Con la llegada de 2026 Catalunya empieza a multar a los coches con etiqueta B en las ZBE
Los vehículos con la etiqueta amarilla de la DGT ya no serán bienvenidos en estos municipios catalanes.
El inicio de 2026 marca un antes y un después en la movilidad de Cataluña, consolidando un cambio de paradigma que busca priorizar la salud pública frente a la hegemonía del vehículo privado de combustión. Con el cambio de calendario, ha entrado finalmente en vigor la restricción más temida por miles de conductores: la prohibición de circulación y la consecuente imposición de multas para los vehículos con etiqueta B.
Esta medida, que hasta ahora se había aplicado principalmente a los vehículos sin distintivo ambiental, escala un peldaño más en la pirámide de restricciones, afectando directamente a los turismos de gasolina matriculados a partir del año 2000 y a los diésel matriculados desde 2006.
De hecho, la implementación de estas sanciones no es una decisión aislada, sino el cumplimiento de un cronograma diseñado por la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos metropolitanos para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, que durante años han superado los límites legales establecidos por la Unión Europea.
Según los datos técnicos, los vehículos con etiqueta B, aunque menos contaminantes que los que carecen de distintivo, siguen siendo responsables de una parte significativa de las emisiones locales, especialmente en entornos urbanos densos donde la ventilación es limitada.
El despliegue de las sanciones ha comenzado de forma automática gracias a la densa red de cámaras de lectura de matrículas instalada en los accesos de las principales ciudades catalanas. Municipios como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Cugat, que forman parte de la ZBE de las Rondas de Barcelona, han sido los pioneros en aplicar este rigor sancionador.
No obstante, la medida se extiende también a otras localidades de más de 50.000 habitantes y ciudades de más de 20.000 con problemas de calidad del aire, siguiendo el mandato estatal pero con la ambición climática propia del ejecutivo catalán.
Para muchos ciudadanos, esto supone un "golpe" económico y logístico, ya que el coche con etiqueta B representaba, hasta hace poco, una opción de movilidad válida y permitida.
La normativa establece que la restricción para los vehículos amarillos se aplica, por norma general, de lunes a viernes en horario laboral, de 7:00 a 20:00 horas. Fuera de este horario, así como los fines de semana y festivos, estos vehículos podrán seguir circulando, por el momento, sin temor a ser sancionados. Sin embargo, la presión social y política es palpable.
Desde la administración se defiende que la salud es un derecho superior al de la libre circulación en coche. Los estudios epidemiológicos citados por la Generalitat estiman que la reducción del tráfico más contaminante podría evitar cientos de muertes prematuras anuales vinculadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Además, se han habilitado excepciones temporales y autorizaciones puntuales. Por ejemplo, las familias con rentas bajas que puedan demostrar que el vehículo es imprescindible para su actividad laboral dispondrán de una moratoria limitada.
Asimismo, los vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida o servicios de emergencias están exentos del cumplimiento de estas restricciones, garantizando que los servicios básicos no se vean interrumpidos.
Es más, el impacto de esta medida también se siente en el mercado de ocasión. Con la prohibición de circular en las ZBE de Cataluña, el valor de reventa de los coches con etiqueta B se ha desplomado en la región, mientras que la demanda de vehículos con etiqueta C o superiores ha experimentado un repunte considerable.
Las autoridades insisten en que el camino hacia la descarbonización es irreversible y que el año 2026 es solo un hito más en un calendario que, a largo plazo, acabará restringiendo también a los vehículos con etiqueta C. Esta hoja de ruta pretende convertir a Cataluña en un referente europeo de sostenibilidad urbana, alineándose con ciudades como París, Londres o Berlín.
A medida que las primeras multas lleguen a los buzones de los conductores, el debate sobre la infraestructura de transporte público volverá al centro de la escena. Para que esta prohibición sea efectiva y justa, es imperativo que las inversiones en Rodalies, metro y autobuses interurbanos sigan el mismo ritmo que las prohibiciones de tráfico.
Sin una alternativa sólida y eficiente, la medida corre el riesgo de ser percibida exclusivamente como una herramienta recaudatoria en lugar de una política medioambiental necesaria. El 2026 ha comenzado con un aire más limpio en las ciudades catalanas, pero también con una profunda transformación en la forma en que los catalanes entienden su relación con el coche.
