Guía práctica sobre la nuevas Etiquetas de la DGT. Todos los cambios y cómo te afectan
La Ley de Movilidad Sostenible traerá consigo cambios importantes y parte de ellos apunta a reestructurar el sistema de etiquetas de la DGT.
No existen fuera de nuestras fronteras, pero las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) llevan acompañándonos en España desde 2016 y, desde su implantación, han marcado la pauta que determina la oferta de versiones de las marcas de coches. Ahora, están a punto de cambiar por primera vez en su historia y esto es todo lo que tienes que saber sobre las nuevas etiquetas de la DGT.
Ya te advertimos que, de momento, es poco y, además, no se ha concretado mucho, pero desde que se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible lo que sí está claro es que va a haber cambios.
El pasado mes de octubre el congreso de los diputados aprobó la mencionada ley, que hace referencia a todo tipo de áreas (más abajo entramos en ellas), pero que lo interesa sobre todo desde el punto de vista del conductor particular (y de potencial comprador de coches) es lo que afecta a las pegatinas medioambientales.
Según el comunicado de la Moncloa se apunta que “se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos”, pero no se concreta más. Sin embargo, ya hay indicios sobre por dónde pueden ir los cambios.
Actualmente el sistema de etiquetado se estructura en torno a dos parámetros. El primero es la normativa de emisiones que cumple el vehículo en cuestión (el tipo de “Euro”, para entendendernos), que tiene que ver con partículas y óxidos de nitrógeno. El segundo es el tipo de tecnología de propulsión que utiliza: de combustión pura, electrificado o con gas.
Sin embargo, no se tiene en cuenta un factor importante a la hora de evaluar los niveles de contaminación en el día: las emisiones de CO2.
Es algo que tiene influencia en el impuesto de matriculación (0% para emisiones inferiores o iguales a 120 g/km, 4,75% para emisiones de entre 121 y 160 g/km, 9,75% para emisiones de entre 161 y de 200 g/km, y 14,75% para los superiores a 201 g/km), pero que no afecta a las etiquetas de la DGT, y que es precisamente lo que podría cambiar.
Pasando a considerar las emisiones de CO2 se buscaría que el sistema sea más justo, puesto que actualmente, gracias a las “trampas” que permite la ley, se dan situaciones que, sencillamente, chirrían.
Se pueden ver superdeportivos e hiperdeportivos con más de 500 CV que, gracias a su sistema electrificado (ya sea híbrido o híbrido enchufable) consiguen las etiquetas ECO o CERO, cuando en realidad su consumo es enorme y sus emisiones también, mientras que utilitarios que apenas gastan y son muy limpios, solo aspiran a la C por no tener electrificación.
Pasar a basarse en las emisiones de CO2 como criterio también tendría consecuencias negativas especialmente para los microhíbridos (MHEV), puesto que utilizan una electrificación muy ligera para conseguir la etiqueta ECO, cuando en realidad el apoyo eléctrico es mínimo y, por tanto, también la mejora de emisiones.
Por otro lado, parece que este cambio también en el punto de mira a los coches híbridos enchufables. Con éstos siempre ha habido polémica, porque hay muchos conductores que los adquieren por su etiqueta favorable, pero luego ni siquiera recargan la batería y terminan contaminando de más. Esa práctica no se puede fiscalizar, pero sí que se puede hacer que la ley sea más estricta.
Aunque no hay nada oficial, se especula que uno de los cambios que podría llegar es que, para que los PHEV reciban la etiqueta CERO, tengan que homologar al menos 90 km de autonomía en modo eléctrico. ¿Por qué esta cifra? Por que es la que se pide para que en las ayudas del Plan Moves reciban la subvención más alta, de 7.000 euros, igualándolos con los coches eléctricos.
Ahora bien, es algo que veremos a corto plazo, pero no de manera inmediata. Una vez aprobada la ley, ahora se dispone de un plazo de 12 meses para elaborar un estudio con el que analizar su aplicación, así que debería llegar a lo largo de 2026. Si dentro del estudio se considera que hay que cambiar el sistema de etiquetas, será la DGT la que tenga que ponerse manos a la obra para reestructurarlo.
La Ley de Movilidad Sostenible
El cambio de etiquetas entra dentro de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que no solo afectará a los vehículos, si no que tiene un enfoque más amplio basado en cuatro pilares principales: la movilidad como un derecho social, una movilidad limpia y saludable, un sistema de transporte digital e innovador, e invertir mejor al servicio de los ciudadanos, según describe el gobierno.
Respecto a la movilidad como un derecho social, se citan cuatro puntos de interés: “Situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas: el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, facilitando una movilidad inclusiva y universal, adaptada a las necesidades de todas las personas, implementando soluciones de movilidad para todas las personas, vivan donde vivan; y priorizando el dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana”.
La rama de la movilidad limpia y saludable es en la que se integra el sistema de etiquetado. Ésta se esboza en: “impulsando una movilidad más limpia, respetuosa con la salud y el medio ambiente, principalmente en ámbitos urbanos; promoviendo la movilidad activa en bicicleta y a pie, y reforzando la sostenibilidad y resiliencia del sistema de transporte de mercancías”.
En cuanto al sistema de transporte digital e innovador, las claves son: “impulsando la digitalización del transporte para un mejor servicio al ciudadano, con datos abiertos de transporte para mejores servicios a ciudadanos y empresas, y promoviendo la implantación de soluciones innovadoras de movilidad: sandbox de movilidad”.
Por último, en lo referente a invertir mejor al servicio de los ciudadanos, se menciona: dando la importancia que merecen a la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras, reforzando la participación en la toma de decisión de las inversiones públicas, mejorando la justificación de las decisiones de inversión pública, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, y garantizando la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte urbano.
