Así son los 88 nuevos radares que la DGT va a instalar en las carreteras en 2023

Hace unas semanas, Tráfico destinaba más de 700.000 euros a la compra de 70 nuevos medidores de velocidad. Adjudicado el contrato y elegida la empresa que se encargará de fabricar e instalar los cinemómetros, han decidido aumentar el número. Finalmente serán 88 los nuevos radares que la DGT va a instalar en las carreteras en 2023.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la DGT gastará casi 740.000 euros en la compra de nuevos radares que irá instalando a lo largo de los próximos meses.

Los nuevos radares de la DGT

La empresa encargada de fabricar, instalar y mantener los nuevos radares de la DGT será Saima Seguridad. De acuerdo con el pliego de condiciones, recogido por Servimedia, todos los radares deben incluir medidor de velocidad y ordenador o tablet con software.

También trípode con rótulo de orientación  y diferentes soportes para su instalación en los vehículos oficiales y/o camuflados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en los guardarraíles y maleta de transporte.

El pliego establece también las características técnicas que tienen que cumplir:

• Deben ser capaces de captar velocidades de entre 10 y 250 km/h
• La distancia de medición será de entre 15 y 40 metros
• Tienen que contar con la tecnología necesaria para captar excesos de velocidad en, al menos, dos carriles de circulación
• La batería tendrá una duración mínima de cinco horas

Además de todo lo anterior, la DGT ha pedido que todos los radares que se instalen como parte de este contrato sean láser.

Radares móviles vs radares de tramo

La adquisición de estos 70 radares móviles supone un cambio en la estrategia de lucha contra los excesos de velocidad que el director general de tráfico, Pere Navarro, ha defendido en los últimos meses cuando abogaba por la instalación de más radares de tramo.

Agentes de tráfico denunciaron entonces que, a su juicio, hay tres razones por las que Pere Navarro se decanta por esta tecnología: son más baratos, reducen la posibilidad de recurrir las sanciones y no necesitan agentes que los gestionen.