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Plan Renove 2020: quién sale ganando, ¿el Gobierno o los conductores?

Plan Renove 2020

El Gobierno habla de los incentivos a la compra de vehículos como una ayuda a los conductores que quieren/necesitan cambiar de coche y un impulso a la industria automovilística que se ha convertido en uno de los sectores más golpeados por el coronavirus. Pero a la vista de los últimos datos nos preguntamos: con el Plan Renove 2020 quién sale realmente ganando, ¿el Gobierno o los conductores?

Las cifras publicadas por la agencia de noticias EuropaPress apuntan que el gobierno espera que con el plan de ayudas a la compra se cierren más de 300.000 matriculaciones. La memoria de impacto presupuestario que acompaña al decreto ley aprobado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros del pasado viernes (que da luz verde al Plan Renove 2020) calcula que la Administración invertirá 250 millones de euros en el plan de ayudas a la compra, pero que tendrá un "retorno fiscal" de 425 millones de euros. 

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"Desde el punto de vista fiscal, se estima que, por cada millón invertido en este tipo de planes, se recuperarán 1,7 millones de euros en ingresos fiscales directos, indirectos e inducidos, de los que 1,2 millones son por recaudación de IVA en el conjunto de vehículos e impuesto de matriculación en los turismos", asegura el Gobierno.

Las cargas administrativas del Plan Renove 2020

De los 425 millones que el Gobierno espera ingresar por las ayudas a la compra de vehículos, 300 millones procederán del pago del Impuesto al Valor Añadido (IVA) que, para los vehículos es de un 21%, y del impuesto de matriculación. Este último se aplica en función de los niveles de emisiones de CO2 homologados por el vehículo. 

Las cuentas que ha echado el Ejecutivo de Pedro Sánchez hablan de que si efectivamente se tramitan 300.000 nuevas matriculaciones por el impulso al mercado que puede suponer el Plan Renove 2020, se generarán unas cargas administrativas de 15,9 millones de euros que se desglosan de este modo:

  • 1,5 millones por la solicitud de ayuda que cuesta cinco euros
  • 10,8 millones por las tasas para aportar documentación
  • 3,6 millones de euros por la presentación de certificados exigidos por la Administración (a razón de cuatro euros por solicitante)

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