Los Gobiernos no quieren acabar con el coche. Ahora ha sido este país europeo el que te da 25.000 euros si te quedas sin carné de conducir durante 5 años
Un país de la Unión Europea mueve ficha en la estrategia de movilidad internacional con esta agresiva propuesta.
El Gobierno de Malta ha puesto en marcha una medida sin precedentes en la Unión Europea al ofrecer una compensación económica de hasta 25.000 euros a los jóvenes conductores que decidan entregar voluntariamente su carné de conducir por un periodo mínimo de cinco años.
Este ambicioso experimento sociológico y de movilidad busca descongestionar de forma drástica las saturadas carreteras del archipiélago, donde la densidad de vehículos por habitante es una de las más altas del continente, incentivando que los ciudadanos menores de 30 años renuncien definitivamente al vehículo privado a cambio de una renta anual de 5.000 euros y el acceso totalmente gratuito al transporte público durante todo el tiempo que dure el acuerdo.
La iniciativa, denominada Driving Licence Surrender Scheme, responde a una situación de colapso circulatorio que las infraestructuras tradicionales ya no pueden absorber. Malta cuenta con más de 450.000 vehículos registrados para una población que apenas supera los 570.000 habitantes, lo que se traduce en atascos constantes que lastran la productividad nacional y la calidad del aire.
Es por ello por lo que, ante el fracaso de medidas previas menos agresivas, el ejecutivo maltés ha optado por "comprar" la inactividad de los conductores novatos y jóvenes, entendiendo que es en esta franja de edad donde se pueden consolidar nuevos hábitos de transporte que no dependan de la posesión de un coche de combustión o eléctrico.
Para acceder a este pago, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos estrictos que aseguren que la medida impacta realmente en el tráfico activo y no se convierta en un simple regalo para quienes ya no conducían.
Junto a ello, los beneficiarios deben tener 30 años o menos, haber residido en la isla al menos siete años y poseer un permiso de conducir de categoría B en vigor con una antigüedad mínima de doce meses. Además, no pueden haber sufrido retiradas de carné por infracciones graves en el último año, garantizando así que el programa sea una opción voluntaria de movilidad sostenible y no una vía para eludir sanciones previas.
Al entregar físicamente el documento a las autoridades, el beneficiario acepta la prohibición total de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado en cualquier parte del mundo. El incumplimiento de esta norma acarrea consecuencias legales severas, incluyendo un proceso penal, la devolución inmediata de todas las cantidades percibidas hasta la fecha y una multa adicional de 5.000 euros.
Además, una de las cláusulas más llamativas del programa es el procedimiento para recuperar el permiso una vez finalizado el periodo de cinco años. El Gobierno no devuelve el carné de forma automática, sino que obliga al ciudadano a pasar por un proceso de "re-capacitación".
Quienes deseen volver a circular legalmente deberán completar 15 horas de clases prácticas en una autoescuela certificada, bajo el argumento de que media década de inactividad total al volante mermas las facultades de reacción y el conocimiento de las actualizaciones en las normas de seguridad vial.
Este coste adicional actúa como un desincentivo extra para aquellos que dudan entre volver al coche o seguir utilizando los métodos alternativos de transporte que el Estado les financia.
Mientras los defensores de la movilidad verde aplauden la audacia de pagar por reducir la contaminación y el ruido, otros sectores critican que el presupuesto de 25 millones de euros destinado al plan podría ser insuficiente si la demanda supera las expectativas, o que simplemente premiará a jóvenes que, por motivos económicos o personales, ya tenían previsto dejar de conducir.
Junto a ello, hay voces que sugieren que el problema de fondo no es el número de carnés, sino la falta de una red de transporte público lo suficientemente capilar y eficiente como para que el coche deje de ser una necesidad vital en los desplazamientos interurbanos.
Este giro en las políticas de tráfico europeas demuestra que algunos gobiernos están dispuestos a explorar soluciones radicales que rompen con la cultura del coche arraigada desde el siglo XX.
Además, Malta se convierte así en un laboratorio viviente donde se analiza si el dinero directo es un motor de cambio más potente que la concienciación ambiental o las restricciones de acceso a los centros urbanos.
Si el experimento tiene éxito y logra retirar miles de vehículos de las calles en los próximos cinco años, no sería extraño que otras capitales europeas asfixiadas por el tráfico miren hacia el archipiélago para replicar una estrategia donde, por primera vez, no tener carné de conducir sale rentable.
