Plantean un nuevo impuesto que podría incrementar hasta 1.000 euros el precio de un coche

En Cataluña quieren aprobar un nuevo impuesto que elevaría hasta en 1.000 euros el precio de los coches. Como era de esperar esto ha puesto en pie de guerra a los fabricantes y distribuidores que se muestran convencidos de que la nueva tasa podría provocar una "sensible reducción de las matriculaciones en el territorio catalán".

De momento, el impuesto de emisiones de CO2 de Cataluña es una propuesta. Forma parte de un anteproyecto de Ley presentado el pasado 6 de septiembre y que ahora debe recibir la aprobación de la Generalitat.

En un comunicado, la asociación de vendedores Ganvam explica que esta tasa supondría incrementar un 100% la carga fiscal de los conductores durante los años de vida del vehículo. La patronal ha calculado que, de aprobarse, el coste que supone mantener un coche podría aumentar hasta 1.000 euros en los primeros nueves años de vida del vehículo.

Impuesto por tramos en función de las emisiones

El anteproyecto de Ley plantea que los conductores catalanes tengan que asumir un impuesto que se aplicaría por tramos en función del nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de cada coche. 

La normas establece que a partir de este año tendrán que pagar el impuesto al CO2 todos los vehículos que superen los 160 g/km; mientras que en 2020 la tasa será obligatoria para los que tengan emisiones superiores a 120 gr/km.

Para hacer sus cálculos, Ganvam ha tomado como referencia datos de la Agencia Tributaria en Cataluña que apuntan que en 2018 se matricularon un total de 198.699 vehículos en Cataluña, de los que el 32,4% liquidaron una cuota media de 923 euros por vehículo en concepto de Impuesto de Matriculación, al emitir entre 120 y 140 g CO2/km. La patronal adelanta que con el nuevo impuesto autonómico, el conductor deberá liquidar no solo ese importe, sino también, como mínimo, entre 120 y 140 euros más anuales, en función de sus emisiones, lo que supone una "doble imposición".

Además, “como no existe un censo ni una base de datos donde consultar las emisiones de CO2 de los vehículos sujetos a tributación, la seguridad jurídica que ofrece el impuesto es bastante débil y se puede producir la paradoja de que pague más un vehículo más moderno y que emite menos CO2. Quien contamina más, no pagaría más”, según el director Jurídico de Ganvam, Jaime Barea.

Temen una "fuga de matriculaciones"

Ganvam considera que con esta nueva fiscalidad, se penaliza además la actividad económica y se corre el riesgo de impulsar la deslocalización de empresas y la fuga de matriculaciones hacia otras comunidades.

Además, para la patronal este nuevo impuesto rompe "la unidad de mercado" y no permite garantizar que los vehículos afectados por el impuesto serán los que circulen por Cataluña, sean o no sus empresas residentes en ese territorio.

Alternativas

Vendedores y fabricantes se muestran dispuestos a reducir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico rodado, pero no creen que hacer pagar más a los conductores sea la solución.

Los representados por Ganvam piden la anulación del anteproyecto y piden una "reforma fiscal que, coordinada con el Estado, permita gravar el uso y no la compra para no penalizar la entrada de nuevos vehículos en el parque, frenando su necesaria renovación". Para ellos, la solución sería un nuevo impuesto de circulación con una cuantía que se calcule en base a las emisiones y no a la cilindrada y la potencia.