Ni ayudas ni más vida al diésel, si haces 20.000 km al año pagarás 200 euros más en 2025
Esta tarde el Gobierno aprobará en el Congreso una reforma fiscal que incluye el incremento de 11 céntimos por litro en el impuesto al gasóleo. Te lo contamos.
La subida de impuestos al diésel, una medida que ha estado en el aire durante años, será finalmente una realidad. Esta misma tarde, el Gobierno aprobará en el Congreso una reforma fiscal que incluye el incremento de 11 céntimos por litro en el impuesto al gasóleo.
La medida, que entrará en vigor en abril de 2025, igualará los impuestos del diésel y la gasolina, con un impacto directo en el bolsillo de millones de conductores en España. Si esta reforma se aprueba en los términos previstos, 2025 será el año en el que repostar diésel en España dejará de ser una opción económica, y el futuro de los motores de combustión enfrentará un nuevo desafío.
¿Por qué esta subida y a quién afectará?
El objetivo principal es cumplir con los requisitos de la reforma fiscal impuesta por la Unión Europea. A través de esta medida, España podrá acceder a los fondos comunitarios Next Generation, destinados a impulsar la transición ecológica y la sostenibilidad.
Sin embargo, la decisión también busca desincentivar el uso de vehículos diésel, conocidos por sus mayores niveles de emisiones contaminantes en comparación con otras tecnologías como los híbridos o eléctricos.
En España, el 52% de los vehículos que circulan son diésel, lo que significa que esta medida afectará a una parte considerable de la población, especialmente a aquellos con vehículos más antiguos o de segunda mano.
Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un conductor medio que recorra 15.000 kilómetros al año deberá pagar unos 102 euros más en impuestos. En el caso de quienes recorran 20.000 kilómetros anuales, la cifra asciende a 136 euros, con un impacto acumulativo de unos 200 euros al año si se suman otros factores relacionados con el mantenimiento y uso habitual.
Esto supondrá la nueva medida
Actualmente, el Impuesto sobre Hidrocarburos grava el gasóleo de automoción a un tipo de 30,7 céntimos por litro. Con la nueva reforma, este impuesto subirá a 40,069 céntimos, lo que supone un incremento de 9,369 céntimos. A esta cifra hay que añadir el 21% de IVA, elevando la subida total a 11,33 céntimos por litro.
En términos prácticos, llenar un depósito de 50 litros costará 5,67 euros más. Para quienes dependen del coche para su día a día, esta diferencia supondrá un gasto significativo, especialmente en hogares con ingresos medios o bajos, los cuales tienen más dificultades para renovar su vehículo por uno menos contaminante.
¿Quiénes estarán exentos?
No todos los usuarios de diésel se verán afectados por la subida. Los gasóleos profesionales (Gasóleo B), utilizados por sectores como el transporte o la agricultura, así como el gasóleo de calefacción (Gasóleo C), quedan fuera de esta reforma fiscal.
Además, el Gobierno ha incluido una disposición para limitar el impacto en caso de fluctuaciones extremas en los precios del combustible. Si el precio del litro de diésel supera los 2 euros durante dos meses consecutivos y el barril de Brent registra una subida mensual, el impuesto se reducirá en 5 céntimos por litro.
Sin embargo, este alivio no alcanza a los conductores de turismos convencionales, quienes afrontarán el encarecimiento sin alternativas claras.
Críticas a una medida regresiva
La OCU ha manifestado su preocupación por el carácter regresivo de esta medida. Según la organización, la subida afectará desproporcionadamente a las familias con menos recursos, que son las que más suelen depender de vehículos diésel antiguos y que tienen mayores dificultades para acceder a tecnologías más limpias como los coches eléctricos.
“A las familias de ingresos medios y bajos se les está penalizando con esta subida, mientras que el acceso a vehículos sostenibles sigue siendo un lujo para muchos”, denuncian desde la OCU. Por ello, han solicitado al Gobierno que aplace la medida o que implemente ayudas directas para mitigar su impacto en los hogares más vulnerables.
Desde luego, esta reforma marca un antes y un después para el mercado automovilístico en España. Durante décadas, el diésel fue el motor preferido por los consumidores gracias a su eficiencia y a las bonificaciones fiscales. En 2016, el 60% de los coches vendidos en el país eran diésel.
Sin embargo, esta cifra ha caído drásticamente en los últimos años, situándose en un 13% en 2023, entre los cuales se incluyen híbridos diésel (3%). Con esta medida, el Gobierno parece decidido a acelerar el abandono del diésel, un proceso que lleva años en marcha, pero que ahora recibe un impulso definitivo.
Aunque el camino hacia un transporte más sostenible es una prioridad, las críticas a la ejecución de esta reforma reflejan una preocupación generalizada: la transición ecológica no puede hacerse a costa de las familias con menos recursos.