Colapso de las autopistas radiales de Madrid: ahora, una sentencia obliga al Gobierno a recalcular las indemnizaciones por la quiebra de las concesionarias
El Tribunal Supremo estima parcialmente un recurso de la concesionaria de los peajes en las R3 y R5 contra una resolución del Consejo de Ministros por el cálculo de la RPA.
Estamos ante uno de los episodios más complejos del modelo concesional español, lo que provocó el colapso de las autopistas radiales de Madrid. Ahora, una sentencia obliga al Gobierno a recalcular las indemnizaciones por la quiebra de las concesionarias.
En diciembre de 2023, una resolución del Consejo de Ministros aprobó la liquidación para calcular la compensación económica tras la resolución anticipada de las autopistas de peaje en Madrid que quebraron durante la crisis financiera y tuvo que rescatar el Gobierno, incluyendo tramos de la M-40, R-3, R-5 y M-50.
Dicha compensación económica se estimó en 450,7 millones de euros por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
La concesionaria, Accesos de Madrid, Concesionaria Española SA (AMSA), presentó un recurso contencioso-administrativo contra aquella resolución y, ahora, el Tribunal Supremo la ha estimado parcialmente.
El Supremo obliga al Gobierno a recalcular las indemnizaciones
La sentencia, fechada el 28 de enero de 2026, anula dicha liquidación y obliga al Ejecutivo a rehacer el cálculo de la RPA siguiendo los criterios fijados por el Alto Tribunal.
El fallo del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso 20 Minutos, reconoce parcialmente las pretensiones de la concesionaria, que reclamaba la corrección de partidas económicas relacionadas con las obras ejecutadas.
Como señalábamos al comienzo, el pronunciamiento se enmarca en el largo contencioso derivado del colapso de las autopistas radiales de Madrid, uno de los episodios más complejos del modelo concesional español.
En 1999 Accesos de Madrid obtuvo la concesión para la construcción y explotación de estos tramos estratégicos por un plazo de 50 años, con la infraestructura puesta en servicio en 2004.
Sin embargo, el desplome del tráfico tras la crisis financiera y económica de 2008 hizo inviable el proyecto, lo que provocó la insolvencia de la concesionaria y la apertura de una fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.
Tras la crisis de 2008, el proyecto se volvió inviable
La concesión administrativa incluía la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409.
En noviembre de 1999 se formalizó con la concesionaria el contrato de concesión, hasta que en 2012 fue declarada en concurso de acreedores, arrastrada por la caída de los tráficos y la deuda contraída, entre otros conceptos, por el pago de las expropiaciones.
En noviembre de 2017 se inició la fase de liquidación de Accesos de Madrid y en mayo de 2018 los tramos de las radiales R3 y R5, cuya deuda sumieron distintos fondos, pasaron a ser gestionados por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).
Según la primera resolución de 2021 dentro de este proceso, el importe a pagar a cuenta alcanzaba una RPA de 119,15 millones, indica el citado medio.
En cambio, el caso del contrato de concesión de la autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara fue diferente, porque las resoluciones determinan que no corresponde abonar nada a la concesionaria, ya que el cálculo de la RPA arroja un saldo negativo.
Igualmente, la sociedad concesionaria Henarsa fue declarada en concurso de acreedores en septiembre de 2017 y en octubre de 2017 se abrió la fase de liquidación. En consecuencia, en febrero de 2018 Seittsa asumió la explotación de la R2.