30 fabricantes europeos, muchos, rivales entre ellos, firman para que se revise el Reglamento (UE) 2024/1610 sobre el CO2: "La descarbonización no debe convertirse en desindustrialización"
Una reunión histórica y de crisis medioambiental pone en evidencia los problemas del Reglamento (UE) 2024/2010.
Una treintena de los principales constructores de semirremolques del continente ha aparcado sus históricas disputas comerciales para unirse bajo una misma voz. El motivo de este frente común es la exigencia formal de una revisión profunda del Reglamento (UE) 2024/1610 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1242 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y al establecimiento de obligaciones de comunicación.
Los líderes de estas corporaciones consideran que la normativa actual impone unos plazos y unas metodologías de simulación que no se corresponden con la realidad del mercado ni con las capacidades técnicas actuales, lo que podría poner en serio peligro la competitividad del tejido industrial europeo frente a competidores externos. La alianza de estos treinta fabricantes tradicionales, habitualmente rivales en los mercados internacionales, escenifica la gravedad de una situación que trasciende la competencia comercial ordinaria.
A través de un manifiesto conjunto, los máximos directivos del sector han advertido a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo de que la actual hoja de ruta regulatoria pone en riesgo miles de puestos de trabajo y la supervivencia de instalaciones fabriles esenciales para la economía europea. Los firmantes insisten en que el camino hacia la neutralidad climática debe ser pragmático y sostenible tanto a nivel medioambiental como financiero, evitando que las exigencias políticas fuercen transformaciones que la tecnología actual no es capaz de soportar de manera eficiente a gran escala.
La raíz del conflicto radica en la aplicación del sistema de cálculo conocido como VECTO para componentes de arrastre que carecen de motorización o cadena cinemática propia. El reglamento estipula que los fabricantes de semirremolques deben certificar una reducción del 10% en los valores simulados de dióxido de carbono antes del año 2030, una meta que el sector califica de inviable bajo los parámetros técnicos definidos por la legislación comunitaria.
Al tratarse de estructuras arrastradas que no generan emisiones directas durante su funcionamiento en carretera, los ingenieros se ven obligados a alterar sustancialmente el diseño aerodinámico y estructural de los remolques, modificaciones que, paradójicamente, reducirían de forma notable la capacidad de carga útil de los camiones.
Esta pérdida de capacidad operativa implicaría de manera inevitable la necesidad de poner más vehículos en circulación para transportar el mismo volumen de mercancías por las carreteras de la Unión Europea. Los fabricantes señalan la contradicción de una norma diseñada para mitigar el impacto ambiental que podría acabar congestionando las infraestructuras de transporte e incrementando el consumo global de combustible de las flotas globales.
Adicionalmente, el manifiesto denuncia que los mecanismos de créditos y débitos previstos por las autoridades comunitarias son ineficaces a corto y medio plazo, dado que las tecnologías aerodinámicas más avanzadas y los nuevos componentes de baja resistencia no pueden ser integrados en las líneas de producción masiva con la rapidez que el calendario legislativo demanda. El núcleo del mensaje remitido a Bruselas incide en que la descarbonización del transporte terrestre no debe convertirse bajo ninguna circunstancia en un proceso involuntario de desindustrialización europea.
El sector empresarial asegura que su intención no es abandonar las legítimas ambiciones climáticas fijadas por la Unión Europea para los próximos decenios, sino garantizar que el marco legal se fundamente en realidades industriales verificables y tecnologías plenamente maduras.
Con el fin de evitar un perjuicio irreparable, los treinta fabricantes solicitan formalmente adelantar la fecha de revisión del reglamento, rebajar temporalmente el objetivo de reducción exigido a un umbral más realista y retirar de forma progresiva las obligaciones impuestas a los semirremolques a medida que las cabezas tractoras propulsadas por energías limpias y cero emisiones se desplieguen de forma masiva en el mercado europeo.
