El BOE lo hace oficial: el Gobierno modifica la regulación de las ZBE para endurecer los requisitos que deben cumplir los ayuntamientos

Mientras otros países se echan para atrás, en España no sólo siguen adelante, sino que además se endurecen. El Consejo de Ministros celebrado el pasado martes aprobó una modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones. La nueva regulación ya está publicada en el BOE.

Con este cambio, el Gobierno busca garantizar la implantación y funcionamiento efectivos de estas áreas que limitan la circulación a los automóviles más contaminantes,

Al mismo tiempo, pretende asegurar que cumplen su finalidad de mejorar la calidad del aire y contribuir a mitigar el cambio climático, según explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

Deficiencias detectadas en el funcionamiento de las ZBE

El Ejecutivo reconoce que se han producido deficiencias en el funcionamiento de las ZBE durante los primeros años de aplicación de la normativa, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los requisitos para evitar que la declaración de una zona de bajas emisiones se limite a una delimitación territorial sin medidas efectivas.

Entre las situaciones identificadas figuran moratorias excesivamente prolongadas en la aplicación del régimen sancionador, zonas sin restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos o ámbitos territoriales insuficientes que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico.

Ahora, la nueva regulación obliga a las entidades locales a establecer ZBE que deberán acreditar documentalmente el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos. Recordemos que, si bien la norma es nacional, son los ayuntamientos los encargados de diseñar cada plan, estableciendo los requisitos.

Requisitos más estrictos para los ayuntamientos

Con la modificación del Real Decreto de las ZBE, los ayuntamientos tendrán que comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos atendiendo a su potencial contaminante, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.

Asimismo, la modificación exige que las ordenanzas municipales contemplen y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad.

De este modo, se pretende garantizar que las restricciones establecidas cuentan con mecanismos reales de cumplimiento y que su eficacia puede ser evaluada.

Conviene recordar que acceder a una Zona de Bajas Emisiones sin la autorización o el distintivo ambiental correspondiente se castiga con una multa de 200 euros, como estipula la Ley sobre Tráfico, que se puede reducir a 100 euros con pronto pago.

Mayor seguridad jurídica en competencias de tráfico

La reforma también busca proporcionar una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias en materia de tráfico y movilidad.

La acreditación del cumplimiento permitirá, además, comprobar la eficacia de las zonas de bajas emisiones y podrá servir de referencia para los instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Desde el Gobierno siguen defendiendo que las Zonas de Bajas Emisiones constituyen una de las principales herramientas para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2. Todo ello para mejorar la salud pública y la calidad de vida en las ciudades.

Críticas a las Zonas de Bajas Emisiones

El Real Decreto 1052/2022 se aprobó en diciembre de 2022 para establecer los requisitos mínimos de las ZBE que deben implantar los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire, en cumplimiento de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.

Sin embargo, desde que comenzaron a implementarse estas áreas en 2023, han llovido las críticas por parte de los usuarios y varias asociaciones. Incluso el TSJM anuló la ZBE de la capital en 2024, por no tener en cuenta su impacto económico, según la sentencia. El Ayuntamiento de Madrid recurrió y, desde entonces, el caso sigue en los tribunales.

La medida es tan impopular que muchos ayuntamientos han ido retrasando su aplicación, sobre todo cuando se acercaban periodos electorales. Algunos municipios han establecido estas zonas restrictivas al tráfico de coches en lugares que no tienen mucho impacto. Ahora el Gobierno quiere poner remedio a esto.