La Ley de Movilidad sostenible podría cambiar la movilidad: menos aviones, trenes nocturnos o peajes urbanos
El Congreso ha aprobado una ley para transformar la manera de movernos. Busca reducir el uso del coche privado y fomentar el transporte colectivo, el tren la bici o el paseo.
Era una de las medidas estrella del Gobierno ya desde la anterior legislatura y, después de varios años y dos tramitaciones parlamentarias, ayer el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Movilidad Sostenible. En síntesis, esta nueva ley significa limitar más todavía el uso del vehículo y guarda relación con la propuesta de la DGT viajar dos personas por vehículo.
Esta es otra de esas leyes que vienen impulsadas desde la Unión Europea y que se suma a otras como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se incluye la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones en los municipios con más de 50.000 habitantes. A su vez, todo esto emana de la Agenda 2030 diseñada desde instancias globalistas.
La Ley de Movilidad Sostenible era uno de los compromisos del Ejecutivo con Bruselas para recibir el dinero de los fondos Next Gen. Exactamente, 10.000 millones de euros, según el Ministerio de Transportes.
La nueva norma pretende impulsar un cambio en la manera en la que se desplazan los ciudadanos, siempre con el foco puesto en la sostenibilidad, con el fin de contribuir, desde el transporte, a reducir las emisiones de CO2.
En síntesis, el objetivo de la nueva ley es reducir el uso del coche particular, concretamente, con motor de combustión, y fomentar el transporte público colectivo, el tren, la bicicleta o simplemente el ir andando.
Ley de Movilidad Sostenible: hacia un “reparto equilibrado del espacio urbano entre la movilidad motorizada y no motorizada”
Uno de los aspectos nucleares de la nueva Ley de Movilidad Sostenible es la ciudad, donde se quiere que las personas dejen de utilizar el coche privado para usar el transporte público, la bicicleta o, incluso, caminar. Según señala el texto aprobado, se trata de ir hacia un “reparto equilibrado del espacio urbano entre la movilidad motorizada y no motorizada”.
En este sentido, aparecen conceptos nuevos (en realidad, habría que decir eufemismos) como el de “peajes urbanos”. Es decir, la ley establece un marco legal que permitirá a los alcaldes de los municipios fijar "tasas de circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones". O sea, cobrar por usar el coche.
Los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes deberán promover en sus planes de movilidad la creación en las vías de entrada de tres o más carriles de carriles específicos para autobús, taxi y coches compartidos, vehículos de alta capacidad o de bajas emisiones.
Asimismo, para promover el uso de la bicicleta dentro de un sistema intermodal, se prevé la "instalación de aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en intercambiadores, estaciones y paradas de medios de transporte colectivo".
En cuanto a la movilidad a pie, la ley insta a promover zonas peatonales, la "renaturalización" de espacios y el uso de "calles y plazas", con la “instalación del mobiliario urbano y los servicios básicos necesarios (por ejemplo, bancos y asientos, fuentes de agua potable, fuentes ornamentales y estanques, aseos públicos, etc.) que faciliten la movilidad activa, el descanso y la estancia en los espacios públicos por parte de toda ciudadanía”.
Nuevas ayudas a la compra de vehículos eficientes y puntos de recarga
El otro punto importante de la ley tiene que ver con un nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos más eficientes. En este sentido, las subvenciones no sólo estarán dirigidas a coches eléctricos, sino también a todos aquellos que cumplan con la norma Euro 6d, independientemente del tipo de combustible.
Tres meses después de la entrada en vigor del texto, el Gobierno deberá elaborar un "plan de renovación del parque de automoción" para incentivar la compra de vehículos de “cero o bajas emisiones” (y retirada voluntaria de los más antiguos) e incentivar la compra de vehículos eléctricos y de coches de ocasión o usados con menores emisiones, dentro de la actual normativa europea de emisiones.
Por otra parte, la ley introduce nuevas medidas para instalar nuevos puntos de recarga de coches eléctricos e informar de su ubicación, con modificaciones previstas en una directiva europea en el Código de Circulación.
En un año tendrá que producirse una "señalización progresiva de estaciones de recarga eléctrica ultrarrápida en autopistas, autovías y carreteras convencionales" con nuevos pictogramas.
Las grandes empresas deberán ofrecer alternativas de transporte colectivos a sus empleados
Otro de los puntos importantes de la ley de Movilidad Sostenible es el que hace referencia a los traslados de las personas a su lugar de trabajo. En este sentido, una vez entre en vigor el texto cuando termine toda la tramitación, las grandes empresas deberán facilitar alternativas de transporte colectivo y sostenible a sus empleados, con el objetivo de que dejen el coche en casa.
Esto incluye "soluciones como el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, movilidad tanto compartida como colaborativa, para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones y el teletrabajo" cuando sea posible.
La fórmula deberá pactarse con los comités de empresa en el plazo de dos años para no incurrir en una infracción leve. Además, la ley incluye la posibilidad de deducir en el IRPF el coste de las tarjetas de transporte a los trabajadores que utilicen este medio.
La obligación será para las empresas con más de 200 empleados o 100 por turno, así como los centros laborales de la administración pública, si así lo decide. En cambio, será voluntario para las empresas con menos de 100 trabajadores o 50 por turno, aunque podrán acceder a subvenciones del Ministerio de Transportes.
En el caso de centros de trabajo de más de 1.000 empleados, ubicados en municipios de, al menos, medio millón de habitantes, las empresas y la administración deberán poner medidas para reducir la movilidad de los empleados en las horas punta o durante la jornada laboral y promover coches de bajas emisiones y movilidad colectiva.
Menos aviones y más trenes nocturnos, autobuses y transporte colectivo
Por último, la ley establece otras medidas para transformar la movilidad de los ciudadanos. Una de las más llamativas es la posibilidad de suprimir vuelos cortos, siempre que haya una alternativa en tren que no supere las dos horas y media de trayecto.
Esto significa que, si puedes ir a un destino en tren y tarda, como mucho, dos horas y media, no podrás escoger el avión. Si supera ese tiempo, entonces sí podrás volar. Esta es una medida que lanzó Sumar hace unos meses y causó bastante revuelo.
La ley da seis meses al Ministerio de Transportes para que "estudie" si impulsa "la reducción de vuelos domésticos cuando existe una alternativa en tren menor de dos horas y media, salvo en conexiones con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales, como paso previo a posibles modificaciones normativas", dice el texto.
Por otra parte, también se estudiará la viabilidad de implantar trenes nocturnos. Exactamente, el texto habla de “servicios ferroviarios de conexión con los países europeos del entorno”, con “especial atención” a los “servicios con horarios nocturnos”.
En cuanto a los autobuses, la ley recoge el mandato para la renovación de las concesiones de las líneas estatales de autobús, así como otras "soluciones innovadoras" para unir localidades en áreas afectadas por la despoblación.
Finalmente, la norma reconoce, por primera vez, el carsharing para promocionar "servicios de transporte público regulares, discrecionales o a la demanda, servicios de movilidad compartida y servicios de movilidad colaborativa”.
De esta forma, empresas que permiten compartir vehículo entre usuarios, como BlaBlaCar, podrán "recibir subvenciones o ayudas públicas para garantizar el transporte urbano e interurbano", como una “solución innovadora de movilidad”.