Así va a cambiar la movilidad en España después de las elecciones

La convocatoria de elecciones anticipadas provocó la paralización de toda la actividad legislativa y uno de los sectores que se han visto más perjudicados ha sido el de la automoción. Aunque todavía está por ver quién gobernará España los próximos cuatro años, la movilidad va a cambiar.

El sector de la automoción ha sido uno de los más perjudicados hay varias leyes sobre la materia que se han quedado pendientes, como el proyecto de ley de movilidad sostenible, que ya estaba aprobado y enviado a las Cortes, pero quedó bloqueado por el adelanto electoral, tal y como recogen los compañeros de Business Insider España.

Una ley que supone “una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, según explicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Y es que la movilidad eléctrica es uno de los principales retos que tiene España de aquí a los próximos años en su compromiso con la Unión Europea, siendo el sector de la automoción en que más preocupa, es decir, el coche eléctrico.

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Sin embargo, como explica Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la normativa debía estar tramitada y aprobada este mismo año, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se envió a Bruselas, a cambio de los fondos europeos. 

La ley está incluida también en el compromiso de recuperación, así que, tarde o temprano, habrá una ley de movilidad, aunque de la redacción del texto se encargarán los actores que consigan formar un nuevo Gobierno.

Así va a cambiar la movilidad en España después de las elecciones

La apuesta de España por el coche eléctrico es total, aunque los cuatro principales partidos que se disputan la gobernabilidad del país tienen propuestas diferentes. El PSOE llevaba en su programa "aprobar una ley de movilidad sostenible y crear un fondo estatal de contribución". 

En cambio, el PP prometió "impulsar un plan de automoción España 2030 y la estrategia española de economía circular 2030, mejorando la coordinación de la legislación estatal y autonómico".

Por su parte, Sumar tenía la propuesta más ambiciosa en lo que a electrificación se refiere, con la idea de "facilitar el acceso al vehículo eléctrico, simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales".

Vox, en cambio, se comprometía a "revitalizar la industria del automóvil y de partes y componentes para asegurar la posición dominante en el sector, garantizando la convivencia de todos los vehículos y suspendiendo de forma inmediata la prohibición del motor de combustión para 2035".

Prohibición que, recordemos, ya aprobó la Unión Europea, aunque, por el camino, surgieron voces discordantes, como la de Alemania e Italia, que quieren que se sigan utilizando motores de combustión, aunque con e-fuel (como defendieron los alemanes) y en marcas de bajo volumen de producción (como propusieron los italianos).

Sin embargo, Anfac no está de acuerdo con priorizar un medio de transporte sobre otro, sino que “lo idea, como ocurre en Europa, es garantizar un modelo en el que ciudadanos y empresas puedan elegir su medio limpio y sostenible para moverse libremente". Por eso, la patronal critica el proyecto de ley de movilidad sostenible.

Faconauto pidió a los partidos que la descarbonización de la movilidad fuera uno de los ejes esenciales de sus programas para lograr los objetivos de emisiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y exigidos por la Unión Europea en el 'Plan Fit for 55'.

Pero Anfac destaca que, para conseguir esos objetivos, el Gobierno debe impulsar el coche eléctrico y, sobre todo, aumentar la infraestructura de cargadores. Actualmente, en España hay poco más de 20.000 cargadores y, según Anfac, 2023 debería cerrar con 45.000 punto de carga. 

Además, en 2024 España debe cerrar el año con 190.000 vehículos eléctricos, lo que supondría una cuota de mercado 19%. 

"Desde este dato, y para que nuestro país se acerque a los objetivos de descarbonización que establece el PNIEC, la cuota de mercado de turismos y todoterrenos electrificados tendría que incrementarse en 7 puntos al año de aquí a 2030, cuando supondrían el 60% del mercado y 600.000 matriculaciones", señala Morales.

Agilizar el Plan MOVES

Otro asunto pendiente tiene que ver con las ayudas a la compra de coches eléctricos y la manera en la que se otorgan esas ayudas a través del Plan MOVES III, algo clave para conseguir la descarbonización del transporte.

Para Faconauto es fundamental introducir mejoras en dicho plan y cambios en la fiscalidad: "El Gobierno central debe ayudar a las Comunidades Autónomas en la homogenización de su gestión del plan, buscando la fórmula para que los propietarios obtengan un descuento del vehículo en el momento de su compra”.

Además, la patronal exige también la ampliación del límite del precio del vehículo para acceder a las ayudas, hasta los 65.000 euros, así como asegurar la continuidad del plan, dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales durante toda la legislatura.

Zonas de Bajas Emisiones prácticas e inclusivas

Por último, otra cuestión que inquieta al sector es la implementación este año de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, que establecen áreas delimitadas con acceso restringido a los vehículos más contaminantes. 

En este sentido, Anfac ha propuesto una Zona de Bajas Emisiones "práctica e inclusiva". Según ha señalado a Business Insider España, "en el real decreto se priorizaba la ciclo logística para la última milla cuando en España se fabrican ya furgonetas 100% eléctricas para el transporte de última milla".

"Además, en la ley de movilidad sostenible se pretendía introducir una tasa de acceso a dichas zonas cuando son los ayuntamientos los que pueden diseñar las limitaciones que consideren convenientes para cumplir con los fines establecidos para las ZBE y que, supuestamente, son los mismos que pretendería regular dicha tasa”. 

“Desde Anfac, creemos que no se debería incluir la posibilidad de tasas de acceso a las ciudades en la futura ley", concluye la patronal.