El Parlamento, por amplia mayoría y en contra del Gobierno, abole las zonas de bajas emisiones
Con 224 votos a favor y 100 en contra, el Senado ha aprobado definitivamente la suspensión de las ZBE en Francia. Sin embargo, aún no se ha dicho la última palabra.
Las Zonas de Bajas Emisiones son una guerra que se está viviendo en todos los países de Europa. El último en pronunciarse ha sido Francia, cuyo parlamento las ha eliminado. Este paso es el definitivo, después del amago que hicieron un año antes. Con este acto, el debate sobre las emisiones de contaminación ha vuelto a reabrirse.
Hace tres años que son obligatorias las Zonas de Bajas Emisiones en España, pero el ritmo de implementación es muy lento, hasta el punto de que todavía hay un total de 109 ciudades españolas que no la tienen activada.
A través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, España obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer estas áreas restrictivas, así como en aquellas poblaciones con más de 20.000 habitantes donde se registren niveles altos de contaminación.
Mientras que nuestro país no se plantea la posibilidad de suspender estas limitaciones a favor de la industria automovilística, Francia se ha tomado la justicia por su mano y ha decidido eliminar sus ZBE.
Hay que recordar que estas zonas en Francia restringen el acceso a los vehículos más contaminantes en función de su nivel de emisiones, clasificado en Francia mediante el sistema Crit’Air, con el fin de reducir la presencia de dióxido de nitrógeno y partículas finas, responsables de numerosos problemas de salud pública, especialmente en grandes núcleos urbanos.
En París, así como en otras ciudades como Lyon o Marsella -las tres gobernadas por equipos de izquierdas y ecologistas-, la implantación de estas zonas ha ido acompañada de un calendario progresivo de restricciones que limita cada vez más la circulación de vehículos antiguos, en particular los diésel.
Las autoridades locales defienden que estas medidas permiten acelerar la transición hacia formas de movilidad más limpias, como el transporte público, la bicicleta o los vehículos eléctricos.
La propuesta aún puede ser vetada
Tras la aprobación por parte de los diputados franceses de la suspensión de las ZBE, le llegaba el turno a los senadores. Con 224 votos a favor y 100 en contra, el Senado votó a favor de las conclusiones de la comisión mixta paritaria en los mismos términos, lo que permitió la aprobación definitiva del texto.
Este texto, muy polémico, consagra, en particular, la supresión de las zonas de bajas emisiones, un dispositivo establecido por la Ley de Orientación de la Movilidad de 2019 y uno de los hitos ecológicos de los mandatos de Emmanuel Macron.
Ahora deberá superar el examen del Consejo Constitucional, donde varios grupos parlamentarios esperan que la eliminación de las zonas de bajas emisiones por el Parlamento sea anulada. El Gobierno intentó ayer, sin éxito, que se aprobara una enmienda que reintrodujera las ZBE.
Estos cambios han suscitado reacciones encontradas en el Senado. "Los trabajos del Senado han contribuido a reforzar el texto, y la Asamblea Nacional aún más", se ha felicitado Catherine Di Folco, del partido Republicano, ponente del texto. Por el contrario, la izquierda ha lamentado la supresión de las ZBE y las restricciones a la "cero artificialización neta".
"Se trata de un texto heterogéneo, fragmentado, en el que la simplificación prometida se asemeja más a una yuxtaposición de medidas que a una visión coherente de la acción pública", lamenta el senador David Ros.
En la misma línea se han mostrado los senadores del grupo RDPI. "Lamentamos en qué se ha convertido este texto en la Asamblea Nacional al incorporar disposiciones que probablemente serán censuradas por el Consejo Constitucional", declaró en particular Nadège Havet, senadora del RDPI
Sin embargo, existe la posibilidad de que el Consejo Constitucional censure esta propuesta. De hecho, diputados socialistas, ecologistas y centristas han anunciado que recurrirán a los jueces de la rue de Montpensier.
Por su parte, el Gobierno "no espera en absoluto una censura del Consejo Constitucional, porque corresponde a los políticos asumir sus propias decisiones políticas", explicó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, quien añade que toma nota "del hecho de que existen dudas evidentes sobre la constitucionalidad de esta medida".
Lidia Vega
Redactora
Lidia Vega es Redactora de Autobild. Puedes encontrarla o encerrada escribiendo noticias sobre la actualidad del sector o perdida por el mundo probando coches.