Se disparan las gasolineras 'low cost' (¿y los fraudes?)
En España se abre una gasolinera cada 36 horas y la mayoría son gasolineras low cost.
El auge de las estaciones de servicio de marca blanca (se las llama así porque no pertenecen a las grandes compañías petroleras) está haciendo tambalear a los hasta ahora pilares del sector de hidrocarburos en España, esto es, Repsol, BP, Galp, Cepsa y Disa.
Un informe presentado por las petroleras afirma que en 2016 se abrieron 241 nuevos puntos de suministro con los que el número de gasolineras en España superó por primera vez la barrera de las 11.000. Los conductores pueden repostar en tres tipos de gasolineras:
- las de las grandes petroleras
- las independientes (que desde 2011 han aumentado en un 8,5%)
- las cadenas de tamaño medio como Ballenoil (que, por cierto, encabezan el ranking de las gasolineras más baratas de España)
Repsol ha cerrado más de 40 gasolineras
Mientras las gasolineras low cost ganan terreno, las grandes petroleras ven mermar su trozo de pastel.
Repsol, por ejemplo, se ha visto obligada a cerrar 43 estaciones y reducir sus puntos de venta en un 31,2%; además, tiene bloqueada la apertura de nuevos puntos de servicio en aquellas provincias donde su porcentaje de mercado supere el 30%.
Cepsa se sitúa como la segunda petrolera más importante de España con una cuota de mercado del 13,8% y BP ocupa el tercer puest con un 5,71%.
El otro tipo de gasolineras es el que más ha crecido. El informe de las petroleras segura que las estaciones de servicio independientes han aumentado un 44% desde 2011, el de centros vinculados a hipermercados un 30% y el de gasolineras de cadenas medianas un 13%.
Más gasolineras ¿y más fraudes?
Con todas estas cifras, las grandes petroleras denuncian que el boom de las gasolineras low cost ha llegado acompañado de un aumento de los fraudes al consumidor.
«Esto distorsiona gravemente el mercado, ya que permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones», señala el documento al que ha tenido acceso al diario El Mundo. Estas prácticas suponen un coste de 270 millones de euros para las arcas públicas, según la AOP.
Prece que el Ministerio de Energía ha mantenido encuentros técnicos con la Agencia Tributaria para investigar este fraude y estudiar posibles medidas. Las petroleras piden que se modifique la Ley de 2013 que impulsó la liberalización y que se introduzcan más exigencias financieras a los operadores que quieran entrar al mercado, entre otras medidas.
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