20.000 euros de sanción, esta es la multa más cara que te puede poner la DGT
Los inhibidores de radar son dispositivos que alteran el correcto funcionamiento de los cinemómetros. La DGT sanciona su uso con una de las multas más caras que pueden poner.
La tecnología cumple una doble función en materia de seguridad y vigilancia del tráfico. Por un lado, permite el desarrollo de sistemas precisos de medición de la velocidad, conocidos como radares, herramientas muy utilizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). Por otro lado, también da pie a que se inventen dispositivos que puedan evitar las consecuencias de conducir con exceso de velocidad. Y así llegamos a la multa más elevada que puede imponer la DGT por una infracción relacionada con los radares, la cual, curiosamente, no tiene nada que ver con superar los límites de velocidad. De hecho, ni siquiera es necesario que el conductor circule especialmente rápido para enfrentarse a una sanción de 6.000 euros. Basta con llevar instalado en el coche un inhibidor de radares, uno de los dispositivos más perseguidos por Tráfico desde hace años.
La Dirección General de Tráfico considera estos aparatos una de las herramientas más peligrosas para la vigilancia en carretera. Su función consiste en interferir directamente en el funcionamiento de los cinemómetros para evitar que puedan medir correctamente la velocidad del vehículo. En otras palabras, alteran el correcto funcionamiento de los radares e impiden que las cámaras de velocidad cacen a los conductores que se excedan con el acelerador.
Multas por uso y por instalación
Por ese motivo, la legislación española los prohíbe de forma expresa desde hace años. Actualmente, instalar o utilizar un inhibidor de radares está catalogado como una infracción muy grave y puede traducirse en una sanción económica de 6.000 euros, además de la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.
La normativa recoge que está prohibido instalar o llevar en el vehículo cualquier sistema destinado a interferir, alterar o impedir el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. La ley también incluye aquellos dispositivos capaces de emitir señales destinadas a dificultar el trabajo de los radares o de otros equipos de control utilizados por las autoridades.
Se trata de una de las sanciones más severas contempladas por la legislación de tráfico española. De hecho, supera ampliamente las multas habituales por exceso de velocidad e incluso muchas de las infracciones relacionadas con el uso del teléfono móvil al volante o el consumo de alcohol, factores de peso en la siniestralidad vial.
Además, la persecución de estos sistemas va más allá de los conductores que deciden utilizarlos. Los talleres o empresas que instalan inhibidores de radar también pueden enfrentarse a importantes consecuencias económicas. La normativa contempla multas que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros para quienes comercialicen o instalen este tipo de dispositivos destinados a alterar los radares de velocidad.
Inhibidor frente a avisador
Sin embargo, no todos los sistemas relacionados con los radares son ilegales. Conviene distinguir entre inhibidores, detectores y avisadores, ya que cada uno tiene una función diferente y, ante la ley, algunos son ilegales, como los inhibidores, y otros cuyo uso es completamente legal.
Los avisadores de radares continúan siendo legales en España. Estos sistemas funcionan mediante información GPS y bases de datos públicas que indican la ubicación de radares fijos o de tramo. No interactúan con los cinemómetros ni modifican su funcionamiento, simplemente informan al conductor de su presencia. Es precisamente el sistema que utilizan aplicaciones tan populares como Google Maps o numerosos navegadores integrados en vehículos modernos.
En una posición intermedia se encuentran los detectores de radar. Estos dispositivos son capaces de localizar las emisiones de determinados cinemómetros para advertir al conductor de su proximidad. Aunque durante años existió cierta controversia legal alrededor de ellos, la normativa actual es mucho más clara.
Desde la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Tráfico, en marzo de 2022, la sanción no se limita al uso del detector. La simple presencia del dispositivo en el vehículo ya constituye una infracción. En este caso, la multa asciende a 200 euros y lleva aparejada la pérdida de tres puntos del carné de conducir.
La diferencia de trato respecto a los inhibidores es evidente. Mientras que los detectores se limitan a alertar de la existencia de un radar, los inhibidores actúan directamente sobre él para impedir su funcionamiento, razón por la que la legislación los castiga con mucha mayor dureza.
Por tanto, si existe una sanción especialmente temida dentro del ámbito de los radares de velocidad, esa es la de los inhibidores. Los 6.000 euros de multa y la pérdida de seis puntos convierten a estos dispositivos en una de las infracciones más caras que puede imponer la DGT. Una cifra que demuestra hasta qué punto las autoridades consideran prioritario proteger los sistemas de control y vigilancia que operan en las carreteras españolas.
