Aunque aún no se han empezado a vender, los principales fabricantes de EEUU piden al Gobierno que prohiba para siempre los coches chino conectados
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La Alianza para la Innovación Automotriz afirma que los vehículos conectados chinos recopilan grandes cantidades de datos sobre el conductor que podrían acabar en Pekín.
Hace unos años, un juez de Estados Unidos desestimó una demanda colectiva contra la manera en que los fabricantes de automóviles manejan datos privados de los propietarios, lo que supuso un golpe a los defensores de la privacidad. Ahora, con los coches chinos conectados, parece que la perspectiva es diferente.
Los fabricantes de automóviles chinos aún no han vendido un solo coche conectado en Estados Unidos, pero los mayores fabricantes locales quieren asegurarse de que no ocurra.
La Alianza para la Innovación Automotriz, que agrupa a la mayoría de las principales compañías que venden vehículos en el país norteamericano, envió esta semana una carta al Congreso pidiendo a los legisladores que cierren la puerta antes de que se abra.
El grupo quiere que se apruebe una prohibición permanente de los vehículos, el software y el hardware conectados de origen chino antes de que finalice esta sesión del Congreso, según informó Reuters.
Una amenaza para la seguridad nacional
La Alianza se queja de que las protecciones actuales son insuficientes y señaló a los legisladores dos proyectos de ley que ya se encuentran en trámite en comisión.
Uno de ellos es el HR 10158, la Ley de Seguridad Nacional y Económica Automotriz de 2026, que se centra en la tecnología de vehículos conectados vinculada a países que el gobierno considera una amenaza para la seguridad nacional.
La otra es la Ley de Seguridad de Vehículos Conectados de 2026, que prohibiría a cualquier fabricante de automóviles con más del 15% de participación de una empresa china vender vehículos en Estados Unidos, tal y como explican desde Motor1.com.
Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, un comité del Senado ya aprobó normas más estrictas para los vehículos conectados, dirigidas a los fabricantes de automóviles chinos y a las empresas con una fuerte participación china.
Nada de esto parte de cero. Los vehículos fabricados en China ya se enfrentan a un arancel del 100 % al entrar en Estados Unidos y las normas vigentes del Departamento de Comercio restringen el software y el hardware chinos en los vehículos conectados, incluidos los sistemas de conducción automatizada utilizados por empresas como Waymo.
Una barrera permanente
Lo que busca la alianza es que esas barreras se conviertan en ley permanente en lugar de normas que una futura administración podría derogar.
El factor tiempo es crucial en este caso. Las restricciones de software, según las normas comerciales vigentes, entrarán en vigor en 2027, seguidas de las prohibiciones de hardware en 2030.
Las marcas afirman que ya están reemplazando la tecnología china de vehículos conectados antes de esas fechas límite. El proyecto de ley HR 10158 aún se encuentra en comisión y no se han definido sanciones ni fechas definitivas.
También hay un factor económico
El argumento de la Alianza para la Innovación Automotriz se basa en gran medida en la seguridad nacional: los vehículos conectados a China recopilan enormes cantidades de datos sobre conductores, rutas e infraestructura, y a los legisladores les preocupa que esos datos puedan terminar en manos de Pekín.
Sin embargo, también hay un factor económico: los vehículos eléctricos y conectados chinos subvencionados podrían ofrecer precios más bajos que los estadounidenses, si el mercado se abriera, y empresas como Geely han demostrado cómo podría ser esa competencia.
Los derechos de propiedad de los consumidores también forman parte del panorama legislativo más amplio que se está debatiendo en el Congreso durante esta sesión, un aspecto que ya se trató en informes anteriores sobre los proyectos de ley propuestos para proteger los derechos de propiedad de los automóviles.
A modo de conclusión, los coches conectados pueden ser un problema de cara a la privacidad de los usuarios, ya que manejan una gran cantidad de información.
El problema es dónde acaba esa información: si esos datos terminan en el gobierno nacional, no hay problema, pero si llegan a un país extranjero, entonces sí. La realidad es que hay un peligro, independientemente de dónde termine toda esa información.