La llegada del coche eléctrico (o más bien, el comienzo de su democratización) ha traído consigo innumerables cambios, muchos de los cuales todavía están en proceso de implantación. Además, ha abierto muchas nuevas vías de negocio complementarias, entre las que una de las más desconocidas es el CPO.

¿Qué es un CPO? Significa ‘Charge Point Operator’, es decir, ‘Operador de Puntos de Carga’, en español.

Su función consiste en construir los puestos de carga a los que se conectarán los vehículos de cero emisiones y los híbridos enchufables, los instalan en el lugar que corresponda y son los encargados del mantenimiento para asegurar que estén operativos siempre.

De manera complementaria, también existe la Empresa Proveedora de Servicios de Movilidad Eléctrica (EMSP), que es la compañía que ofrece los servicios de carga a los conductores, es decir, es aquella que el cliente contratará y con la que establecerá la comunicación.

Es posible que un CPO sea también una EMSP, pero por norma general el primero es el que se encarga de suministrar los puntos de carga a las segundas.

Por el momento, la normativa que regula esto es el Real Decreto 184/22, que únicamente afecta a las estaciones de recarga públicas, pero no se mete en las privadas. ¿Y cuáles son las normas que aplica y comportamientos que exige?

Lo primero es que tienen que presentar los precios de recarga de forma concisa y transparente para que los clientes puedan entenderlos de manera sencilla. Además, tienen la obligación de crear un servicio de atención de reclamaciones e incidencias al que éstos puedan acudir. 

También es necesario crear un acuerdo de interoperabilidad que garantice la comunicación entre el CPO y el EMSP, y en la que quedan fijados los detalles de su relación contractual, aclarando cuáles son las obligaciones y derechos de cada una. Así mismo, también hay un régimen sancionador si se incumplen las obligaciones mencionadas.