A pesar de contar con réplicas exactas de algunos de los automóviles más icónicos y supuestamente infalibles de la televisión de los años ochenta, la fantasía de escapar de la justicia no le sirvió para evitar que los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado pusieran fin a sus actividades ilícitas. La minuciosa investigación, que se ha prolongado durante un año de discretas pesquisas a cargo de la UDYCO de Las Palmas y de la UDYCO Central, culminó con la detención de siete personas.

Entre los arrestados destaca de manera preocupante la figura de un inspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, quien presuntamente utilizaba su posición y conocimientos para dar cobertura de seguridad y facilitar las operaciones de la banda. El grupo criminal contaba con una infraestructura logística altamente organizada y se encargaba de la introducción, el almacenamiento y la posterior distribución de importantes partidas de hachís y cocaína en distintas islas del archipiélago.

El detonante que aceleró la fase de explotación de la Operación Tijuana se produjo cuando los investigadores detectaron un movimiento clave de distribución. Varios miembros de la red fueron interceptados mientras transportaban más de trescientos kilogramos de hachís en el interior de una furgoneta de alquiler. Este hallazgo fue el resorte que permitió a la autoridad judicial autorizar seis entradas y registros de forma simultánea en inmuebles y locales comerciales repartidos por los municipios grancanarios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Durante el despliegue de los registros, las fuerzas del orden se incautaron de dos kilogramos de cocaína de gran pureza, 55.000 euros en dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas listas para ser utilizadas, abundante documentación y una docena de teléfonos móviles. Además, la policía intervino una embarcación semirrígida que el grupo empleaba presumiblemente para el traslado de la mercancía por vía marítima y un total de ocho vehículos. Fue precisamente al analizar la flota intervenida al cabecilla de la organización cuando los agentes se llevaron una de las sorpresas más llamativas del operativo.

Juke, el líder de la red, ocultaba en sus propiedades réplicas exactas de vehículos legendarios de la cultura popular televisiva de hace cuatro décadas. Entre los coches incautados destacaba un Pontiac Firebird Trans Am de color negro, modificado con sumo detalle para imitar a KITT, el célebre vehículo dotado de inteligencia artificial de la serie El coche fantástico. Justo al lado, los agentes localizaron una furgoneta GMC Vandura idéntica a la que utilizaban los personajes de El Equipo A, con su clásica pintura negra y la icónica franja roja cruzando la carrocería.

Sin embargo, a diferencia de los héroes de la ficción televisiva, los integrantes de esta red de narcotráfico operaban bajo la sombra de la ilegalidad real y con conexiones directas con peligrosas redes de carácter internacional, concretamente vinculadas al denominado Cártel de los Balcanes.

El contraste entre la nostalgia de la ficción y la dureza de las actividades delictivas de la banda quedó patente tras analizar el volumen de droga incautado y el sofisticado sistema de blanqueo y ocultación que utilizaban en el archipiélago. Los míticos coches de Juke, que en la televisión representaban la lucha por la justicia y la huida de las autoridades policiales, terminaron convirtiéndose en mudos testigos del desmantelamiento de su imperio delictivo.

La Operación Tijuana ha supuesto un duro golpe a las vías de entrada de hachís y cocaína en las Islas Canarias y ha puesto de manifiesto la eficacia de la cooperación entre las diferentes unidades de la Policía Nacional para atajar la corrupción interna y la delincuencia organizada de gran escala en el territorio insular.

"Hoy estamos dando el pistoletazo de salida a una campaña especial que pone en marcha la Dirección General de Tráfico entre los días 13 y 19 de julio, de control y prevención del consumo de alcohol y drogas al volante", señala el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano.

"Se trata de una campaña eminentemente preventiva que, como digo, se desarrollará en la provincia de Sevilla durante estos próximos días, y que tiene antecedentes en los años anteriores", añade.

De hecho, si vemos los datos de 2025, de las 104 personas que dieron positivo en este control, el 0,8% de los conductores fue por alcohol y el de drogas ascendió al 32,9%. Por lo que, de 6.057 conductores que se sometieron a estos controles, el 1,7% dio positivo.

En este sentido, Francisco Toscano ha destacado la importancia de estos controles preventivos, especialmente en el periodo de las vacaciones de verano; y ha subrayado que el 95,8% de los conductores detectados al volante tras haber consumido alcohol o drogas "fue tras un control preventivo" y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

Asimismo, la DGT ha señalado que los controles preventivos son una herramienta "fundamental" para detectar a aquellos que se ponen al volante tras ingerir alcohol u otras drogas, poniendo en peligro "no solo su seguridad, sino la del resto de usuarios de la vía".

El consumo de alcohol se ha disparado en los conductores

Estos controles no son baladíes, ya que, tal y como informa el subdelegado del Gobierno en Sevilla, en los últimos años el consumo excesivo de alcohol al volante ha crecido y ya es el segundo factor más común en los accidentes.

Además, Toscano ha pedido "responsabilidad" de los conductores y se ha sumado al llamamiento de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym) para que, antes de ponerse al volante, los automovilistas se pregunten "si están o no en condiciones de coger el coche" y si quieren poner en peligro sus propias vidas, las de sus familias y amigos, y las del resto de los ciudadanos. "La única tasa segura al volante es cero", ha asegurado.

Desgranando más los datos de la campaña de 2025, en lo referente al alcohol, se realizaron 5.884 pruebas, resultando positivas menos del 1%, es decir, un total de 47 conductores.

De estos, 44 fueron detectados en controles preventivos; uno tras haber cometido una infracción; otro por estar implicado en un accidente y un último por presentar síntomas evidentes de ingesta de esta sustancia.

De los 47 conductores que dieron positivo, a seis se les instruyeron diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 miligramos por litro en aire espirado.

A pesar de ello, la DGT ha destacado que en Sevilla ningún conductor se negó a realizar las pruebas. Durante la campaña se detectó a 302 conductores que no superaban la tasa máxima permitida pero sí conducían.

En el caso de las drogas, se realizaron 173 pruebas, de las cuales 57 dieron positivo en los tests indiciarios, lo que supone el 32,9% del total. De ellos, 51 fueron detectados en controles preventivos, tres tras haber cometido una infracción y otros tres por estar implicados en un accidente.

Como viene siendo habitual, el cannabis, es la principal sustancia presente en los casos positivos, seguido de la cocaína, las anfetaminas y metanfetaminas y los opioides.

Los hechos comenzaron a desarrollarse en torno a las primeras horas de la madrugada, cuando los sistemas de seguridad de una nave del mencionado complejo industrial alertaron de una intrusión en sus instalaciones. La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil, tras recibir la señal de alarma confirmada como positiva, movilizó con urgencia a varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la zona.

Conscientes de que los autores materiales del asalto disponían de escasos minutos de ventaja, la Jefatura del Instituto Armado en la provincia activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda y cierre por las principales vías de comunicación de la región salmantina. Para optimizar el radio de acción y asegurar las posibles vías de escape hacia la capital o las provincias limítrofes, la Guardia Civil compartió de forma simultánea todos los datos e indicios recabados con la Policía Local de Salamanca, estableciendo un estrecho marco de colaboración y cruzando datos sobre un vehículo sospechoso que portaba un enganche para remolques.

Las pesquisas iniciales en el entorno del polígono industrial determinaron que los ladrones no emplearon medios propios para perpetrar el robo de la moto de agua. Para el traslado de la embarcación utilizaron un turismo, concretamente un modelo Seat Ibiza de color blanco equipado con una bola de remolque trasera, que constaba en las bases de datos policiales como sustraído pocas horas antes.

La presión policial ejercida por las patrullas desplegadas y la rapidez en la difusión de las características físicas del turismo y la carga remolcada resultaron determinantes para el desarrollo del suceso. Ante el riesgo inminente de ser interceptados en un control de carretera, los presuntos responsables de la sustracción decidieron desviar su trayectoria inicial y adentrarse en el término municipal de Ventosa del Río Almar, una pequeña localidad de la provincia.

Fue en este punto geográfico donde las unidades de la Guardia Civil localizaron el coche y el remolque con la moto acuática todavía acoplada, abandonados a toda prisa por sus ocupantes en su intento por eludir la acción de la justicia. Una vez asegurados los dos vehículos y la embarcación, los especialistas de la Guardia Civil procedieron a realizar una minuciosa inspección técnico-ocular tanto en el exterior como en el habitáculo del Seat Ibiza recuperado, así como en los componentes mecánicos y el carenado de la moto de agua.

Desde entonces, el objetivo prioritario de estas labores periciales es la recogida de huellas dactilares, restos biológicos u otros indicios físicos que permitan determinar de forma inequívoca la identidad de las personas que manejaron los mandos del coche y organizaron el robo en la nave de Los Villares.

La Comandancia de Salamanca ha confirmado que, pese al éxito que supone haber devuelto los efectos robados a sus legítimos propietarios de manera prácticamente inmediata, la investigación policial se mantiene formalmente abierta y en una fase muy activa. Las unidades de la Policía Judicial centran ahora sus esfuerzos en reconstruir los movimientos exactos del turismo desde su sustracción inicial hasta su abandono, con el propósito de localizar y proceder a la detención de los presuntos autores en las próximas horas.

La seguridad vial es el pilar fundamental sobre el que pivotan las recomendaciones de la institución armada en el momento de emprender la marcha. El transporte de mascotas dentro del habitáculo de un vehículo está estrictamente regulado y no responde a una mera cuestión de comodidad, sino a una imperiosa necesidad de seguridad física en caso de accidente o frenazo brusco.

Un animal que viaja suelto en el interior del coche se convierte, ante una deceleración repentina, en un proyectil de gran peso que puede causar lesiones mortales tanto a sí mismo como a los pasajeros delanteros. Por este motivo, la Guardia Civil incide en que los animales deben ir perfectamente sujetos mediante sistemas de retención homologados, adaptados siempre al tamaño y características de cada especie.

Para los perros de tamaño pequeño y los gatos, la opción más recomendada por las autoridades es el uso de un transportín adecuado. Este habitáculo debe colocarse preferiblemente en el suelo del vehículo, encajado detrás de los asientos delanteros, ya que esta ubicación es la que ofrece mayor estabilidad y minimiza el impacto de los movimientos bruscos. Si el transportín es demasiado grande para situarse en el suelo, debe ubicarse en el maletero en una posición transversal al sentido de la marcha, asegurando siempre que exista una correcta ventilación en este espacio.

Por su parte, para los perros de mayor envergadura, la alternativa óptima pasa por el uso de arneses con doble enganche de seguridad que se conecten directamente a los anclajes de los cinturones de seguridad del vehículo, o bien la instalación de una rejilla divisoria rígida que separe el maletero del habitáculo de los pasajeros, permitiendo al animal moverse con cierta libertad sin posibilidad de interferir en la conducción.

Más allá de los sistemas de sujeción física, el bienestar físico y emocional del animal durante el trayecto es otro de los aspectos clave señalados por la benemérita. Los viajes largos en automóvil pueden resultar sumamente estresantes para las mascotas, provocando cuadros de ansiedad, mareos o deshidratación.

Para mitigar estos efectos, es imprescindible planificar paradas periódicas a lo largo de la ruta, aproximadamente cada dos horas, coincidiendo con los descansos recomendados para el propio conductor. Durante estas pausas, se debe ofrecer agua fresca al animal en pequeñas cantidades para evitar cortes de digestión, permitirle caminar y estirar las patas, y realizar sus necesidades en un entorno tranquilo y seguro, siempre bajo la supervisión de sus dueños y sujetos con correa para evitar fugas provocadas por el asombro o el ruido del tráfico.

Un peligro recurrente y de extrema gravedad durante los meses de altas temperaturas es el golpe de calor. La Guardia Civil reitera una advertencia crucial que, a pesar de su insistencia, sigue registrando incidentes fatales cada año: bajo ninguna circunstancia se debe dejar a una mascota sola en el interior de un vehículo estacionado, ni siquiera por unos pocos minutos o con las ventanillas parcialmente abiertas. La temperatura dentro de un coche expuesto al sol puede ascender de manera exponencial en cuestión de instantes, alcanzando niveles incompatibles con la vida del animal y convirtiendo el habitáculo en una trampa mortal.

Finalmente, la preparación del viaje con mascotas también exige una rigurosa atención a la documentación sanitaria y legal correspondiente. Antes de iniciar la marcha, es responsabilidad del propietario asegurarse de que el animal cuenta con el microchip de identificación obligatorio debidamente registrado, la cartilla de vacunación al día con todas las dosis requeridas por la normativa de la comunidad autónoma de destino o del país que se vaya a visitar, y el pasaporte para animales de compañía si el viaje cruza fronteras internacionales.

Con estas pautas de prevención, seguridad y bienestar, las autoridades buscan que el trayecto por carretera sea una experiencia segura y placentera para todos los integrantes del vehículo, promoviendo una cultura de tenencia responsable que proteja tanto la vida humana como la animal.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la institución armada ha recordado que el factor determinante para convertirse en el objetivo de un delincuente no es la nacionalidad, el estatus de visitante o la procedencia, sino el grado de atención que se presta al entorno. La premisa es clara y contundente: los delincuentes no buscan turistas, buscan personas despistadas.

Esta advertencia se enmarca dentro de las campañas periódicas de prevención que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan para mitigar la actividad de los carteristas y de quienes practican hurtos menores en zonas de gran concurrencia. Tradicionalmente, ha existido la creencia generalizada de que los visitantes extranjeros son el blanco preferencial de las bandas organizadas dedicadas a la sustracción de carteras, teléfonos móviles y equipajes.

No obstante, las autoridades insisten en que los infractores de este tipo de delitos actúan de manera oportunista, seleccionando a sus víctimas no por su condición de viajeros, sino por la vulnerabilidad que proyectan al encontrarse distraídos, absortos en sus teléfonos o desatentos con sus pertenencias personales.

Es más, el análisis de la actividad delictiva en áreas comerciales, estaciones de transporte, playas y terrazas de hostelería revela que el modus operandi de los delincuentes se basa fundamentalmente en la distracción. La Guardia Civil señala que el perfil del infractor actual es el de un observador minucioso que detecta con rapidez los descuidos cotidianos.

Un bolso colgado en el respaldo de una silla, una cartera en el bolsillo trasero del pantalón o un teléfono inteligente depositado sobre la mesa de una terraza son señales inequívocas que facilitan la comisión del delito en cuestión de segundos. Para los delincuentes, estos descuidos representan una oportunidad de bajo riesgo y alta recompensa, independientemente de que la víctima sea un residente local o un visitante procedente de otro país.

Asimismo, la institución subraya la importancia de desconfiar de ciertas conductas sospechosas que suelen utilizarse como técnicas de distracción provocada. Métodos clásicos como el truco de la mancha, en el que un desconocido advierte amablemente a la víctima de que tiene la ropa sucia e intenta limpiarla, o las peticiones de firmas para falsas causas benéficas son estrategias habituales para desviar la atención mientras un cómplice perpetra el robo.

Del mismo modo, las preguntas sobre direcciones o la simulación de caídas y tropiezos en espacios muy concurridos son dinámicas recurrentes que buscan generar confusión. Al poner el foco en la distracción y no en el origen de las personas, la Guardia Civil pretende concienciar a toda la población sobre la necesidad de mantener una actitud de alerta constante.

La seguridad ciudadana, según explican los portavoces policiales, es una tarea compartida que empieza por la prevención individual. Al adoptar hábitos sencillos de autoprotección, como mantener las pertenencias siempre a la vista, asegurar los cierres de las mochilas en el transporte público y no exhibir objetos de gran valor de forma innecesaria, se reduce drásticamente la probabilidad de convertirse en una víctima propiciatoria.

Junto a ello, las autoridades recuerdan que el delincuente busca la vía de menor resistencia y que, ante una persona que se muestra atenta y consciente de su entorno, el delincuente suele desistir de su intento por el riesgo que le supone ser descubierto.

En definitiva, este aviso de la Guardia Civil sirve como un recordatorio fundamental de que la seguridad no está reñida con el disfrute del tiempo libre, sino que depende directamente de la responsabilidad personal. Al desmitificar la idea de que solo los turistas están expuestos a estos incidentes, las fuerzas de seguridad apelan a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos.

Mantener los ojos abiertos, ser conscientes de las pertenencias y desconfiar de las aproximaciones excesivamente amables o inusuales son las mejores herramientas para evitar que un momento de ocio se convierta en una experiencia desagradable.

Nunca es buen momento para que te pongan una multa, pero aún menos cuando te vas de vacaciones, ya que te las puede amargar. Sobre todo, en un contexto económico como el actual, en el que muchas familias tienen que hacer malabares para poder disfrutar de unos días en la playa o en el destino que sea.

Por supuesto, el conductor es el que debe prestar más atención a todo lo que ocurre en la carretera, respetar los límites de velocidad y cumplir el resto de las normas viales. Pero no es el único: en algunos casos, los pasajeros tampoco se van de rositas.

En concreto, hablamos de una práctica que, por desgracia, todavía sigue siendo habitual en muchas personas: tirar una colilla o un cigarro por la ventanilla. Esto puede ser muy peligroso en esta época del año en la que aprieta el calor, porque puede provocar un incendio.

De hecho, según el Ministerio de Medioambiente, el 3% de los incendios forestales tiene su origen en las colillas que se lanzan desde algún vehículo. Por ello, las campañas de concienciación insisten en evitar esta práctica durante todo el año, especialmente en verano. Y la Guardia Civil extrema la vigilancia.

Tirar una colilla o cigarro por la ventanilla, multa de 500 euros y seis puntos del carné

Las multas más graves suelen estar relacionadas con rebasar la velocidad máxima permitida. En función de la velocidad a la que te cace el radar, la cuantía oscila entre los 100 y los 600 euros, así como la pérdida de hasta seis puntos del carné.

Pero la DGT también te puede poner otras multas que pueden arruinarte unas vacaciones, como arrojar objetos por la ventanilla. Se trata de una práctica que, además de incívica, puede crear situaciones de peligro, especialmente tirar una colilla.

Es una de las infracciones más castigadas, ya que, además de provocar un accidente de tráfico, puede dañar el medioambiente. Ocasionar un incendio, sin ir más lejos, algo que, desgraciadamente, tenemos que lamentar cada verano.

La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial prohíbe expresamente lanzar a la vía o a sus inmediaciones cualquier objeto que pueda provocar incendios o afectar a la seguridad vial, especialmente cigarros.

La normativa tipifica esta conducta como una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Por eso, esta acción se castiga con una multa de 500 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

Antes de la reforma de la legislación llevada a cabo en 2021, la sanción por hacer el mismo gesto era de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Pero, desde entonces, Tráfico ha endurecido la multa, precisamente, por la gravedad que entraña.

Aun así, todavía hay muchas personas que creen que arrojar una colilla por la ventanilla del coche es una infracción menor, por eso la DGT recuerda en su cuenta de X que “tirar una colilla por la ventanilla de tu vehículo puede hacerte perder 6 puntos del permiso de conducción y 500 euros de multa, pero sobre todo puede provocar un desastre de tales proporciones que ni te imaginas”.

Además de las sanciones administrativas, si la colilla que se tira desde el coche termina provocando un incendio forestal, entonces la acción pasa a considerarse delito, tipificada en el Código Penal, y puede acarrear penas de cárcel de tres a seis años.

A través de un video divulgado en su cuenta oficial, una agente del cuerpo de seguridad del Estado ha revelado una recomendación que consiste en dejar abrochados los cinturones de las plazas traseras del coche de manera permanente, independientemente de que dichos asientos viajen sin pasajeros.

El objetivo fundamental de esta insólita recomendación no es otro que salvaguardar la integridad de quienes viajan en la parte delantera mediante una barrera física de contención. La agente explica detalladamente que en el supuesto de sufrir una colisión o un impacto brusco contra otro vehículo o un obstáculo en la vía, el peso de las maletas, paquetes y bultos que transportamos habitualmente en el interior del maletero tiende a proyectarse de forma extremadamente violenta hacia adelante debido a las leyes físicas de la inercia.

Cuando este fenómeno físico ocurre, la fuerza del impacto generado por el equipaje puede llegar a ser de tal magnitud que es capaz de ceder, doblar o directamente tumbar los respaldos de los asientos posteriores, permitiendo que toda la carga almacenada en la parte trasera del automóvil acabe invadiendo de forma descontrolada el interior del habitáculo.

Al abrochar los cinturones de seguridad de los asientos de atrás, aunque nadie vaya sentado en ellos, los tirantes y el mecanismo de anclaje de los propios cinturones actúan como un arnés de refuerzo estructural que incrementa notablemente la resistencia de los respaldos frente a los golpes. De este modo, al quedar cruzados sobre los asientos vacíos, los cinturones añaden un soporte adicional crucial que reduce al mínimo el riesgo de que la estructura del asiento venza por culpa de la presión mecánica ejercida por los objetos que se encuentran almacenados justo detrás.

Este consejo cobra una relevancia vital, especialmente en períodos festivos o de vacaciones, momentos del año en los que los automóviles circulan habitualmente mucho más cargados debido a los desplazamientos largos y los viajes familiares. La Guardia Civil aprovecha este espacio de difusión digital para recordar asimismo que la correcta colocación del equipaje dentro del espacio destinado para ello es fundamental para garantizar una conducción estable y segura.

La norma de seguridad primordial en este sentido pasa por colocar siempre los bultos y maletas de mayor peso y volumen en la zona baja del maletero, situándolos lo más pegados posible al suelo y directamente contra el respaldo de los asientos de atrás. Con esta técnica de estiba, no solo se consigue mantener el centro de gravedad del coche en una posición baja y equilibrada, lo que mejora drásticamente la estabilidad general durante la marcha, sino que también se optimiza la absorción de las fuerzas en el caso indeseado de experimentar una deceleración imprevista.

Por otra parte, desde el cuerpo de la Benemérita se hace especial hincapié en la peligrosidad extrema que representa llevar cualquier tipo de objeto suelto en las bandejas traseras o sobre los propios asientos del habitáculo. Elementos cotidianos que pueden parecer inofensivos, tales como un teléfono móvil, una botella de agua medio llena, un libro o un simple bolso, duplican o triplican su masa real en cuestión de milisegundos cuando se produce un frenazo súbito o un choque circulando a velocidades de autovía.

Un bulto pequeño que pesa apenas unos gramos en condiciones normales puede transformarse por efecto de la aceleración en un proyectil letal que sale despedido hacia adelante con una potencia desmedida capaz de ocasionar heridas craneales graves a cualquiera de los ocupantes.

A través de iniciativas de comunicación dinámicas y cercanas como la publicada en su perfil de Instagram, las fuerzas de seguridad buscan que la ciudadanía interiorice pequeños rituales diarios que transformen por completo la cultura de la prevención vial en nuestro país. Gestos que apenas requieren unos segundos antes de iniciar la marcha marcan de forma clara la diferencia en las estadísticas de siniestralidad.

Al final del día, la seguridad en la carretera se compone de la suma de múltiples factores y conductas responsables donde cada pequeño detalle cuenta y donde un simple truco profesional puede evitar tragedias mayores en el asfalto.

La norma está pendiente de la aprobación previa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, así como la firma conjunta de los Ministros de Interior y Defensa.

Se estima que la nueva orden se publique en el Boletín Oficial del Estado en otoño y entre en vigor al día siguiente de su publicación, salvo las disposiciones transitorias específicas de cada especialidad.

Al respecto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha elaborado un análisis detallado del proyecto normativo. Según se expone en la orden ministerial, esta modificación responde a tres objetivos principales.

En primer lugar, la adaptación a nuevas realidades operativas y tecnológicas (drones, ROV, amenaza NRBQ específica); en segundo lugar, la optimización de la gestión de recursos humanos, eliminando rigideces que dificultan la cobertura de vacantes; y tercero, la retención del talento especializado, habilitando puestos en situación de reserva para especialistas de alta cualificación.

Cambios en la Orden de Especialidades de la Guardia Civil

El texto, actualmente en tramitación y pendiente de publicación en el BOE (previsiblemente en otoño de 2026), introduce cambios de calado en varias especialidades.

Por una parte, se crean nuevas modalidades, como el Operador de ROV en Actividades Subacuáticas y el Dron y C-Dron en la Especialidad Aérea; por otra, se constituye la especialidad NRBQ independiente.

Asimismo, se reestructura la especialidad de Criminalística en tres modalidades diferenciadas, se suprime la modalidad Instructor de Guía de Perros en Cinológica y se adaptan denominaciones en Tráfico, entre otras modificaciones.

La norma incluye además medidas transversales que afectan a los periodos de servidumbre, los empleos mínimos de obtención, la habilitación de puestos en situación de reserva para todas las especialidades, y la supresión del límite de edad de acceso en determinadas modalidades.

Atestados pasa a llamarse Investigación de Siniestros Viales (TRIS)

Dentro de la especialidad de Tráfico, la sección de Atestados de la Guardia Civil cambia de denominación y pasa a llamarse Investigación de Siniestros Viales (TRIS).

AUGC pone a disposición de todos los miembros del Instituto Armado un documento que se puede descargar aquí, en el que ofrece un análisis completo con tablas de periodos de servidumbre, empleos de obtención por escala y disposiciones transitorias aplicables, para facilitar la comprensión de los cambios que afectarán a quienes ya tienen especialidad y a quienes deseen obtenerla.

Varias patrullas de la Guardia Civil estaban realizando un control rutinario en la A-381, la autovía Jerez-Los Barrios. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo cuando el conductor circulaba a la altura de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz.

Un conductor nervioso que hizo saltar las alamas

El conductor no superaba el límite de velocidad, pero estaba obligado a detenerse en un control rutinario. Los agentes no tardaron en notar algo extraño, el propietario del Audi Q7 estaba demasiado nervioso como para no haber cometido ningún delito, lo que despertó las sospechas de la Guardia Civil.

Los agentes no dudaron en revisar el coche de lujo a fondo, no tardaron en encontrar dos bolsas de deporte sospechosas en las plazas traseras. Cuando abrieron las mochilas, encontraron fajos de billetes de distinto valor, así que el siguiente paso era preguntar por su procedencia.

No respondió a la pregunta, así que todo apuntaba a un origen ilegal. Tras incautar las bolsas y contar todos los billetes, los agentes descubrieron que el conductor del Q7 llevaba 815.775 euros en efectivo.

Una pena de prisión y una multa millonaria

El conductor se enfrenta a un posible delito de blanqueo de capitales, no pudo aportar la documentación necesaria que acredite la procedencia de los 815.775 euros. Hay que recordar que el límite máximo de dinero en metálico que puede llevar un ciudadano español en territorio nacional es de 100.000 euros.

Si necesita utilizar una cantidad superior en efectivo, se debe comunicar a Hacienda mediante el formulario S1, que revisará el origen lícito del dinero. Además, esta cantidad se reduce a 10.000 para los ciudadanos extranjeros en España.

Este delito se regula en los artículos 301 a 304 del Código Penal con una posible pena de cárcel desde los seis meses a los seis años para el conductor del Audi. A esto se suma una enorme multa del triple de la cantidad incautada, un total de 2.447.325 euros.

El conductor ha pasado a disposición judicial. El propietario del Audi tendrá que demostrar que este dinero no procede de una organización criminal, del tráfico de drogas, corrupción urbanística, cohecho o malversación de fondos públicos. La pena podría ser incluso mayor en cualquiera de estos casos.

El origen de la polémica se remonta al Pleno del Consejo de la Guardia Civil celebrado en diciembre de 2025. En aquella reunión, según explica la AUGC, el segundo jefe de la Agrupación de Tráfico trasladó que el uso del chaleco airbag no quedaba sujeto a la decisión de los mandos y que los motoristas podían optar por realizar el servicio en un coche cuando así lo considerasen oportuno, utilizando para ello su propio criterio profesional y sin necesidad de solicitar autorización previa. La asociación sostiene que este compromiso quedó reflejado expresamente en el acta oficial de la reunión.

Los agentes piden elegir cuándo patrullar en coche o moto

Además, el Mando de Operaciones se habría comprometido a comunicar esos criterios de flexibilidad por escrito a todas las unidades de la Agrupación de Tráfico para que existiera una interpretación uniforme en todo el territorio. Sin embargo, la AUGC asegura que lo que finalmente ha llegado a las unidades es justamente lo contrario.

La organización considera que la instrucción publicada el 9 de mayo bajo el título “Criterios operativos sobre el uso de motocicletas en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil” cambia por completo el planteamiento que se había trasladado en el Consejo.

Según explica, el documento sitúa a los mandos como elemento central a la hora de determinar el servicio, califica la flexibilidad como una medida excepcional y, además, niega expresamente que lo tratado en el Consejo suponga el reconocimiento de un derecho de libre elección del medio con el que prestar servicio.

Para la AUGC, esta nueva instrucción supone una revocación de facto de los compromisos adquiridos anteriormente. La asociación considera que se está intentando presentar como una simple aclaración lo que en realidad sería un cambio sustancial respecto a lo acordado meses antes. En su comunicado, incluso sostiene que esta actuación entra en conflicto con los principios de buena fe y confianza legítima recogidos en la legislación administrativa española.

Obligados a usar el chaleco airbag en días de calor

Pero la controversia no se limita únicamente a la cuestión de si un agente puede escoger entre moto o coche para realizar el servicio. Otro de los puntos que ha provocado el enfrentamiento tiene que ver con los criterios de prevención de riesgos laborales aplicados a los motoristas.

La instrucción mantiene sin cambios el rango térmico para la utilización del chaleco airbag, estableciendo que puede utilizarse con temperaturas comprendidas entre los 7 y los 35 grados centígrados. El problema, según denuncia la AUGC, es que el propio Servicio de Prevención de la Guardia Civil habría recomendado una temperatura máxima inferior.

Concretamente, la asociación señala que el informe PSI-08-25-OPCM, elaborado el 14 de julio de 2025 por el Servicio de Prevención, recomendaba reducir ese límite máximo hasta los 32 grados. El motivo era que determinadas prendas de trabajo utilizadas por los motoristas, entre ellas el chaleco airbag, dificultan la evacuación del calor corporal y pueden incrementar el riesgo para los agentes durante los meses más calurosos del año.

A juicio de la AUGC, la nueva instrucción ignora esa recomendación técnica sin aportar ninguna explicación que justifique mantener el límite en los 35 grados. La asociación considera especialmente llamativo que se invoquen criterios preventivos para respaldar la norma mientras, al mismo tiempo, se deja de lado la opinión del propio órgano técnico encargado de la prevención de riesgos laborales dentro de la Guardia Civil.

Ante esta situación, el secretario jurídico de la AUGC ha remitido un escrito formal al general jefe de la Agrupación de Tráfico solicitando varias aclaraciones. Entre ellas, pide que se facilite una copia del informe preventivo que avalaría el mantenimiento de los 35 grados como temperatura máxima. Y en caso de que dicho informe no exista, solicita que se identifique al técnico de riesgos laborales que sustenta esa decisión.

La asociación argumenta que si la Administración utiliza criterios de prevención para justificar una norma que contradice las recomendaciones emitidas por su propio servicio especializado, debe acreditar de forma clara cuál es la base técnica sobre la que se apoya esa decisión.

Mientras tanto, la AUGC mantiene una postura firme y considera que la seguridad de los agentes motoristas no debe depender de instrucciones que, según sostiene, contradicen los acuerdos alcanzados anteriormente y dejan de lado las recomendaciones de los propios especialistas en prevención de riesgos laborales.

Los agentes han empezado a perseguir a empresas fantasmas encargadas de distribuir combustibles. Estas compañías desaparecen a los pocos meses sin dejar ningún rastro, lo que les permite escapar de pagar el IVA, pero el objetivo de la Guardia Civil es otro.

Cuidado con el combustible demasiado barato

Las distribuidoras de combustible fantasmas son solo la punta del iceberg. La Guardia Civil está empezando a aumentar los controles a los conductores que tienen acceso a gasóleo bonificado destinado a vehículos de transporte y profesionales.

Los conductores consiguen rellenar el depósito de su coche con un diésel de calidad prácticamente idéntica, pero mucho más barato. El litro de este combustible bonificado cuesta entre 1 y 1,20 euros en función de la estación de servicio.

Este viejo truco que se creía olvidado ha regresado con fuerza tras la guerra de Irán y la posterior subida de los precios de los carburantes. Conforme el combustible roza los 2 euros el litro, los conductores buscan alternativas poco legales.

Multa de hasta 12.000 euros

La Guardia Civil advierte que están aumentando los controles en los entornos rurales para verificar que los conductores utilizan el carburante correcto. Los agentes de Tráfico solo deben sacar una pequeña muestra del depósito del vehículo.

El gasóleo agrícola tiene un color rojizo que le diferencia a simple vista del combustible de uso convencional. Incluso si has repostado unas semanas atrás y has vuelto a llenar el depósito con diésel convencional, puede que siga siendo algo rojo.

Las distribuidoras de combustible añaden un colorante rojo al carburante que puede crear sedimentos que se acumulan hasta meses después de repostar. Si los agentes sospechan que puede ser combustible agrícola, manda la muestra a analizar a los laboratorios oficiales.

Si se confirma que es combustible bonificado de uso agrícola, las multas pueden ir desde los 600 euros para turismos pequeños, hasta 1.200 para los mediados y más de 12.000 euros para vehículos comerciales e industriales.

Uno de los focos principales de esta campaña de supervisión radica en comprobar que cada conductor mantenga los papeles de su vehículo en estricto orden.

Los controles rutinarios en las vías interurbanas se han vuelto mucho más exhaustivos y los agentes recuerdan que circular sin cumplir con los plazos legales de mantenimiento no solo pone en serio riesgo la integridad física de los ocupantes, sino que también puede traducirse en una severa penalización económica de doscientos euros.

El núcleo de esta campaña de vigilancia se centra en un trámite administrativo y mecánico que resulta familiar para cualquier propietario de un automóvil: la Inspección Técnica de Vehículos.

Pasar esta revisión periódica de forma obligatoria es el único mecanismo que certifica que un coche cumple con los estándares mínimos de seguridad y emisiones contaminantes exigidos por la legislación vigente.

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta evaluación, las estadísticas oficiales revelan un preocupante incremento en el número de conductores que deciden posponer su cita con la estación de inspección o que directamente optan por ignorar la fecha de vencimiento que figura en la ficha técnica de su automóvil.

Ante esta situación de pasividad generalizada, las patrullas policiales han recibido instrucciones claras para monitorizar el estado de vigencia de las inspecciones mediante lectores de matrículas automatizados y comprobaciones directas a pie de carretera.

Las consecuencias de ser interceptado por la Guardia Civil con una inspección caducada son inmediatas y estrictas. En el momento en que los agentes constatan a través de su base de datos conectada con la Dirección General de Tráfico que la fecha límite ha expirado, se inicia el correspondiente proceso sancionador.

La normativa tipifica esta conducta como una infracción grave, castigada con una sanción económica de doscientos euros, la cual puede verse reducida a la mitad si el infractor decide acogerse al beneficio del pronto pago dentro de los veinte días naturales posteriores a la notificación de la denuncia.

No obstante, el perjuicio económico no concluye con la emisión del boletín de denuncia, ya que el agente procederá a retirar de forma temporal el permiso de circulación del vehículo. En su lugar, al conductor se le hace entrega de un volante provisional que tiene una validez limitada de diez días, período estipulado por la ley para acudir de manera obligatoria a una estación autorizada y subsanar la situación del automóvil.

El problema adquiere tintes aún más complejos si el conductor ya se ha presentado a la inspección obligatoria pero su vehículo no ha logrado superar las pruebas pertinentes. Cuando los técnicos dictaminan que el coche presenta un resultado desfavorable debido a la presencia de defectos graves en sistemas críticos como los frenos, la suspensión o los neumáticos, el propietario cuenta con un plazo máximo de dos meses para realizar las reparaciones oportunas en un taller mecánico.

Durante este intervalo de tiempo, el vehículo tiene estrictamente prohibido circular por las vías públicas, quedando autorizado únicamente el trayecto directo desde la estación de inspección hasta el taller, y de regreso para la posterior comprobación.

Si una patrulla de la Guardia Civil detecta que un conductor utiliza su automóvil de forma rutinaria bajo el amparo de una inspección desfavorable, procederá a aplicar exactamente la misma multa de doscientos euros, al considerarse una vulneración directa de las restricciones de circulación por motivos de seguridad.

Más allá del impacto directo en la cartera que suponen las sanciones administrativas, los expertos advierten sobre un peligro colateral de dimensiones mucho mayores.

En el desafortunado caso de sufrir o provocar un accidente de circulación mientras se circula con un coche cuya inspección técnica obligatoria se encuentra vencida o catalogada como desfavorable, las compañías aseguradoras pueden negarse a asumir los costes derivados del siniestro. Ello implica que el propietario responsable debería hacer frente con su propio patrimonio personal a las cuantiosas indemnizaciones por daños materiales y personales ocasionados a terceros.

En definitiva, mantener las inspecciones técnicas obligatorias al día constituye un ejercicio de responsabilidad civil indispensable para eludir costosas sanciones económicas y proteger el bienestar de todas las personas que transitan por la red vial.

Tras una dura batalla legal promovida por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Dirección General de la institución ha dado un vuelco absoluto a la situación al estimar el recurso presentado por el afectado, anulando de forma íntegra el castigo económico y administrativo y determinando que la preservación de la salud individual debe prevalecer frente a cualquier despliegue operativo ordinario.

Los hechos se remontan a la jornada del 20 de agosto del año anterior, coincidiendo con la gran afluencia de público generada por la célebre Fiesta del Agua del Cotillo, y en la que el agente se encontraba prestando servicio en un punto de verificación de alcoholemia y drogas establecido en la carretera insular FV-diez.

Durante el transcurso del dispositivo de vigilancia, el guardia civil comenzó a experimentar un malestar físico progresivo que le impedía continuar desempeñando sus tareas de seguridad vial con plenas garantías.

Siguiendo el protocolo estipulado para estas contingencias, el agente informó a la cadena de mando sobre su precaria situación de salud, comunicándoselo primero a su sargento y posteriormente al teniente que ejercía el mando directo sobre el operativo en carretera.

A pesar de manifestar sus síntomas y de que el relevo oficial aún no se había personado en el punto kilométrico, el funcionario decidió abandonar las dependencias de la calzada para trasladarse a un centro médico privado de la isla.

La atención facultativa corroboró de inmediato la urgencia del cuadro clínico presentado por el agente. El parte emitido por el servicio de urgencias apenas cuarenta minutos después de su marcha de la carretera certificaba la dolencia del paciente y dictaminaba su indisposición formal para el trabajo durante las siguientes cuarenta y ocho horas.

Sin embargo, la interpretación de lo sucedido por parte de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico resultó radicalmente distinta. Las instancias superiores del instituto armado decidieron incoar un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave, catalogada textualmente bajo el concepto de falta de subordinación, amparándose en que el agente supuestamente había desatendido las órdenes de aguardar en su puesto hasta que llegaran sus sustitutos.

El procedimiento administrativo concluyó inicialmente con una sanción drástica consistente en la pérdida de seis días de sueldo y la consiguiente suspensión temporal de sus funciones.

Ante la gravedad del castigo impuesto por velar por su propia integridad física, el funcionario decidió buscar amparo legal a través de la representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas.

La defensa técnica del caso recayó en los servicios jurídicos de la asociación, que articularon un detallado recurso de alzada dirigido a la máxima instancia del cuerpo policial. La argumentación jurídica esgrimida por la letrada se fundamentó de manera prioritaria en la vulneración del derecho constitucional a la salud recogido de forma explícita en el artículo quince de la Carta Magna española.

Los servicios legales sostuvieron con firmeza que una orden de naturaleza laboral o un mandato organizativo no pueden, bajo ningún concepto legal, menoscabar ni anular la necesidad perentoria de recibir asistencia médica, especialmente cuando existía documentación oficial emitida por un facultativo que ratificaba el estado de indisposición y la idoneidad de la retirada del servicio.

El análisis definitivo de la Dirección General de la Guardia Civil secundó punto por punto los planteamientos de la defensa legal del agente. En su resolución del caso, firmada de manera oficial a finales del mes de mayo, la institución determinó que la justificación médica aportada por el guardia civil constituía un elemento eximente incontestable que amparaba legalmente su marcha del dispositivo de control.

El dictamen de la asesoría jurídica concluyó de forma clara que no existió una voluntad de insubordinación o desobediencia voluntaria por parte del agente, sino un acto motivado por una necesidad biológica imperiosa y debidamente acreditada.

La estimación íntegra del recurso de alzada ha conllevado la anulación fulminante de la sanción anterior, lo que obliga a la administración general a restituirle de inmediato todos los conceptos económicos que le habían sido detraídos de sus nóminas, así como a eliminar cualquier anotación desfavorable en su hoja de servicios profesional.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha criticado un comentario de Navarro. “Diez radares podrían llegar a hacer el mismo trabajo que casi toda la Guardia Civil en controles de velocidad”, aseguraba el director de Tráfico, pero los agentes no han tardado en contestar.

La Guardia Civil responde a Pere Navarro

El director de la Dirección General de Tráfico llegó a asegurar a un parlamentario de VOX: “No confunda la Asociación Unificada de Guardias Civiles con la Guardia Civil, son dos cosas distintas, dos mundos distintos”. Estas declaraciones no han sentado bien entre la AUGC.

“Desde la AUGC, la organización mayoritaria y decana que representa legítimamente a los hombres y mujeres que visten el uniforme verde, respondemos con la contundencia que exige este ataque frontal a nuestra dignidad profesional”, según la asociación.

El organismo ha ido más allá con las críticas. “Señor Navarro: AUGC es la Guardia Civil real. La que pisa el asfalto. La que sufre la precariedad. La que entierra a sus compañeros. Venimos de la lucha clandestina por los derechos fundamentales, del sacrificio de miles de agentes que se organizaron de forma democrática para acabar con los abusos y conquistar derechos sociolaborales básicos”, según un comunicado.

Los agentes de la Guardia Civil comentan que separar las siglas de AUGC de la propia esencia de la institución es un enorme error histórico, “es un burdo e ignorante intento de silenciar la voz de los trabajadores para eludir las demoledoras críticas a su caótica gestión al frente de la Dirección General de Tráfico”.

La obsesión de la DGT con los radares

Desde la AUGC critican también la reciente obsesión de la DGT con los radares que inundan las carreteras españolas. “Un radar no auxilia a un conductor atrapado. Un radar no redacta un atestado bajo una tormenta. Un radar no interpone su motocicleta para salvar la vida de un pelotón de niños ciclistas. Un radar jamás podrá sustituir la labor humana, preventiva y asistencial de la Agrupación de Tráfico”, aseguran.

La asociación de Guardias Civiles comenta que los radares solo son un parche, no solucionan el problema real detrás de las altas cifras de fallecidos en carretera. España registra 1.785 víctimas mortales, el número de muertes aumentó un 2% y los heridos en un 11%.

Desde la AUGC critican que “el 52% de la red viaria presenta deterioros graves o muy graves. Un total de 33.966 km (el 32% del total) requieren reconstrucción urgente en menos de un año. La financiación del mantenimiento está calificada con un 3,4 sobre 10 por asociaciones de ingeniería especializadas”.

La DGT reconoce el problema con carreteras con baches, grietas, marcas viales borradas y señales deterioradas, la inversión es millonaria. La asociación de Guardias Civiles asegura que esto causó más de 800 accidentes con víctimas en 2025.

A esto se suma la polémica llegada de la luz conectada con la DGT. “La baliza V16 puede considerarse una buena idea en teoría, pero mal ejecutada en la práctica. Convierte al conductor en el pagador de un experimento tecnológico”, comentan.

Esto no es algo que venda de nuevas. Hace unos meses, la Agrupación de Tráfico publicó un concurso para comprar motos camufladas y que fueran de marcas distintas a las que ahora utiliza la Guardia Civil.

Sin embargo, este último punto no se ha cumplido, ya que se han vuelto a comprar motos de BMW de gran cilindrada porque el fabricante alemán, porque su oferta económica era la más ventajosa.

En concreto, hizo una reducción de miles de euros por cada unidad respecto a los demás competidores. Las motos adquiridas son de diversos colores, con la intención de que pasen desapercibidas para el resto de los usuarios.

Pese a que las motos solo suponen el 16% del total del parque móvil automovilístico, el sector supone una de cada cuatro muertes en las carreteras, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Debido a la alta siniestralidad es por lo que se decidió poner en marcha la vigilancia especial del instituto armado. Hasta la fecha, solo Canarias, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares contaban con la vigilancia con motos camufladas, ya que estos puntos tienen una mayor incidencia de accidentes graves y mortales.

Fuentes de la Agrupación de Tráfico reconocen que con estas nuevas 30 motos se llegará al resto de regiones, excepto donde las competencias están transferidas, con lo que se pretende atajar el problema de tanta accidentalidad.

Las motos de la Guardia Civil podrán denunciar

Además de las nuevas motos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también va a estrenar la manera de denunciar a los infractores. Hasta ahora, dos agentes de paisano iban en las motos camufladas y hacían los recorridos habituales de los moteros, sobre todo los días festivos y los fines de semana.

De esta manera, si detectaban alguna infracción, se la comunicaban a sus compañeros de un coche patrulla rotulado situado a pocos kilómetros y estos se encargaban de parar al infractor y tramitar la denuncia.

Con este nuevo sistema, aunque las motos estén camufladas, los agentes irán con el uniforme de la Guardia Civil y podrán ser ellos los que paren al infractor y le pongan la multa.

"Lo vamos a hacer así porque la gente no se da ni cuenta de que vamos de uniforme. Son motos muy grandes y la gente no se va fijando en esos detalles", detalla la Agrupación.

Fuentes de la Agrupación de Tráfico señalan que con estas motos camufladas quieren que los motoristas se sientan vigilados de forma que no cometan infracciones que les pueden costar la vida y recuerdan que las salidas de la vía son la causa más habitual de los accidentes.

Tampoco hay que olvidar que tres de cada cuatro siniestros se producen en carreteras convencionales, según fuentes de la Guardia Civil. En la última década, la siniestralidad ha aumentado entre los moteros un 44%, según fuentes de Tráfico.

Además de este aumento del control, la DGT ya ha empezado a proyectar mensajes en los carteles luminosos de las carreteras durante los fines de semana dedicados especialmente a los motoristas.

Concretamente en este punto estratégico, caracterizado por una alta afluencia de ciclistas tanto deportivos como urbanos, la Guardia Civil desplegó un control imprevisto para verificar el cumplimiento de las normas. No obstante, el dispositivo especial no tardó en captar la atención de los usuarios y concluyó con la sanción económica directa a tres ciclistas que circulaban por la infraestructura cometiendo diversas infracciones tipificadas por la Dirección General de Tráfico.

La intervención de los agentes puso de manifiesto el notable desconocimiento que muchos ciclistas tienen respecto a sus obligaciones legales. La primera de las sanciones se impuso a un usuario que circulaba utilizando auriculares conectados a su teléfono móvil. Al recibir el alto por parte de la patrulla, el ciclista argumentó que los utilizaba únicamente para escuchar las indicaciones de navegación de una aplicación de mapas.

Sin embargo, los agentes le recordaron que el uso de cascos de audio o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido está totalmente prohibido durante la conducción de cualquier vehículo, incluyendo las bicicletas, al mermar de forma drástica la capacidad auditiva y de reacción ante emergencias.

La situación con este primer infractor derivó en un momento de tensión cuando se le notificó el procedimiento de cobro. Al no disponer de residencia legal acreditada de forma inmediata en el país en un primer momento, se le informó de la obligatoriedad de abonar la sanción en el acto.

Ante la amarga queja del ciclista, quien llegó a manifestar su intención de abandonar el lugar a pie y dejar la marcha, las fuerzas de seguridad fueron tajantes al explicarle que, en caso de no asegurar el pago regulado por la ley, el vehículo quedaría inmovilizado y retenido bajo custodia oficial. Finalmente, tras acreditar su número de identificación de extranjero y fijar su residencia en territorio nacional, el ciudadano pudo continuar su ruta con la correspondiente propuesta de sanción en su poder.

Poco tiempo después, en el mismo punto de control de Colmenar Viejo, los agentes detuvieron la marcha de otros dos usuarios que incurrían en otra de las faltas más vigiladas en los tramos interurbanos de la red viaria: la ausencia de casco de protección homologado. Las excusas presentadas por ambos ciclistas reflejaron la confusión existente sobre cuándo es exigible este elemento de seguridad.

De hecho, uno de los infractores cuestionó a los agentes si la obligatoriedad del casco se mantenía incluso en días de extremo calor, recibiendo como respuesta que la normativa estatal solo exime de su uso en rampas ascendentes prolongadas por razones de esfuerzo físico extremo, o bien bajo condiciones médicas acreditadas. Ninguno de estos supuestos justificaba que los sancionados rodaran desprotegidos por el carril bici.

Las tres infracciones detectadas en este control de la periferia madrileña se consideran de carácter grave según el ordenamiento jurídico de tráfico actual en España. Aunque las multas asociadas a circular con auriculares o sin el preceptivo casco protector alcanzan los doscientos euros de cuantía máxima, los implicados recibieron una notificación de cien euros debido a la aplicación directa de la reducción por pronto pago si se abona la deuda dentro de los plazos estipulados.

Por último, las autoridades insistieron a los amonestados en que los carriles exclusivos para bicicletas forman parte del entramado público de transporte y, por tanto, sus usuarios deben someterse a la disciplina vial en igualdad de condiciones que el resto de conductores.

Este tipo de campañas de vigilancia divide la opinión entre los usuarios de los transportes alternativos en Madrid. Por un lado, algunos colectivos de ciclistas muestran su preocupación ante la posibilidad de que una fiscalización excesivamente rigurosa o de carácter meramente técnico termine por desincentivar el uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal en favor de medios contaminantes.

Frente a esta postura, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico defienden con firmeza la necesidad de estos controles preventivos en los carriles reservados. Las instituciones argumentan que garantizar una convivencia vial segura y ordenada exige el compromiso colectivo de todos los actores implicados. El incremento del volumen de bicicletas tradicionales y eléctricas en los accesos a las grandes urbes obliga a desterrar conductas de riesgo, como el aislamiento acústico por auriculares o la desprotección craneal, conductas que en caso de caída o colisión empeoran drásticamente las consecuencias sanitarias para el propio ciclista.

A los arrestados se les imputa una amalgama de delitos graves que van desde la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, hasta la falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal. Fuentes judiciales confirman que los cabecillas de esta red criminal podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel.

La investigación criminal, bautizada por los cuerpos de seguridad del Estado, comenzó meses atrás tras detectarse un alarmante incremento de concentraciones nocturnas multitudinarias en polígonos industriales y vías secundarias. Según detalla el Ministerio del Interior, los implicados utilizaban aplicaciones de mensajería instantánea encriptada y chats móviles privados para coordinar las denominadas kedadas.

La sofisticación organizativa de la red era tal que cada una de estas citas ilegales lograba congregar a un volumen de público abrumador, llegando a superar el medio millar de asistentes entre espectadores, apostadores y conductores en una sola noche.

El modus operandi de la banda no se limitaba al desafío de la velocidad en vías públicas; incluía un lucrativo y peligroso componente digital. Los integrantes de la red no solo competían en carreras que ponían en serio peligro la seguridad vial de los usuarios de las carreteras, sino que grababan los desafíos automovilísticos en alta definición mediante cámaras de acción y teléfonos móviles.

Posteriormente, el material audiovisual editado, en el que se exhibían impunemente maniobras extremas y velocidades que duplicaban los límites legales, era subido de forma sistemática a distintas plataformas de redes sociales. El objetivo era doble: por un lado, ganar notoriedad y prestigio dentro del mundillo clandestino del tuning radical; por el otro, monetizar las visualizaciones y captar patrocinadores informales o adeptos para las apuestas de carácter ilegal.

Durante la fase de explotación de la operación policial, los agentes de la Benemérita han procedido a la intervención física de cuatro vehículos de alta gama que contaban con modificaciones técnicas de carácter severo y no homologadas, destinadas a multiplicar exponencialmente la potencia del motor (sistemas de inyección modificados, alteraciones electrónicas y escapes libres).

Asimismo, en los registros efectuados en inmuebles y vehículos de los detenidos se ha incautado numeroso material logístico empleado habitualmente para asegurar la impunidad y el desarrollo de los eventos, entre los que destacan pasamontañas para ocultar la identidad de los pilotos frente a posibles cámaras de vigilancia, bengalas náuticas de señalización para delimitar las líneas de salida y meta, y walkie-talkies de alta frecuencia destinados a alertar sobre la presencia de patrullas policiales en las inmediaciones.

La vertiente penal del caso se presenta especialmente rigurosa para los encausados. El ordenamiento jurídico español contempla el delito de conducción temeraria, cuando se manifiesta con un desprecio absoluto hacia la vida ajena, con penas que oscilan entre los dos y los cinco años de prisión, acompañadas de la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un período de hasta diez años.

A esto hay que añadir el agravante penal por la pertenencia a una organización criminal, regulada específicamente en el Código Penal. Para los meros integrantes de la red se estipulan penas de uno a cuatro años de cárcel, mientras que para los promotores, directores u organizadores principales de los eventos clandestinos, la sanción privativa de libertad se incrementa sustancialmente, pudiendo alcanzar de tres a ocho años de reclusión.

La Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior han querido aprovechar la trascendencia de este operativo para hacer un llamamiento firme a la responsabilidad ciudadana. Las autoridades recalcan que este tipo de conductas no representan una mera afición al automovilismo, sino manifestaciones criminales extremas que amenazan de muerte de forma directa tanto a peatones como al resto de conductores.

Se recuerda a la población la importancia crucial de la colaboración para prevenir este tipo de delitos e identificar los puntos habituales de concentración a través de los canales oficiales habilitados, como el teléfono de emergencias 062 o la aplicación móvil oficial Alertcops. La lucha contra las carreras clandestinas sigue abierta y las fuerzas de seguridad no descartan nuevas detenciones en los próximos días a medida que avance el volcado de los datos telefónicos incautados.

Ana Blanco, subdirectora de Circulación en la Dirección General de Tráfico, confirma que “este es un cambio sustancial”. La DGT se encarga de “adecuar aspectos de la señalización, en especial algunos de mayor antigüedad, a cambios en el ámbito de la movilidad, en especial en lo relacionado a modificaciones en cuanto a tecnología de los vehículos y otros aspectos”.

Cuidado con la señal P-21b

La señal P-21b no es nueva, se creó para alertar del peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por ancianos, personas de edad avanzada o con dificultades motrices. Los conductores deben extremar la precaución al circular en estas zonas, incluso bajar la velocidad si fuese necesario.

Esta señal con un triángulo rojo de obligación y un símbolo con dos ancianos es poco habitual, así que muchos conductores tienden a ignorarla. La Guardia Civil y la Policía podrían multarte si no la respetas.

La P-21b no conlleva una multa de tráfico por sí misma, pero la DGT lo ha dejado claro. Saltarse las normas de velocidad o no priorizar a los colectivos afectados en estas zonas puede suponer multas de varios cientos de euros y la retirada de hasta 6 puntos del carné de conducir.

Multa de hasta 600 euros

Las infracciones más comunes relacionadas con la señal P-21b son el exceso de velocidad, . La DGT establece que circular superando el límite de velocidad puede considerarse una infracción grave o muy grave.

Las sanciones para este tipo de infracciones oscilan entre los 100 y 600 euros, a lo que se suma la retirada de entre 2 y 6 puntos del carné. El importe final de la multa dependerá de cuánto supere el conductor el límite de la vía.

Los agentes de la Guardia Civil también te pueden multar si no respetas la prioridad en los pasos de peatones y al subir o bajar de un vehículo adaptado. Esto se considera también una infracción grave con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné.

Es más, no existe en la actualidad ninguna directriz específica ni instrucción interna, ni por parte de los mandos de la propia Benemérita ni desde los despachos de la Dirección General de Tráfico, que obligue a las patrullas a realizar este tipo de inspecciones preventivas en las vías públicas.

Sin embargo, este margen de confianza o flexibilidad inicial no exime en absoluto al ciudadano de cumplir con la ley vigente, ya que las correspondientes sanciones económicas siguen estando plenamente activas y se aplican bajo circunstancias muy concretas.

Hasta la fecha actual, las autoridades de la Guardia Civil han tramitado alrededor de ciento cincuenta denuncias relacionadas directamente con la baliza V16 en todo el territorio nacional. Lo verdaderamente llamativo y esclarecedor de este dato estadístico es que ninguna de esas sanciones se ha impuesto por el simple hecho de que un agente de tráfico haya solicitado ver el dispositivo en un control preventivo de seguridad y el conductor careciera de él en ese instante.

El criterio operativo que está aplicando la Benemérita sobre el asfalto se asemeja fielmente al que tradicionalmente se ha seguido con los antiguos triángulos de emergencia o los chalecos reflectantes. Los agentes estatales no buscan castigar de forma proactiva la mera ausencia del objeto dentro de la guantera del vehículo, sino que centran sus esfuerzos en asegurar que las condiciones de seguridad en la vía sean las idóneas cuando se produce un incidente real que ponga en riesgo la circulación.

Esta notable confusión generalizada entre la población civil ha provocado, entre otras consecuencias, que el despliegue puramente comercial de estas balizas sea considerado por muchos analistas del sector del automóvil como un auténtico fracaso empresarial. De hecho, la principal empresa española que se dedicaba en exclusiva a la fabricación y distribución de estos dispositivos luminosos conectados entró recientemente en un proceso de preconcurso de acreedores debido a que registró unas ventas muy inferiores a las que se habían previsto en sus planes iniciales.

Ahora, el ciudadano medio se encuentra todavía en una situación de evidente incertidumbre legal, debatiéndose constantemente entre la supuesta necesidad de realizar un gasto económico inmediato para renovar su equipamiento o continuar confiando en los tradicionales sistemas de señalización física mientras persista la ambigüedad normativa en la calle.

Para comprender a fondo el verdadero alcance de la regulación vigente, resulta fundamental aprender a distinguir entre dos tipos de infracciones administrativas bien diferenciadas, las cuales conllevan castigos de distinta gravedad. En un primer supuesto, se encuentra el hecho de circular por cualquier tipo de vía pública sin llevar el mencionado dispositivo guardado correctamente en el interior del habitáculo del vehículo.

Si por cualquier motivo justificado un conductor se viera obligado a mostrar los elementos obligatorios de seguridad a una patrulla y careciera por completo de la baliza V16, se enfrentaría a una sanción que está calificada administrativamente como leve, cuyo importe total asciende a los ochenta euros, los cuales pueden reducirse a la mitad si el interesado se acoge al procedimiento normalizado de pronto pago.

El verdadero riesgo para el bolsillo del conductor, y muy especialmente para su propia integridad física en la carretera, llega cuando se produce una avería mecánica, un pinchazo inesperado o un accidente de tráfico en plena vía y no se señaliza la posición del coche de la manera adecuada y segura.

En este segundo supuesto legal, la cuantía económica obligatoria se eleva de manera considerable hasta alcanzar la cifra de doscientos euros, también rebajables a la mitad por pago rápido, debido al evidente y manifiesto peligro de atropello o de colisión secundaria que genera un coche detenido en medio de la nada y sin luces de emergencia operativas.

En definitiva, no se van a desplegar controles policiales masivos para perseguir de forma activa a quienes todavía no han adquirido la tecnología de geolocalización luminosa, pero el amparo y la comprensión hacia los conductores se terminan por completo en el preciso momento en que se sufre un percance mecánico y se deja el vehículo totalmente desprotegido ante el resto del tráfico.

Una de las últimas multas más surrealistas se ha producido en la carretera N-525 que comunica la localidad zamorana de Benavente con Santiago de Compostela. El tramo a la altura del kilómetro 337,5 tiene una rotonda para regular el acceso a las autopistas AP-9 y AP-53.

Este lugar de la N-525 se ha convertido en uno de los puntos negros con incidencias de conductores que superan el límite de velocidad, otros incluso circulan en la glorieta en sentido contrario.

Una multa por circular en sentido contrario

Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 28 de marzo. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico acudió a la llamada de un conductor que había sufrido una avería en la carretera.

La grúa llegó a la zona del incidente y subió a la plataforma al vehículo afectado, era una operación rutinaria sin más complejidad. Los agentes de la Guardia Civil recibieron entonces el aviso de un vehículo que circulaba en sentido contrario en la glorieta de la N-525.

El coche patrulla acudió al lugar de los hechos y ha inmovilizado al infractor para evitar un posible accidente de tráfico. La maniobra transcurrió sin incidentes, según confirma la Guardia Civil, asegurando que el conductor circulaba en dirección contraria de forma no deliberada.

Un error con el GPS con un precio de 500 euros

El conductor no ha opuesto resistencia a la Guardia Civil, el protagonista de este suceso aseguraba que había sufrido una distracción mientras utilizaba el GPS activo en la pantalla de su vehículo.

Los agentes de Tráfico realizaron un test de alcohol y drogas, como suele ser habitual en este tipo de incidentes. El hombre que iba al volante del vehículo dio negativo en todas las pruebas.

El infractor no se libra de la multa por una infracción que se considera muy grave según el Reglamento General de Circulación. El protagonista de este suceso tendrá que pagar 500 euros y perderá seis puntos del carné de conducir.

El exceso de velocidad es una infracción habitual en las carreteras, aunque en esta ocasión el conductor circulaba sobrepasando ligeramente el límite a 116 km/h en un tramo limitado a 100 km/h. La sorpresa llegó poco después.

A 116 km/h sin carné de conducir

Los hechos han ocurrido en la AP-15, también conocida como la autopista de Navarra. Los agentes de la Guardia Civil habían colocado un punto de control de velocidad en el kilómetro 103, un tramo con bastante tráfico dada su proximidad con Francia.

El radar captó a un coche circulando a 116 km/h a las 7:25 horas del pasado sábado. La operación es rutinaria hasta el momento: la patrulla de la Guardia Civil inmovilizó al vehículo, identificó al conductor y tramitó la multa por exceso de velocidad.

Los agentes de Tráfico pronto descubrieron que no era una infracción tan simple como creían. El vehículo con matrícula francesa llevaba en el maletero cuatro bolsas de deporte que ocultaban una gran cantidad de paquetes envasados al vacío.

La Guardia Civil realizó la prueba de droga y confirmaron sus sospechas. El conductor transportaba 27 kilos de hachís y 19 de marihuana, un total de 46 kilos. La operación escaló y fue necesario que una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazase al lugar de los hechos.

Una pena de prisión desde uno a tres años

El conductor, un hombre de 46 años de nacionalidad española, fue detenido y se enfrenta a un delito por tráfico de drogas, pero la Guardia Civil se llevó una nueva sorpresa al verificar la identidad del infractor.

El hombre conducía sobrepasando el límite de velocidad con el carné de ciclomotor (AM), no tenía el permiso B. Esto se considera un delito contra la seguridad vial, según recoge el artículo 384 del Código Penal con una pena de prisión de entre tres a seis meses, una multa 12 a 24 meses con la cantidad diaria determinada por un juez o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

A esto se suma un delito por tráfico de drogas regulado en el artículo 368 del Código Penal con una posible pena de prisión de uno a tres años y una multa del triple del valor de la mercancía incautada.

Sin embargo, surge una duda recurrente cuando el motorista que viene de frente viste el uniforme verde de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil: ¿es un gesto de cortesía o una invitación directa a una sanción administrativa? Un agente del cuerpo ha decidido romper el silencio para aclarar esta incertidumbre que sobrevuela las rutas moteras.

La respuesta corta y directa que ofrece este profesional es que, por norma general, no te van a multar simplemente por saludar de forma amistosa con los dedos en forma de uve. A pesar de la rigidez que a veces se asocia al uniforme, los agentes de la Guardia Civil que patrullan en moto son, en su inmensa mayoría, motoristas de vocación que entienden perfectamente el simbolismo detrás de este gesto.

Muchos de ellos, de hecho, aprecian el saludo como una muestra de respeto y camaradería, llegando incluso a devolverlo si la situación del tráfico y la seguridad lo permiten en ese preciso instante.

No obstante, existe un matiz legal importante que todo usuario debe conocer para no llevarse una sorpresa desagradable. El Reglamento General de Circulación especifica que el conductor debe mantener en todo momento la libertad de movimientos y estar en condiciones de controlar el vehículo. Realizar las "uves" implica, por definición, soltar una de las manos del manillar, generalmente la izquierda.

Si un agente considera que ese gesto se ha realizado en una circunstancia peligrosa, como en medio de una curva cerrada, en un adelantamiento o bajo condiciones climáticas adversas que requieran el máximo control, podría interpretar que se está poniendo en riesgo la seguridad vial. En esos casos específicos, la multa no sería por saludar, sino por no mantener la atención o el control necesario sobre la motocicleta.

La situación cambia drásticamente cuando hablamos de las ráfagas luminosas. Aquí la ley es mucho más taxativa y deja poco espacio a la interpretación subjetiva del agente. El uso de ráfagas está estrictamente regulado y su empleo para avisar de la presencia de un control policial o de un radar es una infracción tipificada que conlleva una sanción económica.

El agente consultado advierte que, aunque muchos moteros usan las ráfagas como un saludo rápido, desde la perspectiva de la Guardia Civil este gesto puede interpretarse como un aviso ilegal a otros conductores. Por ello, el consejo profesional es evitar siempre el uso de las luces largas para saludar, limitándose al gesto de la mano siempre que sea seguro hacerlo.

Otro punto de fricción habitual es el saludo con el pie, muy común cuando se adelanta a otro motorista o cuando no se puede soltar el manillar. Para la Guardia Civil, este movimiento suele pasar desapercibido o interpretarse correctamente como un saludo, pero nuevamente entra en juego la seguridad.

Si el movimiento del pie es exagerado o provoca una inestabilidad en la moto, podría ser motivo de atención por parte de la patrulla. El agente subraya que la prioridad del cuerpo es siempre la seguridad del motorista, un colectivo especialmente vulnerable en el asfalto, y que su intención no es perseguir la cortesía sino evitar comportamientos erráticos.

En definitiva, la relación entre los moteros y los agentes de la Agrupación de Tráfico es mucho más cercana de lo que las leyendas urbanas sugieren. El agente desvela que a ellos también les gusta sentirse parte de la comunidad motera y que un saludo respetuoso suele generar una respuesta positiva.

Lo fundamental es aplicar el sentido común: no soltar las manos del manillar en momentos críticos y desterrar por completo el uso de las ráfagas para evitar malentendidos legales. Mientras el saludo sea un gesto natural que no comprometa la estabilidad ni la atención, lo más probable es que recibas de vuelta una inclinación de cabeza o incluso el mismo gesto de las uves por parte del agente.

La Guardia Civil ha colaborado con las unidades especializadas de control aduanero, que debían seguir de cerca el desembarco de vehículos de un ferry que realizaba un trayecto entre Barcelona y Palma de Mallorca.

Una operación de alto secreto y un Fiat 500 destrozado

Los agentes de la Guardia Civil han realizado un despliegue especial en el puerto de Palma. Los perros del cuerpo de Vigilancia Aduanera detectaron sustancias estupefacientes en uno de los vehículos, lo que encendió todas las alarmas.

Este incidente se ha producido en un control al azar de varios coches. Uno de los perros se detuvieron en un Fiat 500 de color blanco, así que los agentes registraron el vehículo en profundidad.

La Guardia Civil incluso utilizó herramientas comunes en este tipo de actuaciones como una sierra radial. Los agentes tuvieron que serrar parte del suelo del maletero del Fiat, sospechaban que tenía un doble fondo, y así lo demostraron.

El propietario del Fiat 500 escondía 38 paquetes de droga perfectamente envasados. Los agentes de la Guardia Civil confirman que el conducto transportaba 44 kg de cocaína tras realizar una prueba con un repelente químico.

El conductor pretendía distribuir la mercancía entre Palma de Mallorca. El valor de mercado de los 38 paquetes de cocaína sube a 1,2 millones de euros, los agentes también encontraron 5.200 euros en efectivo.

Un Fiat 500 incautado y delito por tráfico de drogas

Los agentes de Vigilancia Aduanera del puerto de Palma han detenido al instante al conductor del Fiat 500, un conductor de 74 años. El propietario del vehículo se enfrenta a un posible delito por tráfico de drogas.

El caso está en manos de la autoridad judicial, que estudia la posibilidad de pertenencia a grupo criminal. El hombre de 74 años podría enfrentarse a un delito castigado con pena de prisión.

El delito por tráfico de drogas está regulado por el Código Penal. Los artículos 368 a 377 especifican que el acusado puede enfrentarse a una pena de prisión de tres a seis años y una multa que puede superar de lejos el valor de la droga que cargaba.

Aún habrá que esperar para conocer la sentencia, que podría ser de hasta 12 años de cárcel si hay pertenencia a grupo criminal.

Ante la evidencia de que algo fallaba gravemente en la estructura del camión, la patrulla procedió a escoltar al vehículo hasta un lugar seguro fuera de la vía principal para realizar una inspección técnica de urgencia. Al detenerse el camión, que transportaba una carga completa de toneladas de naranjas, los agentes pudieron constatar visualmente la magnitud del riesgo.

La inspección ocular reveló de inmediato que uno de los ejes de suspensión estaba completamente fracturado, lo que provocaba el efecto de "marcha oblicua" observado durante la circulación. Sin embargo, este fallo estructural era solo la punta del iceberg de un estado de mantenimiento deplorable. Los especialistas de la Guardia Civil iniciaron un examen exhaustivo del conjunto del vehículo, aplicando los protocolos de inspección técnica en carretera.

El resultado final del informe fue demoledor: se contabilizaron un total de veintiséis defectos técnicos calificados como de gravedad. Estas deficiencias afectaban a prácticamente todos los sistemas críticos del camión, desde los elementos de rodadura hasta los mecanismos de detención. Entre los fallos más preocupantes, además de la rotura del eje, destacaban irregularidades severas en el sistema de frenado, con fugas en los circuitos de aire y componentes con un desgaste muy superior al límite permitido por la normativa de seguridad.

El estado de los neumáticos también fue objeto de sanción, al presentar algunos de ellos un dibujo inexistente o deformaciones que hacían inminente un reventón bajo la presión de la carga que portaba. Asimismo, el sistema de iluminación y señalización del camión se encontraba en un estado de abandono tal que dificultaba enormemente su visibilidad en condiciones de baja luminosidad o lluvia, lo que aumentaba exponencialmente la probabilidad de sufrir o provocar un alcance.

La combinación de estos veintiséis fallos convertía al vehículo pesado en una auténtica amenaza itinerante sobre una de las vías con mayor densidad de tráfico de la región valenciana. El conductor, un varón de sesenta y cuatro años de edad, fue identificado y sometido a las pruebas pertinentes.

Tras la inspección, los agentes procedieron a formular una denuncia por conducción temeraria, al considerar que circular voluntariamente con un vehículo en tales condiciones supone un desprecio manifiesto por la integridad física de los demás usuarios de la carretera.

Además de la vía penal o administrativa por la temeridad, se cursaron múltiples denuncias relacionadas con el Reglamento General de Vehículos y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Dada la peligrosidad constatada, la Guardia Civil decretó la inmovilización inmediata del vehículo.

Posteriormente, el camión fue trasladado a un depósito autorizado, donde permanecerá retenido hasta que la empresa titular proceda a la reparación integral de los veintiséis defectos detectados. Para que el vehículo pueda volver a circular legalmente por las carreteras españolas, deberá superar una inspección técnica extraordinaria (ITV) que certifique que todas las deficiencias han sido subsanadas. La carga de cítricos que transportaba tuvo que ser trasbordada a otro camión que sí cumplía con las garantías de seguridad para poder finalizar el trayecto previsto.

Este suceso ha vuelto a encender las alarmas sobre la necesidad de mantener un control riguroso sobre las flotas de transporte profesional. Las autoridades recalcan que el mantenimiento preventivo no es una opción, sino una obligación legal y ética. Un fallo mecánico en un vehículo que desplaza decenas de toneladas puede tener consecuencias catastróficas, y el ahorro en costes de mantenimiento nunca justifica poner en peligro la vida humana.

Finalmente, desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a la responsabilidad tanto de los conductores profesionales como de los gestores de las empresas de logística. La seguridad vial es una tarea compartida y la detección de casos tan extremos como este, con 26 faltas graves en un solo vehículo, demuestra que todavía existe un margen de imprudencia que requiere de la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad para evitar tragedias en el asfalto.

La inspección técnica es un trámite al que deben enfrentarse todos los vehículos a motor que circulan por España. Un examen técnico que, por supuesto, debe resultar favorable.

Normalmente, la ITV dura apenas unos diez minutos y, durante la inspección, el técnico analiza el estado del vehículo, examinando diferentes partes, como el estado del motor, los niveles, el funcionamiento de todas las luces, el claxon, los elevalunas, los cinturones de seguridad, frenos, suspensiones… Y la parte que muchos temen, sobre todo si tienen un coche antiguo: la prueba de gases.

Si la prueba sale favorable, entonces el técnico entrega la correspondiente señal V-19 que indica cuándo tiene que volver. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, será dentro de dos años o anualmente (si se trata de un turismo).

Multa de 80 euros por no llevar la pegatina de la ITV

Sin embargo, todo lo anterior se puede tirar por tierra si te falta un detalle: en efecto, colocar la pegatina de la ITV en el parabrisas.

Tal y como recoge el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, el distintivo de la ITV (señal V-19) se debe colocar en el parabrisas, de manera que sea perfectamente visible para los agentes. Concretamente, “en el ángulo superior derecho del parabrisas por su parte inferior", como recoge el Reglamento General de Vehículos.

Efectivamente, la pegatina de la ITV ayuda a los agentes a controlar visualmente los vehículos. En ella aparece la fecha (mes y año) en que se debe realizar la siguiente inspección, según el color de la pegatina.

Según establece el artículo 18.1 5B del Reglamento General de Vehículos, no poner la pegatina de la ITV o ponerla en el lado incorrecto se considera una infracción leve que implica una multa de 80 euros. La sanción recae siempre en el titular del vehículo, no en el conductor.

Sin embargo, mucho cuidado con colocar la señal V-19 debajo de la anterior, hasta formar una columna en el parabrisas, una imagen que se veía años atrás. Esto se puede considerar una infracción grave, porque resta visibilidad y, en este caso, la multa sería de 200 euros.

El color de la pegatina indica el año en que pasó la primera ITV

Por cierto, que no es casualidad que el distintivo de la ITV sea de diferentes colores. Cada uno indica en qué año se ha pasado la primera inspección:

• Pegatina amarilla: 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.

• Pegatina roja: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030.

• Pegatina verde: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

Por tanto, en 2026 la señal V-16 es amarilla con las letras en color rojo. Así, se puede saber con un simple vistazo cuándo le toca al vehículo en cuestión renovar la inspección.

Multa por llevar la ITV caducada: 200 euros

Pero, además, mucho cuidado con tener la ITV caducada y no son pocos los conductores en esta situación. Según un estudio de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), en 2022 el 34% de los vehículos circulaban sin haber pasado la inspección técnica, ya sea por desconocimiento o intencionadamente.

En este caso, se considera una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros, ya que repercute gravemente en la seguridad vial. De hecho, en el año que se hizo el estudio, uno de cada tres vehículos involucrados en accidentes con víctimas mortales no tenía la ITV en vigor.

Igualmente, circular con la ITV desfavorable implica una sanción que oscila entre 200 y 500 euros, según el caso.

La situación empieza a ser dramática en algunos puntos de la geografía española. Solo en Málaga han quedado desiertas 548 plazas de Guardia Civil, lo que supone que el 22% de la plantilla teórica está sin cubrir.

Las consecuencias no han tardado en llegar a las carreteras. El número de motoristas en patrulla está cayendo año tras año, es para muchos una de las divisiones menos atractivas dentro del cuerpo de la Guardia Civil.

Menos motoristas de la Guardia Civil en las carreteras

Los motoristas de la Guardia Civil se enfrentan a diario a condiciones laborales más duras que en otros departamentos. Los agentes de patrulla en carretera se enfrentan a temperaturas extremas, mala conciliación y jornadas laborales interminables.

"La Agrupación de Tráfico, que durante años fue el buque insignia del Cuerpo, ha dejado de resultar atractiva para los guardias civiles, como demuestran los datos del último curso de especialidad", afirman.

El Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó el pasado 8 de agosto la convocatoria del curso de especialidad de Tráfico. La Benemérita necesitaba cubrir 200 plazas presenciales para motoristas, muchas de ellas han quedado desiertas.

"Uno de los principales factores que explica esta falta de interés es la ausencia de un sistema de turnos homogéneo, fijo y garantizado para todos los efectivos de Tráfico", comentan desde la AUGC.

Unas condiciones mejorables para los motoristas

A falta de asignar los destinos publicados en la convocatoria en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, muchos de ellos quedarán sin cubrir. Los motoristas critican que las condiciones laborales van empeorando cada año.

Las patrullas de motoristas solo operarán entre los 5 a los 35 grados, por debajo y por encima siempre se usan los coches. A esto se suman menos solicitudes que nunca para los conocidos como “destino de riesgo”.

Los motoristas de la Guardia Civil no quieren trabajar en destinos con temperaturas extremas en verano o continuas heladas en invierno. Además, si llueve o graniza las órdenes son regresar a su origen o ponerse a cubierto si no fuese posible.

Teniendo en cuenta que tienen que darse la temperatura casi perfecta para patrullar las calles, los destinos con climas más extremos y las condiciones laborales poco atractivas, cada vez será menos habitual que encuentres un Guardia Civil en moto.

A esto se suma que es una de las unidades con mayor siniestralidad de la Benemérita, a pesar de que los miembros de la Agrupación de Tráfico no están reconocidos como profesión de riesgo.

No es la primera vez que repasamos el salario de un guardia civil de tráfico, pero es que con los años, los sueldos han ido cambiando. Por lo que es necesario hacer una actualización. No todos los miembros de de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen el mismo salario, pues depende de distintos factores. Y también es necesario desmentir que ellos tienen una serie de aumentos en función de las multas que pongan a los conductores.

Los Guardias Civiles de Tráfico y sus sueldos

En cada noticia relacionada con este tema es muy necesario dejar claro el año del que se trata, pues con el paso del tiempo cambian muchos factores. Hace exactamente seis años, en 2020, hicimos esta misma noticia sobre el salario de un agente de Guardia Civil de Tráfico. Lo obtenido en ese momento se ha quedado relativamente obsoleto, pues seis años después el escenario ha podido cambiar y mucho.

El primer punto a destacar es que no todos los guardias civiles ganan el mismo dinero, pues la cifra varía según el puesto concreto. Además de la categoría dentro del cuerpo que ocupen, a las variantes hay que añadir la antigüedad de cada agente, el lugar al que se le destine o el complemento que reciben, por ejemplo, por su productividad. A su vez, reciben unos trienios y unas pagas extras que elevan su salario.

En el caso de los de Tráfico, mucha gente tiene asociada la idea de que, según las sanciones que pongan a los conductores, su salario se eleva. Algo que no es realmente así, pues su salario mensual se basa en distintos aspectos, pero no en su capacidad sancionadora. Muchos conductores temen toparse con estos agentes, pues piensan que los van a multar por el mero hecho de percibir un mayor ingreso a final de mes.

Uno de los puestos mejor pagados

Dentro de los distintos grupos que podemos encontrar en el Instituto Armado, la Agrupación de Tráfico es una de las que mejor remunerada tiene su actividad. Estos pertenecen al grupo C1, y al igual que el resto de los que pertenecen a este grupo, reciben de sueldo base algo más de 860 euros brutos al mes. Pero a esto luego hay que ir sumando los distintos aspectos ya mencionados para obtener así su sueldo final.

El destino es un punto realmente importante, pues es el que determina el segundo punto fuerte de su sueldo. Este puede suponer un aumento del sueldo base superior a los 400 euros mensuales. Tras esto, hay que añadir los complementos específicos, cuya importancia es incluso superior a la del destino, pues, dependiendo de la responsabilidad y peligrosidad de tu cargo, puedes ingresar unos 500 euros extra al mes.

El último apartado a tener en cuenta para confeccionar el sueldo actual de un guardia civil de tráfico está en el complemento de productividad. Este se basa en la manera de trabajar de cada grupo de agentes y de los objetivos que consigan lograr, por lo que su valor es muy variable. Y desde hace un tiempo se mide en función de la unidad, no de la persona en concreto. Además, el puesto de Tráfico tiene un plus específico de 195 euros netos al mes.

Esto, más las dos pagas extraordinarias que reciben, una en julio y otra en diciembre, y los trienios, dan como resultado el salario mensual de los agentes. Todos estos puntos a tener en cuenta hacen que no haya un sueldo igualitario para todos ellos, pero el sueldo mensual de un guardia civil de tráfico con cierta experiencia en su puesto se sitúa entre los 2.450 y los 2.560 euros brutos al mes. Cifra que puede bajar por aspectos como si no tiene tanta experiencia, o si no ha cumplido ciertos objetivos con su unidad.

Según los datos oficiales presentados este 27 de abril de 2026, las autopistas y autovías concentran ahora el 53,5% de las infracciones por exceso de velocidad, lo que supone un incremento de un 10% respecto a las carreteras convencionales, que históricamente eran el principal foco de multas.

Durante los siete días de duración de la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron a más de 1.250.000 vehículos, resultando en un total de 78.045 conductores denunciados por circular por encima de los límites permitidos, una cifra que demuestra que el acelerador sigue siendo una asignatura pendiente para una parte significativa de la población.

Históricamente, el esfuerzo de la DGT se había centrado con mayor intensidad en las carreteras secundarias o convencionales, debido a que su diseño de un solo carril por sentido y la presencia de intersecciones a nivel las convertían en las vías con mayor índice de siniestralidad. Sin embargo, los resultados de este último informe sugieren que la percepción de seguridad que ofrecen las autovías está jugando en contra de la prudencia.

Al disponer de varios carriles, medianas de separación y curvas más suaves, muchos conductores experimentan una sensación de falso control que les empuja a superar los 120 km/h reglamentarios. Este fenómeno, sumado a la insonorización y estabilidad de los vehículos modernos, provoca que la sensación de velocidad se desvanezca, haciendo que circular a 140 o 150 km/h parezca, erróneamente, una conducta de bajo riesgo.

La diferencia de casi diez puntos porcentuales entre los dos tipos de vías interurbanas marca un hito en las estadísticas de Tráfico. Mientras que en las carreteras convencionales se registraron 34.215 denuncias, en las de alta capacidad la cifra escaló hasta las 41.772, una brecha que no se veía con tal claridad en los ejercicios anteriores.

Este desplazamiento de la infracción hacia las vías rápidas preocupa especialmente a los expertos en seguridad vial, ya que, aunque el número de accidentes es menor en autovías, las colisiones a altísimas velocidades suelen tener consecuencias fatales o dejar secuelas permanentes debido a la enorme energía cinética involucrada en el impacto.

Para obtener esta radiografía precisa del asfalto, la DGT desplegó un operativo sin precedentes que incluyó más de 3.500 puntos de control repartidos por toda la geografía nacional. El uso de radares fijos, móviles, drones y los conocidos helicópteros Pegasus permitió vigilar no solo la velocidad punta, sino también el cumplimiento de los límites de tramo, donde se ha detectado una mayor picaresca por parte de los conductores que frenan justo antes de un radar fijo pero aceleran de nuevo inmediatamente después.

Dentro de este volumen masivo de denuncias, existe un apartado que ha generado especial indignación en las autoridades: el de los delitos contra la seguridad vial. Durante la semana de vigilancia, un total de 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida. Estos casos no se consideran simples infracciones administrativas, sino comportamientos temerarios que conllevan penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad o la retirada del permiso de conducir por periodos prolongados.

El hecho de que esta cifra se haya duplicado respecto a los registros de hace tan solo dos años evidencia un repunte en la conducción extrema que la DGT pretende erradicar con sanciones más severas y una mayor presión tecnológica.

El análisis de estos datos permite profundizar en la psicología del conductor actual. El informe subraya que casi el 60% de los conductores admite superar los límites en autopistas con relativa frecuencia, a menudo justificándose en la "calidad de la vía" o en el hecho de que "no hay tráfico".

Esta relajación de la norma es precisamente lo que la DGT busca combatir con su Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, cuyo objetivo principal es reducir a la mitad el número de víctimas mortales para finales de la década. La velocidad inadecuada se mantiene, año tras año, como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros mortales, solo por detrás de las distracciones y el consumo de alcohol o drogas.

Los agentes detuvieron la furgoneta en la A-4 sentido Madrid, en mitad de un dispositivo establecido para la protección de la seguridad ciudadana. Precisamente, acertaron al detener a este vehículo que circulaba por esta autovía, pues en su interior cargaba hasta 40 paquetes de cocaína. El conductor los llevaba escondidos, pero fueron localizados con la ayuda de un perro especializado. y el posterior registro de los agentes, y el conductor acabó siendo detenido.

Un control en carretera con 'premio'

A lo largo de las carreteras vemos distintos controles de la Guardia Civil en varios puntos, en muchos de estos se detienen vehículos, pero no se encuentra nada que incumpla la ley. Pero estos están para supervisar y proteger la seguridad ciudadana en las vías, y en algunas ocasiones sí que detectan elementos ilegales en estas inspecciones a vehículos. Esto es precisamente lo que ocurrió en uno de los últimos controles que se han llevado a cabo.

Concretamente, este tuvo lugar en la autovía A-4, en dirección Madrid y a la altura de Manzanares, en Ciudad Real. Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Uesic) de la Guardia Civil estaban llevando a cabo este control en esta ubicación cuando detuvieron a una furgoneta para proceder a la inspección de su interior.

En ella iba solamente una persona y se detuvo en el control. Esta inspección comenzó con el trabajo de un perro especializado en la detección de estupefacientes. El animal marcó varios puntos del vehículo, donde señalaban que se necesitaba una revisión más a fondo. Ante esta luz de alarma, los agentes decidieron llevar el vehículo al acuartelamiento de Manzanares, para así realizar el registro correspondiente buscando aquello que había llamado la atención al perro.

Más de 54 kilos de cocaína escondidos

Una vez fue desplazada la furgoneta, el perro volvió a marcar las zonas donde podría haber escondido alguna sustancia estupefaciente. Tras esto, los agentes empezaron a levantar los asientos y las moquetas de la furgoneta, para ver si encontraban algo con una búsqueda más minuciosa. Y precisamente fue al levantar lo segundo donde vieron una rendija donde había una serie de paquetes realmente sospechosos.

En esta parte de la furgoneta, el conductor llevaba una serie de paquetes de color verde, marrón y negro con forma rectangular. Del hueco que estaba inicialmente oculto, consiguieron sacar hasta 40 paquetes de estas características, de los cuales los agentes empezaron a sospechar que contenían cocaína.

Los agentes de la Guardia Civil no estaban nada alejados de la realidad, pues una vez realizaron las pruebas correspondientes a dichos paquetes, se confirmó que lo que escondían en su interior era cocaína. Y no poca, pues todos esos paquetes rectangulares sumaban un peso total de 45,6 kilogramos. Todo esto escondido en un hueco de la furgoneta que fue detenida camino a Madrid.

Tras todo este trabajo de registro, no encontraron nada más. Y como no podía ser de otra manera, el conductor del vehículo que portaba esta mercancía de cocaína fue detenido por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Esta persona era residente en Madrid y tanto él como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.

El conductor pensó que escondiendo estos 40 paquetes en este lugar recóndito de su furgoneta podría pasar inadvertido, pero nada más lejos de la realidad. Pues lo que no esperaba él es que de camino a Madrid se iba a encontrar con un control en carretera donde había un perro especializado en la detección de estupefacientes. El trabajo de este animal y de los agentes de la Guardia Civil allí desplegados arruinaron los planes de este conductor. En plena autovía A-4, este control permitió a los agentes dar caza a esta persona que ha resultado ser el actor de un delito contra la salud pública.

Un conductor está siendo investigado por circular a 235 km/h en la A-5 de Badajoz, a la altura del término municipal de Guareña. El infractor se enfrenta a un delito grave contra la seguridad vial.

Un conductor a 235 km/h en la A-5

La Dirección General de Tráfico ha intensificado los controles en carretera en los últimos días. El organismo dirigido por Pere Navarro ha anunciado la llegada de nuevos radares de tramo y fijos que empezarán a operar en diferentes puntos de España a lo largo de este año.

El incidente se ha producido en el momento en el que la DGT realiza más controles en carretera. Los agentes de la Guardia Civil captaron a un conductor que circulaba a 235 km/h, superaba en 115 km/h el límite de velocidad.

La Guardia Civil interceptó al conductor, un habitante de Madrid, que circulaba cerca de la localidad extremeña de Don Benito. El caso está ahora en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de este municipio.

Una multa y pena de prisión de tres a seis meses

El conductor que circulaba a 235 km/h se enfrenta a una pena por conducción imprudente recogida en el Código Penal. El artículo 379 aclara que la sanción mínima para este delito es de 300 euros, que también puede castigarse con penas de prisión de tres a seis meses.

El infractor tendría que pagar una multa de 6 a 12 meses o realizar trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y podría perder el derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tráfico en todo el mundo, también aumenta la gravedad de las lesiones en caso de sufrir un siniestro.

“Respetar los límites de velocidad no es una opción, es una obligación de todos los conductores, para proteger tanto su vida como la de los demás”, comenta la Guardia Civil.

El dispositivo, que a simple vista podía pasar por una montura convencional de corrección óptica, permitía transmitir en tiempo real las imágenes de las preguntas del examen a un colaborador exterior, quien a su vez dictaba las respuestas correctas a través de un audífono de tamaño microscópico oculto en el canal auditivo del examinando.

Este incidente, ocurrido durante las inspecciones habituales que el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) realiza en los centros de examen de la Dirección General de Tráfico, pone de manifiesto una tendencia creciente hacia el uso de tecnología "wearable" para vulnerar la seguridad de las pruebas.

A diferencia de los métodos rudimentarios empleados hace años, como el intercambio de identidades o las chuletas de papel, los aspirantes recurren ahora a dispositivos electrónicos de alta gama que son extremadamente difíciles de detectar sin el uso de herramientas de escaneo específicas o una vigilancia muy atenta por parte de los agentes especializados.

El operativo comenzó cuando los agentes, que realizaban labores de inspección y vigilancia en la sala de exámenes, observaron un comportamiento inusual y una postura forzada en uno de los aspirantes. El individuo mantenía una rigidez sospechosa y orientaba su cabeza de manera poco natural hacia la pantalla del ordenador, lo que despertó las sospechas de los efectivos del instituto armado.

Tras finalizar la prueba, los agentes procedieron a su identificación y registro en una sala anexa, donde descubrieron el complejo entramado tecnológico que llevaba consigo, confirmando que las gafas no tenían una función médica, sino puramente delictiva.

Las denominadas "Smart Glasses" utilizadas en este caso contaban con una lente que ocultaba una cámara de alta resolución capaz de enfocar el texto de la pantalla con total nitidez. La señal de vídeo era enviada de forma inalámbrica a un dispositivo móvil oculto entre la ropa del infractor, el cual actuaba como puente para retransmitir la información vía internet a una tercera persona situada fuera de las instalaciones.

Este colaborador, al recibir las imágenes en un monitor remoto, buscaba las respuestas y las comunicaba mediante una señal de radiofrecuencia al microauricular alojado en el oído del aspirante, completando así un circuito de comunicación bidireccional imperceptible para los examinadores convencionales.

Esta modalidad de fraude no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática que la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil intentan atajar con una vigilancia cada vez más técnica. El uso de inhibidores de frecuencia y detectores de metales se ha vuelto común en muchas jefaturas, pero la miniaturización de los componentes electrónicos y el uso de materiales plásticos y cerámicos en los dispositivos de espionaje obligan a una actualización constante de los protocolos de detección.

Las consecuencias legales para el infractor son ahora mucho más severas gracias a la última reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Anteriormente, este tipo de conductas se consideraban irregularidades administrativas que a menudo terminaban en una simple expulsión de la sala, pero la legislación actual tipifica el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados como una infracción muy grave.

Esto conlleva una sanción económica de 500 euros y, lo que resulta más disuasorio para los infractores, la prohibición legal de volver a presentarse a las pruebas para la obtención del carné de conducir en un plazo de seis meses.

Más allá del fraude administrativo, la Guardia Civil advierte sobre el peligro social que representan estas prácticas. Obtener el permiso de conducir mediante engaños supone que personas que no han acreditado poseer los conocimientos teóricos básicos sobre seguridad vial y normativa de circulación se incorporen al tráfico rodado, poniendo en riesgo su integridad y la del resto de los usuarios de la vía.

El desconocimiento de las señales de prioridad, las normas de adelantamiento o las tasas de alcoholemia por parte de un conductor que ha "comprado" su aprobado mediante tecnología de espionaje se traduce directamente en un aumento potencial de la siniestralidad en las carreteras españolas.

Estos nuevos dispositivos que controlarán el tráfico en nuestro país cuentan con la ventaja de que pueden colocarse de dos maneras distintas. La primera es instalado en una caja actuando como radar fijo, mientras que también puede ser usado de forma móvil cambiando su ubicación cada día. Esto hace que los conductores no tengan controlados estos radares y sean prácticamente indetectables. El Boletín Oficial del Estado ha confirmado que la Guardia Civil contará con hasta 15 de estos.

Nuevos radares para nuestras carreteras

Una de las principales preocupaciones por parte de la Dirección General de Tráfico son los excesos de velocidad que cometen algunos conductores. Dos de cada tres sanciones son por este motivo, y es que cada vez hay más dispositivos para controlar y castigar este problema, que lejos de menguar, no para de crecer. Pues cada año el número de sanciones en carretera crece, y esto también se debe a que el control cada vez es mayor.

Para este 2026, desde Tráfico han anunciado una nueva medida que continuará en este camino de reducir los excesos de velocidad y, por tanto, de aumentar la seguridad vial en las carreteras españolas. Y es que, tal y como indica el Boletín Oficial del Estado, se han formalizado los contratos para suministrar un total de 15 radares dinámicos que la DGT aportará a la Guardia Civil.

Una vez los reciban, los agentes de la Guardia Civil serán los que elegirán la ubicación y la forma de trabajar con ellos. Estos se entregarán en un plazo de cuatro meses y llegan para sustituir a algunos radares que ya son considerados obsoletos o que presentan averías catalogadas como irreparables. Los conductores se someterán así un nuevo control, que será prácticamente indetectable para ellos.

15 nuevos radares llegan a España

La principal característica de estos nuevos dispositivos es la variedad de posición que pueden adoptar en las carreteras. Ya que no son radares fijos, sino que estos quince que se acaban de añadir a la lista de los ya instalados en nuestra red son dinámicos. Lo que significa es que los agentes de la Guardia Civil van a ser los encargados de elegir la ubicación y la forma en la que los utilizan.

El motivo de la elección de este tipo de controladores es que son prácticamente indetectables para los conductores, a diferencia de muchos otros que están ya colocados en la carretera. Estos 15 dispositivos han costado un total de 1.234.000 euros y pronto llegarán a nuestras carreteras. Los agentes de la Guardia Civil podrán optar cada día por colocar uno de estos, tanto en un lugar estático como puede ser un trípode, o de forma móvil como puede ser un vehículo.

Esta versatilidad y movilidad no es la única fortaleza de estos radares, pero sí es uno de sus puntos más fuertes. También destacan por su capacidad para controlar el tráfico una vez están ubicados de una forma o de otra. Ya que pueden vigilar hasta seis carriles distintos, en ambos sentidos, al mismo tiempo, pueden capturar la imagen de un vehículo aunque se encuentre a una distancia lejana de su ubicación y pueden lanzar el 'flash' cada medio segundo entre una fotografía y otra.

La Red de Carreteras del Estado sigue aumentando así su 'armamento' de radares para controlar la velocidad de los coches que circulan por nuestro país. Estos radares dinámicos son los últimos en añadirse a una larga lista que cada vez es más grande. El principal lugar donde pueden actuar estos nuevos dispositivos es en zonas con mayor cantidad de tráfico, ya sea en atascos o en grandes operaciones salida, pues los agentes lo colocarán a conciencia en aquellos lugares con mayor número de desplazamientos.

Se trata del conocido como "timo del asfalto", una estratagema que combina la presión psicológica con la apariencia de profesionalidad para despojar a propietarios de viviendas y naves industriales de importantes sumas de dinero a cambio de un trabajo defectuoso o inexistente.

El modus operandi de estos estafadores es tan sencillo como efectivo, basándose principalmente en el factor sorpresa y en la supuesta inmediatez. Por lo general, los delincuentes se presentan en el domicilio de la víctima o en su lugar de negocio uniformados como operarios de una empresa de construcción o pavimentación.

De hecho, utilizan vehículos que a menudo cuentan con maquinaria pesada o rotulaciones que imitan a empresas legítimas para proyectar una imagen de total confianza. La historia que narran siempre sigue el mismo patrón, afirmando que están terminando una obra pública o privada en una zona cercana y que les ha sobrado una cantidad considerable de asfalto caliente.

Para no desperdiciar el material y evitar el coste de transportarlo de vuelta a la planta o deshacerse de él, ofrecen al propietario pavimentar su entrada, patio o aparcamiento por un precio irrisorio, muy por debajo del valor de mercado.

Los estafadores argumentan que, dado que el material ya está pagado por el cliente anterior, el interesado solo tendría que abonar una pequeña cantidad por la mano de obra y el "favor". Esta técnica de venta agresiva busca anular la capacidad de reflexión de la víctima, instándola a tomar una decisión rápida antes de que el asfalto se enfríe y pierda sus propiedades.

Uno de los pilares fundamentales que sostiene este fraude es la ausencia de documentación formal. La Guardia Civil destaca que los estafadores evitan a toda costa la firma de contratos detallados o la entrega de presupuestos por escrito. Todo el acuerdo se sella de palabra, apelando a la buena fe y a la urgencia de la situación. Al no existir un soporte documental, el usuario queda totalmente desprotegido ante cualquier reclamación posterior.

"El timador juega con la codicia y la necesidad del ciudadano. Presenta una situación donde parece que el único que gana es el cliente, cuando en realidad está abriendo la puerta a una estafa que le costará miles de euros y un problema estructural en su propiedad", advierten las autoridades.

Una vez que la víctima accede al trato, los supuestos operarios comienzan a trabajar con gran celeridad. Sin embargo, la calidad del material empleado suele ser ínfima; en muchas ocasiones no es asfalto real, sino una mezcla de alquitrán de baja calidad y áridos que no ha sido compactada correctamente.

El resultado es estéticamente aceptable durante las primeras horas, pero tiende a agrietarse, hundirse o deshacerse por completo tras las primeras lluvias o el paso de vehículos pesados.

No obstante, el problema no termina con la mala calidad de la obra. En muchos casos reportados a la Benemérita, el precio pactado inicialmente sufre una "inflación" repentina una vez que el trabajo ha comenzado o está a punto de finalizar. Los estafadores pueden alegar que han utilizado más metros cuadrados de los previstos o que han surgido complicaciones técnicas inesperadas que requieren un pago adicional inmediato.

Si el propietario se niega a pagar la nueva suma exigida, los delincuentes suelen cambiar su actitud amable por una conducta intimidatoria. Al encontrarse en inferioridad numérica y, a menudo, en lugares aislados, las víctimas terminan cediendo al chantaje para evitar represalias o conflictos mayores. Es común que estos grupos exijan el pago en efectivo, dificultando enormemente el rastreo del dinero por parte de los investigadores de la policía judicial.

Cómo protegerse y actuar ante la sospecha

La Guardia Civil es tajante en sus recomendaciones para evitar caer en esta red de engaños. La regla de oro es desconfiar sistemáticamente de cualquier oferta comercial no solicitada que se presente en la puerta de casa, especialmente si implica trabajos de construcción con "sobrantes" de otras obras.

En caso de detectar la presencia de estos grupos en su localidad, las autoridades instan a la ciudadanía a no enfrentarse a ellos, sino a tomar nota de las matrículas de los vehículos y ponerse en contacto de inmediato con el teléfono de emergencias 062.

Los agentes de tráfico llevan meses quejándose de que, en determinadas situaciones climatológicas, coger la moto puede suponer un riesgo contra la seguridad y su bienestar. "Hay que tener en cuenta que nuestro servicio no es una conducción de ocio", asegura Diego Madrazo, responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC.

Tal y como explica a Auto Bild el responsable, desde el año 2006, era obligatorio que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico tuviesen que utilizar la moto si se encontraban dentro del umbral térmico de entre 7 y 35 grados.

Sin embargo, relata, a lo largo de estos años no se ha tenido en cuenta que el uso de los chalecos con airbag incorporado que, por sus características, no tiene transpiración. "Es una prenda que se tiene que hinchar, entonces puede aumentar el estrés térmico de su portador", afirma Madrazo.

Ante la introducción de este nuevo elemento, la agrupación solicitó una evaluación para que se reevaluaran estas condiciones. En este caso, el servicio de prevención de laborales de Madrid señaló que era conveniente bajar el umbral térmico a 32º, puesto que la introducción de la prenda suponía un estrés térmico añadido y, de hecho, recomendaban no montar en moto a partir de esa temperatura.

Con ese informe, la Comisión de Tráfico de AUGC hizo un escrito al general jefe de la Agrupación de Tráfico. "Operaciones de Agrupación de Tráfico dijo que no, que los umbrales se mantenían tal y como estaban establecidos", afirma Diego Madrazo.

Los agentes volvieron a plantear la misma cuestión en el pleno celebrado en diciembre, donde se requería a la directora general que "hicieran caso de lo que había dicho el organismo técnico frente al criterio que nos dio la Agrupación de Tráfico, que no tenía ningún rigor técnico".

Ante esta petición, tomó la palabra el General Molano, segundo jefe de la Agrupación, quien afirmó que ellos consideraban que el umbral técnico era adecuado, pero que no tenían conocimiento de que hubiera ningún problema en ninguna unidad que se obligara a salir a los motoristas independientemente de la temperatura, según refleja el acta.

"Es decir, que quedaba a criterio de la gente, ya no solo en función de la temperatura, sino de que se encuentren en peor o mejor estado físico para salir en moto. Por lo tanto, todas estas normas de la agrupación quedaban desechadas; esa es la interpretación que hicimos y quedaba únicamente a criterio del motorista", explica Madrazo.

Además, se comprometió a trasladarlo a todas las unidades para que fuese una normativa homogénea. Sin embargo, casi cuatro meses después de ese pleno, todavía no se ha comunicado.

Ante esta falta de información, las cosas no han cambiado. No hay que olvidar que, en muchas ocasiones, los mandos obligaban a los agentes a salir en moto para acumular kilómetros, algo que les favorecía.

"Hay un conflicto laboral en la Guardia Civil latente; ya hemos abandonado el consejo, ninguna asociación, ningún representante de los trabajadores está yendo al Consejo de la Guardia Civil, no se está participando en grupos de trabajo porque vemos que lo que dicen en el consejo luego se queda en nada", concluye el secretario.

En este punto, un conductor protagonizó una escena que parece extraída de una comedia de errores, al intentar aplicar la técnica conocida como el "trenecito" para ahorrarse el coste del peaje. Sin embargo, su error de cálculo fue monumental: el vehículo al que decidió pegarse para burlar la barrera era, en realidad, un coche camuflado de los Mossos d'Esquadra.

La maniobra del "trenecito" es una práctica tan peligrosa como recurrente en las autopistas de peaje. Consiste en circular a una distancia extremadamente reducida del vehículo precedente, casi pegado a su parachoques, con el objetivo de aprovechar la apertura de la barrera activada por el pago del primer coche.

El infractor acelera al mismo ritmo para que los sensores del sistema no tengan tiempo de detectar el paso de dos vehículos distintos y la barrera no descienda entre ambos. En esta ocasión, el conductor de un turismo oscuro decidió que ese era el momento ideal para ahorrarse unos euros en una de las vías con las tarifas más elevadas de la red viaria catalana.

El vídeo de la secuencia, que se ha vuelto viral en redes sociales tras ser difundido por las propias autoridades, muestra con total claridad la secuencia de los hechos. El coche camuflado de los Mossos d'Esquadra, un vehículo de color blanco que no presentaba rotulación oficial alguna, se disponía a cruzar el telepeaje de forma reglamentaria.

Justo detrás, el infractor inició su aproximación de riesgo, eliminando cualquier distancia de seguridad y situándose en el ángulo muerto de los agentes. En el preciso instante en que la barrera se elevó para dejar pasar al coche policial, el turismo blanco aceleró, manteniéndose pegado a la zaga del primer vehículo para superar el control de pago de forma fraudulenta.

Lo que el conductor no esperaba es que, apenas unos metros después de rebasar el pórtico del peaje, el coche gris que le precedía activara de inmediato los dispositivos luminosos azules ocultos tras la luna trasera.

La sorpresa debió de ser absoluta para el infractor al descubrir que su "guía" para el impago era una unidad de paisano de la policía autonómica. Los agentes detuvieron el vehículo de inmediato en un lateral de la vía para proceder a la identificación del conductor y a la correspondiente notificación de las sanciones, dejando una imagen que sirve de advertencia para el resto de usuarios de la vía.

Las consecuencias legales de este acto de picaresca son considerables y superan con creces el ahorro pretendido. De acuerdo con el Reglamento General de Circulación, el impago de un peaje constituye una infracción administrativa que suele conllevar una multa económica de 200 euros.

No obstante, en este caso particular, la gravedad de la situación aumenta exponencialmente debido a la forma en que se ejecutó la maniobra. Al circular a una distancia tan mínima del vehículo de los Mossos, el conductor puso en riesgo la seguridad vial, lo que facultó a los agentes para denunciarlo por conducción negligente o, dependiendo de la interpretación de la gravedad y la intención, incluso temeraria.

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia que las autoridades llevan tiempo vigilando de cerca. La autopista C-16, que conecta Barcelona con el interior de Cataluña y el Pirineo, es una zona de especial vigilancia debido al alto volumen de tráfico y a la recurrencia de este tipo de fraudes en sus peajes.

Los Mossos d'Esquadra han reforzado el uso de vehículos camuflados precisamente para detectar este tipo de infracciones que, a menudo, pasan desapercibidas para las cámaras fijas o para los patrulleros rotulados que los conductores evitan al reconocerlos a distancia.

La difusión de este suceso busca concienciar sobre los peligros de estas prácticas. No se trata únicamente de un perjuicio económico para la empresa concesionaria de la autopista, sino de una maniobra que compromete la integridad física de los conductores.

Un frenazo inesperado del vehículo delantero ante cualquier incidencia técnica en la barrera habría provocado una colisión inevitable por alcance, dada la nula distancia de seguridad mantenida por el infractor. Al final del día, el conductor de la C-16 aprendió de la forma más dura que el camino corto y el intento de engaño pueden salir mucho más caros que el peaje más costoso de la red viaria.

Según publica La Voz de Galicia (a quien pertenece la captura de pantalla que abre este artículo), los hechos ocurrieron en la comarca de Barbanza, en Galicia, y tuvieron como protagonistas a dos vehículos, que circulaban uno al lado del otro en una carretera regional cuando, en un momento, se aproximan entre sí de manera peligrosa.

Una vez están en paralelo, aprovechan el momento para pasarse unos botellines de cerveza entre ellos, en una estampa que sorprendió al conductor que estaba detrás. Este intercambio se llevó a cabo mientras los coches mantenían la velocidad y seguían desplazándose por la vía, lo que añade un nivel significativo de riesgo a la acción.

Para rizar más el rizo, se puede ver como el que circula a la izquierda, que parece ser un Seat Arona, invade el carril contrario cuando no debe o pisa línea continua, entre otras tantas infracciones más. El vídeo ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias para determinar responsabilidades.

Actualmente, es imposible encontrar el vídeo, ni el original ni ninguna de las republicaciones que se habían hecho virales, porque se han retirado de redes sociales como ‘X’ (anteriormente conocida como Twitter), Instagram o Tiktok. Se desconoce que lo ha motivado, pero al haberse replicado lo más seguro es que las autoridades dispongan de alguna copia que vale como prueba de la infracción cometida.

Y es que, aunque a los protagonistas les pareciera algo gracioso en el momento, este tipo de comportamientos entra dentro de lo que se considera como conducción distraída o negligente, tipificada como infracción en el Reglamento General de Circulación.

En el artículo 3 del documento se ha referencia a ello. En el punto primero figura lo siguiente: “Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario (artículo 9.2 del texto articulado)”.

En el segundo se añade: “Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consideración de infracciones graves y las referidas a la conducción temeraria tendrán la consideración de infracciones muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.4. a) y 5. c) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, respectivamente”.

Des esto se extrae que un conductor debe mantener la atención permanente en la vía y controlar su vehículo en todo momento, así que realizar acciones que desvíen su atención de esta tarea (como manipular objetos, sacar manos por la ventanilla o interactuar con otros vehículos en marcha) se considera que no solo implica una sanción económica, sino también un riesgo real de provocar un accidente con consecuencias graves.

Ahora bien, la sanción a la que se enfrentan puede variar, ya que depende de si las autoridades consideran que el intercambio de botellines de cerveza es considerado como un acto de conducción negligente o de conducción temeraria, porque varía la categoría de la infracción.

Si es negligente, es una infracción grave, lo que implica una multa de 200 euros y puede suponer la pérdida de 3 o 4 puntos del carnet de conducir. En cambio, si es temeraria se considera una infracción muy grave, en cuyo caso la multa económica pasa a ser de 500 euros y la sustracción de puntos sube hasta los 6. Es más, en función de la gravedad de la conducta podría incluso producirse la retirada del permiso de conducción.

Aunque este tipo de comportamientos al volante, o similares, son algo que siempre se han producido, de manera puntual, en los últimos años se han puesto de mayor relevancia por su difusión en redes sociales.

Han proliferado vídeos y publicaciones donde conductas peligrosas, como alcanzar altas velocidades, realizar adelantamientos temerarios, evitar controles de tráfico o intercambiarse lugares al volante para evitar multas, se muestran en público, quizá para presumir de hazaña, algo que es contraproducente, porque acaba siendo una prueba que se usa en su contra. Es por eso que las autoridades están cada vez más pendientes de monitorizar las redes para seguir la pista a este tipo de acciones.

Es posible que te haya pasado también. Un día recibes un mensaje, ya sea por correo o, sobre todo, por SMS, supuestamente de la DGT en el que se dice que tienes una infracción de tráfico pendiente de pago.

El texto viene acompañado de un enlace para proceder al pago. Sin embargo, si pinchas ese link, caes en la trampa. Además, según Tráfico, estos mensajes vienen acompañados de un ultimátum: "Debe proceder al pago en un límite de 30 días".

Este tipo de amenazas, provocan el caos y la incertidumbre de las víctimas que, ante el miedo a volver a ser multado con un importe mayor, proceden a ingresar los datos y facilitar el acceso a su cuenta bancaria.

El correo electrónico recibido se identifica con el asunto ‘Notificación de Multa por Estacionamiento Ilegal – Pago requerido’ (no se descarta que existan campañas con asuntos similares). En este se proporciona un enlace para el supuesto pago de una multa de tráfico pendiente a través del botón ‘Pagar la Sanción’.

Estéticamente se puede visualizar que intentan imitar a la DGT con su logo y diseño, pero el remitente no es el oficial de la DGT. Al pulsar en el enlace del botón, el usuario es dirigido a un sitio web fraudulento que imita la apariencia de la página oficial de la DGT, presentando la opción de ‘Pagar la multa’.

La Guardia Civil alerta sobre las notificaciones de multas falsas

Cada cierto tiempo, tanto la DGT como la Guardia Civil recuerdan que se trata de un fraude y que no debemos acceder al enlace que aparece en la notificación.

En una reciente publicación en la red social X, el Instituto Armado alerta de que este tipo de prácticas se dan con más frecuencia después de periodos vacacionales, como la Semana Santa que acaba de terminar, momento en el que se multiplican los desplazamientos.

“Tras periodos vacacionales como SemanaSanta, te pueden llegar mensajes de texto fraudulentos que suplantan a la DGT, con el fin de sustraer datos personales”. Y añade. Informan al destinatario sobre presunta multa de tráfico, solicitando que pinche un enlace adjunto”. E insiste: ¡No piques! ¡No cliques!

El Instituto Nacional de Ciberseguridad establece una serie de pautas para actuar en caso recibir una notificación de multa falsa suplantando a la DGT.

Qué hacer si recibes una notificación de multa falsa

Si has recibido un SMS o correo electrónico con las características descritas y no has accedido al enlace, debes reportarlo al buzón de incidentes del instituto para difundir el fraude y ayudar a evitar que otros usuarios sean víctimas del engaño.

Además, es muy recomendable bloquear al remitente, ya sea la bandeja de entrada de tu gestor de correos o de tu teléfono móvil y lo elimines para reducir cualquier riesgo posible.

Si has pinchado el enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, debes seguir los siguientes estos pasos cuanto antes:

• Contacta con la mayor brevedad posible con tu entidad bancaria para que te indiquen las medidas necesarias para proteger la cuenta que has proporcionado.

• Guarda todas las capturas y evidencias posibles del proceso, incluyendo capturas de pantalla, mensajes y los enlaces recibidos. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.

• Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

• Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

• Si tienes dudas sobre la autenticidad de una notificación de la DGT, recuerda que el Instituto Nacional de Ciberseguridad comunica sus sanciones únicamente a través de correo postal o, en caso de no localizarte en tu domicilio, mediante una publicación en el tablón edictal. También puedes recibir notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

Se trata de una práctica que sigue bastante extendida en algunos jóvenes en determinados lugares como polígonos industriales o zonas en las afueras de las ciudades. Algunas películas han hecho mucho daño entre la población joven.

La Guardia Civil ha disuelto una concentración de vehículos preparados para realizar carreras ilegales en la que participaban numerosos conductores procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Navarra, Castilla y León, Cantabria, Madrid y La Rioja.

Durante la operación, los agentes identificaron a 120 personas e interpusieron un total de 25 denuncias por diferentes infracciones, entre ellas algunas graves en materia de seguridad vial, un expediente por porte de arma prohibida y dos expedientes por conducción con presencia de drogas en el organismo.

Seguimiento en internet

La actuación fue posible gracias a la vigilancia constante en internet por parte de especialistas del Instituto Armado. Este seguimiento permitió a los agentes detectar una convocatoria en redes sociales y aplicaciones de mensajería para reunir a aficionados al motor con la finalidad de realizar exhibiciones y competiciones clandestinas en distintos polígonos industriales de la comunidad riojana.

Dicha convocatoria instaba a jóvenes aficionados al motor y los coches a participar en una “quedada” para convertir carreteras públicas en auténticos circuitos de competición, anunciando incluso la presencia de un influencer para dotar de mayor visibilidad a las “lanzadas”, como se conocen a las carreras de aceleración.

Las primeras investigaciones permitieron situar el punto inicial de encuentro en el aparcamiento de un centro comercial de Logroño. Ante la previsión de desplazamientos a otras zonas, la Guardia Civil estableció un dispositivo preventivo de vigilancia y control en varios polígonos industriales de la región.

Gracias a ello, los agentes observaron la llegada de un elevado número de vehículos al punto de encuentro, donde algunos participantes realizaron maniobras de exhibición como derrapes, aceleraciones bruscas y quemado de neumáticos, generando situaciones de riesgo para los asistentes y usuarios de la vía.

Carreras ilegales y conducción peligrosa

Posteriormente, los vehículos abandonaron el lugar en grupo y se dirigieron hacia el polígono industrial El Sequero, en Agoncillo, donde los agentes procedieron a su disolución mediante una actuación coordinada.

Parte de los participantes se desplazó posteriormente a otro polígono industrial en Navarrete, donde se detectaron carreras ilegales y maniobras de conducción peligrosa conocidas entre los aficionados como drifting o donuts, extremadamente peligrosas.

En una de ellas, se detectó a un ocupante sacando parte de su cuerpo fuera del habitáculo sin ningún tipo de sujeción, poniendo claramente en riesgo su integridad.

Actualmente, la Guardia Civil continúa analizando el material gráfico obtenido durante el operativo, según explica en un comunicado, con el fin de identificar e investigar a aquellos conductores que pudieran haber cometido infracciones graves o delitos contra la seguridad vial.

En el dispositivo participaron agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), Servicio de Información, patrullas de Seguridad Ciudadana y unidades del Sector de Tráfico de La Rioja y Navarra.

El conductor ha contado en su cuenta de Instagram, @chefoabella, lo que ha pasado y ha adjuntado una foto para acreditar cómo llevaba la escalera dentro del coche. "Me han multado por llevar una escalera de 140 cm y peso 1,2 kg en el asiento del copiloto, con el cinturón de seguridad. Pero si llevo a alguien de 120 kg, no es sancionable", señala.

En el mismo post añade que la Guardia Civil le ha comunicado que el motivo "es porque no cuido la adecuada colocación. Pero se le olvida al agente reflejar que va sujeta con el cinturón de seguridad, qué casualidad".

Por esta infracción, la Dirección General de Tráfico le ha impuesto una sanción económica de 80 euros, la mitad por pronto pago, aunque no tendrá retirada de puntos.

La Guardia Civil no encuentra la justificación

Junto a la multa, Chefoabella también ha adjuntado la carta certificada que recibió. En ella se puede leer cómo el agente de la Benemérita se acogió al artículo 18 "Otras obligaciones del conductor" del Reglamento General de Circulación para imponer la sanción.

Ese artículo recoge que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Además, se añade que, "a estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

De este fragmento de ley podemos concluir que el agente consideró que, aunque es cierto que la escalera iba bien colocada y sujeta con el cinturón de seguridad, la medida ha sido insuficiente o, al menos, que no tenía justificación colocarla en el asiento del conductor.

Para evitar este tipo de sustos, hay que recordar que, por norma general, los objetos deben ir en el maletero, ya que su función es separar la carga de las personas y transportarla con la mayor seguridad posible.

Es por eso que, si tienes que transportar algo y no entra en tu maletero, deberías mirar primero si puedes utilizar otro vehículo donde no tengas ese problema. Si no es posible, también tienes la opción de instalar un cofre en el coche o llevar un remolque.

Como última opción, y la que menos recomiendan ninguno de los actores, es la de llevar los objetos dentro del habitáculo, pero siempre que vayan sujetos adecuadamente; en ningún caso deben ir sueltos.

Lo aconsejable es que lleves los objetos más pesados en el maletero y que dejes para el habitáculo objetos ligeros y fáciles de sujetar, como un bolso o una mochila pequeña.

Si no te queda otra que llevar objetos más pesados dentro del coche, es recomendable que estén lo más próximos al suelo. El hueco detrás del asiento del conductor y su acompañante puede ser una buena opción. Utiliza los propios cinturones de seguridad del coche para sujetar la carga o, si no, compra correas de estiba o tensores.

Dentro del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, la Guardia Civil ha incorporado en los últimos años una serie de vehículos electrificados que desempeñan diversas funciones policiales. Entre ellos hay 38 unidades del Cupra Born, 75 ejemplares del Opel Astra híbrido enchufable y 232 Nissan Leaf totalmente eléctricos, entre otros muchos.

Uno de los lotes que recibieron en los últimos meses incluye 97 unidades del Ford Kuga PHEV 4x2, coches que se adquirieron con financiación proveniente de los Fondos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de unos 3,8 millones de euros.

Ese casi centenar de ejemplares del SUV de Ford se han distribuido por diferentes comandancias alrededor de España, lo que incluye tanto zonas urbanas como áreas más rurales. Además, los coches se han asignado tanto a unidades de patrulla ciudadana como al Seprona, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil.

Críticas a los nuevos coches de la Guardia Civil

Este cuerpo dentro de la Guardia Civil circula habitualmente fuera de la carretera, por pistas forestales y todo tipo de terrenos, por lo que necesitan vehículos capaces de afrontar diferentes obstáculos sin mayores complicaciones. Sin embargo, los Ford Kuga que han recibido recientemente no parecen cumplir con estas necesidades.

Tal y como denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a través de las redes sociales, el SUV de la firma del óvalo azul parece incapaz de superar un desnivel fuera de la carretera a pesar de tratarse de una unidad equipada con un sistema de tracción 4x4, como se aprecia en el vídeo a continuación.

La asociación reclama que “el Seprona necesita material específico adecuado para dar respuesta a nuestras misiones” y denuncia que otras fuerzas de seguridad cuentan con vehículos más adaptados a este tipo de terrenos, como el Ineos Grenadier, un todoterreno basado en el Land Rover Defender del que ya dispone la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.

Este no es el único vídeo que circula por las redes sociales y que deja en mal lugar a los nuevos coches de la Guardia Civil. La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) también subió hace nos días un vídeo a Instagram en el que podemos ver cómo un agente trata de superar sin éxito un pequeño obstáculo fuera de una pista de grava.

“Si pensabas que ya lo habías visto todo con las motos eléctricas del Seprona, espera a ver los SUV urbanos con etiqueta ECO”, reza la descripción que acompaña al vídeo.

“Señor Marlaska, así no se protege el medio natural. Con 20 cm de desnivel se quedan clavados, patinan incluso en terreno básico y en demarcaciones donde el 70% es monte solo podrán vigilar el 30% del territorio”. Y sentencia con una reclamación: “Nuestros compañeros necesitan vehículos que lleguen al monte, no que se queden en el camino”.

Así es el Ford Kuga

El Ford Kuga es uno de los modelos de mayor éxito de la firma norteamericana. Su producción se lleva a cabo en la planta de Almussafes, en Valencia, de donde salen tanto las unidades equipadas con un motor de gasolina tradicional, como las dos versiones híbridas que conforman la gama del SUV.

Con 4,6 metros de longitud y un maletero que ronda los 400 litros de capacidad volumétrica, el Ford Kuga se puede adquirir con un motor de gasolina de 1.5 litros y 150 CV de potencia, o con dos versiones híbridas.

La primera de estas versiones electrificadas es híbrida no enchufable (HEV) y combina un motor de gasolina de 2.5 litros con un propulsor eléctrico alimentado por una batería. Desarrolla 180 CV y está disponible tanto en versión 4x2 (tracción delantera) como con tracción 4x4, en cuyo caso la potencia aumenta a 183 CV.

Por otro lado, tenemos el Ford Kuga híbrido enchufable (PHEV). Esta versión emplea el mismo motor de gasolina de 2.5 litros que el modelo HEV. Sin embargo, cuenta con una batería de mayor capacidad (14,4 kWh) y una potencia máxima de 243 CV. Cuenta con etiqueta ambiental Cero Emisiones de la DGT y homologa hasta 70 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico.

Durante años, formar parte de la agrupación de Tráfico tenía peso, presencia y prestigio. Hoy, para demasiados agentes, representa justo lo contrario: más riesgo, más incomodidad y menos compensación. No es un problema puntual.

Algunos intentarán venderlo como una simple falta de vocación o como un cambio generacional. Es el argumento fácil, pero aquí no falla eso, falla el sistema y crecen las protestas entre los propios guardias civiles por sus condiciones de trabajo.

¿Por qué digo esto? Porque patrullar carreteras no es un trabajo cómodo, ni limpio, ni agradecido. Es pasar horas expuesto al peligro, al calor, al frío, al tráfico y a los errores de otros.

Y todo eso exige una contrapartida seria. Y no la hay. Aquí tienes bien explicado cómo es una jornada para un agente de la Guardia Civil de Tráfico.

Si un destino implica más desgaste físico, peor conciliación, presión operativa constante y una exposición real a los accidentes, ¿qué quieres? Muchos agentes miran hacia otros puestos.

Y ahí es donde llega el retrato más incómodo. Tráfico sigue siendo esencial para la seguridad vial, pero se gestiona como si bastara con la disciplina y el sentido del deber de los agentes que lo integran. Como si el sacrificio pudiera renovarse solo.

Las cifras hablan por sí solas: en 2025, en España, hubo 1.028 siniestros mortales, con 1.119 fallecidos y 4.936 heridos hospitalizados. Esa es la carretera real que pisan cada día los agentes de Tráfico.

Y otro dato: el complemento de seguridad vial ha perdido valor adquisitivo: según denuncian, algunos agentes cobran hoy 7 euros menos que hace 19 años en este concepto. ¡19 años!

Aun así, se sigue actuando como si el problema principal fuera reputacional y no estructural. Pero no, el desgaste no se corrige con propaganda. Se corrige con plantillas suficientes, turnos razonables y condiciones que no conviertan el destino en castigo.

Tampoco ayuda que el servicio en carretera, y especialmente en moto, siga arrastrando condiciones muy duras en episodios de temperaturas extremas. No es una queja menor. Es una cuestión de salud, rendimiento y seguridad para quien trabaja ahí.

En 2024, durante los meses posteriores a la DANA, se acumularon más de 40.000 horas de servicio, lo que demuestra algo muy simple: cuando hay una crisis, los guardias civiles de Tráfico aparecen.

Cuando hay que auxiliar, señalizar, rescatar o sostener la carretera, ahí están. Pero a la hora de cuidar esa especialidad, la respuesta institucional y de los gobernantes lleva años siendo insuficiente.

No estamos ante una mala racha. Estamos ante el fracaso de un modelo que ya casi nadie compra.

El operativo, diseñado bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, ha movilizado a decenas de agentes y vehículos patrulla para evitar cualquier intento de interceptación por parte de organizaciones criminales, asegurando que el alijo incautado en recientes operaciones contra el narcotráfico llegue a su destino final sin incidentes.

¿Cómo se actúa en estas circunstancias?

El transporte de semejante cantidad de droga no es un trámite administrativo cualquiera, pues es considerada como una de las misiones más críticas y peligrosas a las que se enfrentan las fuerzas de seguridad del Estado en la actualidad.

La magnitud económica del cargamento, que alcanza los 58 millones de euros, convierte al camión en un objetivo prioritario para las mafias internacionales, que ven en estos traslados la última oportunidad para recuperar una inversión perdida o para golpear la infraestructura del Estado.

En esta ocasión, la caravana que custodiaba el tráiler recordaba a las antiguas expediciones de transporte de caudales o a las caravanas de protección del lejano oeste, adaptadas a la tecnología y armamento del siglo XXI.

El convoy estaba integrado por vehículos rotulados y unidades camufladas que flanqueaban el camión en todo momento, manteniendo una distancia de seguridad variable para detectar cualquier vehículo sospechoso en la ruta.

Es por ello por lo que la planificación de este itinerario se realiza con un hermetismo absoluto, comparable a los secretos de Estado. Ni siquiera los conductores de los vehículos de apoyo conocen el destino final hasta pocos minutos antes de iniciar la marcha, una medida de contrainteligencia vital para neutralizar posibles filtraciones de información que las mafias del narcotráfico pudieran explotar.

La ruta es seleccionada entre varias alternativas posibles y puede ser modificada en tiempo real si los sistemas de vigilancia detectan anomalías en el tráfico o la presencia de vehículos que realicen seguimientos sospechosos.

Del mismo modo, las unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y de la Agrupación de Tráfico colaboran estrechamente, cortando de forma intermitente los accesos a las vías principales para garantizar que el camión nunca se detenga, eliminando así los puntos ciegos de vulnerabilidad que suelen darse en las paradas logísticas o en los nudos de comunicación congestionados.

Por otro lado, el conductor del camión que porta los 58 millones de euros en droga sigue un protocolo de actuación extremadamente rígido. Se trata de profesionales seleccionados por su experiencia y que operan bajo una vigilancia constante de sus propios compañeros.

Además, el tráiler utilizado no es un vehículo convencional; cuenta con sistemas de geolocalización redundantes, blindaje reforzado en la cabina y cierres de seguridad electrónicos que solo pueden ser desbloqueados mediante códigos compartidos entre diferentes mandos de la Guardia Civil en el punto de destino.

Esta fragmentación de la información asegura que nadie, de forma individual, tenga el control total sobre la carga durante el trayecto, reforzando la integridad de la cadena de custodia.

Durante el trayecto, el contacto por radio es constante y se utilizan canales encriptados de última generación para evitar que los escáneres de frecuencia de los grupos organizados puedan monitorizar el avance del convoy o anticipar sus movimientos. La comunicación se reduce al mínimo necesario, utilizando códigos tácticos para informar sobre el estado de la ruta y la posición exacta de cada unidad.

El destino final de este despliegue es el último viaje de la droga: la incineración vigilada. Una vez que el convoy llega a las instalaciones, el proceso de descarga se realiza bajo la atenta mirada de un secretario judicial y representantes del Ministerio de Sanidad.

Cada fardo debe ser pesado y verificado nuevamente para asegurar que el inventario coincide exactamente con lo registrado en el momento de la incautación inicial, cerrando así la cadena de custodia con una precisión matemática que no deja lugar a dudas sobre el destino de la sustancia.

Este proceso es fundamental para garantizar que ninguna parte del alijo regrese al mercado negro a través de desvíos ilegales. De hecho, España, debido a su posición geográfica estratégica entre África, América y Europa, es una de las principales puertas de entrada de estupefacientes en el continente, lo que obliga a la Guardia Civil a realizar estos transportes masivos de forma periódica con un rigor extremo.

Tras este blindado traslado, los 58 millones de euros en sustancias tóxicas se convierten, literalmente, en humo y cenizas, cerrando un ciclo de lucha contra el crimen organizado.

Recientemente, el Ministerio de Defensa ha informado que iniciará los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo, lo cual supone “un avance histórico para los compañeros de las Fuerzas Armadas”, expresa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado.

Sin embargo, lamenta que no se haga lo mismo con el Instituto Armado y, sobre todo, enterarse a través de los medios de comunicación. Esto, a juicio de la asociación, supone “una muestra más del deterioro de las relaciones entre la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) y las asociaciones profesionales”.

Tal y como explican desde AUGC, el riesgo no es una hipótesis: “Es la realidad diaria de quienes combaten el crimen organizado y patrullan nuestras carreteras. Tras el reciente plante de las asociaciones en el Pleno del Consejo por la falta de avances sociolaborales, este nuevo episodio de falta de transparencia solo agrava la crisis de confianza con la Dirección General”.

La Guardia Civil lamenta que su actividad no se declare como profesión de riesgo

En el comunicado, la asociación de los guardias civiles lanza dos propuestas concretas: por un lado, una armonización legislativa (aplicación del reconocimiento de profesión de riesgo de forma simultánea en Defensa e Interior); por otro, transparencia (restablecimiento de los canales de diálogo para tratar la jubilación anticipada y los coeficientes reductores).

AUGC recuerda que las asociaciones profesionales ya han dicho basta ante el abandono institucional y la falta de respuestas claras, impulsando solicitudes de plenos extraordinarios, plante en el Consejo y frentes comunes en unidad de acción para defender los derechos sociolaborales del colectivo.

“Es inadmisible”, señala, “que se avance en el reconocimiento de la profesión de riesgo para las Fuerzas Armadas mientras se mantiene en la incertidumbre a la Guardia Civil, obligando a sus representantes a ejercer una presión creciente para que Interior y la Dirección General abandonen el mutismo”.

Por ello, desde AUGC exigen al Gobierno que “despeje cualquier ambigüedad: la declaración de profesión de riesgo debe alcanzar a todos los guardias civiles por igual, incluyendo necesariamente al personal de clases pasivas”.

Por último, la asociación de los guardias civiles insiste en que “no cabe una respuesta parcial que ignore la realidad del servicio” y advierten de que “sólo aceptaremos una solución integral que garantice el acceso a una jubilación digna y el fin de la discriminación. Cualquier medida que deje a un solo compañero atrás será entendida como una traición a la seguridad pública”.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil interceptaron a un conductor de Pamplona en la carretera nacional N-121 en el término municipal de Muruarte de Reta en Navarra por superar la velocidad legal durante uno de sus controles.

Cuando los agentes comprobaron el vehículo, se dieron cuenta de que llevaba un inhibidor de radar incorporado, algo completamente ilegal en España y que está duramente castigado por la legislación de tráfico.

En consecuencia, el conductor del vehículo recibió una doble multa; una por exceso de velocidad y otra por equipar un detector de radar.

La Guardia Civil intercepta un vehículo por exceso de velocidad y descubre que lleva un inhibidor de radar

Como establece el artículo 18.3 del Reglamento General de Circulación sobre el uso de detectores de radar: "Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que se emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como la utilización de mecanismos de detección de radar".

En su apartado cuarto, esta norma dispone que "las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves conforme se prevé en el artículo 76.g) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial".

Por lo tanto, según lo recogido en ese artículo, la multa establecida por circular con un detector de radar es de 500 euros, a lo que hay que añadir la retirada de tres puntos del carné de conducir.

Por otro lado, la Guardia Civil no ha especificado la velocidad a la que circulaba el infractor, por lo que se desconoce en cuántos km/h superaba la velocidad legal en la vía. Recordemos que la cuantía de la multa varía en función de cuánto se supera el límite de velocidad.

Diferencia entre avisador e inhibidor de radar

Hay que distinguir entre un avisador de radar y un detector o inhibidor de radar. El primero es legal, mientras que el segundo no. Desde 2009, la DGT persigue el uso de aparatos que interfieran directamente en el funcionamiento de los radares, con el peligro que ello conlleva para la seguridad vial.

Los avisadores alertan de la presencia de radares en la carretera y son legales porque informan de la ubicación de cinemómetros con información que es pública, es decir, toman la información de la base de datos de la DGT. Ejemplos son Google Maps y Waze.

En cambio, los detectores avisan al conductor de la presencia de cualquier tipo de radar (fijo, móvil o de tramo), gracias a una tecnología de espectro de radio que capta las señales de radiofrecuencia emitidas por los cinemómetros.

Sin embargo, el inhibidor de radar interfiere mediante señales que emite con unas antenas en el correcto funcionamiento del cinemómetro, anulando su capacidad de leer, medir y reconocer tanto la velocidad a la que se circula como el vehículo que infringe los límites establecidos.

La sanción por llevar un detector de radares en el coche es de 200 euros y tres puntos del carné. Pero llevar un inhibidor de radar en el coche, independientemente de si se usa o no, se castiga con una multa de 6.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir. Además, el taller responsable de la instalación del dispositivo también se enfrentará a una multa de 30.000 euros.

Tráfico persigue a los instaladores de estos dispositivos de inhibición en los vehículos. La DGT considera esta práctica una falta muy grave que está sancionada con una multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

Igualmente, la ley incluye castiga el uso de los detectores de radares, unos aparatos que avisan de cualquier radar que haya colocado la DGT, ya sea fijo o móvil. En este caso, la multa es de 500 euros y de tres puntos menos en el carné.

En un mensaje publicado en ‘X’, anteriormente conocida como Twitter, el cuerpo se centra en la importancia de utilizar una equipación adecuada y de adoptar hábitos responsables tanto a la hora de planificar la ruta como durante la conducción. Es lógico que envíe un mensaje así, porque los motoristas siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables en accidentes de tráfico y en las rutas de fin de semana hay quien se “calienta” más de la cuenta, así que conviene tener cuidado.

El primer pilar en el que pone la atención es el de ir siempre bien equipado, independientemente de la distancia o de las condiciones meteorológicas, ya que son muchos lo que se relajan en este aspecto si se trata de un desplazamiento corto, por ejemplo, por ciudad, o si hace calor.

La Guardia Civil recalca que la protección debe ser completa, incluyendo casco homologado, chaqueta, guantes, pantalones largos y botas específicas. No se trata solo de cumplir la normativa, sino de reducir al máximo las lesiones en caso de caída, porque en ese caso el motero lleva todas las de perder.

De hecho, hay que recordar que circular con ropa inadecuada, como pantalón corto o sandalias, multiplica el riesgo de sufrir abrasiones graves incluso en trayectos cortos, pues un “arrastrón” sobre es asfalto altamente abrasivo incluso a bajas velocidades y experimentarlo directamente sobre la piel es de todo menos agradable.

Más allá de la equipación, otro aspecto clave que señala la benemérita es la preparación previa del viaje. Por un lado, revisar el estado de la motocicleta es fundamental para evitar imprevistos en carretera.

Elementos como la presión y el desgaste de los neumáticos aseguran que tracción y agarre son los que deben ser, el correcto estado de los frenos es clave para poder detener la moto como se debe ante cualquier imprevisto, los niveles de los líquidos deben comprobarse antes de cada salida, especialmente si se trata de rutas largas, etc.

La planificación de la ruta es otro de los pilares de la conducción segura. Conocer el itinerario es importante para saber si se trata de carreteras que impliquen ciertos peligros, prever paradas ayuda a evitar la fatiga y consultar el estado del tráfico y la meteorología permite anticiparse a posibles dificultades que compliquen lo que debería ser una salida de ocio.

Este punto cobra especial importancia si se tiene en cuenta que la mayoría de los accidentes de motoristas se producen en carreteras secundarias, donde diversas circunstancias (como unas condiciones del asfalto que suelen ser peores que las de vías de gran volumen, la menor visibilidad, etc.) pueden aumentar el peligro en los desplazamientos.

Además, aunque no figuran en la publicación, la Guardia Civil ha hablado una y mil veces de recomendaciones durante la propia conducción.

Ha insistido en la importancia de mantener la concentración y evitar cualquier tipo de distracción. Lógicamente eso deja fuera de juego el uso del teléfono móvil, pero también implica factores como la fatiga o incluso una comida copiosa, lo que hace que la planificación sea importante para descansar cada cierto tiempo y evitar conducir con somnolencia.

Otro de los mensajes clave es la necesidad de adoptar una actitud prudente al manillar. A estas alturas no debería ser ni siquiera necesario decirlo, pero respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y realizar adelantamientos de manera correcta y solo cuando corresponde son directrices básicas que habría que seguir, pero que sin embargo están presentes en muchos siniestros.

Según la Dirección General de Tráfico, factores como el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos o el consumo de alcohol y drogas están entre las principales causas de accidentes en moto.

Además de estas recomendaciones de la Guardia Civil, hay otros consejos que conviene aplicar para mejorar la experiencia de una salida en moto de fin de semana: prestar atención a la hidratación, evitar las horas de mayores temperaturas, usar prendas reflectantes o colores llamativos para mejorar la visibilidad, usar elementos como los chalecos airbag para tener un plus de seguridad, etc.

Tal y como detalla la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el cuerpo atraviesa una situación especialmente preocupante en una de sus especialidades históricas.

"La Agrupación de Tráfico, que durante años fue el buque insignia del Cuerpo, ha dejado de resultar atractiva para los guardias civiles, como demuestran los datos del último curso de especialidad", afirman.

El pasado 8 de agosto, el Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó la convocatoria del curso de especialidad de Tráfico. En él, se ofrecían 200 plazas presenciales para motoristas y 150 para investigación de siniestros.

Sin embargo, al comienzo del curso este 12 de enero, tan solo 37 motoristas y 10 especialistas en investigación de siniestros iniciaron la formación. A día de hoy, únicamente permanecen 34 alumnos motoristas, lo que evidencia aún más la falta de interés real por esta especialidad.

El bajo sueldo y la falta de igualdad, entre los problemas

Lo cierto es que estos datos inquietan a la asociación, ya que consideran que los profesionales no tienen ningún tipo de interés por integrarse en esta especialidad clave.

"Uno de los principales factores que explica esta falta de interés es la ausencia de un sistema de turnos homogéneo, fijo y garantizado para todos los efectivos de Tráfico", se quejan desde AUGC.

Según detallan, actualmente existe una disparidad de criterios inaceptable entre unidades: mientras en algunos destinos se aplica un turno 6x5 (MMMTTN), en otros se mantiene el 5x4 (MMTTN), claramente perjudicial para la conciliación.

Además, la mayoría de las unidades carece de un turno fijo, lo que impide planificar la vida personal y familiar y genera una permanente incertidumbre.

Esta situación supone una discriminación interna entre guardias civiles de la misma especialidad y una clara desventaja frente a otros cuerpos policiales que disfrutan ya del turno 6x6.

Sin embargo, el tema de los turnos no es el único problema que han encontrado desde la AUGC para esta caída en la popularidad de la especialidad de Tráfico. El tema económico también entra en juego.

Desde hace años, los guardias civiles de Tráfico arrastran la promesa incumplida de una subida de la productividad O3, anunciada en 57 euros mensuales, una cantidad claramente insuficiente si se compara con el incremento del coste de la vida y la subida generalizada de precios de los últimos años.

"Lo más grave es que ni siquiera esa subida se ha materializado, manteniéndose una situación de bloqueo y abandono absoluto", señala la agrupación.

Muchos son los factores que hacen que la especialidad de Tráfico ya no sea atractiva. A los dos puntos anteriores se le suma la alta peligrosidad del servicio, con exposición constante al riesgo en carretera y la excesiva carga burocrática, especialmente en la elaboración de atestados.

La falta de interés por la especialidad de Tráfico no es solo un problema interno. Tiene un impacto directo en la seguridad vial, en la prevención de accidentes y en la atención a los siniestros en carretera.

Menos efectivos, peor motivados y con condiciones laborales deficientes suponen un deterioro del servicio que acaba afectando directamente a la ciudadanía.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha advertido del uso correcto de la baliza V16 durante los últimos meses. Los conductores se exponen a una multa de hasta 200 euros.

No habrá una campaña de controles aleatorios

La baliza V16 pretende acabar con los triángulos de emergencia, según los datos han causado cerca de 20 fallecidos al año de conductores que salen de su vehículo. El dispositivo ha llegado para quedarse, pero sigue habiendo muchas dudas acerca de su uso correcto.

Grande-Marlaska acudió a una comisión en el Congreso de los Diputados para valorar la obligatoriedad de la baliza V16 el pasado 25 de febrero. El ministro contestó a varias preguntas de los diputados, entre ellas las multas impuestas por no llevar este dispositivo.

"Claro que es obligatorio, desde el 1 de enero de 2026, lo que no hay es una política de ponerse a hacer controles aleatorios para acreditar el cumplimiento de esa obligación, como sí ocurre en cuestiones muy relevantes como el consumo de alcohol, el consumo de drogas o la velocidad", comenta el ministro del Interior.

Cuidado si sufres un accidente

El hecho de que la Guardia Civil no vaya a revisar las guanteras no significa que la baliza V16 deje de ser obligatoria. Los agentes pueden multar a los conductores que no la utilicen en caso de sufrir un accidente de tráfico o quedar inmovilizados en la carretera.

"Lo que sí hay es la sanción si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza; en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", añade Marlaska.

El funcionamiento es similar al de los triángulos de emergencia antiguos. Los agentes de Tráfico no van a realizar controles aleatorios para revisar que los conductores los lleven en sus vehículos, pero su uso era obligatorio igualmente.

Las multas por no llevar la baliza se aplicarán sobre los conductores que no la usen cuando sea necesario. Los agentes de la Guardia Civil también pueden multar si la V16 no está homologada, estos modelos siguen inundando el mercado.

La Semana Santa es una de las épocas del año con mayor volumen de desplazamientos por carretera en España. Cada año, millones de españoles aprovechan estos días para descansar, ir a sus segundas residencias o visitar algunas de las ciudades más famosas de España por sus procesiones.

Esto aumenta considerablemente el flujo de tráfico, lo que obliga a la Dirección General de Tráfico a poner en marcha un dispositivo especial. En este caso, la denominada Operación Especial Semana Santa 2026, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días.

Dispositivo especial de la DGT: tres fases

Este dispositivo se activará por fases: la primera será la Operación Salida, a las 15:00 horas del viernes 27 de marzo y hasta las 00:00 horas del domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, que comprende el fin de semana que precede a la Semana Santa.

La segunda fase, más importante por volumen y desplazamientos, comenzará a partir del mediodía del miércoles 1 de abril, con la segunda Operación Salida de la Semana Santa 2026, y comprenderá los días miércoles 1 y jueves 2 de abril.

Esta fase concluirá a las 00:00 horas del domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección), con la Operación Retorno, que se desarrollará durante el sábado 4 y el domingo 5 de abril.

Para ello, cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Cuatro consejos de la Guardia Civil para tu viaje de Semana Santa

La Guardia Civil ha lanzado algunas recomendaciones en su cuenta de X (Twitter) para los conductores que van a coger el coche esta Semana Santa: "¿Preparando el viaje de #SemanaSanta2026? Ten en cuenta estos tips: comenta en la red social.

Revisa el estado del vehículo

El primer consejo es revisar el estado del vehículo. Esto es algo fundamental siempre que se va a hacer un viaje largo. Lo primero es comprobar la presión y el estado de los neumáticos. Aquí te explicamos qué presión deben llevar los neumáticos de tu coche.

Esto es vital para la seguridad de tu coche, porque las ruedas son el único elemento del vehículo en contacto directo con la carretera y es crucial que estén en buen estado. Comprueba que la presión es la que indica el fabricante y que el dibujo de la goma tiene la profundidad adecuada.

Asimismo, revisa otros aspectos de tu coche, como el estado del líquido de freno, algo que muy pocos suelen hacer. Recuerda que se deben cambiar cada dos años. Del mismo modo, controla otros líquidos, como el lavaparabrisas y el refrigerante.

Consulta el estado del tráfico y planificar la ruta

La Guardia Civil también recomienda consultar el estado del tráfico antes de iniciar el viaje. Así podrás planificar mejor la ruta y evitar atascos. Sólo te llevará unos minutos. Para ello, puede consultar directamente la cuenta @DGTes de la Dirección General de Tráfico.

Descansar al menos cada dos horas o 200 kilómetros

La fatiga al volante puede multiplicar la posibilidad de sufrir un accidente, ya que disminuye la atención y provoca la pérdida de reflejos o el denominado efecto túnel.

La Guardia Civil pide responsabilidad a los conductores, recomienda parar a descansar cada dos horas durante el viaje o 200 kilómetros. Por supuesto, también hacerlo ante los primeros signos de cansancio.

Si paras a descansar, es muy importante que aproveches para hidratarte correctamente y estirar los músculos. Desde Tráfico recomiendan descansar entre 30 y 45 minutos antes de continuar con el viaje.

Silencia el teléfono móvil y centrar la atención en la conducción

Por último, el Instituto Armado aconseja dejar el móvil en silencio y centrar la atención en la conducción. Recuerda que la multa por usar el móvil mientras se conduce es de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné. Además, se castiga no sólo el uso del aparato, sino también la mera acción de sujetarlo, aunque esté apagado.

Por el bien de los agentes, el detenido no consiguió ir muy lejos y se acabó chocando con una barrera. El principal delito no era esta huida, sino el robo de un Porsche cuyo valor supera los 80.000 euros y provenía de Reino Unido. Las dos personas implicadas en este delito fueron pilladas en la ciudad de Torrevieja, y ahora serán investigadas por varios delitos.

Un coche robado en Reino Unido aparece en España

Hace unas semanas, unos agentes de la Guardia Civil de Torrevieja se encontraban circulando por las calles de la ciudad alicantina cuando algo les llamó la atención. Y es que se toparon con un coche de alta gama, el cual portaba una matrícula de Reino Unido, pero carecía del distintivo obligatorio que deben llevar los vehículos procedentes del extranjero para así ser identificados. La falta de este indicativo hizo comenzar una operación que tenía mucha más historia.

Una vez pararon a este vehículo, se encontraron con dos varones de nacionalidad lituana de 36 y 32 años. Es en este momento cuando iniciaron una investigación más exhaustiva del vehículo y se dieron cuenta de que la falta de ese distintivo no era la única irregularidad que cometía dicho coche de lujo. En el número de identificación del vehículo vieron varios signos de manipulación, e incluso los pasaportes aportados por las dos personas no correspondían con sus rostros.

Al verificar los datos reales del vehículo que tenían en frente, cayeron en la cuenta de que este había sido robado en 2025 en Reino Unido. Había pasado un tiempo desde aquel delito, y ahora estas dos personas circulaban con este automóvil de lujo como si fuera suyo en otro país. Pero los distintos fallos que habían cometido con este coche los acabaron delatando.

Detenidos tras una huida fallida

Concretamente, el coche robado en Reino Unido y ahora visto en Torrevieja era un Porsche Macan. Este modelo de la firma de Stuttgart, que ha sido protagonista en los últimos días por este delito, tiene un precio que parte desde los 82.310 euros. Este SUV deportivo de lujo fue sustraído en Reino Unido y después de un tiempo, ha llegado a España, pero los agentes dieron con los ladrones de este lujoso automóvil.

Este coche de por sí llama la atención, pero aún más la llamó al ver que carecía del distintivo necesario al ser un modelo de Reino Unido. Los agentes no tuvieron otra opción que llevarse detenidos a las dos personas que había en el vehículo como presuntos autores de distintos delitos como falsedad documental y receptación del vehículo sustraído. Incluso, uno de ellos tenía antecedentes por delitos contra la salud pública y organización criminal, y además tenía una Orden Europea de detención.

Por cada minuto que pasaba, la situación era más grave. Por lo que los agentes los llevaron a dependencias del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja. Pero esto no acaba aquí, pues al abrirse las puertas del coche oficial, uno de los detenidos salió corriendo intentando huir. Aunque no llegó muy lejos, pues para salir intentó saltar una barrera de acceso y chocó con ella y terminó cayendo al suelo.

Esta huida interrumpida supuso tanto la fractura de la barrera como varias lesiones en el detenido. Por lo que, además de todos los delitos ya comentados previamente, ahora había que sumar uno de daños. Las dos personas involucradas en este delito con un Porsche Macan con un precio superior a 80.000 euros que fue robado en 2025 en Reino Unido, ahora han pasado a disposición judicial, y posteriormente han sido puestas en libertad con medidas cautelares, hasta que se celebre el juicio.

La Vuelta Ciclista a España tendrá lugar entre los días 23 de agosto y 14 de septiembre, aunque los agentes ya están entrenando para las pruebas. La Guardia Civil ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram mostrando este peculiar entrenamiento.

Conocimientos teóricos y mucha destreza

Los motoristas que trabajarán durante la Vuelta Ciclista no son agentes cualquiera, sino que reciben un entrenamiento especial. Los seleccionados deben circular con la máxima precisión en un lateral de la carretera sin molestar a vehículos y ciclistas.

Las motos de la Guardia Civil de Tráfico pesan más de 300 kilogramos, manejarlas esquivando a ciclistas y aficionados no es una tarea sencilla. Los agentes deben superar un curso de formación teórica, psicotécnica y una entrevista personal.

Desde la Guardia Civil de Tráfico confirman que no todo son conocimientos, también es necesario tener mucha destreza. Los motoristas también deben superar una serie de pruebas en circuito cerrado, la parte más complicada del examen.

Circuito con obstáculos, eslalon y frenadas de emergencia

Los agentes de la Guardia Civil seleccionados deben estar preparados para cualquier incidente durante la carrera y subir los puertos de montaña más exigentes.

Solo 130 motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil serán seleccionados. A esto se suman un helicóptero que sigue todo el recorrido de los ciclistas y una treintena de vehículos 4x4.

Los ciclistas circulan de media a unos 41 km/h, una velocidad que sube en las competiciones contrarreloj y descensos. Los motoristas deben tener un control total del vehículo a esa velocidad.

Entre las pruebas a las que se someten están superar un circuito con obstáculos con una zona de eslalon y un trébol. Los motoristas también deben realizar un cambio de sentido de 360 grados en una cuesta y una frenada de emergencia con obstáculos en el camino.

Los motoristas que quieran participar en la Vuelta Ciclista a España tendrán que superar la parte teórica y aprobar la prueba de conducción en circuito cerrado. El entrenamiento de los agentes ha comenzado.