Multón de entre 601 y 30.000 euros a una conductora por avisar por Telegram de un control de tráfico

Los controles de tráfico en carretera son un recurso preventivo que la Dirección General de Tráfico (DGT), a través de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, llevan a cabo como medida para interceptar a conductores que circulan bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes. Alertar de la presencia de estos controles está sancionado por la ley.

Esto es algo que tanto desde la DGT como desde la Guardia Civil se hace especial hincapié. Y es que ambos organismos persiguen a todos aquellos usuarios que, bien sea mediante señales a otros conductores o a través de aplicaciones de redes sociales, alertan al resto de conductores de la presencia de estos controles de carretera, lo cual se castiga con una multa de entre 601 y 30.000 euros.

Una tendencia al alza

En los últimos años, esta práctica se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que ha llevado a las autoridades a reforzarse con el objetivo de mitigar sus efectos. Es por eso que ahora los controles de alcoholemia de la Guardia Civil son dinámicos, es decir, se emplazan en diferentes puntos de la carretera y permanecen en ellos poco tiempo, para que los posibles avisos pierdan efectividad.

Fue en 2012 cuando se detectó que los usuarios pasaban de alertar a otros conductores mediante el uso de las luces a utilizar aplicaciones específicas para este cometido. El incremento fue a más a partir de 2014, llevando a que los conductores se organicen a través de grupos creados en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

En respuesta a esta técnica, la Guardia Civil ha hecho uso de inhibidores que reducen la señal telefónica y, por lo tanto, la posibilidad de conectarse a la red en las inmediaciones de los puntos en los que se encuentran dichos controles. Además, efectivos del cuerpo uniformado buscan e investigan estos grupos en aplicaciones móviles para desmantelarlos.

No obstante, los esfuerzos tanto de la Guardia Civil como de la DGT siguen sin ser del todo eficaces, lo que lleva a muchos conductores a eludir estos controles de carretera alertados de su presencia por otros usuarios a través de dichas aplicaciones.

Perseguido por la ley

El último caso tuvo lugar hace solo unos días, el domingo 4 de enero, en Ibiza, donde la Guardia Civil ha denunciado a una mujer que alertó de la presencia de un control de tráfico a través de Telegram. La acusada se enfrenta ahora a una denuncia con una sanción económica que va desde los 601 a los 30.000 euros por uso no autorizado de datos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Santa Eulària se encontraban el pasado 4 de enero realizando un control de vehículos y personas en la carretera EI200 de Ibiza cuando dieron el alto a un turismo en el que viajaban dos mujeres. Las ocupantes fueron identificadas y pudieron reanudar la marcha sin consecuencias.

Sin embargo, los agentes pronto se percataron que el flujo de vehículos que hasta este momento era el habitual en esa carretera comenzó a disminuir de forma acusada. Los vehículos que por allí debían pasar estaban tomando un desvío por un camino vecinal paralelo a la vía en la que se estaba llevando a cabo el control.

Fue en ese momento en el que los agentes detectaron un grupo de Telegram en el que supuestamente se estaba dando aviso de la presencia del control de carretera. En uno de los mensajes recientes se alertaba al resto de usuarios del grupo de la ubicación exacta del control de la Guardia Civil, en la rotonda de Santa Eulária.

Los agentes llevaron a cabo una investigación para tratar de identificar a la persona que había dado dicho aviso, comprobando más tarde que se trataba de una de las mujeres que ocupaban el citado turismo que minutos atrás se había parado en el control. El mensaje lo había enviado una de las mujeres que viajaban en el vehículo.

Amparados por el artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, la Guardia Civil levantó acta a la conductora del turismo, que ahora se enfrenta a una multa que podría ir desde los 601 a los 30.000 euros por la difusión de datos relativos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, datos en los que se encuentra la ubicación de controles de carretera en uso.

La DGT recuerda que esta práctica afecta negativamente a la eficacia de los controles preventivos, unos dispositivos que pueden detectar e identificar conductores que circulan bajo los efectos del alcohol y prevenir, de este modo, un posible accidente de tráfico con heridos graves o víctimas mortales.