El abuso que ejercen las aseguradoras

C.D.LL es un joven de 18 años que fue atropellado en un paso de cebra en enero del año 2021. Al lugar del siniestro se personó la policía local y fue remitido a urgencias donde le diagnosticaron policontusiones en hombro y cuello. 

Al citado peatón, que en el momento del accidente trabajaba en el campo, por inexperiencia, desconocimiento o por una mala gestión administrativa, no le concedieron la baja laboral hasta 17 días después del accidente, permaneciendo un total de 118 días hasta obtener el alta laboral por curación. Realizó el correspondiente tratamiento rehabilitador que permitió una curación sin secuelas.

El lesionado colaboró desde un primer momento con la entidad aseguradora facilitando toda la documentación médica, asistencial y laboral, y accedió voluntariamente a ser reconocido por los servicios médicos de la misma. 

Dicha colaboración no obtuvo el resultado esperado y seis meses después del accidente recibió una oferta de la entidad aseguradora por importe de 94,83 € (no se ha omitido ninguna cifra). 

Es decir, después de ser atropellado y permanecer casi tres meses realizando rehabilitación, obtenía una compensación que no alcanzaba ni los 100 euros. Sin asesoramiento independiente, un lesionado de accidente de tráfico está perdido.

El motivo alegado por la todopoderosa entidad para ofrecer tan pírrica cantidad venía recogido en un par de líneas: la inexistencia de continuidad en el tratamiento. 

Para Golitat/aseguradora, a pesar de acudir a urgencias el mismo día, el hecho de que le concedieran la baja laboral 17 días después del accidente, daba lugar a que dichas lesiones no se vincularan al atropello. ¿Cuál era el motivo entonces de la baja? Para esta respuesta, la entidad no tenía contestación.

Situaciones como las expuestas son más comunes de lo deseado y las aseguradoras se aprovechan de jóvenes con apenas recursos (podríamos ampliar este grupo a personas mayores que no quieren conflictos), sabedoras que la mayoría aceptará la insuficiente indemnización y cerrarán el expediente. 

No fue el caso de nuestro peatón que esta vez sí solicitó asesoramiento y al que, analizada la situación, le ofrecimos la posibilidad más económica: solicitar una nueva valoración de su daño corporal pero por el Instituto Legal de Médica Forense. Dicha opción no suponía ningún gasto extra.

Con la documentación bien preparada y completa, el asesoramiento que efectuamos al mismo para la entrevista con el forense sobre los aspectos que debía destacar y con un médico forense independiente, imparcial, profesional y objetivo, se consiguió incrementar la indemnización de 94,83 € a 6.573,60 €. 

Podríamos pensar que la entidad aseguradora, ante este nuevo informe de valoración corporal que multiplicaba por 69 la indemnización ofrecida opondría resistencia o su negativa a abonar. Nada más lejos de la realidad: efectuada la reclamación prejudicial por TRAFICOAYUDA la entidad aseguradora abonó dicha cantidad sin necesidad de acudir a la vía judicial. 

Desde TRAFICOAYUDA queremos recordar a todas las víctimas de accidentes de tráfico que los intereses de la entidad aseguradora no son los de las víctimas y que asuntos sencillos con una responsabilidad clara puede derivar en una respuesta ridícula. 

No está de más recordar a las víctimas, que las aseguradoras, sin perjuicio de su importante función social, son empresas privadas que deben presentar un balance económico anual frente a sus accionistas. 

Texto de Daniel Barjau Romero