Un guardia civil que hacía un control de alcoholemia es sancionado por ir al médico estando de servicio; la Dirección General anula la sanción
El agente de seguridad es liberado de cualquier sanción económica o de puntos por lo ocurrido y la Agrupación de Tráfico lo celebra.
Un agente destinado en la isla de Fuerteventura, adscrito a la Agrupación de Tráfico, fue sancionado de manera severa por sus superiores tras tomar la determinación de abandonar un operativo de control de alcoholemia para acudir a los servicios de urgencias sanitarias al encontrarse gravemente indispuesto.
Tras una dura batalla legal promovida por los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Dirección General de la institución ha dado un vuelco absoluto a la situación al estimar el recurso presentado por el afectado, anulando de forma íntegra el castigo económico y administrativo y determinando que la preservación de la salud individual debe prevalecer frente a cualquier despliegue operativo ordinario.
Los hechos se remontan a la jornada del 20 de agosto del año anterior, coincidiendo con la gran afluencia de público generada por la célebre Fiesta del Agua del Cotillo, y en la que el agente se encontraba prestando servicio en un punto de verificación de alcoholemia y drogas establecido en la carretera insular FV-diez.
Durante el transcurso del dispositivo de vigilancia, el guardia civil comenzó a experimentar un malestar físico progresivo que le impedía continuar desempeñando sus tareas de seguridad vial con plenas garantías.
Siguiendo el protocolo estipulado para estas contingencias, el agente informó a la cadena de mando sobre su precaria situación de salud, comunicándoselo primero a su sargento y posteriormente al teniente que ejercía el mando directo sobre el operativo en carretera.
A pesar de manifestar sus síntomas y de que el relevo oficial aún no se había personado en el punto kilométrico, el funcionario decidió abandonar las dependencias de la calzada para trasladarse a un centro médico privado de la isla.
La atención facultativa corroboró de inmediato la urgencia del cuadro clínico presentado por el agente. El parte emitido por el servicio de urgencias apenas cuarenta minutos después de su marcha de la carretera certificaba la dolencia del paciente y dictaminaba su indisposición formal para el trabajo durante las siguientes cuarenta y ocho horas.
Sin embargo, la interpretación de lo sucedido por parte de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico resultó radicalmente distinta. Las instancias superiores del instituto armado decidieron incoar un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave, catalogada textualmente bajo el concepto de falta de subordinación, amparándose en que el agente supuestamente había desatendido las órdenes de aguardar en su puesto hasta que llegaran sus sustitutos.
El procedimiento administrativo concluyó inicialmente con una sanción drástica consistente en la pérdida de seis días de sueldo y la consiguiente suspensión temporal de sus funciones.
Ante la gravedad del castigo impuesto por velar por su propia integridad física, el funcionario decidió buscar amparo legal a través de la representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas.
La defensa técnica del caso recayó en los servicios jurídicos de la asociación, que articularon un detallado recurso de alzada dirigido a la máxima instancia del cuerpo policial. La argumentación jurídica esgrimida por la letrada se fundamentó de manera prioritaria en la vulneración del derecho constitucional a la salud recogido de forma explícita en el artículo quince de la Carta Magna española.
Los servicios legales sostuvieron con firmeza que una orden de naturaleza laboral o un mandato organizativo no pueden, bajo ningún concepto legal, menoscabar ni anular la necesidad perentoria de recibir asistencia médica, especialmente cuando existía documentación oficial emitida por un facultativo que ratificaba el estado de indisposición y la idoneidad de la retirada del servicio.
El análisis definitivo de la Dirección General de la Guardia Civil secundó punto por punto los planteamientos de la defensa legal del agente. En su resolución del caso, firmada de manera oficial a finales del mes de mayo, la institución determinó que la justificación médica aportada por el guardia civil constituía un elemento eximente incontestable que amparaba legalmente su marcha del dispositivo de control.
El dictamen de la asesoría jurídica concluyó de forma clara que no existió una voluntad de insubordinación o desobediencia voluntaria por parte del agente, sino un acto motivado por una necesidad biológica imperiosa y debidamente acreditada.
La estimación íntegra del recurso de alzada ha conllevado la anulación fulminante de la sanción anterior, lo que obliga a la administración general a restituirle de inmediato todos los conceptos económicos que le habían sido detraídos de sus nóminas, así como a eliminar cualquier anotación desfavorable en su hoja de servicios profesional.
