Es como jugar con fuego: avisar de controles policiales por grupos de mensajería supone multas que te dejarán sin palabras
Mucho ojo si perteneces a un grupo de avisos de controles policiales: es ilegal, y estas son las consecuencias económicas y legales que podrías sufrir.
Los controles policiales son una de las vías más efectivas impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para, como bien indica su nombre, controlar la seguridad vial en las carreteras españolas, de tal manera que los conductores no conduzcan bajo los efectos del alcohol, las drogas, o cualquier tipo de estupefaciente.
Sin embargo, el miedo a ser multado en alguno de estos controles ha llevado a los conductores a realizar una práctica ilegal: avisar de los controles policiales y de radares a través de grupos de WhatsApp o Telegram.
Pero lo que muchas personas no saben es que pertenecer a estos grupos, así como ser partícipe en ellos, avisando de controles o de la presencia de radares móviles, es algo ilegal, por lo cual puedes ser multado.
Sanciones que alcanzan los 20.000 euros
Lo cierto es que las multas por pertenecer a estos grupos rondan entre los 3.000 y los 20.000 euros en función, por supuesto, del grado de organización del grupo de mensajería. Pues bien, has de saber que las multas ya se han producido en Galicia.
Desde Tráfico han asegurado que la nueva medida entrará en vigor en España con la nueva ley de tráfico que se aprobará este 2025. En algunas comunidades autónomas como Galicia ya se han producido las primeras sanciones.
Algunas de ellas se han emitido a una aplicación de este tipo, así como a un particular que gestiona grupos de WhatsApp donde actuaban más de 15.000 usuarios. Con este nuevo aviso, miles de usuarios han salido de estos grupos para evitar sanciones de tipo económico.
La posible solución de la Guardia Civil
Hace unos meses, desde Auto Bild contactamos con miembros del Comité de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre la posible solución de la que habla la Guardia Civil para frenar esta práctica tan extendida (e ilegal).
De acuerdo con la normativa de la DGT, no está permitido “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".
De esta manera, hacer esto mismo puede conllevar a la imposición de multas de entre 600 y 3.000 euros. Sin embargo, cabe recordar que conocer la ubicación de los cinemómetros es legal, y de hecho es la propia DGT la que elabora y actualiza la lista de radares fijos, móviles y de tramo.
Desde la AUGC han confirmado cuál es la posible solución a los chivatazos: “los controles más breves y dinámicos son más efectivos para garantizar la seguridad vial”. De hecho, esto se puso en marcha el pasado 2024 en Galicia a través del denominado plan de choque, con más de 22.000 controles dinámicos para paliar los avisos por redes y grupos de mensajería.
Multas DGT 2025 por avisos de controles
El Gobierno quiere endurecer la legislación con el fin de mejorar y apostar por la seguridad vial en las carreteras. Esta nueva normativa establece que las sanciones recaerán de forma directa sobre la persona que ha difundido la información (sobre controles o radares), independientemente de si es ella quien redacta el mensaje, o si se trata de reenvíos o mensajes difundidos.
Como comentábamos en líneas anteriores, ya se está actuando en Galicia. En concreto, se ha celebrado recientemente un juicio en Vigo, en el que se llevó a un administrador de uno de los grupos de WhatsApp, así como a otros 20 usuarios que fueron detectados por los propios agentes infiltrados en estos grupos.
Teniendo en cuenta que la nueva norma antiavisos no ha sido ni redactada ni aprobada, por ahora no es de aplicación en el ámbito judicial. En esta ocasión, los usuarios fueron acusados de perjudicial una investigación de la Guardia Civil, en concreto de la Unidad Central Operativa, la división que se encarga de la investigación y persecución de la delincuencia y el crimen organizado.
La conclusión del proceso fue la siguiente: 1.200 euros de multa para el administrador del grupo de mensajería por cada control destapado, así como 600 euros para cada uno de los 20 usuarios que también estuvieron presentes.
Este caso se extendió al resto de grupos de WhatsApp y Telegram de Pontevedra, y uno de ellos cerró con este mensaje: “Como ya avisamos hace una semanas, las normas de circulación han cambiado y ahora sin orden judicial, los agentes pueden acceder a los wasaps de las personas”.
“En muchos grupos, además, los administradores no controlaban quién entraba, con lo que hay infiltrados a punta pala. En este mismo grupo, recientemente intentaron entrar algunos policías nacionales, que son precisamente los que, desde ayer día 1, ya han aplicado la nueva ley”, continúa el mensaje de acuerdo con el Diario de Pontevedra.
“Con gran pesar después de tantos años al servicio de todos vosotros, debéis entender que los administradores preferimos pagar mil euros de multa antes que exponernos a una sanción del calibre que es ahora. Así que hoy este conjunto de grupos llega a su fin. Si alguno de vosotros quiere correr el riesgo y seguir adelante, que lo haga libremente”, concluyó el comunicado.