Mario Arnaldo, presidente de AEA, sobre el cuestionamiento de las ZBE: "Un importantísimo precedente judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos porque este pronunciamiento desvirtúa los argumentos del equipo de gobierno de Almeida"
El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto más de 3,5 millones de multas por un valor de 700 millones de euros, según Automovilistas Europeos Asociados.
En septiembre de 2024, el TSJM declaró la nulidad de pleno derecho de los artículos esenciales que regulaban las Zonas de Bajas Emisiones. Esta decisión adquirió firmeza después de que el Tribunal Supremo inadmitiera a trámite el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Madrid.
Una nueva resolución del TSJM, dictada por la magistrada de la Plaza nº 34 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, ha desarmado la estrategia del Ayuntamiento de la capital de limitar la anulación de sanciones derivadas de las ZBE.
En la sentencia, la magistrada aclara que el consistorio debe invalidar todas las multas impuestas y no sólo aquellas vinculadas a las áreas de especial protección (ZBEDEP), esto es, Distrito Centro y Plaza Elíptica.
El fallo responde a un recurso presentado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), organización de defensa de los conductores, precisamente en defensa de una de sus socias, después de que una de las 477 cámaras que controlan el perímetro general de la M-30 la fotografiara fuera de esas zonas de especial protección.
Un importante precedente en defensa de los ciudadanos
El texto del alto tribunal de Madrid argumenta que “todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (…) quedan afectadas por la declaración de nulidad de la disposición general que les ha servido de cobertura”.
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la resolución supone “un importantísimo precedente judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos” y añade que “este pronunciamiento desvirtúa los argumentos del equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que buscaba minimizar el impacto de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”.
No obstante, a pesar del varapalo judicial, la asociación de los conductores denuncia que el Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con los procesos de cobro.
Según detalla la organización en un comunicado, hace aproximadamente diez días solicitaron formalmente a la Junta de Gobierno local el archivo de oficio de todos los expedientes pendientes de ‘Madrid ZBE’, ‘Distrito Centro’ y ‘Plaza Elíptica’, además de la paralización inmediata de apremios, recargos o embargos en curso.
Sin embargo, AEA constata que la Agencia Tributaria de Madrid continúa ejecutando las órdenes de cobro, lo que califican como una “irregular actuación”.
Por ello, la organización ha anunciado que, si el Ayuntamiento no cesa en su actividad recaudatoria en las próximas semanas, solicitará formalmente al TSJM la ejecución forzosa de la sentencia para frenar el perjuicio económico que sufren cientos de miles de automovilistas.
Más de 700 millones de euros en multas
El alcance económico de esta batalla legal es multimillonario. Según AEA, la ilegalidad afecta a las sanciones impuestas desde diciembre de 2021 hasta el pasado 6 de abril, cuando entró en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad, basándose en los datos oficiales del portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
En total, el número de expedientes sancionadores bajo sospecha supera los 3,5 millones, lo que equivale a un impacto económico global cercano a los 700 millones de euros para las arcas municipales.
Recordemos que el TSJM anuló las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid en septiembre de 2024 tras un recurso presentado por el Grupo Municipal Vox y argumentando que la ordenanza adolecía de una "patente insuficiencia del informe de impacto económico".
La sentencia anuló tanto las restricciones de tráfico en todo el municipio de Madrid, así como las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) en el Distrito Central, conocida como Madrid Central, y en Plaza Elíptica.
Los magistrados basaron su decisión en que las medidas no cumplían con el "principio de proporcionalidad" y el "principio de transición justa", establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El fallo destacó que la ordenanza no evaluó adecuadamente de qué restricciones al tráfico afectarían a personas con dificultades económicas para acceder a vehículos que cumplan con las exigencias ambientales.