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PSOE y PP rechazan que las comunidades retiren el carné

PSOE y PP rechazan que las comunidades retiren el carné

Redacción Auto Bild

21/09/2011 - 11:40

El Partido Socialista y el Partido Popular rechazan una proposición de ley de Convergencia i Unió (CIU), que se debatió en el Congreso de los Diputados, y que pedía a las administraciones autonómicas con competencias de tráfico que pudieran imponer la retirada del carné de conducir tras una infracción.

La proposición de ley de Convergencia i Unió (CIU) ha sido rechazada tras una votación en la que han participado 340 diputados, de los cuales 313 han votado a favor, 26 en contra y uno se ha abstenido. En la actualidad, las comunidades autónomas con competencia ya tramitan sanciones de tráfico y resuelven procedimientos relacionados con la seguridad vial, pero en el caso de retirada de carné o perdidas de puntos, la atribución corresponde a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Perdida de Puntos

El portavoz de Seguridad Vial de CIU, Jordi Jané, ha defendido la necesidad de corregir este sistema, ya que -a su juicio- causa grandes disfunciones que no ocurrirían si fueran las Comunidades Autónomas la encargadas en la perdida del permiso de conducción.

"Ganaríamos en eficacia y daríamos más rango a la actuación de las administraciones autonómicas en este ámbito cuando ya tienen competencias", ha declarado Jané. En el caso de Cataluña, Jane ha subrayado que es el Servei Catalá de Trànsit el competente en la recuperación de puntos, pero es la DGT quien tramita y ejecuta la retirada del carné de conducir.

El grupo mixto, ERC y PNV han mostrado su respaldo a la propuesta, que han rechazado PSOE y PP. El diputado socialista Carles Corcuera no ha querido valorar el contenido de la proposición de ley, ya que considera que presentar esta iniciativa “a estas alturas” cuando su aprobación es imposible solo es “confundir” a los ciudadanos.

El diputado del PP Federico Sourvirón ha justificado la oposición de su grupo, al considerar que la pérdida del permiso de conducir supone una limitación de los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución y que, por tanto, debe ser competencia del Estado.

Fuente : Agencia EFE

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