La DGT denuncia por exceso de velocidad a dos patrullas de la Guardia Civil cuando perseguían a los autores de un atraco
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Los guardias civiles activaron los protocolos de prioridad en la circulación para personarse en el lugar en el menor tiempo posible antes de cumplir con las restricciones de velocidad de la vía.
La Jefatura Provincial de Tráfico ha tramitado sanciones por exceso de velocidad contra los agentes de dos patrullas de la Guardia Civil que circulaban a gran velocidad mientras acudían a una intervención de urgencia para perseguir a los autores de un atraco a mano armada. La actuación administrativa se inició tras quedar registrado el paso de los vehículos policiales por un radar fijo en pleno servicio de emergencia, una circunstancia que habitualmente queda exenta de sanción una vez que se acredita la naturaleza del desplazamiento.
Sin embargo, la persistencia en el expediente ha generado una notable estupefacción tanto en el ámbito policial como en el judicial, derivando en la intervención directa de la Fiscalía, que ha terminado por archivar la causa al considerar inaudito el procedimiento iniciado contra los funcionarios.
Ante la gravedad de la situación y la necesidad de interceptar de forma inmediata a los sospechosos en su huida, los guardias civiles activaron los protocolos de prioridad en la circulación para personarse en el lugar en el menor tiempo posible. Durante la maniobra de aproximación y persecución, los vehículos oficiales rebasaron los límites normativos fijados en la vía, una conducta amparada por la legislación de tráfico cuando los cuerpos de seguridad actúan en el cumplimiento de sus funciones de urgencia y con las señales reglamentarias.
Pese a la justificación operativa del desplazamiento, los cinemómetros instalados en la carretera captaron la velocidad de los dos automóviles del instituto armado. El sistema automatizado de procesamiento de multas de la Dirección General de Tráfico emitió los correspondientes expedientes sancionadores. Lo que en principio se consideraba un trámite burocrático subsanable mediante la presentación del informe de servicio que atestiguaba la llamada de socorro y la persecución en curso, derivó en un conflicto administrativo inesperado al no retirarse las notificaciones de sanción de manera directa.
La tramitación de las denuncias obligó a los agentes a presentar las alegaciones oportunas para fundamentar que su exceso de velocidad no respondía a una infracción voluntaria ni a una negligencia al volante, sino a un deber constitucional de protección ciudadana y persecución del delito. La normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial exime expresamente de responsabilidad a los conductores de vehículos de emergencia cuando se encuentren realizando un servicio urgente, siempre que no pongan en riesgo injustificado al resto de los usuarios de la vía y utilicen los avisadores ópticos y acústicos.
La persistencia del procedimiento terminó trasladando el asunto al ámbito judicial y a la fiscalía de tráfico para evaluar la corrección del expediente. El representante del Ministerio Fiscal no tardó en calificar la situación de inaudita, señalando que penalizar o multar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de una persecución activa desvirtúa la propia función de auxilio y protección que tienen encomendada. Tras revisar la documentación acreditativa del atraco y constatar que las patrullas acudían de forma justificada a la llamada de emergencia, la Fiscalía decretó el archivo definitivo de las actuaciones.
Este incidente ha puesto de manifiesto las rigideces que en ocasiones presenta el sistema automatizado de detección e imposición de sanciones de la Dirección General de Tráfico. Aunque la automatización de los radares busca garantizar la imparcialidad y la eficacia en el control del tráfico, la falta de un filtro previo ágil para discriminar los vehículos de emergencia en servicio prioritario puede desencadenar situaciones rocambolescas en las que las fuerzas del orden se ven obligadas a defenderse administrativamente por cumplir con su deber.
El pronunciamiento fiscal deja claro que la labor policial ante situaciones de extrema urgencia no puede verse coartada por el temor a expedientes sancionadores automáticos. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han valorado la decisión de archivo como una resolución de puro sentido común, al tiempo que reclaman un ajuste en las comunicaciones internas entre Tráfico y las unidades operativas para evitar que persecuciones reales contra delincuentes armados terminen convertidas en expedientes por exceso de velocidad.
