Confirmado por el BOE: se podrán eliminar los arcenes en algunos tramos de las carreteras nacionales y sustituirlos por carriles bici separados
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El Boletín Oficial del Estado busca garantizar la seguridad vial de los ciclistas en cualquier tipo de vía. La medida genera controversia entre los expertos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde a una modificación significativa en el Reglamento General de Circulación que redefine el uso del espacio vial fuera de los entornos urbanos, especialmente para los ciclistas.
La medida, que ya ha entrado en vigor, abre la puerta a la eliminación del arcén en ciertos tramos de la Red de Carreteras del Estado para construir en su lugar carriles bici segregados y protegidos.
Esta nueva disposición adicional al Reglamento marca un hito en la política de movilidad de España, priorizando la seguridad y el fomento de la bicicleta como medio de transporte, especialmente en aquellas vías que registran una baja intensidad de tráfico motorizado.
El objetivo principal es separar físicamente a los ciclistas del flujo de vehículos a motor, una de las principales demandas históricas de los colectivos ciclistas en términos de seguridad vial.
La clave de esta modificación radica en la posibilidad de prescindir del arcén en aquellas carreteras donde su función como vía de emergencia o de refugio para vehículos averiados no sea considerada crítica, o donde el riesgo que supone para los ciclistas circular por él sea superior al beneficio de mantenerlo.
Esto se aplicará, fundamentalmente, en vías nacionales o convencionales que ya no soportan el tráfico pesado que antaño las caracterizaba.
La decisión de sustituir el arcén por un carril bici segregado debe estar respaldada por un informe técnico riguroso que garantice dos aspectos cruciales: la seguridad vial y el normal funcionamiento de la carretera.
Este análisis debe descartar que la eliminación del arcén comprometa las operaciones de mantenimiento, la evacuación en caso de accidente o la fluidez del tráfico.
La nueva normativa implica un cambio en el paradigma de la planificación de carreteras. Pues, tradicionalmente, el diseño se centraba casi exclusivamente en la eficiencia y seguridad del tráfico motorizado.
Ahora, el reglamento introduce de manera explícita la consideración de la bicicleta, no solo como un usuario a tolerar, sino como un modo de transporte que requiere su propio espacio seguro.
Para miles de ciclistas, esta medida supone una esperanza de mayor seguridad. Circular por el arcén, aunque obligatorio en la mayoría de los casos, es una práctica de alto riesgo debido a la proximidad de vehículos a alta velocidad, la presencia de detritus, cristales o baches que suelen acumularse en los bordes de la calzada.
El arcén, además, es la zona de circulación de los vehículos de mantenimiento y, en ocasiones, se utiliza incorrectamente para facilitar el adelantamiento.
Al crear un carril bici segregado, la administración busca ofrecer una ruta libre de estos peligros, incentivando el uso de la bicicleta tanto para ocio como para desplazamientos interurbanos cortos.
La implantación de estas vías ciclistas separadas podría, de hecho, significar un "adiós" a la imagen del ciclista circulando por el arcén, ya que se espera que, una vez construido el carril protegido, su uso sea obligatorio para las bicicletas, mejorando así la fluidez del tráfico motorizado en la calzada principal.
Aunque la medida ha sido aplaudida por colectivos ecologistas y de ciclistas, también ha generado cierta controversia. Algunos expertos en tráfico y seguridad vial han señalado la necesidad de cautela, recordando que el arcén cumple una función esencial en caso de avería mecánica o accidente, permitiendo a los vehículos motorizados apartarse sin bloquear la calzada.
Por tanto, la eliminación del arcén en ciertas vías podría obligar a detener los vehículos en el carril de circulación, incrementando el riesgo de colisión por alcance en caso de emergencia.
El desafío ahora recae en las administraciones competentes, principalmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), junto con las comunidades autónomas.
Serán ellas las encargadas de identificar los tramos concretos de la red estatal donde la sustitución del arcén por un carril bici sea viable y beneficiosa.
La implementación práctica de la norma requerirá estudios de tráfico detallados, análisis de coste-beneficio y, crucialmente, la señalización adecuada para informar tanto a conductores como a ciclistas del nuevo diseño de la vía.
De esta manera, España se alinea con las tendencias europeas que buscan descarbonizar el transporte y promover modos de movilidad activa, reconociendo que el futuro de las carreteras debe pasar por ofrecer alternativas seguras a todos los usuarios, no solo a los vehículos de motor.
