Dar cinco años más de vida al coche de combustión, una opción que sería cada vez más necesaria en Europa

Fue en febrero de 2023 cuando la Unión Europea aprobó de manera formal la prohibición de la venta de coches de combustión en Europa a partir de 2035. Dos años más tarde, todavía estamos a una década de dicha fecha límite, pero, a pesar de ese teórico margen, ya se están haciendo cálculos y las cuentas no salen.

Cada vez son más actores los que señalan que cumplir con la hoja de ruta establecida es prácticamente imposible, que piden que se vuelva a trazar un camino más amigable para el sector y parece que la solución que tendría más sentido, ya que la UE no parece dispuesta a dar marcha atrás, es la de conceder una prórroga: dar cinco años más de vida al coche de combustión.

Mucho ha cambiado en estos dos últimos años. Bueno, mucho o nada. El sentido común dictaba que iba a pasar lo que ha terminado pasando, pero en aquel momento, en parte por la presión mediática, en parte por la voluntad que el coche eléctrico triunfara pronto y por un optimismo seguramente desmesurado, fueron muchos los actores que acogieron de buenas maneras la medida.

Muchos gobiernos nacionales se sumaron a las políticas verdes apostando por la implantación de sus zonas de bajas emisiones, mientras que prácticamente todas las marcas aseguraron que, para 2035, solo tendrían modelos de batería en cartera en el Viejo Continente. De hecho, muchas firmas incluso fijaron una hoja de ruta en la que su salto total a la electricidad se fijaba antes incluso de lo requerido.

Sin embargo, dos años después, el panorama es, si no diametralmente opuesto, sí mucho más conservador. La oposición al plan europeo es frontal en muchos casos y, en otros, son múltiples los fabricantes que se han replanteado sus estrategias basándose en los fríos números y la realidad del mercado.

Los argumentos de Europa

Lo primero es situarse, y nada mejor para hacerlo que darle la voz al propio Parlamento Europeo. En su página web se puede encontrar su punto de vista respecto a la medida.

En ella se reza que “en un esfuerzo por cumplir sus ambiciosos objetivos climáticos, la UE está revisando la legislación en sectores que tienen un impacto directo dentro del "Objetivo 55". Entre ellos se encuentra el transporte, único sector en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo superiores a las de 1990, ya que han aumentado más del 25%. El transporte representa una quinta parte de las emisiones totales de la UE”.

Se añade que “el transporte por carretera representa el mayor porcentaje de las emisiones del transporte y en 2021 supuso el 72% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte nacional e internacional de la UE” y que, concretamente, “los automóviles y las furgonetas producen alrededor del 15% de las emisiones de CO2 de la UE que causan el cambio climático”.

Es por eso que se considera que “el endurecimiento de las normas de emisiones de los automóviles ayudaría a alcanzar los objetivos climáticos de la UE para 2030”.

La idea está clara y el objetivo es loable, pero el problema es que, al ritmo actual, es imposible que se lleve a cabo sin que tenga unas consecuencias catastróficas para el sector del automóvil en Europa.

Los fabricantes han dado uno, o varios, pasos atrás

En el último año han sido muchos los fabricantes de automóviles que han anunciado cambios drásticos en su hoja de ruta, todos con el mismo enfoque: el plan de dar el salto exclusivo a los coches eléctricos se retrasa hasta que el mercado lo permita, manteniendo vivos los modelos de combustión y/o apostado fuerte por tecnologías intermedias como la híbrida enchufable.

Marcas como Mercedes (que se había fijado el objetivo para 2030), Audi (con idéntico objetivo) o Volvo han dejado clara su posición, relajando sus ambiciones eléctricas y centrándose en los PHEV; Porsche ha retrasado algunos de sus modelos eléctricos y Honda cree que vivir solo de coches eléctricos actualmente es un error.

La postura de ACEA

ACEA, la European Automobile Manufacturers' Association, directamente ha escrito una carta dirigiéndose a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Lo más granado del sector considera que el plan que se quiere llevar a cabo es insostenible y se dirige directamente a las instituciones para pedir una alternativa razonable y, sobre todo, que sea factible.

En la misiva se critica que “la UE regula actualmente a los fabricantes en el suministro de vehículos nuevos, pero no proporciona las condiciones necesarias para la transición. Europa se enfrenta a una dependencia casi total de Asia para la cadena de valor de las baterías, una distribución desigual de la infraestructura de carga, mayores costes de fabricación —incluidos los precios de la electricidad— y aranceles onerosos de socios comerciales clave, como el arancel del 15% sobre las exportaciones de vehículos de la UE a EE. UU”.

De esa manera, la patronal de fabricantes de automóviles cree que “se nos pide que nos transformemos con las manos atadas”.

Además, la idea de la UE difiere mucho de la realidad: “La cuota de mercado de vehículos eléctricos de batería aún está lejos de donde debería estar: alrededor del 15 % para coches, aproximadamente el 9 % para furgonetas y el 3,5 % para camiones. Algunos mercados de la UE muestran signos de progreso, pero una gran parte de los consumidores se muestra reticente a cambiar a sistemas de propulsión alternativos”.

Por eso, desde ACEA consideran que “el plan de transformación de Europa para la industria automotriz debe ir más allá del idealismo y reconocer las realidades industriales y geopolíticas actuales. Cumplir los rígidos objetivos de CO2 para automóviles y furgonetas para 2030 y 2035 ya no es viable en el mundo actual”.

“En cambio, es necesario recalibrar la actual trayectoria de reducción de CO2 en el transporte por carretera para garantizar que cumpla los objetivos climáticos de la UE, a la vez que salvaguarda la competitividad industrial, la cohesión social y la resiliencia estratégica de sus cadenas de suministro”, se añade.

De hecho, en la carta se postula que “la neutralidad tecnológica debería ser el principio regulador fundamental, lo que garantiza que todas las tecnologías puedan contribuir a la descarbonización”, pero que no se puede limitar a los BEV.

“Los vehículos eléctricos liderarán el cambio, pero también debe haber espacio para los híbridos enchufables, los vehículos de autonomía extendida, los vehículos con motor de combustión interna (MCI) de alta eficiencia, el hidrógeno y los combustibles descarbonizados”, añade.

Se trata de un punto de vista racional, puesto que desterrar los motores de combustión por completo dejaría a muchos ciudadanos europeos fuera de juego, puesto que, ya sea por sus circunstancias económicas o simplemente porque en su país no hay una infraestructura eléctrica suficiente, comprar un coche 100% eléctrico es algo que no tiene sentido.

Prolongar la venta de motores de combustión, aunque sea mediante una prórroga e incluso si está supeditada exclusivamente a su electrificación, garantizaría unos mayores volúmenes de ventas que beneficiarían a todos los agentes del sector.

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