Una sentencia pone en duda el estado de uno de lo radares más 'multones' de la DGT

Un juzgado de Madrid ha dictado sentencia en favor de un conductor que fue sancionado por circular a más velocidad de la permitida. Le habían impuesto una sanción de 300 euros con pérdida de dos puntos. Ahora, el juez anula la multa y pone en duda el estado de uno de los radares más multones de la DGT.

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En 2017, el radar situado en el km. 59,2 de la N-VI se posicionaba como el más activo de toda España, con 55.119 multas formuladas. Su actividad ha caído y ya no aparece en el listado de 25 radares que más multan; pero sigue siendo uno de los que más ingresan a las arcas del estado en forma de multas por exceso de velocidad.

Dudas sobre el estado del soporte del radar

Una sentencia dictada por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid pone ahora en duda su estado. Lo curioso es que el motivo por el que el juez decide retirar la multa no es porque no se haya aplicado correctamente el margen de error o porque no se haya presentado la certificación metrológica del cinemómetro; lo que el juez no ve claro es que el soporte del radar esté en buenas condiciones...

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Los abogados de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) han conseguido que el juez anule la sanción (de 300 euros y dos puntos) impuesta por el jefe provincial de Tráfico de Segovia a un conductor por un supuesto exceso de velocidad. El responsable del Juzgado considera que "al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado" no puede garantizarse su correcto funcionamiento.

Además de anular la sanción, la sentencia obliga a la DGT a asumir los costos del juicio, por un total de 400 euros.

En duda el buen estado de uno de los radares más activos de la DGT

"Los hechos ahora enjuiciados se iniciaron por una denuncia formulada el pasado año por el radar que la Dirección General de Tráfico tiene situado en el km. 59,2 de la N-VI", explican los abogados de AEA. "Curiosamente, este cinemómetro ostentaba ya en el 2017 el récord de ser el radar más activo de toda España, con 55.119 denuncias formuladas, según un informe elaborado por AEA", prosiguen.

"Ahora la justicia ha estimado íntegramente los argumentos jurídicos invocados por los letrados de AEA en defensa de los legítimos derechos de uno de sus miembros al cuestionar la medición efectuada por un radar del que no constaba “el correcto estado del soporte del mismo” y ha anulado la sanción impuesta de 300 euros y la detracción de 2 puntos, con expresa imposición de 400 euros de costas", resumen los abogados.

La sentencia se basa en la Orden ITC (3123/2010) que regula la "verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección".