Ley de Movilidad 2024, los ayuntamientos podrán cobrar peajes por entrar en las ciudades de España

El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a la Ley de Movilidad Sostenible. Puede que te suene, incluso su nombre debería resultarte familiar porque ya es la segunda ocasión en la que la normativa es sometida a votación por los miembros del Gobierno: aprobada en diciembre de 2022, su tramitación quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas.

La Ley de Movilidad Sostenible se presenta como "el marco normativo que permitirá que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI". En la práctica esto se traduce en reconocer la movilidad como un "derecho social" y adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones del tráfico rodado. 

No habrá peajes en autopistas...

Tal cual ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, la Ley de Movilidad Sostenible no tiene ni una sola línea en la que se hable de la posibilidad de imponer un sistema de pago para el uso de las autovías o autopistas. 

Ante lo mucho que se ha hablado y debatido en los últimos meses sobre este tema ha sido el propio Oscar Puente, ministro de Transportes, quien se ha asegurado de aclarar que el texto aprobado no hace alusión al posible pago por uso de carreteras de alta capacidad al que se comprometió con Bruselas para conseguir financiación europea para la recuperación económica.

Puente explica que los peajes desaparecen del compromiso del Gobierno con Europa a cambio de un aumento de las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril. El objetivo fijado es alcanzar el 10% de la cuota de transporte de mercancías por este medio, menos contaminante que los camiones en carretera, frente al 4% actual.

Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido a gastar más dinero en desarrollar de autopistas ferroviarias, bonificar los cánones de Adif cobra a los operadores durante cinco años y lanzar apoyos e incentivos al sector.

... pero sí en ciudades

Lo que sí se mantiene (ya estaban contemplados en el primer texto aprobado en diciembre de 2022) son los peajes en ciudades, es decir, la posibilidad de que los ayuntamientos habiliten un pago para aquellos conductores que quieran acceder a ciertas áreas de las ciudades, en especial, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

A este respecto, Oscar Puente ha enfatizado en recordar que se trata de una opción, no de una obligación. La Ley de Movilidad crea el marco jurídico necesario para que aquellos gobiernos municipales que quieren puedan imponer un peaje urbano. Queda por ver cuáles lo harán realidad y en qué condiciones (quizá sean solo para los vehículos más contaminantes o se establezca un precio diferente en función de la etiqueta medioambiental que luzca el vehículo).

Una vez la norma alcance el rango de ley, la idea es garantizar que el pago sea homogéneo en todas las ciudades en todo el territorio, aunque será cada municipio el que decida si lo habilita o no.

Más coches eléctricos y compartidos

La posibilidad de que se exija el pago de un peaje urbano es una de las medidas que incluye la Ley de Movilidad Sostenible. Hay más y algunas igual de destacables:

• Se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores o 250 por tuno ponen en marcha planes de movilidad sostenible al trabajo. A este respecto, el texto legal especifica que "las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo"
• Aumenta la información que debe estar disponible en el Punto de Acceso Nacional. A este respecto y aunque la ley no está todavía en vigor hay que destacar que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha puesto en marcha el mapa de puntos de recarga para vehículos eléctricos de España
• Para impulsar la adopción de las medidas acordadas y verificar su cumplimiento se contempla la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, con varios instrumentos: Foro Administrativo de la Movilidad Sostenible, Consejo Superior de Movilidad Sostenible, un documento estratégico de orientaciones para la planificación de la movilidad sostenible y un plan de coordinación entre administraciones

No antes del último trimestre del año

Que haya sido aprobada por el Consejo de Ministros no significa que la norma esté en vigor. La Ley de Movilidad Sostenible es, por ahora, un proyecto de ley que debe ser sometido a votación por el Congreso, primero, y por el Senado, después. En este proceso, diputados y senadores pueden oponer su veto o presentar enmiendas que pueden dar lugar a la modificación parcial del contenido.

El Gobierno quiere que la ley entre en vigor antes de que termine el año por lo que ha puesto en marcha el mecanismo de urgencia para que la tramitación sea lo más rápida posible y los plazos se acorten dentro de lo establecido por el ordenamiento jurídico.