h. Puede parecer contradictorio, pero, como explicó el jefe provincial de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, “lo que se quiere evitar es ese número importante de accidentes por alcance que se da entre un conductor que frena de golpe al ver el radar y el que viene por detrás que no reacciona a tiempo”.

Ocurrió el pasado 15 de julio, según informan los compañeros de Málaga Hoy. El taxista, un conductor malagueño de Alhaurín el Grande, fue denunciado por la Royal Gibraltar Police (RGP) después de prestar un servicio dentro del Peñón sin la correspondiente autorización local.

Según el medio GBC News, dos taxistas gibraltareños localizaron el taxi español y le bloquearon el paso para impedir que continuara prestando servicio, mientras avisaban a la Policía. Una vez en el lugar, los agentes levantaron un acta por ejercer una actividad comercial sin autorización.

Los taxistas locales aseguraron al medio gibraltareño que no fue un caso aislado, sino el segundo incidente de este tipo detectado durante la primera jornada de aplicación del tratado entre España y Reino Unido, lo que disparó la preocupación del sector ante un posible aumento del intrusismo profesional.

Gibraltar lanza una campaña informativa: la caída de la Verja no implica libre circulación

El taxista español recibió la multa apenas unas horas después de retirar la Verja que separaba España y Gibraltar. Según explicó en el programa Viewpoint de GBC News el Primer Ministro de la colonia británica, Fabián Picardo, ha habido un error de comunicación en las primeras horas de aplicación del tratado, al no haber advertido de manera más clara que las limitaciones para el transporte público de viajeros continúan.

"Una de las cosas que no hicimos el miércoles, en medio de la euforia por retirar las puertas de la frontera, fue colocar una señal de tráfico muy clara", afirmó Picardo, quien explicó que muchos conductores españoles pueden interpretar que la desaparición de la Verja implica la libre circulación de cualquier servicio de transporte, pero no es así.

El jefe del Ejecutivo del Peñón puso como ejemplo un taxista que recibe una solicitud de un cliente para llevarlo al aeropuerto o a cualquier punto del Peñón, sin saber que ese servicio continúa estando prohibido.

Por eso, el Gobierno de Gibraltar va a iniciar una campaña de comunicación mediante cartas a los ayuntamientos de los municipios que conforman el Campo de Gibraltar, así como a la Junta de Andalucía y otras administraciones españolas, recordando el contenido del tratado en materia de transporte de viajeros.

Además, el Ejecutivo gibraltareño contactará directamente con las compañías de taxi, así como con las plataformas Uber y Bolt, para advertirles que no pueden realizar trayectos comerciales con destino o recogida dentro de la colonia sin la previa autorización exigida por las autoridades gibraltareñas.

Asimismo, el Gobierno del Peñón ha encargado una señal dirigida expresamente a los taxis, los servicios públicos de transporte, Uber y Bolt, indicando que no pueden operar en Gibraltar sin la licencia correspondiente.

Las condiciones del tratado en materia de transporte de pasajeros

Gibraltar insiste en que la entrada en vigor del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea no ha modificado la normativa que regula el transporte público de viajeros. Por tanto, en este aspecto, nada ha cambiado.

Los taxistas españoles pueden acceder al Peñón como cualquier otro conductor particular, pero no pueden recoger pasajeros ni prestar servicios comerciales, a no ser que dispongan de una autorización expedida por las autoridades de Gibraltar.

En caso de incumplimiento, los infractores se exponen al levantamiento de actas, sanciones económicas e incluso a la inmovilización o retirada del vehículo mediante grúa.

Muchos conductores tienen asociado a los radares como controladores de velocidad, y esto no es del todo erróneo, pero de un tiempo a esta parte esto no es lo único que hacen. El abogado Sebastián Ramírez ha publicado un vídeo en sus redes sociales avisando de las nuevas infracciones que podrán ser sancionadas por estos radares a partir de este 2026.

El control en las carreteras

La principal infracción que controlan los radares situados en distintos puntos de la red de carreteras nacional son los excesos de velocidad. Muchos conductores exceden los límites marcados por las carreteras por las que circulan, y estos aparatos sirven para sancionar tanto con multas económicas como con puntos a dichos infractores en búsqueda de hacer de la carretera un lugar más seguro.

Cada verano, millones de españoles se lanzan a las carreteras para dirigirse a su destino vacacional. Esto puede llevar a que muchos excedan los límites y puedan poner en peligro al resto de conductores. Es por ello que cada año por estas fechas la Dirección General de Tráfico instala nuevos radares, este año hemos sumado un total de 33 radares nuevos, que controlan la velocidad y mucho más.

Un ejemplo de un conductor que ha experimentado este control de radares por toda España es aquel que ha sido pillado recientemente hasta en tres radares situados en tres lugares distintos de la geografía española. Estaba cruzando España a más de 200 km/h, y hasta tres radares, uno en Zamora, otro en Jaén y otro en Galicia, le cazaron. Ahora, lo que debe saber este conductor es que no solo se le puede sancionar en 2026 por la velocidad, sino por más posibles errores al volante.

Las otras infracciones controladas por radares

Todos los radares que están colocados por las carreteras españolas ya no solo se centran en calcular la velocidad a la que va cada coche y castigar a todo aquel que exceda lo establecido. Ahora también puede sancionar otro tipo de infracciones, por lo que este 2026 los conductores deberán estar más atentos que nunca y así las vías serán un lugar más seguro.

La primera infracción que destaca el abogado Sebastián Ramírez en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el perfil 'leyesconsebas' es la cometida al pisar una línea continua. Con la intención de ganar tiempo y adelantar, muchos conductores cometen esta infracción a la hora de incorporarse a una carretera en concreto o a la hora de pasar a otro coche en un lugar prohibido.

Otra infracción que cometen muchos conductores y que el abogado señala en este vídeo es la cometida al saltarse un stop. Hay quien hace caso omiso a esta señal que te obliga a detenerte en un determinado punto. Pues si no viene nadie, no ven necesario detener el coche del todo y siguen con la marcha sin haber frenado el vehículo. Esto se une a la anterior infracción en la lista de maniobras que pueden acabar en multa a partir de este año si un radar lo ve.

Tanto una como otra pueden parecer fallos sin importancia, pero ahora van a ser sancionados y captados a través de los radares. Todos pensaban que estas máquinas se centraban en controlar a aquellos que excedían su velocidad, pero nada más lejos de la realidad. En el año 2026, el hecho de ir a la velocidad marcada por la carretera con tu coche no te exime de ser víctima de uno de estos radares. Tanto si decides saltarte una señal de stop como si te incorporas pisando una línea continua, podrás ser multado de igual manera.

Estamos en uno de esos casos en los que la ley se puede interpretar de varias maneras y tenemos el ejemplo de un caso ocurrido en Oviedo. Un juez de la capital asturiana ha anulado una multa impuesta a un vehículo que estaba aparcado en la vía pública sin la ITV en vigor.

El juzgado considera que la conducta denunciada no encaja en la infracción prevista por la Ley de Tráfico. La sentencia no elimina la obligación de tener la inspección técnica al día ni tampoco cambia las multas por circular sin ella.

Lo que hace es cuestionar la manera en que algunas administraciones interpretan esta situación.

Se podría recurrir una multa por tener la ITV caducada, aunque no siempre

La historia comenzó cuando una furgoneta aparcada en la calle con la ITV caducada recibió una denuncia y su propietario la recurrió. El caso terminó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo.

El magistrado concluyó que la Administración no podía imponer esa multa porque la infracción que recoge la legislación está vinculada a la circulación del vehículo, no al simple hecho de permanecer estacionado.

Es decir, sólo se puede formular la denuncia si el vehículo está circulando. El fallo del juez recoge que sancionar un vehículo inmóvil carece de cobertura legal al no estar expresamente previsto en la norma.

El razonamiento se apoya además en el principio de tipicidad recogido por la Constitución, que impide castigar conductas que la ley no describe de forma clara como infracción.

Esto vale para cualquier vehículo, incluidas las motos, aunque el procedimiento haga referencia a una furgoneta, pero también las motocicletas tienen la obligación de pasar la inspección técnica cuando alcanzan la antigüedad correspondiente.

Cuando el vehículo esté en marcha

Como hemos dicho al principio, circular con la ITV caducada, ya sea en coche, furgoneta o moto, conlleva una sanción de 200 euros y, dependiendo de las circunstancias, el vehículo puede quedar inmovilizado hasta regularizar su situación.

Lo que cuestiona el juzgado de Oviedo es que se pueda poner una multa cuando el vehículo esté aparcado, lo que sienta un precedente que puede abrir más recursos similares.

El juez recuerda que la Ley sobre Tráfico sanciona conducir un vehículo sin haber superado la ITV obligatoria, pero no tipifica expresamente como infracción mantener un vehículo inmóvil con la inspección vencida.

De todas formas, la resolución tampoco supone que todas las multas de este tipo se puedan anular automáticamente. Se trata de una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia, por lo que no crea jurisprudencia en sentido estricto.

Esta maniobra de presión, habitual en conductores impacientes o agresivos, eleva de manera exponencial las posibilidades de sufrir una colisión por alcance en cadena y puede derivar en castigos de cuantía muy superior e incluso de carácter penal si la situación se considera conducción temeraria. Las autoridades del sector de la seguridad vial insisten en que la distancia de seguridad no constituye una mera recomendación de cortesía, sino una obligación legal rigurosa que debe calcularse de manera constante en función de las circunstancias específicas de la vía.

Un porcentaje notable de los conductores reconoce no guardar la separación suficiente en sus trayectos cotidianos, una imprudencia que suele acentuarse en situaciones de alta densidad circulatoria, horas punta o retenciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos. El problema radica en que, en caso de que el automóvil delantero efectúe una frenada brusca para sortear un obstáculo o evitar un siniestro, el conductor que circula pegado carece por completo del margen de tiempo mínimo necesario para reaccionar y activar el sistema de frenado.

La determinación del espacio correcto que se debe mantener con el vehículo precedente depende de varios factores variables que todo conductor debe evaluar en tiempo real mientras conduce. El primero de ellos es el tiempo de reacción humano, que es el lapso cronológico que transcurre desde que el conductor percibe un estímulo visual de peligro hasta que efectivamente pisa el pedal del freno.

El segundo elemento crítico es la distancia de frenado propia del automóvil, la cual está condicionada de manera directa por la velocidad de desplazamiento, el peso total del vehículo, el estado de conservación de los neumáticos y la eficacia de las pastillas y discos de freno. Cuando la conducta de aproximación excesiva deja de ser una distracción puntual o un error de cálculo y se convierte en una acción deliberada para presionar e intimidar al usuario que circula por delante, la consideración legal del hecho cambia radicalmente.

Esta vertiente de acoso en carretera, donde el infractor reduce al mínimo el espacio de seguridad para forzar al conductor delantero a apartarse del carril o a incrementar su velocidad de manera indebida, puede tipificarse como una infracción mucho más severa. Si las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o los sistemas de videovigilancia aérea constatan que el acoso ha puesto en peligro concreto e inminente la integridad o la vida de los ocupantes de los vehículos implicados, la denuncia puede formularse por conducción temeraria manifiesta.

En la vía administrativa, este comportamiento violento se castiga con una sanción económica que asciende a los 500 euros y supone la pérdida inmediata de hasta seis puntos del carnet de conducir. No obstante, si la gravedad del incidente es manifiesta y encaja plenamente dentro de los supuestos regulados por el Código Penal para los delitos contra la seguridad vial, el conductor agresivo se enfrenta a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años, sumadas a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un período de tiempo que puede extenderse hasta los seis años.

La primera recomendación consiste en mantener la calma y evitar cualquier tipo de reacción que pueda incrementar la ira o la agresividad del infractor, eludiendo por completo los gestos hostiles o el contacto visual prolongado a través de los espejos retrovisores. La pauta de actuación más segura ante un conductor que presiona por detrás es facilitar su adelantamiento lo antes posible, desplazándose de forma progresiva y señalizada hacia el carril de la derecha en cuanto las condiciones de tráfico lo permitan, priorizando la propia seguridad por encima de cualquier disputa de prioridad.

Si la situación de riesgo se prolonga en el tiempo o adquiere tintes de violencia vial, se aconseja alertar de inmediato a los servicios de emergencia mediante una llamada telefónica para aportar la localización exacta del tramo y la descripción del vehículo acosador. En aquellos casos en los que el conductor afectado viaje acompañado por otros pasajeros, estos pueden colaborar activamente registrando la secuencia de acoso mediante una grabación de vídeo con el teléfono móvil.

Entre las diferentes fases de iluminación de estos dispositivos, la luz amarilla no parpadeante suscita con frecuencia dudas y debates entre los usuarios de las vías públicas, existiendo el mito de que este color simplemente funciona como una transición que permite acelerar el paso antes de la llegada de la luz roja.

La normativa legal vigente en el territorio nacional desmiente de forma tajante esta creencia y establece una obligación principal que equipara en gran medida la luz amarilla fija a la prohibición de paso que impone la luz roja. El texto normativo detalla de manera inequívoca que la aparición de una luz amarilla no intermitente significa que los conductores deben detener sus vehículos en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja, lo que implica que la detención debe realizarse antes de la línea de parada más cercana o, en su defecto, inmediatamente antes del propio semáforo.

La legislación española contempla una única y estricta excepción a esta regla general de detención obligatoria, fundamentada exclusivamente en criterios de seguridad vial y prevención de colisiones por alcance. Un conductor solo está autorizado a continuar la marcha y franquear el semáforo en fase amarilla cuando, en el momento exacto en que se enciende dicha señal, el vehículo se encuentra tan cerca del lugar de detención que no resulta posible frenar y detener la marcha de forma total antes del semáforo en condiciones de suficiente seguridad.

Esta salvedad busca evitar que una frenada brusca, inesperada y violenta provoque un riesgo inminente de accidente con los vehículos que circulan inmediatamente por detrás, protegiendo así la integridad física de los usuarios de la vía. El análisis de la seguridad en la frenada recae en primera instancia sobre la valoración inmediata que realiza el propio conductor, quien debe calibrar factores cruciales como la velocidad a la que circula, las condiciones de adherencia del pavimento, la distancia con el coche posterior y la visibilidad del entorno.

No obstante, esta apreciación subjetiva está sujeta a la posterior vigilancia y control de los agentes de la autoridad encargados de la gestión del tráfico o de los sistemas tecnológicos de captación de imágenes automatizados instalados en los cruces. Si se determina que el conductor disponía de espacio y tiempo suficientes para realizar una desaceleración progresiva y segura, el rebasamiento del semáforo será considerado una infracción administrativa.

En el plano sancionador, el ordenamiento jurídico penaliza el incumplimiento de esta señalización debido al elevado riesgo que supone atravesar una intersección cuando la fase de paso para otros flujos de tráfico o peatones está a punto de comenzar. Rebasar un semáforo en luz amarilla fija cuando las circunstancias permitían detenerse con seguridad se considera una infracción grave contra la seguridad vial, llevando aparejada una sanción económica que asciende a los doscientos euros. Además de la cuantía financiera, esta conducta indebida conlleva de forma automática la detracción de cuatro puntos del permiso de conducción del infractor, penalización idéntica a la que se impone por saltarse un semáforo completamente en rojo.

Los sistemas de control automático, conocidos popularmente como semáforos foto-rojo, operan mediante cámaras que graban el comportamiento de los vehículos cuando la fase de la luz cambia a rojo, capturando secuencias de vídeo y fotografías para verificar si el automóvil cruzó la línea de detención en el momento prohibido. Aunque estos dispositivos automáticos se centran principalmente en sancionar el paso en fase roja, la fase amarilla sirve de advertencia temporal imprescindible, cuya duración suele oscilar entre los tres y los cinco segundos dependiendo del tipo de vía y de la velocidad máxima permitida en el tramo.

Es de vital importancia diferenciar esta situación de los semáforos que presentan una luz amarilla intermitente o dos luces de este color alternativamente parpadeantes, ya que su significado legal y operativo es radicalmente distinto. La luz amarilla intermitente no impone una obligación intrínseca de detención al conductor, sino que funciona como una señal de advertencia de peligro que obliga a extremar la precaución, reducir significativamente la velocidad de circulación y ceder el paso a los vehículos o peatones que tengan prioridad legal según otras señales presentes en la intersección.

Este repunte coincide con un notable crecimiento en la movilidad veraniega, alcanzando los 42'8 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3% más que en la temporada pasada. Ante estos preocupantes datos, concentrados de forma mayoritaria en las carreteras convencionales a través de salidas de vía y colisiones frontales, la administración ha decidido intensificar la vigilancia incorporando 33 nuevos cinemómetros fijos y de tramo en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Madrid o Castilla y León.

Sin embargo, la consultoría jurídica especializada Pyramid Consulting recuerda que este despliegue de controles automatizados y helicópteros Pegasus debe convivir estrictamente con el respeto a las garantías legales del ciudadano, ya que multitud de sanciones acaban siendo invalidadas por defectos de forma, fallos en las pruebas o errores de tramitación.

Una de las principales vías para conseguir la nulidad de una sanción económica por exceso de velocidad se encuentra en la insuficiencia o el defecto de la actividad probatoria aportada por la propia administración. La normativa vigente determina de forma clara que el expediente sancionador no puede sostenerse simplemente con una fotografía ampliada que muestre la matrícula del infractor.

Para que la denuncia sea plenamente válida, el organismo de tráfico tiene la obligación de incorporar al expediente dos imágenes capturadas desde ángulos o posiciones diferentes que contextualicen la supuesta infracción, identificando plenamente el entorno, la vía y las condiciones del tráfico en ese preciso instante.

Cuando la jefatura de tráfico aporta únicamente un recorte o una ampliación de la misma toma, o bien cuando las imágenes resultan demasiado oscuras o deficientes para clarificar el escenario, los tribunales suelen dejar sin efecto la penalización económica y la retirada de puntos por falta de base probatoria rigurosa.

Otro factor determinante para el éxito de un recurso radica en la fiscalización de los márgenes de error de los cinemómetros. Todos los dispositivos de medición de velocidad están condicionados por unos umbrales de tolerancia técnica fijados por la normativa metrológica que varían según la tipología del aparato.

De este modo, un aparato fijo de nueva adquisición contempla un margen de tres kilómetros por hora o un tres por ciento, mientras que los dispositivos móviles verificados operan bajo un umbral de siete kilómetros por hora o un siete por ciento. En muchas ocasiones, la administración calcula la sanción final basándose de forma directa en la velocidad exacta que figura en la pantalla del radar, omitiendo la obligatoria reducción por el margen de error legal.

Cuando el conductor formula una alegación advirtiendo este desfase y la entidad sancionadora ignora el requerimiento o no ofrece una respuesta motivada en la resolución, el procedimiento incurre en un defecto de motivación que invalida por completo la multa por vulnerar los derechos del expedientado.

Más allá de los fallos técnicos de los radares fijos o móviles, la tramitación administrativa del expediente constituye otra fuente habitual de anulaciones judiciales debido al quebrantamiento de las garantías del conductor. La ley establece unos plazos muy estrictos y unos protocolos formales rigurosos para efectuar las notificaciones de las denuncias en el domicilio del titular o a través de la dirección electrónica vial.

Si el organismo público realiza los intentos de comunicación fuera de los plazos estipulados por el procedimiento administrativo común o salta alguno de los pasos formales para localizar al presunto infractor, se produce de manera automática una situación de indefensión jurídica que priva al ciudadano de la oportunidad de presentar sus correspondientes alegaciones y pruebas de descargo durante la fase administrativa ordinaria, lo que aboca inevitablemente a la nulidad íntegra de las actuaciones por violar el derecho constitucional de defensa.

Finalmente, las autoridades de tráfico tampoco pueden subsanar las deficiencias de sus propios expedientes una vez que el conflicto ha escalado a la vía judicial. El expediente sancionador debe presentarse cerrado y completo desde el inicio de la reclamación para asegurar que el conductor conozca todas las pruebas de cargo en igualdad de condiciones.

Nunca es buen momento para que te pongan una multa, pero aún menos cuando te vas de vacaciones, ya que te las puede amargar. Sobre todo, en un contexto económico como el actual, en el que muchas familias tienen que hacer malabares para poder disfrutar de unos días en la playa o en el destino que sea.

Por supuesto, el conductor es el que debe prestar más atención a todo lo que ocurre en la carretera, respetar los límites de velocidad y cumplir el resto de las normas viales. Pero no es el único: en algunos casos, los pasajeros tampoco se van de rositas.

En concreto, hablamos de una práctica que, por desgracia, todavía sigue siendo habitual en muchas personas: tirar una colilla o un cigarro por la ventanilla. Esto puede ser muy peligroso en esta época del año en la que aprieta el calor, porque puede provocar un incendio.

De hecho, según el Ministerio de Medioambiente, el 3% de los incendios forestales tiene su origen en las colillas que se lanzan desde algún vehículo. Por ello, las campañas de concienciación insisten en evitar esta práctica durante todo el año, especialmente en verano. Y la Guardia Civil extrema la vigilancia.

Tirar una colilla o cigarro por la ventanilla, multa de 500 euros y seis puntos del carné

Las multas más graves suelen estar relacionadas con rebasar la velocidad máxima permitida. En función de la velocidad a la que te cace el radar, la cuantía oscila entre los 100 y los 600 euros, así como la pérdida de hasta seis puntos del carné.

Pero la DGT también te puede poner otras multas que pueden arruinarte unas vacaciones, como arrojar objetos por la ventanilla. Se trata de una práctica que, además de incívica, puede crear situaciones de peligro, especialmente tirar una colilla.

Es una de las infracciones más castigadas, ya que, además de provocar un accidente de tráfico, puede dañar el medioambiente. Ocasionar un incendio, sin ir más lejos, algo que, desgraciadamente, tenemos que lamentar cada verano.

La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial prohíbe expresamente lanzar a la vía o a sus inmediaciones cualquier objeto que pueda provocar incendios o afectar a la seguridad vial, especialmente cigarros.

La normativa tipifica esta conducta como una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Por eso, esta acción se castiga con una multa de 500 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

Antes de la reforma de la legislación llevada a cabo en 2021, la sanción por hacer el mismo gesto era de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Pero, desde entonces, Tráfico ha endurecido la multa, precisamente, por la gravedad que entraña.

Aun así, todavía hay muchas personas que creen que arrojar una colilla por la ventanilla del coche es una infracción menor, por eso la DGT recuerda en su cuenta de X que “tirar una colilla por la ventanilla de tu vehículo puede hacerte perder 6 puntos del permiso de conducción y 500 euros de multa, pero sobre todo puede provocar un desastre de tales proporciones que ni te imaginas”.

Además de las sanciones administrativas, si la colilla que se tira desde el coche termina provocando un incendio forestal, entonces la acción pasa a considerarse delito, tipificada en el Código Penal, y puede acarrear penas de cárcel de tres a seis años.

Un despiste por no conocer una señal puede hacer que acabes con una multa que fastidie tu verano, y esta en concreto puede suponer una sanción de hasta 200 euros. Conociendo su significado, es mucho más sencillo actuar en consecuencia, y es por eso que vamos a analizar esta señalización tan poco habitual que puede cazarte en el momento que te acercas a un semáforo y este está con la luz roja encendida.

El significado de la señal S-991 C

En esta época del año, muchos conductores emprenden viajes a destinos que no suelen habitar por las vacaciones de verano. Esto hace que por las carreteras se encuentren con señales las cuales no conocen su significado y no saben cómo actuar. La señal S-991 C puede ser uno de estos casos y puede amargar tus vacaciones. Es por eso que vamos a recordar lo que significa, para que no cometas una infracción al cruzarte con ella.

Esta semana, concretamente el día 1 de julio, se ha cumplido un año desde que esta señal se añadió al catálogo de señales de la Dirección General de Tráfico. Cada vez se amplía más el número de señalizaciones con el fin de hacer frente a la mayor cantidad de situaciones posible que se pueden dar en la carretera. Esta en concreto aparece poco tiempo antes de llegar a determinados semáforos, y es posible que, aunque lleve un año en algunas carreteras de nuestra red, no te hayas encontrado aún con ella.

El viaje de este verano puede ser la primera ocasión en la que te topes con esta señalización relativamente nueva. Esta ha recibido el nombre por parte de la DGT de "control de semáforo en rojo" y se encarga de avisar a los conductores de que en el semáforo que están a punto de cruzar hay un dispositivo que controla el paso de los vehículos cuando la luz que está encendida en el semáforo es la de color rojo.

Estos dispositivos que se avisan a través de esta señal controlan a los conductores con dos cámaras. Dichos sistemas están ubicados a 25 metros de la línea que marca el semáforo. Una cámara se encarga de fotografiar al vehículo justo antes de cruzar esta marca, y la otra lo hace inmediatamente después. Ambas fotografías conforman una imagen totalmente identificativa del coche, donde se ve el modelo, la matrícula y si ha cometido la infracción o no.

Esta infracción es castigada con 200 euros

En caso de que el conductor haga caso omiso a esta señal y al semáforo en sí, será sancionado. La DGT califica esta acción como una infracción grave y la multa que castiga esta es de 200 euros. Muchos conductores desconocen el significado de esta señal, por lo que tienen más posibilidades de cometer esta infracción y ser sancionados. En esta ocasión da totalmente igual que vayas a la velocidad marcada o que respetes el resto de normas de circulación, pues serás sancionado de igual manera.

La mayor cantidad de dudas relacionadas con estas sanciones llegan con la situación del semáforo cuando este está en ámbar. Pero estos dispositivos que están colocados en estas zonas no castigan ni fotografían a los conductores que pasen cuando el semáforo se encuentre en este estado. En esos casos podrán pasar y no pasará nada, pues no estarían cometiendo ninguna infracción relacionada con esta señal S-991 C.

Como con todas las señalizaciones, existen ciertas excepciones. En esta no podía ser distinto, por lo que hay determinadas situaciones en las que el conductor quedará libre de la sanción mencionada, por mucho que pase en rojo. Esto será en cualquier situación de emergencia, ya sea del propio conductor o ajena, como puede ser que una ambulancia necesite que le hagan paso. En esos momentos podrán cruzar independientemente de la luz que vean, siempre y cuando no generen peligro en la vía.

Una nueva resolución del TSJM, dictada por la magistrada de la Plaza nº 34 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, ha desarmado la estrategia del Ayuntamiento de la capital de limitar la anulación de sanciones derivadas de las ZBE.

En la sentencia, la magistrada aclara que el consistorio debe invalidar todas las multas impuestas y no sólo aquellas vinculadas a las áreas de especial protección (ZBEDEP), esto es, Distrito Centro y Plaza Elíptica.

El fallo responde a un recurso presentado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), organización de defensa de los conductores, precisamente en defensa de una de sus socias, después de que una de las 477 cámaras que controlan el perímetro general de la M-30 la fotografiara fuera de esas zonas de especial protección.

Un importante precedente en defensa de los ciudadanos

El texto del alto tribunal de Madrid argumenta que “todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (…) quedan afectadas por la declaración de nulidad de la disposición general que les ha servido de cobertura”.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la resolución supone “un importantísimo precedente judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos” y añade que “este pronunciamiento desvirtúa los argumentos del equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que buscaba minimizar el impacto de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”.

No obstante, a pesar del varapalo judicial, la asociación de los conductores denuncia que el Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con los procesos de cobro.

Según detalla la organización en un comunicado, hace aproximadamente diez días solicitaron formalmente a la Junta de Gobierno local el archivo de oficio de todos los expedientes pendientes de ‘Madrid ZBE’, ‘Distrito Centro’ y ‘Plaza Elíptica’, además de la paralización inmediata de apremios, recargos o embargos en curso.

Sin embargo, AEA constata que la Agencia Tributaria de Madrid continúa ejecutando las órdenes de cobro, lo que califican como una “irregular actuación”.

Por ello, la organización ha anunciado que, si el Ayuntamiento no cesa en su actividad recaudatoria en las próximas semanas, solicitará formalmente al TSJM la ejecución forzosa de la sentencia para frenar el perjuicio económico que sufren cientos de miles de automovilistas.

Más de 700 millones de euros en multas

El alcance económico de esta batalla legal es multimillonario. Según AEA, la ilegalidad afecta a las sanciones impuestas desde diciembre de 2021 hasta el pasado 6 de abril, cuando entró en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad, basándose en los datos oficiales del portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.

En total, el número de expedientes sancionadores bajo sospecha supera los 3,5 millones, lo que equivale a un impacto económico global cercano a los 700 millones de euros para las arcas municipales.

Recordemos que el TSJM anuló las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid en septiembre de 2024 tras un recurso presentado por el Grupo Municipal Vox y argumentando que la ordenanza adolecía de una "patente insuficiencia del informe de impacto económico".

La sentencia anuló tanto las restricciones de tráfico en todo el municipio de Madrid, así como las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) en el Distrito Central, conocida como Madrid Central, y en Plaza Elíptica.

Los magistrados basaron su decisión en que las medidas no cumplían con el "principio de proporcionalidad" y el "principio de transición justa", establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El fallo destacó que la ordenanza no evaluó adecuadamente de qué restricciones al tráfico afectarían a personas con dificultades económicas para acceder a vehículos que cumplan con las exigencias ambientales.

La inspección técnica es un trámite al que deben enfrentarse todos los vehículos a motor que circulan por España. Un examen técnico que, por supuesto, debe resultar favorable.

Normalmente, la ITV suele durar unos diez minutos y, durante la inspección, el técnico analiza el estado del vehículo, examinando diferentes partes, como el estado del motor, los niveles, el funcionamiento de todas las luces, el claxon, los elevalunas, los cinturones de seguridad, frenos, suspensiones… Y la parte que muchos temen, sobre todo si tienen un coche antiguo: la prueba de gases.

Si la prueba sale favorable, entonces el técnico entrega la correspondiente pegatina, denominada oficialmente como señal V-19.

Esta señal indica cuándo tiene que volver. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, será dentro de dos años o anualmente (si se trata de un turismo).

La multa por no poner la pegatina de la ITV en un lugar visible

Sin embargo, todo lo anterior se puede tirar por tierra si no pones la pegatina de la ITV en el lugar adecuado para que sea perfectamente visible.

Tal y como recoge el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, el distintivo de la ITV (señal V-19) se debe colocar en el parabrisas, de manera que sea perfectamente visible para los agentes. Concretamente, “en el ángulo superior derecho del parabrisas por su parte inferior", como recoge el Reglamento General de Vehículos.

Efectivamente, la pegatina de la ITV ayuda a los agentes a controlar visualmente los vehículos. En ella aparece la fecha (mes y año) en que se debe realizar la siguiente inspección, según el color de la pegatina.

Según establece el artículo 18.1 5B del Reglamento General de Vehículos, no poner la pegatina de la ITV o ponerla en el lado incorrecto se considera una infracción leve que implica una multa de 80 euros. La sanción recae siempre en el titular del vehículo, no en el conductor.

Sin embargo, mucho cuidado con colocar la señal V-19 debajo de la anterior, hasta formar una columna en el parabrisas, una imagen que se veía años atrás. Esto se puede considerar una infracción grave, porque resta visibilidad y, en este caso, la multa sería de 200 euros.

El color de la pegatina indica el año en que pasó la primera ITV

Por cierto, que no es casualidad que el distintivo de la ITV sea de diferentes colores. Cada uno indica en qué año se ha pasado la primera inspección:

• Pegatina amarilla: 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.

• Pegatina roja: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030.

• Pegatina verde: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

Por tanto, en 2026 la señal V-16 es amarilla con las letras en color rojo. Así, se puede saber con un simple vistazo cuándo le toca al vehículo en cuestión renovar la inspección.

Multa por llevar la ITV caducada: 200 euros

Pero, además, mucho cuidado con tener la ITV caducada y no son pocos los conductores en esta situación. Según un estudio de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), en 2022 el 34% de los vehículos circulaban sin haber pasado la inspección técnica, ya sea por desconocimiento o intencionadamente.

En este caso, se considera una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros, ya que repercute gravemente en la seguridad vial. De hecho, en el año que se hizo el estudio, uno de cada tres vehículos involucrados en accidentes con víctimas mortales no tenía la ITV en vigor.

Igualmente, circular con la ITV desfavorable implica una sanción que oscila entre 200 y 500 euros, según el caso.

Lo cierto es que la ley es algo ambigua a este respecto, pero el marco general se encuentra en el Reglamento General de Circulación, concretamente en el artículo 18.

En el apartado 1, figura lo siguiente: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos (artículo 11.2 del texto articulado)”.

Hasta aquí la obligación es demasiado amplia, señalado únicamente, como es lógico, que el conductor debe estar atento a lo que ocurre en la carretera, debe tener visibilidad suficiente y poder moverse libremente.

Sin embargo, de aquí se pueden sacar multitud de casos concretos. Dentro del mismo artículo se detalla el primero de ellos: “Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD. Se exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS”.

La mención a un DVD deja claro que el texto se redactó hace ya un tiempo, pero a efectos prácticos hablamos del uso de pantallas. Un conductor no puede estar atento ni manipular la pantalla del sistema multimedia, de la misma manera que no puede hacer lo propio con un teléfono móvil.

Es algo que se concreta en el punto 2 del artículo: “Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares (artículo 11.3, párrafo segundo, del texto articulado)”.

Aunque no se hace mención de más hábitos concretos, lo que se comenta en el apartado primero del artículo abre toda una serie de posibles casos que quedan a interpretación de los agentes y, si estos consideran que están interfiriendo con la capacidad de control del vehículo por parte del conductor o que le restan capacidad de atención, son susceptibles de ser multados.

Entre ellos los más comunes son prácticas como, por ejemplo, comer, beber o fumar mientras se está conduciendo, pero también hay casos más particulares, aunque también se han llegado a dar, como mujeres que se maquillan mientras conducen, hombres que se afeitan, etc.

En todos ellos es necesario dejar de utilizar una mano para conducir y dedicarla a otro menester, lo que se considera como un comportamiento peligroso. Pero es que, incluso aunque sea el copiloto el que facilita la tarea, dando la comida o sujetando la botella de agua, por ejemplo, sigue considerándose como una distracción y también es sancionable.

Eso sí, la multa no es igual en todos los casos. Dado que es algo interpretable, depende bastante del criterio del agente que vaya a establecer la sanción. Si estima que es una distracción leve, el pago es de 80 euros (40 con prontopago) y no implica la retirada de puntos de carnet. Si considera que es una distracción grave, sube a 200 euros, pero tampoco se quitan puntos.

Sin embargo, hay un caso que siempre está más penado: usar el móvil. Como aparecía en el apartado 2 del punto 18 de Reglamento General de Circulación, es un comportamiento que directamente se especifica, algo que es así porque se considera una falta grave y, como tal, la sanción es de 200 euros, pero además implica una pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.

La tecnología se presenta como una evolución de los sistemas ALPR, es decir, de lectura automática de matrículas. En lugar de limitarse a identificar una placa, el sistema añadiría sensores capaces de escanear pasivamente el espectro inalámbrico para capturar identificadores únicos de los dispositivos cercanos.

Esa información, cruzada con la matrícula del vehículo en el mismo instante, permitiría construir una huella digital de desplazamiento mucho más detallada que la que ofrecen las cámaras convencionales.

El funcionamiento sería sencillo en apariencia, pero profundo en sus implicaciones. Cuando un vehículo pasa junto a estas cámaras, el sistema no solo registra la matrícula, sino también las señales emitidas por dispositivos activos en el entorno inmediato, como móviles, smartwatches, auriculares o sistemas conectados del automóvil. Cada uno de esos aparatos emite identificadores que, combinados entre sí, pueden resultar casi únicos y persistentes en el tiempo.

El problema es que, una vez asociados a una matrícula, esos identificadores dejan de ser simples datos técnicos y pasan a formar parte de un patrón de movilidad personal. En la práctica, esto permitiría saber qué dispositivos viajan con qué vehículo, con qué frecuencia aparecen juntos y en qué lugares se repite esa coincidencia. Para expertos en privacidad, ese cruce de información convierte una herramienta de tráfico en una infraestructura potencial de seguimiento masivo.

La capacidad de rastreo no se limitaría a los teléfonos móviles. Los sistemas descritos por estas publicaciones podrían detectar auriculares Bluetooth, relojes inteligentes, pulseras de actividad, sensores de presión de neumáticos, tarjetas de acceso RFID, localizadores y hasta chips de identificación de mascotas.

Eso significa que la tecnología no solo identifica un vehículo, sino que puede acercarse a la identificación indirecta de la persona que lo utiliza. Y ahí aparece la principal preocupación legal: aunque la matrícula por sí sola ha generado debate sobre su consideración como dato personal, la combinación con identificadores electrónicos multiplica claramente el riesgo para la intimidad. El resultado es una trazabilidad mucho más fina y, para muchos observadores, difícil de justificar sin una base jurídica muy sólida.

En la Unión Europea, el marco de protección de datos plantea serias dudas sobre una implantación de este tipo sin consentimiento expreso o sin una habilitación legal clara. El RGPD considera que los identificadores de dispositivos pueden ser datos personales cuando permiten distinguir o seguir a una persona, de modo que su captura masiva no puede tratarse como una simple medición técnica del tráfico.

Algunos expertos ya han advertido de que las cámaras de lectura de matrículas almacenan grandes volúmenes de información sensible y que, si no se protegen adecuadamente, pueden ser utilizadas para rastrear movimientos de conductores sin su conocimiento. A ello se suma el riesgo de ciberataques, porque estos sistemas también pueden convertirse en objetivos atractivos para atacantes que busquen acceder a datos de localización o hábitos de desplazamiento.

La gran pregunta es si esta clase de herramientas mejora realmente la seguridad y la gestión del tráfico o si abre una puerta desproporcionada a la vigilancia. Sus defensores pueden argumentar que ayudan a estudiar flujos de movilidad, detectar patrones de tránsito y optimizar infraestructuras. Pero sus detractores alertan de que el coste en privacidad es demasiado alto si los ciudadanos no saben que sus dispositivos están siendo rastreados junto con su matrícula.

La preocupación se intensifica porque el seguimiento no depende de acciones voluntarias del usuario. Basta con llevar activado el Bluetooth o tener un dispositivo conectado en el coche para que pueda ser captado por este tipo de sistemas. Eso convierte a cada trayecto cotidiano en una posible fuente de datos explotables, algo que amplía de forma notable el alcance de la vigilancia vial.

El avance de estas tecnologías coloca a las administraciones y a los reguladores ante una decisión compleja. Si se autorizan sin límites, podrían erosionar la confianza pública en los sistemas de control de tráfico. Si se restringen demasiado, en cambio, se frenaría una herramienta que podría ser útil para la gestión de la movilidad y la seguridad vial.

De hecho, la reciente implantación obligatoria de la baliza V16 conectada, que sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia, no modifica este criterio sancionador ni exime de responsabilidad. La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara al respecto: la detención de un vehículo en la vía por causas imputables al conductor puede ser objeto de sanción.

Entre estas causas se incluye expresamente quedarse sin combustible, ya que se entiende que el conductor dispone de medios suficientes para anticiparse a esta circunstancia. El cuadro de instrumentos del vehículo, junto con los sistemas de aviso de reserva y autonomía, proporcionan información continua que permite planificar con antelación una parada para repostar.

La multa asociada a este tipo de infracción suele ascender a 200 euros y no conlleva la retirada de puntos del permiso de conducir. No obstante, su aplicación no depende de que se genere una situación de peligro grave o un accidente, sino simplemente de que el vehículo quede inmovilizado en la vía por falta de carburante. Es decir, incluso si el conductor actúa correctamente una vez detenido, la infracción ya se ha producido.

En este contexto, la baliza V16 conectada cumple una función exclusivamente preventiva y de señalización. Desde 2026, su uso es obligatorio en caso de avería o incidente en carretera, sustituyendo a los triángulos por razones de seguridad. Este dispositivo luminoso, que se coloca sin necesidad de abandonar el vehículo, envía además la ubicación a la plataforma de tráfico, mejorando la gestión de incidencias.

La clave jurídica reside en la distinción entre incidencias inevitables y evitables. Una avería mecánica repentina, un fallo eléctrico inesperado o un pinchazo pueden considerarse situaciones fortuitas, siempre que no exista negligencia previa en el mantenimiento del vehículo. En cambio, la falta de combustible se clasifica como una omisión de la diligencia debida, ya que el conductor tiene la obligación de asegurarse de que el vehículo puede completar el trayecto o, en su defecto, de planificar paradas intermedias.

Este criterio responde también a una cuestión de seguridad vial. Un vehículo detenido en el arcén o en una vía interurbana, aunque esté correctamente señalizado, supone un riesgo potencial para el resto de usuarios. La presencia de obstáculos en la calzada o en sus márgenes puede provocar maniobras evasivas, frenazos bruscos o situaciones de baja visibilidad, especialmente en condiciones adversas. Por ello, la normativa no se limita a regular la señalización de emergencias, sino que busca evitar que estas situaciones se produzcan cuando son prevenibles.

Desde el punto de vista técnico, los vehículos actuales han reducido significativamente la probabilidad de quedarse sin combustible sin previo aviso. La mayoría de modelos incorpora sistemas de advertencia progresiva, que incluyen avisos visuales, acústicos y estimaciones de autonomía restante.

Algunos incluso integran sistemas de navegación que recomiendan estaciones de servicio cercanas cuando el nivel de combustible es bajo. Este conjunto de ayudas refuerza el argumento de que la falta de carburante no suele ser un hecho imprevisible.

A pesar de ello, las sanciones por este motivo siguen siendo relativamente frecuentes, especialmente en periodos de alta movilidad o en trayectos largos donde los conductores subestiman la distancia o sobrestiman la autonomía de sus vehículos. También influyen factores como el desconocimiento de la ruta, la escasez de estaciones en determinadas zonas o una planificación deficiente del viaje.

Las autoridades insisten en que la responsabilidad última recae siempre en el conductor, independientemente de las circunstancias. El cumplimiento de las normas de señalización, como el uso de la V16, es obligatorio pero no sustituye la obligación de evitar situaciones de riesgo. En este sentido, la sanción de 200 euros actúa como medida disuasoria para fomentar una conducción más previsora y responsable.

En definitiva, quedarse sin gasolina no se considera una simple incidencia, sino una infracción administrativa que puede evitarse con una adecuada planificación. La normativa actual refuerza la idea de que la seguridad vial no depende únicamente de reaccionar correctamente ante un problema, sino de evitar que este llegue a producirse.

La Dirección General de Tráfico considera estos aparatos una de las herramientas más peligrosas para la vigilancia en carretera. Su función consiste en interferir directamente en el funcionamiento de los cinemómetros para evitar que puedan medir correctamente la velocidad del vehículo. En otras palabras, alteran el correcto funcionamiento de los radares e impiden que las cámaras de velocidad cacen a los conductores que se excedan con el acelerador.

Multas por uso y por instalación

Por ese motivo, la legislación española los prohíbe de forma expresa desde hace años. Actualmente, instalar o utilizar un inhibidor de radares está catalogado como una infracción muy grave y puede traducirse en una sanción económica de 6.000 euros, además de la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

La normativa recoge que está prohibido instalar o llevar en el vehículo cualquier sistema destinado a interferir, alterar o impedir el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. La ley también incluye aquellos dispositivos capaces de emitir señales destinadas a dificultar el trabajo de los radares o de otros equipos de control utilizados por las autoridades.

Se trata de una de las sanciones más severas contempladas por la legislación de tráfico española. De hecho, supera ampliamente las multas habituales por exceso de velocidad e incluso muchas de las infracciones relacionadas con el uso del teléfono móvil al volante o el consumo de alcohol, factores de peso en la siniestralidad vial.

Además, la persecución de estos sistemas va más allá de los conductores que deciden utilizarlos. Los talleres o empresas que instalan inhibidores de radar también pueden enfrentarse a importantes consecuencias económicas. La normativa contempla multas que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros para quienes comercialicen o instalen este tipo de dispositivos destinados a alterar los radares de velocidad.

Inhibidor frente a avisador

Sin embargo, no todos los sistemas relacionados con los radares son ilegales. Conviene distinguir entre inhibidores, detectores y avisadores, ya que cada uno tiene una función diferente y, ante la ley, algunos son ilegales, como los inhibidores, y otros cuyo uso es completamente legal.

Los avisadores de radares continúan siendo legales en España. Estos sistemas funcionan mediante información GPS y bases de datos públicas que indican la ubicación de radares fijos o de tramo. No interactúan con los cinemómetros ni modifican su funcionamiento, simplemente informan al conductor de su presencia. Es precisamente el sistema que utilizan aplicaciones tan populares como Google Maps o numerosos navegadores integrados en vehículos modernos.

En una posición intermedia se encuentran los detectores de radar. Estos dispositivos son capaces de localizar las emisiones de determinados cinemómetros para advertir al conductor de su proximidad. Aunque durante años existió cierta controversia legal alrededor de ellos, la normativa actual es mucho más clara.

Desde la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Tráfico, en marzo de 2022, la sanción no se limita al uso del detector. La simple presencia del dispositivo en el vehículo ya constituye una infracción. En este caso, la multa asciende a 200 euros y lleva aparejada la pérdida de tres puntos del carné de conducir.

La diferencia de trato respecto a los inhibidores es evidente. Mientras que los detectores se limitan a alertar de la existencia de un radar, los inhibidores actúan directamente sobre él para impedir su funcionamiento, razón por la que la legislación los castiga con mucha mayor dureza.

Por tanto, si existe una sanción especialmente temida dentro del ámbito de los radares de velocidad, esa es la de los inhibidores. Los 6.000 euros de multa y la pérdida de seis puntos convierten a estos dispositivos en una de las infracciones más caras que puede imponer la DGT. Una cifra que demuestra hasta qué punto las autoridades consideran prioritario proteger los sistemas de control y vigilancia que operan en las carreteras españolas.

Sin embargo, aunque esta conducta no está explícitamente prohibida en la normativa española, puede acarrear sanciones económicas si se considera que afecta a la seguridad vial. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que cualquier acción que implique una distracción o limite la capacidad de control del vehículo puede ser objeto de multa.

El Reglamento General de Circulación no recoge de forma literal la prohibición de comer mientras se conduce. No obstante, sí establece la obligación del conductor de mantener en todo momento la libertad de movimientos, la atención permanente a la conducción y el control total del vehículo. Este matiz es clave, ya que abre la puerta a la interpretación por parte de los agentes de tráfico, quienes valoran cada situación de forma individual.

En este contexto, comer al volante puede ser sancionable si se entiende que compromete alguno de estos principios básicos de la conducción segura. Por ejemplo, manipular alimentos, apartar la vista de la carretera o utilizar una mano para sostener comida en lugar de el volante son factores que pueden influir en la decisión de imponer una multa. La normativa no castiga el acto de comer en sí mismo, sino las consecuencias que este puede tener sobre la conducción.

Las sanciones pueden variar en función de la gravedad de la situación observada por el agente. En los casos considerados como una infracción leve, es decir, cuando la distracción es puntual o de escasa relevancia, la multa asciende a 80 euros y no conlleva pérdida de puntos del carné de conducir. Este tipo de sanción suele aplicarse cuando la conducta no implica un riesgo evidente para la circulación, pero sí supone una falta de atención.

Por otro lado, si el agente interpreta que la acción de comer al volante implica una conducción negligente, la sanción puede elevarse hasta los 200 euros. Esta valoración se produce cuando se detecta que el conductor pierde el control del vehículo, realiza maniobras inseguras, aparta la vista de la vía de manera prolongada o reduce significativamente su capacidad de reacción. A pesar de la mayor cuantía económica, este tipo de infracción tampoco implica la retirada de puntos.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, diversos estudios han demostrado que las distracciones al volante son uno de los principales factores en la siniestralidad. Acciones aparentemente inofensivas, como beber, ajustar la radio o comer, pueden aumentar el tiempo de reacción del conductor y multiplicar el riesgo de accidente.

En este sentido, la DGT insiste en que la atención debe ser plena durante la conducción, especialmente en entornos urbanos o en vías con alta densidad de tráfico. Además del riesgo de sanción, los expertos en seguridad recomiendan evitar cualquier actividad secundaria mientras se conduce.

Comer, especialmente alimentos que requieren manipulación o que pueden derramarse, obliga a dividir la atención y puede generar situaciones imprevistas. Un simple gesto como abrir un envoltorio o limpiar una mancha puede suponer segundos cruciales en los que el conductor deja de prestar atención a la carretera.

En trayectos largos, donde es más habitual recurrir a este tipo de prácticas, la recomendación general es realizar paradas periódicas para descansar y comer con tranquilidad. Esta medida no solo evita posibles sanciones, sino que también contribuye a reducir la fatiga y mejorar la concentración al volante. Las áreas de servicio están diseñadas precisamente para facilitar estos descansos y fomentar una conducción más segura.

En definitiva, aunque comer mientras se conduce no está prohibido de forma explícita en España, sí puede ser motivo de sanción si afecta a la capacidad de conducción. La clave reside en la interpretación de los agentes y en el impacto real de la acción sobre la seguridad vial. Ante este escenario, la recomendación más prudente es evitar este hábito y priorizar siempre la atención plena en la carretera.

Ocurre, especialmente, en zonas de playa, normalmente en trayectos cortos. Sin embargo, conducir sin camiseta en verano puede ser peligroso, aunque no lo creas. Aparte, es una conducta antihigiénica, puesto que el sudor y las bacterias se adhieren a la tapicería de tu vehículo.

Pero estamos ante uno de esos casos en los que la legislación no es del todo clara o, al menos, resulta confusa. En ningún sitio está escrito que no se pueda conducir el coche sin camiseta y, aun así, te pueden poner una multa de 200 euros más la retirada de tres puntos del carné.

Multa de 200 euros por conducir sin camiseta

Efectivamente, el Reglamento General de Circulación no especifica en ningún artículo que no se pueda conducir sin camisa. Pero sí alude en varios artículos a la manera en que debe manejar el vehículo.

En concreto, el artículo 17.1 establece que “los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales”.

Por su parte, el artículo 18, referido a las obligaciones del conductor, dice: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Y prosigue: “A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos (artículo 11.2 del texto articulado)”.

Es decir, en todo momento un conductor debe ponerse al volante en las mejores condiciones. Por tanto, circular con elementos que dificulten la conducción o que puedan suponer un peligro para el conductor puede ser motivo de sanción.

La interpretación de esta norma puede hacer que un agente te multe por conducir sin camiseta. Y aquí está el problema, que queda todo en manos de la interpretación que haga la autoridad.

Puede entender que no llevas la vestimenta adecuada y, por tanto, no tienes el control total de tus movimientos ni podrás prestar la atención debida a la conducción.

¿Conducir sin camiseta puede comprometer la seguridad?

Dejando a un lado la multa que te pueden poner, conducir sin camiseta no es recomendable porque puede ser peligroso. El motivo es que el cinturón está en contacto directo con tu piel y, en caso de accidente, puede provocar graves daños, como quemaduras, debido a la fricción contra la piel.

No hay duda de que el cinturón es el elemento de seguridad más importante de un vehículo. Pero también puede convertirse en un elemento peligroso si no se presta atención.

La tela de la camiseta, aunque sea muy fina, protege la piel del roce con el cinturón. Incluso con mucha ropa, la presión del cinturón y del airbag durante un accidente pueden causar lesiones.

Es un riesgo innecesario y, por eso, la DGT lo castiga con una multa de 80 euros, aunque puede llegar a 200 euros y la pérdida de tres puntos del carné si el agente considera que se trata de una infracción grave.

La Asociación de la Industria de la Motocicleta (MCIA) pretende ayudar a los agentes de tráfico con la publicación de una "Guía para identificar bicicletas eléctricas que no cumplen con la normativa”. La policía podrá distinguir si el sistema de pedaleo asistido eléctrico (EAPC, por sus siglas en inglés) es legal.

Una bicicleta ilegal convertida en motocicleta

Las bicicletas eléctricas pueden producir más de 250 vatios de potencia, lo que permite impulsar la rueda trasera sin que el ciclista pedalee. Algunos modelos ilegales superan el límite de los VMP y entran en la categoría de motocicletas o ciclomotores.

Si una bicicleta ilegal se convierte en motocicleta o ciclomotor, los conductores necesitan la licencia y el seguro correspondiente, homologar el vehículo, pagar el impuesto de circulación y pasar la ITV.

La MCIA ha iniciado una persecución a las bicicletas eléctricas ilegales. La asociación asegura que las ventas de ciclomotores han caído un 40% desde 2022 mientras que las ventas de estos sistemas modificados se disparan en el país. Los agentes de tráfico tienen un enorme reto por delante.

Bicicletas eléctricas para cometer delitos

Desde la Asociación de la Industria de la Motocicleta de Reino Unido han advertido que las bicicletas eléctricas se han convertido en una herramienta popular para cometer todo tipo de actividades delictivas.

El uso de bicicletas eléctricas ilegales se suele relacionar con el trabajo ilegal como repartidor, robos callejeros o delitos relacionados con armas y drogas. “Esto surge del trabajo que hemos estado realizando con la policía desde enero”, según Tony Campbell, director ejecutivo de la MCIA.

La asociación se ha reunido con el Consejo Nacional de Jefes de Policía en Milton Keynes para solicitar la colaboración de los agentes. “Escribimos a todos los jefes de policía y a todos los comisionados de policía y delitos, y lo que surgió repetidamente de las diferentes fuerzas fue cómo interpretar lo que es legal y lo que no”, aseguran desde la asociación.

MCIA confirma junto con la marca de Llexeter Ltd que las ventas de motocicletas y scooters de baja cilindrada han sufrido. “Nuestras ventas de patinetes no se han visto afectadas en absoluto; al contrario, han aumentado. Creo que el mercado de las bicicletas eléctricas es muy diferente y quienes usan bicicletas eléctricas quizás no se compren un patinete”, según Robert Woolley, CEO de la compañía.

El propietario de Llexeter asegura que el problema va más allá: “Recibimos muchas solicitudes de bicicletas eléctricas homologadas para circular por carretera, pero nadie las asegura, así que la gente desiste de comprarlas. El problema es que, si no hay ninguna compañía de seguros que asegure las bicicletas eléctricas, entre el 40% y el 50% de los clientes optan por circular ilegalmente”.

El país vecino ha empezado a utilizar las nuevas “matrículas rosas” desde inicios de año. Tras varios meses en las carreteras francesas, la medida ha sido todo un éxito para evitar fraudes con las placas, así que la DGT pretende que entre en vigor en España antes de terminar 2026.

Las nuevas matrículas rosas de la DGT

El organismo dirigido por Pere Navarro ha diseñado un nuevo sistema para identificar los vehículos importados, tendrán que utilizar una matrícula con un registro temporal. Estos coches empleaban el sistema tradicional con letras negras sobre fondo blanco, pero la DGT pretende acabar con los fraudes habituales en este proceso.

Francia ha implementado esta medida desde el 1 de enero de 2026 para sustituir a las clásicas matrículas provisionales, y ahora es el turno de España. El organismo de Pere Navarro pretende que identificar los vehículos que aún no han completado la matriculación definitiva sea más simple.

Los agentes de Tráfico podrán detectar estos vehículos a simple vista sin necesidad de consultar en su base de datos. Estas matrículas rosas o "antifraude" tienen la fecha de caducidad inscrita en formato mes/año en la propia placa, así que es prácticamente imposible falsificarlas.

Una matrícula válida por dos meses

La matrícula rosa tendrá una validez de dos meses con la posibilidad de prorrogarla si el código de número y letras definitivo no ha sido emitido a tiempo. Los agentes podrían multarte si conduces con una de estas placas caducada.

Francia utiliza el formato alfanumérico convencional, aunque añade algunos cambios para que el fraude sea aún más difícil. Las matrículas rosas utilizan el prefijo WW para los vehículos de particulares y W para los profesionales, no se espera que la DGT sea tan estricta.

Desde Tráfico confirman que las matrículas rosas no solo se utilizarán en vehículos importados, también en los coches nuevos pendientes de tener una matriculación definitiva, destinados a la exportación y modelos en pruebas. Esto acaba con las confusiones con placas de otros países o matrículas diplomáticas, no habrá fraude posible.

Los hechos han ocurrido en Cangas del Narcea el pasado mes de mayo. Los agentes de la Guardia Civil estaban realizando un operativo especial con la sospecha de que se podría estar realizando una carrera ilegal cerca de la localidad asturiana.

Un conductor circulando a 217 km/h

Cangas del Narcea estaba en el punto de mira tras anunciarse una concentración para amantes del motor, así que los agentes aumentaron los controles. La Guardia Civil de Tráfico llegó a multar a 99 conductores que superaban el límite de velocidad en diferentes tramos de riesgo, 11 de ellos conduciendo de forma temeraria.

Los agentes abrieron un proceso penal por un delito contra la seguridad vial a tres conductores. Entre ellos que se encuentra uno que circulaba 217 km/h en un tramo de 120 km/h, aunque los otros dos no se libran de la multa.

Uno de los conductores circulaba duplicando el límite de velocidad a 158 km/h en una vía con limitación de 70, y otro que circulaba a 141 km/h en un tramo con limitado de 50. El evento para amantes del motor, autorizado y totalmente legal, terminó en una larga lista de incidentes.

La Guardia Civil asegura que el evento transcurrió con normalidad, a pesar de la enorme cantidad de multas y situaciones de riesgo. La mayoría de las imprudencias se produjeron en las rutas de acceso y salida de este evento.

Más controles de velocidad en Asturias

Esta operación que acaba con 99 conductores multados no ha sorprendido a los agentes. El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha activado desde el mes de enero el “Plan de Choque contra conducciones temerarias y competiciones o exhibiciones no autorizadas en el Principado de Asturias”.

Asturias ha iniciado una campaña para prevenir y detectar este tipo de imprudencias al volante en vía interurbanas, polígonos industriales y otras zonas públicas. La región pretende aumentar los controles de velocidad en las carreteras, especialmente los tramos peligrosos.

Este dispositivo cuenta con la colaboración de patrullas de motoristas, agentes que operan con radares móviles, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), Equipos de Investigación de Siniestros (EIS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

Durante estos controles realizados durante el mes de enero, los agentes multaron a total de 69 vehículos por exceso de velocidad o superar el límite de alcohol y drogas. Otros 4 conductores no tenían el seguro obligatorio.

La Isla de Man tiene una relación singular con las motos. Es un territorio asociado desde hace décadas al Tourist Trophy y a la cultura de la velocidad, con carreteras de montaña sin límite en muchas zonas y una enorme tradición motociclista, pero eso no convierte en aceptable cualquier conducta al manillar.

Precisamente por esa fama, el caso ha tenido todavía más eco: no se trata de un motorista imprudente en una carretera secundaria cualquiera, sino de una infracción detectada en un lugar donde la velocidad forma parte del imaginario colectivo, aunque no de una calle limitada y abierta al tráfico normal.

Según las informaciones publicadas por las autoridades, el radar registró al conductor a 188 millas por hora, es decir, 302 km/h, en un tramo donde la velocidad máxima era de 50 millas por hora, unos 80 km/h. La diferencia es tan grande que cuesta encajarla en una infracción convencional: supone circular casi cuatro veces por encima del límite y hacerlo, además, en un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias letales para terceros.

Más allá de la anécdota viral, el asunto pone sobre la mesa la dimensión real del riesgo. A 302 km/h, una motocicleta entra en un rango de velocidad en el que la frenada, la estabilidad y el tiempo de reacción quedan reducidos al mínimo, incluso para vehículos preparados para prestaciones extremas.

En una vía urbana o semiurbana, donde puede haber curvas, cambios de rasante, mobiliario urbano o cruces inesperados, ese nivel de velocidad no deja espacio para corregir un fallo ni para responder a una situación imprevista.

La noticia también ha despertado interés por las posibles sanciones. En el caso concreto difundido, la policía local ya ha advertido de que este tipo de conductas puede terminar en penas de cárcel por conducción temeraria dentro de núcleos urbanos. La expresión “la madre de todas las multas” no parece exagerada si se tiene en cuenta la combinación de velocidad extrema, entorno urbano y riesgo objetivo para la seguridad vial.

El caso se ha difundido además en plena época de máxima atención mediática al TT y a todo lo que rodea a la Isla de Man, una circunstancia que amplifica el impacto de cualquier incidente relacionado con la velocidad. Sin embargo, precisamente en un lugar donde la pasión por las motos está tan arraigada, el episodio también funciona como recordatorio de que la frontera entre espectáculo y temeridad es muy clara cuando se sale de un circuito o de un entorno controlado.

Desde el punto de vista de seguridad vial, la noticia es un ejemplo extremo de por qué los límites de velocidad no son una formalidad administrativa, sino una barrera básica de protección. Cuando una motocicleta pasa de 80 a 302 km/h en una calle de población, la física deja de estar de lado del conductor y pasa a convertirse en un factor implacable: cualquier incidencia menor puede acabar en tragedia.

Por eso, aunque el caso haya circulado como un titular impactante, su relevancia real está en la advertencia que deja. La combinación de tecnología, potencia y confianza en la propia habilidad no compensa nunca una decisión de este calibre en una vía abierta al tráfico. En una época en la que los radares y los sistemas de control son cada vez más precisos, el margen para este tipo de comportamientos es mínimo, y la respuesta de las autoridades también lo es.

En definitiva, lo ocurrido en la Isla de Man no es solo una infracción espectacular por la cifra registrada, sino un episodio que ilustra hasta qué punto un exceso de velocidad puede dejar de ser una simple multa para convertirse en un asunto penal y de seguridad pública. La noticia impresiona por el número, pero preocupa por lo que revela: la velocidad máxima posible no siempre coincide con la velocidad que una vía puede tolerar sin poner vidas en peligro.

Uno de los focos principales de esta campaña de supervisión radica en comprobar que cada conductor mantenga los papeles de su vehículo en estricto orden.

Los controles rutinarios en las vías interurbanas se han vuelto mucho más exhaustivos y los agentes recuerdan que circular sin cumplir con los plazos legales de mantenimiento no solo pone en serio riesgo la integridad física de los ocupantes, sino que también puede traducirse en una severa penalización económica de doscientos euros.

El núcleo de esta campaña de vigilancia se centra en un trámite administrativo y mecánico que resulta familiar para cualquier propietario de un automóvil: la Inspección Técnica de Vehículos.

Pasar esta revisión periódica de forma obligatoria es el único mecanismo que certifica que un coche cumple con los estándares mínimos de seguridad y emisiones contaminantes exigidos por la legislación vigente.

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta evaluación, las estadísticas oficiales revelan un preocupante incremento en el número de conductores que deciden posponer su cita con la estación de inspección o que directamente optan por ignorar la fecha de vencimiento que figura en la ficha técnica de su automóvil.

Ante esta situación de pasividad generalizada, las patrullas policiales han recibido instrucciones claras para monitorizar el estado de vigencia de las inspecciones mediante lectores de matrículas automatizados y comprobaciones directas a pie de carretera.

Las consecuencias de ser interceptado por la Guardia Civil con una inspección caducada son inmediatas y estrictas. En el momento en que los agentes constatan a través de su base de datos conectada con la Dirección General de Tráfico que la fecha límite ha expirado, se inicia el correspondiente proceso sancionador.

La normativa tipifica esta conducta como una infracción grave, castigada con una sanción económica de doscientos euros, la cual puede verse reducida a la mitad si el infractor decide acogerse al beneficio del pronto pago dentro de los veinte días naturales posteriores a la notificación de la denuncia.

No obstante, el perjuicio económico no concluye con la emisión del boletín de denuncia, ya que el agente procederá a retirar de forma temporal el permiso de circulación del vehículo. En su lugar, al conductor se le hace entrega de un volante provisional que tiene una validez limitada de diez días, período estipulado por la ley para acudir de manera obligatoria a una estación autorizada y subsanar la situación del automóvil.

El problema adquiere tintes aún más complejos si el conductor ya se ha presentado a la inspección obligatoria pero su vehículo no ha logrado superar las pruebas pertinentes. Cuando los técnicos dictaminan que el coche presenta un resultado desfavorable debido a la presencia de defectos graves en sistemas críticos como los frenos, la suspensión o los neumáticos, el propietario cuenta con un plazo máximo de dos meses para realizar las reparaciones oportunas en un taller mecánico.

Durante este intervalo de tiempo, el vehículo tiene estrictamente prohibido circular por las vías públicas, quedando autorizado únicamente el trayecto directo desde la estación de inspección hasta el taller, y de regreso para la posterior comprobación.

Si una patrulla de la Guardia Civil detecta que un conductor utiliza su automóvil de forma rutinaria bajo el amparo de una inspección desfavorable, procederá a aplicar exactamente la misma multa de doscientos euros, al considerarse una vulneración directa de las restricciones de circulación por motivos de seguridad.

Más allá del impacto directo en la cartera que suponen las sanciones administrativas, los expertos advierten sobre un peligro colateral de dimensiones mucho mayores.

En el desafortunado caso de sufrir o provocar un accidente de circulación mientras se circula con un coche cuya inspección técnica obligatoria se encuentra vencida o catalogada como desfavorable, las compañías aseguradoras pueden negarse a asumir los costes derivados del siniestro. Ello implica que el propietario responsable debería hacer frente con su propio patrimonio personal a las cuantiosas indemnizaciones por daños materiales y personales ocasionados a terceros.

En definitiva, mantener las inspecciones técnicas obligatorias al día constituye un ejercicio de responsabilidad civil indispensable para eludir costosas sanciones económicas y proteger el bienestar de todas las personas que transitan por la red vial.

Tras una dura batalla legal promovida por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Dirección General de la institución ha dado un vuelco absoluto a la situación al estimar el recurso presentado por el afectado, anulando de forma íntegra el castigo económico y administrativo y determinando que la preservación de la salud individual debe prevalecer frente a cualquier despliegue operativo ordinario.

Los hechos se remontan a la jornada del 20 de agosto del año anterior, coincidiendo con la gran afluencia de público generada por la célebre Fiesta del Agua del Cotillo, y en la que el agente se encontraba prestando servicio en un punto de verificación de alcoholemia y drogas establecido en la carretera insular FV-diez.

Durante el transcurso del dispositivo de vigilancia, el guardia civil comenzó a experimentar un malestar físico progresivo que le impedía continuar desempeñando sus tareas de seguridad vial con plenas garantías.

Siguiendo el protocolo estipulado para estas contingencias, el agente informó a la cadena de mando sobre su precaria situación de salud, comunicándoselo primero a su sargento y posteriormente al teniente que ejercía el mando directo sobre el operativo en carretera.

A pesar de manifestar sus síntomas y de que el relevo oficial aún no se había personado en el punto kilométrico, el funcionario decidió abandonar las dependencias de la calzada para trasladarse a un centro médico privado de la isla.

La atención facultativa corroboró de inmediato la urgencia del cuadro clínico presentado por el agente. El parte emitido por el servicio de urgencias apenas cuarenta minutos después de su marcha de la carretera certificaba la dolencia del paciente y dictaminaba su indisposición formal para el trabajo durante las siguientes cuarenta y ocho horas.

Sin embargo, la interpretación de lo sucedido por parte de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico resultó radicalmente distinta. Las instancias superiores del instituto armado decidieron incoar un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave, catalogada textualmente bajo el concepto de falta de subordinación, amparándose en que el agente supuestamente había desatendido las órdenes de aguardar en su puesto hasta que llegaran sus sustitutos.

El procedimiento administrativo concluyó inicialmente con una sanción drástica consistente en la pérdida de seis días de sueldo y la consiguiente suspensión temporal de sus funciones.

Ante la gravedad del castigo impuesto por velar por su propia integridad física, el funcionario decidió buscar amparo legal a través de la representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas.

La defensa técnica del caso recayó en los servicios jurídicos de la asociación, que articularon un detallado recurso de alzada dirigido a la máxima instancia del cuerpo policial. La argumentación jurídica esgrimida por la letrada se fundamentó de manera prioritaria en la vulneración del derecho constitucional a la salud recogido de forma explícita en el artículo quince de la Carta Magna española.

Los servicios legales sostuvieron con firmeza que una orden de naturaleza laboral o un mandato organizativo no pueden, bajo ningún concepto legal, menoscabar ni anular la necesidad perentoria de recibir asistencia médica, especialmente cuando existía documentación oficial emitida por un facultativo que ratificaba el estado de indisposición y la idoneidad de la retirada del servicio.

El análisis definitivo de la Dirección General de la Guardia Civil secundó punto por punto los planteamientos de la defensa legal del agente. En su resolución del caso, firmada de manera oficial a finales del mes de mayo, la institución determinó que la justificación médica aportada por el guardia civil constituía un elemento eximente incontestable que amparaba legalmente su marcha del dispositivo de control.

El dictamen de la asesoría jurídica concluyó de forma clara que no existió una voluntad de insubordinación o desobediencia voluntaria por parte del agente, sino un acto motivado por una necesidad biológica imperiosa y debidamente acreditada.

La estimación íntegra del recurso de alzada ha conllevado la anulación fulminante de la sanción anterior, lo que obliga a la administración general a restituirle de inmediato todos los conceptos económicos que le habían sido detraídos de sus nóminas, así como a eliminar cualquier anotación desfavorable en su hoja de servicios profesional.

El colombiano, durante su estancia en la capital, dejó momentos positivos, pero este no lo es tanto. Acudiendo a una sesión de entrenamiento en Valdebebas, el mediapunta superó el límite permitido de velocidad de esa carretera y se adentró en la Ciudad Deportiva mientras le seguían unos agentes de la policía. Una situación muy extraña que ha revivido el jugador recientemente en un documental sobre su carrera.

James Rodríguez y su problema con el coche

Los futbolistas suelen poseer modelos de unas prestaciones muy altas debido a sus elevados sueldos. Esto da lugar a colecciones de coches impresionantes, como es el caso de Cristiano Ronaldo. Pero cuando caen en malas manos, esto se puede traducir en una situación peligrosa para el resto de conductores que se puedan topar con ellos en la carretera. A este segundo grupo de futbolistas al volante podríamos decir que pertenece James Rodríguez.

Por mucha fama que tengan o millones que cobren, los futbolistas profesionales son iguales ante la ley que cualquier otra persona. Y en la carretera muchos de ellos lo descubren cuando cometen una irregularidad. Hace poco lo descubrió el jugador Raheem Sterling, que condujo su Lamborghini bajo los efectos de las drogas y fue detenido. James lo descubrió hace años, pero no por una situación tan extrema como la del internacional inglés.

Sucedió el 1 de enero del año 2016. El primer día de aquel año, unos agentes que iban de incógnito por la M-40 fueron sorprendidos al ser adelantados por un coche que iba a gran velocidad. Encendieron las luces y la megafonía para intentar parar a ese conductor, pero se llegaron a poner 200 km/h y no consiguieron darle caza. La persecución acabó en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y ahí descubrieron que al volante iba James Rodríguez.

El jugador del Real Madrid recuerda su incidente

En Valdebebas siempre hay cámaras de televisión esperando a los jugadores del club blanco, ese día no era diferente. Los periodistas allí presentes aquella tarde captaron el momento y no tardó en viralizarse en redes, y no era para menos. “Cuando iba llegando al club, los veo y dije no… y fui meme. Fui chiste cuatro días seguidos dentro del vestuario", rememora el futbolista ‘cafetero’.

En este documental que lleva su nombre y ha salido en Netflix, el que fuera jugador del Real Madrid no tiene problema en hablar de aquella situación que generó tanta controversia alrededor de su persona. Un incidente como aquel trajo mucho debate y James bromea sobre la velocidad que cogió aquel día con su coche de camino al entrenamiento con el primer equipo: “Iba a 220 km/h… mentira, iba a 180”.

El jugador del club blanco tenía en aquel momento un Audi R8, y fue con él con el que cometió la mencionada infracción. Este deportivo de la firma de los cuatro aros contaba con un motor V10 atmosférico de 5.2 litros. La segunda generación de este modelo desarrollaba una potencia que podía llegar a los 610 CV, pasaba de 0 a 100 km/h en solo 3,2 segundos y su velocidad máxima era de 330 km/h. No alcanzó dicha cifra el velocímetro de James, pero tanta potencia le jugó una mala pasada al colombiano, que se saltó las normas.

Tal y como decíamos antes, los futbolistas son uno más en la carretera y deben comportarse como tal cuando van al volante. En aquella ocasión, la Delegación del Gobierno de Madrid en Madrid comunicó la sanción de 10.400 euros al jugador por cometer una infracción grave al desobedecer a la autoridad. Ahora lo recuerda entre risas, pero en aquel entonces se generó una gran polémica con este episodio que ha revivido James Rodríguez en su nuevo documental.

Este suceso ha ocurrido el pasado martes 2 de junio sobre las 10:00 de la mañana. Los agentes de Trànsit de Terres de l’Ebre recibieron el aviso de que varios vehículos de alta gama circulaban con exceso de velocidad dirección Valencia, no ha sorprendido a los Mossos d’Esquadra.

Una carrera entre un Porsche 911 y un BMW M4

Los Mossos d’Esquadra han detenidos a los conductores que circulaban superando de lejos el límite de velocidad. Los dos hombres, uno de 20 y otro de 39 años, se enfrentan a un delito contra la seguridad vial.

Los hechos se han producido en el punto kilométrico 317 de la AP-7. El conductor del Porsche circulaba a 222 km/h y mientras que el del BMW lo hacía a 210 km/h en un tramo limitado a 100 km/h. Los conductores duplicaban el límite permitido para esta carretera.

Ambos conductores han decidido correr en uno de los principales corredores de conexión del Mediterráneo a la altura de Tarragona con Castellón. Los Mossos d’Esquadra no podían permitirse que la operación acabase en un accidente de tráfico que bloquease la conexión con la Comunidad Valenciana.

Una persecución a 200 km/h en la AP-7

Los agentes de Tráfico activaron el dispositivo para interceptar a los conductores de estos vehículos de alta gama sin suponer un riesgo para el resto de usuarios de la vía. Los Mossos han interceptado ambos vehículos a la altura de L’Aldea.

Este tipo de imprudencias son habituales en la AP-7, una de las autopistas con mayor intensidad de tráfico. El delito de exceso de velocidad está tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal con una multa de 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet de conducir.

Al superar el límite por más de 80 km/h, los conductores incluso podrían exponerse a una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad por un tiempo de 31 a 90 días. Además, los propietarios del Porsche y el BMW perderían el derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo de 1 a 4 años.

Algunos optan por coger su dispositivo móvil para contestar mensajes durante el tiempo que dura el semáforo en rojo, pero lo que no saben es que están cometiendo una infracción de igual manera. La Dirección General de Tráfico ha querido dejar claro que es igual de peligroso usarlo en parado o en movimiento, y es por eso que esta simple acción de coger el móvil al pararse en un semáforo puede conllevar una sanción económica y hasta la pérdida de puntos del carnet de conducir.

El peligro de las distracciones al volante

La Dirección General de Tráfico busca establecer la máxima seguridad posible en las carreteras españolas, y esto no solo está enfocado en buscar reducir la velocidad que adoptan algunos conductores a base de radares. Sino que un punto muy importante es perseguir y sancionar las distracciones, que cada vez son más diversas.

El conductor, una vez que se pone al volante, tiene que estar pendiente de su trayecto y de los coches que le rodean para así evitar cualquier tipo de accidente. En este camino suele aparecer un protagonista como es el teléfono móvil, que es la principal causa de distracciones en conductores. El hecho de coger el móvil y usarlo mientras conduces es una actividad que se ha vuelto cotidiana, pero que es muy peligrosa.

Es por ello que la DGT ya intentó erradicar esta tendencia endureciendo en el año 2022 las sanciones a los conductores que cometieran este error. Lamentablemente, esto no acabó con esta tendencia y, tal y como comentábamos anteriormente, sigue siendo el principal foco de distracción en los conductores. Además, hay muchos que tienen verdaderas dudas sobre cuándo están cometiendo una infracción al usar su móvil en el coche y cuándo no.

La DGT aclara la duda de los semáforos

El hecho de que estés cometiendo una infracción si usas el teléfono móvil con el coche en movimiento no deja lugar a dudas, pero donde sí aparece cierta incertidumbre es a la hora de estar detenido en un atasco o en un semáforo. La DGT tiene la respuesta para estos conductores, y es que es catalogada y castigada de igual forma ambas situaciones.

El hecho de distraer tu atención de la carretera hacia el teléfono supone un riesgo muy alto para ti y para el resto de usuarios de la vía, por lo tanto, es algo que está sancionado. La multa puede ser de hasta 200 euros y puede suponer la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Hay mucha gente que desconoce que también afecta en esos momentos en los que estás detenido por un semáforo y acaban siendo sorprendidos con esta sanción que se esperan.

Cuando estás parado temporalmente en un semáforo, se considera que sigues conduciendo por una vía pública, por lo que está catalogado como una infracción idéntica a la de usarlo con el coche en movimiento. Incluso hay conductores que optan por portar el teléfono en un soporte, pero esto también puede acabar en sanción si no está del todo bien colocado o dificulta la visibilidad de la carretera para el conductor.

En definitiva, tanto si estás parado por una circunstancia del tráfico, como puede ser un semáforo en rojo, como si estás circulando, el móvil se debe quedar a un lado sin ser utilizado. En el caso de que lo necesites utilizar de manera urgente, lo mejor es estacionar en un lugar seguro y, ya una vez detenido, puedes usarlo sin problema y sin miedo a sanción. De esta forma, evitas causar cualquier tipo de accidente, y también te evitas el hecho de pagar una multa o perder puntos en tu licencia de conducir.