Liquidan otra autopista en quiebra, ¿sabes lo que supone?

Ceder la gestión de un tramo de carretera a empresas privadas supone un negocio para estas y un alivio para el Estado (que se olvida de las labores de gestión y mantenimiento). Pero, ¿qué pasa cuándo un tramo de peaje no resulta rentable y las empresas concesionarias entran en pérdidas? Pasar, pueden pasar muchas cosas, pero lo más grave es que un juez decida liquidar una autopista en quiebra, como acaba de suceder con el tramo que une el aeropuerto de Madrid y el municipio de Barajas.

Que un juez determine la liquidación de una autopista en quiebra obliga al Estado a pagar una indemnización a la empresa a la que encargó la gestión por no haberse cumplido las expectativas económicas pactadas en el contrato. Y no hablamos de uno o dos millones, en esta autopista en concreto el pago que tendrá que afrontar el Ministerio de Fomento (que acaba de recurrir la sentencia para tratar de evitar tamaño desembolso) es de 4.500 millones de euros, según sus cuentas, o 5.700 millones de euros, si el juez elige los cálculos de las concesionarias.

Autopistas de peaje: otra forma de viajar... pagando

Para tratar de ganar tiempo, el Ministerio de Fomento ha anunciado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial; con esto se garantiza, al menos, que el tema no será subsanado en la presente legislatura...No es esta la primera vez que un juez decide liquidar una autopista en quiebra. Ya sucedió con la AP-36, un tramo de pago que une Ocaña y La Roda. Entonces, el Ministerio de Fomento presentó un plan de rescate que suponía la integración de las ocho autopistas que ahora mismo están en quiebra, tras una quita del 50% de la deuda y la conversión del resto en un bono a 30 años. Un plan que al juez no le ha gustado mucho y que ha rechazado tirando así por tierra las promesas del Gobierno que aseguraban que las autopistas de peaje no le iban a costar un euro al Estado.

Las autopistas que ahora están en quiebra se construyeron siguiendo un sistema por el que las constructoras se hicieron cargo de las obras a cambio de la concesión para explotar las vías a largo plazo, de modo que la infraestructura no exigía desembolsos públicos. Pero las empresas pidieron para la construcción capital a la banca, y como aval, contaron en algunos casos con el respaldo del Estado a través del mecanismo de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora, la banca exige recuperar sus préstamos y si los acreedores pueden solicitar que sea el avalista, es decir, el Estado, el que asuma el problema.

Fuente: El País