Esta ciudad española levanta la mano con las ZBE y sus residentes estarán exentos de multas hasta 2028
Santa Coloma de Gramenet ha anunciado una moratoria en la aplicación de la norma para “proteger a las familias” y da dos años de margen extra.
Tras la ampliación de la prórroga de un año en Madrid para los coches sin etiqueta, más buenas noticias para aquellos que tengan un coche antiguo, aunque en otro lugar de España: Santa Coloma de Gramenet ha anunciado un retraso de la entrada en vigor de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta enero de 2028.
Se trata de un giro inesperado de los acontecimientos, ya que el pasado mes de diciembre el ayuntamiento anunció que su nueva ZBE empezaría a multar el 31 de diciembre de 2025, lo que suponía apurar al máximo el plazo disponible, ya que, como municipio de más de 50.000 habitantes, el decreto catalán exigía que estuviera activa a partir de 1 de enero de 2026.
Finalmente, aunque entrará en acción, no sancionará. Es decir, durante los dos próximos años, 2026 y 2027, será un periodo transitorio en el que “la ZBE funcionará con un carácter informativo y pedagógico para los residentes, con el objetivo de facilitar una adaptación progresiva a los nuevos criterios de acceso y circulación”, según se expone en el comunicado.
La primera medida será que, durante el mes de enero, se activará un punto de información para la ciudadanía en el que se resolverán dudas sobre la ZBE, se explicará cómo funciona, cuáles son sus autorizaciones, etc.
La alcaldesa, Mireia González, ha declarado que, con esta moratoria, “cumplimos con la aplicación de la norma, pero sin poner en peligro la economía de algunas familias. El 98 % de los vehículos que circulan por la ciudad ya disponen de distintivo, pero queremos apoyar a aquellos que no lo tienen. Por eso, además de este período transitorio, pondremos a disposición de las personas interesadas un punto de información”.
Según los datos de la ciudad, hay 6.580 vehículos sin etiqueta ambiental censados en ella, lo que supone un 13,5% del total de 48.744 vehículos. Disfrutarán de un periodo de gracia, pero el 1 de enero, cuando entre en vigor de manera definitiva, no serán los únicos en sufrirla: en dicho momento también se aplicará el veto a los vehículos con etiqueta B, por lo que otros 13.795 tendrán que dejar de circular.
Su área de aplicación cubrirá todo el núcleo urbano, una extensión de 4,2 kilómetros cuadrados, pero sus condiciones no son muy extremas: la prohibición de circular solo es de lunes a viernes, siempre que sean laborables, y entre las 7:00 y las 20:00 horas. Por tanto, es una ZBE con una extensión bastante reducida y con una prohibición no total, por lo que es más relajado que lo que se va a aplicar en Madrid.
Según el consistorio, la decisión de aplicar dos años de prórroga oficiosa se debe a “criterios de proporcionalidad, equidad social y transición justa, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del municipio, caracterizado por una elevada densidad urbana, una renta familiar disponible por debajo de la media catalana y una fuerte dependencia del vehículo privado en determinados barrios y para determinados desplazamientos vinculados a la actividad laboral”.
Con esta postura, cumplen con la normativa, pero mirando por los ciudadanos que se encuentran en una peor situación económica, que son quienes tienen los coches más antiguos, no porque quieran.
“El Ayuntamiento subraya que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones es una obligación legal y una necesidad ambiental y de salud pública, pero defiende que este proceso debe llevarse a cabo poniendo a las personas en el centro, evitando impactos sociales inmediatos y garantizando una transición justa”, puede leerse en el comunicado.
En teoría, todos los municipios con más de 50.000 habitantes de toda España deberían haber activado sus ZBE desde el 1 de enero de 2023. La realidad fue muy distinta, con una implantación desigual y paulatina, a menudo con retrasos, y en la que muchos ayuntamientos la establecieron en zonas simbólicas, en ocasiones ocupando simplemente zonas peatonales a las que los vehículos ya no tenían acceso.
En el caso de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), se puso como límite el 1 de enero de 2026. Ante la imposibilidad de saltarse este ultimátum, son varios los que, como ha hecho ahora Santa Coloma de Gramenet, la han aprobado para esa fecha, pero introduciendo una moratoria de varios años que hace que, a nivel práctico, no esté habilitada.
Cerdanyola del Vallès ya marcó el camino estableciendo 2028 como el momento en el que se empezarán a poner multas, mientras que Castelldefels ha ido bastante más allá, anunciando su compromiso de no multar a sus vecinos hasta 2030.
