Las multas por no llevar la baliza V16 de la DGT ya han empezado, aunque no son las que esperábamos
Tráfico confirma que se ha empezado a multar por no llevar la baliza V16 en situaciones de emergencia o averías.
Las primeras semanas de aplicación de la nueva normativa vial han dejado un escenario de confusión legislativa donde las multas por no llevar la baliza V16 de la DGT ya han empezado, aunque no son las que esperábamos, debido a un criterio operativo que no coincide exactamente con los temores iniciales de la población.
La clave de este inicio de año reside en la sutil pero importante discrepancia de matices que se deduce de las intervenciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro.
Marlaska incide en que no se busca multar a los conductores
El ministro Grande-Marlaska ha intentado insuflar calma a los millones de conductores que todavía circulan sin el dispositivo o que poseen modelos antiguos no homologados.
En sus recientes comparecencias, el ministro aseguró que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil actuaría con una flexibilidad notable, primando la labor pedagógica e informativa sobre la puramente sancionadora durante lo que él mismo denominó como un periodo razonable de adaptación.
Esta postura institucional sugiere que no hay una voluntad de asfixiar al ciudadano con inspecciones de guantera ni de convertir cada control de tráfico en una búsqueda exhaustiva del nuevo equipamiento obligatorio.
Pere Navarro confirma la sanción por no llevar la baliza V16
Sin embargo, esta aparente mano blanda ha sido matizada de forma contundente por Pere Navarro. El director de la DGT ha aclarado que la flexibilidad tiene un límite físico y temporal muy concreto: el momento de la avería.
Navarro ha sido tajante al explicar que, si un vehículo queda detenido en la calzada o en el arcén por cualquier percance y el conductor no hace uso de la baliza V16 conectada, la denuncia será inevitable.
Según la interpretación del responsable de Tráfico, en el momento en que se produce una parada de emergencia, la ley se aplica en toda su extensión porque el riesgo para la vida del resto de usuarios y del propio conductor es inmediato.
Esta dualidad explica perfectamente por qué las multas actuales no son exactamente las que la opinión pública esperaba. Muchos ciudadanos anticipaban una suerte de caza de brujas en rotondas, peajes o salidas de grandes ciudades, donde los agentes solicitaran de forma sistemática la exhibición del dispositivo junto al carné de conducir o la ficha técnica del vehículo.
No obstante, la realidad operativa en este primer mes de 2026 es bien distinta. A día de hoy, no se están realizando controles proactivos masivos para verificar si se circula con la baliza guardada en el coche, sino que la vigilancia se centra en la respuesta ante el incidente que obliga a señalizar.
A efectos prácticos, la Guardia Civil está aplicando un criterio de oportunidad y sentido común. Si un agente detiene a un conductor por una infracción de velocidad o en un control preventivo de alcoholemia, no se está siguiendo la instrucción de registrar el interior del coche para comprobar la presencia del dispositivo luminoso.
No obstante, el escenario cambia drásticamente cuando se produce la inmovilización. En ese instante, la obligatoriedad de señalizar la posición mediante el envío de datos a la plataforma DGT 3.0 es total. Si una patrulla acude a auxiliar a un vehículo averiado y comprueba que el conductor está utilizando los antiguos triángulos o que no dispone de ningún sistema de preseñalización, la multa se tramita de forma inmediata.
De este modo, la cuantía de la sanción se mantiene en los niveles previstos de ochenta euros que no conllevan pérdida de puntos, pero que sirven como recordatorio de que la transición tecnológica ya no es opcional ni postergable ante una emergencia real.
Por el momento, las autoridades parecen haber optado por un despliegue híbrido. Por un lado, se evita la confrontación directa y masiva con el conductor que aún no se ha adaptado, eliminando la presión de los controles rutinarios.
Mientras que por otro lado, se aplica el rigor máximo en las situaciones de riesgo real. La estrategia de la DGT parece ser dejar que la propia necesidad de uso actúe como filtro natural.
Si un conductor tiene la fortuna de que su vehículo no sufra ningún percance, es posible que tarde meses en enfrentarse a la realidad de la norma; pero si el motor se detiene en mitad de la autovía, la ausencia de la pequeña luz naranja será la prueba definitiva de una infracción que ya ha empezado a costar dinero a los más rezagados.
