Zonas de Bajas Emisiones en España, tenía que haber 149, pero hoy en día solo se han puesto unas 50. ¿Por qué?
En teoría, debían estar implementadas en 2023, pero dos años después todavía hay muchos municipios en España sin Zona de Bajas Emisiones. Estas son las razones.
Aunque en 2025 se han puesto en marcha nuevas Zonas de Bajas Emisiones, todavía hay muchas ciudades que, estando obligadas a implementarlas, todavía no lo han hecho. En total, debería haber 149 ZBE y, en el momento de escribir estas líneas, apenas hay una cincuentena.
Afortunadamente, dirán muchos conductores. Como ya te hemos contado anteriormente, las Zonas de Bajas Emisiones son espacios que limitan la circulación de vehículos privados.
Empezaron a conocerse hace ya unos años, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en 2021, aunque las restricciones a la circulación ya existen desde mucho antes en ciudades como Madrid o Barcelona.
La propia legislación, en su artículo 14.3, define las ZBE como un ámbito delimitado por una “administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.
Sólo unos 50 municipios han implementado su Zona de Bajas Emisiones de los 149 que están obligados
Actualmente, los únicos coches que no pueden circular por las ZBE de España son los que no tienen ninguna etiqueta de la DGT, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel antes de 2006. Aquí se excluyen los residentes, aunque esto dejará de ser así.
Esta prohibición cuenta con excepciones: vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, vehículos de emergencias y fuerzas armadas y vehículos históricos que cumplan con la normativa vigente.
La ley obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer estos espacios restrictivos desde el 1 de enero de 2023. También aquellas poblaciones con más de 20.000 habitantes donde se registren niveles altos de contaminación.
En total, estamos hablando de 149 localidades que deberían tener una ZBE. Sin embargo, actualmente sólo alrededor de 50 la han puesto en marcha, un 37%, aproximadamente. ¿Por qué esta lentitud? Vamos a explicar las razones.
Los ayuntamientos gestionan las ZBE
La primera razón tiene que ver con el propio funcionamiento de la administración. Aunque la Ley de Cambio Climático es nacional y las ZBE están regulada en el Real Decreto 1052/2022, del 27 de diciembre de 2022, son los ayuntamientos de los respectivos municipios los que se encargan de establecer los criterios para ponerlas en marcha, siguiendo las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Esto hace que cada ayuntamiento imponga sus normas y se tome sus tiempos y aquí entran en juego diferentes factores. Los gobiernos locales son conscientes de que la medida es muy impopular, por mucho que se intente convencer de sus beneficios (aire más limpio, cambio climático, etc).
En consecuencia, no hay uniformidad de criterios y muchos regidores retrasan la ejecución de las ZBE todo lo que pueden, temiendo perder votos cuando se celebren los próximos comicios, que serán dentro de dos años. A esto hay que añadir los intereses de los diferentes grupos políticos. Por ejemplo, si necesitas los votos de un partido concreto para acceder a la alcaldía y ese partido se opone a la ZBE.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es lo mismo implantar una Zona de Bajas Emisiones en grandes capitales de provincia, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valencia, que en poblaciones más pequeñas, donde este tipo de medidas se comprenden menos.
No porque sus habitantes sean torpes, sino porque tragan menos con la idea de que un vehículo sin etiqueta no pueda circular, pero un SUV microhíbrido de 400 o 500 CV con etiqueta ECO sí. Todo esto retrasa la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones.
Complejidad en los trámites y necesidad de una infraestructura tecnológica
En realidad, implementar una ZBE no es tan fácil como delimitar un espacio y prohibir la circulación de ciertos coches. Requiere diseñar un plan por fases y una infraestructura tecnológica que implica un coste.
A la hora de diseñar una ZBE, los ayuntamientos deben tener en cuenta diferentes factores para evitar afectar a la ciudadanía y la economía local. Hay que delimitar las zonas, fijar las restricciones y establecer un periodo de información y adaptación, antes de poner multas.
A esto hay que añadir la necesidad de desarrollar la correspondiente infraestructura tecnológica y la señalización, por ejemplo, con cámaras y sensores que identifiquen las matrículas de los vehículos, comprueben si cumplen con los requisitos para acceder a la zona restringida y emitir una sanción si procede.
Todavía hay muchos coches sin etiqueta o etiqueta B
Otro motivo, que guarda relación con el anterior, es que todavía hay muchos coches en España sin etiqueta y con etiqueta B, que ya empiezan a sufrir las restricciones en algunas ciudades, como la ZBE de Bilbao.
Aunque la obligación de implantar las ZBE entró en vigor el 1 de enero de 2023, muchos conductores no han podido cambiar su coche por otro más nuevo.
En los últimos años, muchos usuarios han acudido al mercado de segunda mano para hacerse con un vehículo que tuviera, al menos, la pegatina B o C para poder seguir circulando.
Esto es lo que ha provocado el incremento de precios de los coches usados. Pero, como decimos, no todo el mundo ha podido y aún quedan muchos vehículos sin etiqueta, lo que significa que mucha gente se quedaría sin poder usar su coche.
El choque con la justicia
Otro motivo que retrasa la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones es el choque con la justicia. Varios tribunales han tumbado las ZBE, como en Barcelona, o como hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al entender que al Ayuntamiento de la capital no tuvo en cuenta el impacto económico.
En concreto, la sentencia destacó que, aunque el Ayuntamiento tiene la potestad para adoptar medidas sanitarias y medioambientales, la aprobación de estas restricciones no incluyó un análisis exhaustivo de las consecuencias económicas ni medidas de apoyo para los colectivos vulnerables.