Los expertos de la OCU avisan de los todo incluido de las autoescuelas: "Hasta 5 cláusulas abusivas que deberían vigilar y sancionar"
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La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia el aumento de cláusulas abusivas y ofertas engañosas en las autoescuelas.
Sacarse el carné de conducir se está convirtiendo en todo un reto económico. Desde la elección de la autoescuela, el examen teórico, la larga espera para empezar con las clases prácticas y su elevado coste hasta que consigues fecha para el examen final, la obtención del permiso es, ahora mismo, todo un dolor de cabeza que muchas personas prefieren prescindir. Sin embargo, para aquellos que sí necesitan el carné no hay otra salida, y suelen recurrir a las autoescuelas con mejores valoraciones o aquellas con ofertas de "todo incluido".
No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios, también conocida como OCU, ha alertado de las posibles trampas y engaños que esconden este tipo de empresas aprovechando la crítica situación por la que atraviesa un sector que cada vez pide más auxilio ante el colapso total del sistema. Concretamente, remarcan que muchas de estas estrategias para llamar la atención de futuros conductores ocultan cláusulas potencialmente abusivas y precios poco transparentes bajo el eslogan del todo incluido que juegan con la economía e integridad de los alumnos.
Junto a ello, la institución recuerda que las autoescuelas están obligadas a informar de forma clara sobre el precio total con IVA, especificando si incluye o no las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), los certificados necesarios y cualquier otro gasto administrativo, así como del número de clases prácticas que contempla, que puede variar entre 8 y 22 clases, con una duración por clase de entre 45 y 90 minutos.
También deben indicar la vigencia de la oferta, el derecho de desistimiento, si procede, y las condiciones relativas a convocatorias y pruebas de examen. Fórmulas como “Obtén el permiso B2 por 650 euros, todo incluido” no son aceptables si luego resulta que las tasas de examen se cobran aparte (cuestan alrededor de 100 euros) o se omite que el número de clases prácticas es limitado (suelen ser necesarias 25 clases, con un precio medio de 30 euros). En definitiva, el coste final podría terminar siendo mucho mayor del anunciado.
Sin embargo, esto no es lo único que ha llamado la atención de la OCU ante las nuevas tendencias de negocio de la obtención del permiso de conducir. Esto se debe a que, además de estas falsa sensación de ahorro, muchas empresas del sector implementan cláusulas que no respetan los derechos de alumnos y clientes.
Entre las más destacas se encuentra la retención del importe abonado por el alumno en caso de baja voluntaria, sin que exista una compensación equivalente si es la autoescuela la que cesa su actividad. De forma paralela, también llama la atención aquellas empresas que llevan a cabo penalizaciones desproporcionadas de hasta 300 euros por un trámite tan sencillo como puede ser el traslado de expediente por cambio de autoescuela.
Siguiendo en esta línea, la OCU advierte de otras prácticas similares, como los cobros de servicios no prestados, como la caducidad de clases prácticas ya pagadas por falta de disponibilidad de la propia autoescuelas o los cambios unilaterales de precios, así como de las condiciones contractuales, que no hayan sido pactadas con el alumno, como por ejemplo la actualización de las tarifas.
Es por esta razón que, ante la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda presentar una reclamación por escrito a la autoescuela, dejando constancia de los hechos y solicitando una solución. Además, los consumidores pueden utilizar la plataforma Reclamar de OCU para gestionar y documentar su reclamación frente al centro afectado.
Es más, aprovechando la saturación y largas esperas para el examen práctico de conducir, la OCU ha denunciado públicamente la situación, remarcando que en algunas ciudades el tiempo medio de espera puede alcanzar hasta cuatro meses. Según la Organización, la causa no es otra que la insuficiencia de hasta 800 examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en todo el panorama nacional para satisfacer la demanda actual, tal y como defendían los profesores de autoescuelas hace varios meses.
Por último, desde la entidad resaltan que la combinación de todos estos elementos (altas tarifas, ofertas engañosas, cláusulas abusivas y largas esperas, entre otros) termina traduciéndose en un perjuicio económico para los alumnos interesados en la obtención del permiso de conducir, que a menudo necesitan contratar más clases prácticas mientras esperan una fecha de examen.
