Carrefour toma la medida que algunos esperaban y prohíbe aparcar a coches eléctricos en algunos de sus centros

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La cadena de supermercados alega que algunas de sus infraestructuras no son capaces de mantener los cargadores eléctricos.
La rápida implantación del vehículo eléctrico en los últimos años ha puesto a prueba la capacidad de la red de recarga y la idoneidad de las infraestructuras existentes para acoger modelos que incrementan las exigencias estructurales de los automóviles de combustión. En este contexto de cambio acelerado, la multinacional de la distribución Carrefour ha adoptado una decisión contundente que ha encendido las alarmas en el sector de la movilidad. La compañía ha comenzado a prohibir el estacionamiento de coches eléctricos en las plantas elevadas de algunos de sus hipermercados más antiguos, obligando a estos usuarios a aparcar exclusivamente en la planta baja a nivel de suelo.
La resolución, implantada inicialmente en diversos centros de Bélgica con varios decenios de antigüedad, no supone un veto total de entrada a los clientes que acuden a hacer sus compras en vehículos cero emisiones, pero sí impone una drástica reorganización del uso de sus estacionamientos. La dirección de la empresa justifica este giro operativo basándose en estrictos criterios de seguridad e ingeniería. Por un lado, las baterías de iones de litio incrementan el peso medio de un automóvil en torno a un treinta por ciento respecto a sus equivalentes de gasolina o diésel. Este sobrepeso continuado representa una carga adicional constante que puede comprometer los márgenes de resistencia y la fatiga estructural de forjados y cubiertas proyectados hace décadas.
Por otro lado, la prevención de incendios constituye el segundo gran pilar que respalda esta decisión. En caso de que se produzca un fuego en la batería de un vehículo eléctrico dentro de una planta superior o cubierta, el incendio resulta sumamente complejo de sofocar y requiere un volumen de agua muy superior en comparación con un conato convencional. Además, la altura reducida y la dificultad de acceso para los camiones de bomberos en las instalaciones más veteranas complican exponencialmente las labores de contención, elevando el riesgo de propagación al resto de la estructura del establecimiento comercial.

Esta medida restrictiva ha abierto un vivo debate internacional y ha puesto de manifiesto la falta de criterio uniforme dentro de las grandes cadenas de distribución. Mientras en el mercado belga se aplican ya estas delimitaciones por motivos técnicos, la filial de Carrefour en Francia se ha apresurado a descartar veto alguno en sus instalaciones galas. Desde la división francesa sostienen que sus centros disponen de infraestructuras modernas y reforzadas, aptas para soportar sin peligro el incremento de peso, al tiempo que reafirman su compromiso con la movilidad limpia mediante la instalación de cientos de puntos de recarga rápida en sus estacionamientos.
A pesar de la argumentación técnica de la firma distribuidora, diversos expertos en arquitectura e ingeniería han matizado los motivos reales de las restricciones. Varios estudios sectoriales señalan que la diferencia de peso entre un turismo eléctrico moderno y los todoterrenos de gran tamaño propulsados por motores térmicos no es tan abrumadora, ya que muchos vehículos de combustión actuales igualan o superan en tonelaje a los eléctricos compactos. Por ello, algunos especialistas apuntan a que el verdadero foco de preocupación no radica en la motorización, sino en el estado de conservación, la falta de mantenimiento acumulado o las deficiencias preexistentes en las estructuras de los edificios más antiguos.
El escenario vivido en el ámbito comercial no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un problema emergente. En varias ciudades europeas, incluidos algunos aparcamientos privados del centro de Madrid, se han comenzado a instalar avisos prohibiendo el acceso a modelos eléctricos amparándose en el potencial peligro de sus baterías. Esta tendencia genera un conflicto legal, ya que la legislación obliga a los aparcamientos a garantizar un porcentaje de plazas dotadas con cargadores eléctricos, lo que choca frontalmente con la prohibición de acceso por motivos de seguridad que pretenden aplicar algunos gestores.
En definitiva, la postura adoptada por Carrefour evidencia la brecha existente entre las ambiciones de transición ecológica y la realidad física de un parque inmobiliario que no fue diseñado para los retos de la movilidad actual. La convivencia entre las nuevas tecnologías automovilísticas y las exigencias de seguridad estructural seguirá siendo una fuente de tensión en los próximos años, obligando a los operadores a elegir entre realizar costosas obras de refuerzo en sus edificios o mantener restricciones que dificultan la operativa de los conductores de vehículos eléctricos.
