Cataluña contra la DGT: no permitirá a las motos circular por el arcén
La comunidad catalana no aplicará una de las últimas medidas de circulación implantadas por la Dirección General de Tráfico que afecta a motoristas y usuarios vulnerables.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente una de las reformas más esperadas y debatidas del Reglamento General de Circulación, impulsada de forma directa por la Dirección General de Tráfico. Esta nueva regulación contempla, entre sus principales novedades, una histórica demanda del colectivo de motoristas: la autorización oficial para que las motocicletas puedan utilizar el arcén derecho de las carreteras en situaciones de atasco o congestión circulatoria severa. Sin embargo, la aplicación de este beneficio no será uniforme en toda la geografía española.
Apenas unos días después del anuncio estatal, las autoridades catalanas se han plantado con firmeza frente a la medida y han anunciado de manera oficial que Cataluña prohibirá explícitamente a las motos el uso del arcén en cualquier tipo de circunstancia, desmarcándose por completo de la hoja de ruta trazada por el organismo central.
Para comprender la raíz de este cisma circulatorio, es necesario atender al reparto de competencias en materia de tráfico que rige en el Estado español. Mientras que la Dirección General de Tráfico diseña y ejecuta el marco normativo común para la gran mayoría de las comunidades autónomas, el territorio catalán cuenta con las competencias transferidas en esta área, siendo el Servei Català de Trànsit el organismo responsable de ordenar y regular la movilidad de su red viaria.
El propio texto de la reforma estatal aprobada por el Gobierno de España deja una puerta abierta a la discrecionalidad local al establecer que la habilitación real de los arcenes debe contar con el visto bueno y coordinarse estrechamente con la autoridad autonómica o local que tutele el tráfico en cada tramo de carretera. Amparándose en esta prerrogativa legal, la Generalitat de Catalunya ha decidido aplicar un veto absoluto a la medida en sus carreteras.
La normativa estatal tiene previsto entrar en vigor el próximo 1 de octubre del presente año 2026 y fija unos límites muy estrictos para aquellos puntos de España en los que sí se llegue a implantar. El texto diseñado por la Dirección General de Tráfico determina que el uso del arcén por parte de los motoristas estará supeditado a situaciones exclusivas de retención de tráfico, con los vehículos completamente detenidos o avanzando a marcha muy lenta.
En esas situaciones extremas, los motoristas de las comunidades bajo el paraguas de la regulación estatal podrán avanzar de manera legal por el arcén derecho, siempre en fila de uno, sin entorpecer la marcha de vehículos con prioridad y respetando de forma obligatoria un límite de velocidad máxima fijado en los treinta kilómetros por hora, todo ello supeditado a que exista una señalización previa específica en el tramo correspondiente.
El Servei Català de Trànsit, por medio de sus principales responsables y en especial de su director, Ramon Lamiel, ha justificado esta negativa rotunda basándose estrictamente en criterios técnicos de seguridad vial y logística operativa. Desde la perspectiva del departamento de tráfico catalán, el arcén derecho debe considerarse de forma innegociable como un espacio de seguridad crítico, una línea roja de la infraestructura vial que bajo ningún concepto puede verse expuesta a la circulación regular o masiva de vehículos, por muy lenta que sea su marcha.
Para las autoridades de Trànsit, el mantenimiento de esta zona de las calzadas completamente limpia y despejada constituye una necesidad absoluta de cara a garantizar la fluidez de las unidades de respuesta inmediata, tales como ambulancias, dotaciones de bomberos o patrullas de las fuerzas de seguridad, cuando estas se desplazan con urgencia para dar cobertura y gestionar accidentes graves.
Asimismo, las estimaciones internas de accidentalidad en las redes interurbanas catalanas han jugado un papel decisivo a la hora de adoptar esta contundente decisión política y administrativa. Los preocupantes datos acumulados por el Servei Català de Trànsit reflejan que las carreteras de la comunidad autónoma registran de forma anual una media aproximada de cincuenta motoristas fallecidos, sumando además más de trescientos heridos de gravedad en siniestros viales. En consecuencia, los expertos del organismo autonómico consideran que habilitar legalmente el arcén generaría situaciones de alto riesgo e incertidumbre.
Esta importante dualidad en los criterios de ordenación del tráfico promete suscitar un encendido debate social y sectorial entre los usuarios de los vehículos de dos ruedas en los próximos meses. Mientras que en la inmensa mayoría de las carreteras de la península los conductores de motocicletas podrán esquivar legalmente los grandes embudos circulatorios deslizándose por el arcén derecho en las condiciones autorizadas, en el momento en que crucen los límites territoriales de Cataluña se verán obligados a permanecer inmóviles dentro de los carriles convencionales junto al resto de turismos y vehículos pesados.
