Varapalo a la concesionaria de una autopista de peaje en Galicia: si hay obras, no se puede cobrar todo el peaje

Cobrar el peaje íntegro cuando la autopista no ofrece un servicio fluido y, además, no se informa adecuadamente al conductor tiene consecuencias. Así lo ha dejado claro la Audiencia Provincial de A Coruña, que ha confirmado que la empresa concesionaria de la AP-9, Autopistas del Atlántico (Audasa), deberá devolver parte del importe cobrado a los usuarios durante los años en los que las obras provocaron importantes retenciones de tráfico.

La decisión judicial afecta a los trabajos ejecutados entre 2015 y 2018, entre ellos la ampliación del puente de Rande y las actuaciones en los accesos a O Morrazo y Teis, en uno de los principales ejes viarios de Galicia, que conecta Ferrol con la frontera portuguesa. Durante ese periodo, muchos conductores denunciaron atascos reiterados mientras seguían abonando el importe completo del peaje.

Sentencia en firme con devolución del 50% del coste del peaje

Ahora, la Audiencia coruñesa respalda que procede una devolución, aunque no en los términos más amplios que solicitaban los afectados, que reclamaban el reintegro total. El tribunal fija que la concesionaria deberá reembolsar el 50% de lo pagado, pero únicamente en aquellos días en los que se pueda demostrar que las obras afectaron realmente a la circulación y que no se trasladó información suficiente a los usuarios.

Ese matiz es clave en la sentencia, ya que, a ojos de la Audiencia, no basta con que hubiera obras en marcha. Para que exista derecho a la devolución, el tráfico debió verse alterado de forma acreditada y la empresa, por su parte, no debió haber cumplido con su obligación de advertir de forma clara y previa sobre las retenciones o demoras previsibles.

Para determinar cuándo existió esa afectación, la sentencia toma como referencia los informes de la Dirección General de Tráfico (DGT). Solo en las jornadas en las que el nivel de servicio fue calificado como negro, rojo o amarillo se abrirá la puerta al reintegro parcial. Además, serán los propios demandantes, tanto particulares como empresas, quienes deberán justificar los trayectos realizados mediante las correspondientes facturas en la fase de ejecución de la sentencia.

Uno de los puntos más relevantes del fallo es, precisamente, el peso que se concede a la información previa al conductor. Para los tribunales, no basta con que haya paneles o avisos genéricos; lo determinante es que la empresa supiera o pudiera prever los retrasos y no los comunicara con claridad.

El Supremo ya apuntó que, en caso de retenciones, deben detallarse aspectos como el punto kilométrico afectado, la causa del atasco y la demora estimada. Si esa información no se facilita, el usuario paga sin conocer realmente el servicio que va a recibir.

La Audiencia estima así parcialmente el recurso presentado por la concesionaria, al descartar que deba devolver el importe por todos los días con obras, como pretendían los usuarios. La devolución queda limitada a los periodos con congestión constatada oficialmente.

Esta nueva sentencia llega después de que el Tribunal Supremo ya se pronunciara en octubre de 2025 sobre el mismo conflicto, al apreciar “prácticas abusivas” en el cobro de peajes durante las obras del puente de Rande por falta de información suficiente sobre las retenciones.

Un caso similar en Asturias

El impacto de esta sentencia trasciende más allá de la autopista AP-9 en Galicia. En Asturias, la autopista del Huerna (AP-66), principal conexión entre León y el Principado, lleva desde noviembre de 2024 funcionando con restricciones importantes tras un desprendimiento que obligó a habilitar un bypass y ejecutar obras prolongadas.

Durante más de un año, la circulación ha sido más lenta de lo habitual, generando retenciones de tráfico, mientras la concesionaria Aucalsa ha mantenido las tarifas de los peajes e, incluso, ha aplicado dos subidas de precios.

Según datos de la DGT, desde julio se han registrado nueve episodios de tráfico clasificados como rojo o amarillo en el Huerna. La situación ha provocado críticas políticas y reclamaciones por parte de asociaciones de consumidores, que piden analizar si se dan circunstancias similares a las que ahora han sido objeto de reproche judicial en Galicia.

Mientras que empresas concesionarias se enfrentan a sentencias judiciales, algunas autopistas de peaje en España se preparan para ser liberalizadas. Unos de los casos más recientes que se han dado a conocer es el de la AP-68 y la AP-15 en Navarra, cuya liberalización está prevista para 2029, aunque no todos los vehículos que circulen por ella estarán exentos de pagar las tasas.

A estas dos autopistas está previsto que se unan más carreteras que hoy son de pago, pero que serán liberalizadas a finales de esta década, como la AP-7 en Alicante, la AP-6 entre Collado Villalba y Adanero, la AP-51 entre Villacastín y Ávila, y la AP-61 entre Segovia y San Rafael.