La Ley de Movilidad Sostenible permitirá a los ayuntamientos cobrar más por aparcar a 200.000 coches
Los ayuntamientos podrán aplicar recargos de hasta el 50% por aparcar en zonas de estacionamiento regulado a quienes tengan vehículos que carezcan de la etiqueta de la DGT.
La Ley de Movilidad Sostenible sigue trayendo cola. Esta medida que, en teoría, pretende impulsar una forma de movilidad más sostenible y eficiente en España, tiene también una serie de daños colaterales para determinados conductores, ya que permitirá a los ayuntamientos cobrar más por aparcar en zonas de estacionamiento regulado.
La ley, impulsada por el Gobierno, se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de octubre, iniciando así su tramitación, que debía continuar en el Senado y después volver a la Cámara baja.
Ya en la Cámara alta encontró la oposición del Partido Popular, que introdujo algunas enmiendas, entre ellas, a una disposición adicional que prevé un estudio durante los próximos 12 meses a partir de su entrada en vigor para revisar y actualizar las etiquetas de la DGT. Esta enmienda se votó y aprobó en el Congreso la semana pasada. Por tanto, no habrá actualización del etiquetado.
Pero el texto incluye otros cambios importantes que afectan al día a día de muchas personas, como implementar tarifas adicionales por aparcar en los estacionamientos regulados, en función de distintivo medioambiental que tenga el coche.
200.000 coches sin etiqueta pagarán más por aparcar en zonas SER
Esto significa que los ayuntamientos podrán aplicar recargos a quienes tengan vehículos más contaminantes, es decir, aquellos que carecen de la pegatina de Tráfico.
Según avanza la Cadena COPE, se estima que hay alrededor de 200.000 vehículos en esta situación y que podrían verse afectados por un incremento de hasta un 50 % en las tarifas de aparcamiento regulado en determinados municipios.
Como era de esperar, esta polémica medida incluida en la Ley de Movilidad Sostenible ha causado reacciones de preocupación entre propietarios y asociaciones automovilísticas.
La cifra de automóviles afectados no es oficial ni aparece detallada en ningún informe, pero es la circula entre varias plataformas de afectados.
En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida propone que los coches sin etiqueta paguen un recargo del 50% por aparcar en las plazas verdes o azules de la zona SER.
Además de un aumento del coste por estacionar, la medida apunta a una política clara para desincentivar el uso de vehículos más contaminantes, alineada con los objetivos de sostenibilidad de la ley.
Cada ayuntamiento pone sus tarifas
Como ocurre con las Zonas de Bajas Emisiones, incluidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley de Movilidad Sostenible es una norma de ámbito nacional, pero deja a los ayuntamientos diseñar su propio sistema de tarifas, según el distintivo medioambiental de los vehículos.
Esto significa que cada ayuntamiento creará su propio plan, con precios y criterios diferentes, lo cual genera un escenario de caos para los conductores. Puede que en tu municipio, pagues una cantidad y, si tienes que ir a trabajar a otra localidad, debas pagar otra tarifa.
Por tanto, el coste por aparcar no será homogéneo en toda España, sino que en unos lugares habrá un recargo moderado y en otros hasta un 50 % más por estacionar en zonas reguladas.
Además, los gobiernos municipales podrán configurar mapas con categorías diferenciadas en función de la etiqueta (sin etiqueta, B, C, ECO y CERO) y la correspondiente tarifa.
Una media que afecta a las clases bajas
Conviene aclarar que la Ley de Movilidad Sostenible es una de las condiciones que exige la Unión Europea para recibir los famosos fondos Next Generation, igual que otros requisitos, como las ZBE o subir los impuestos al diésel (esto último todavía no lo ha cumplido el Gobierno, de momento).
Uno de los objetivos que busca esta norma, al menos, en la teoría es renovar el parque automovilístico, ya que las personas que tengan un coche sin etiqueta no sólo no podrán acceder a las ZBE, sino que además pagarán más por aparcar en una zona de estacionamiento regulado.
Es una manera indirecta de obligar a miles de conductores a dejar su coche y comprarse otro más moderno. El problema que plantea este tipo de iniciativas es que afectan a quienes tienen menos recursos y esto contrasta con los principios ideológicos que, supuestamente, sigue el actual Gobierno.
Quien conserva un coche sin etiqueta es porque no ha podido ni puede comprarse otro más nuevo. O, simplemente, no quiere cambiarlo, que también ocurre, sobre todo, entre conductores que tienen un coche de hace 20 años o más en perfecto estado de conservación, bien mantenido, y funcionando como un reloj. Y más fiable que los actuales.
Pero, normalmente, son personas que no pueden comprarse otro coche y son ellas las que más sufren estas leyes. En cambio, aquellos que tienen una mejor situación económico no tienen problema para comprarse un coche más moderno, incluso, alguno con etiqueta ECO o CERO.