La Guardia Civil detiene a 18 personas en Murcia por traficar con gasóleo denominado “designer fuel”. Ha incautado 70.000 litros
La operación “Tenk” ha sacado a la luz un entramado de 40 empresas que se dedicaban a abastecer a gasolineras low cost con combustible ilegal.
La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir combustible adulterado en estaciones de servicio de bajo coste en la zona del Levante español. La operación, denominada “Tenk”, ha tenido como protagonista el denominado como “designer fuel”.
El combustible incautado, del que se han requisado 70.000 litros, era una mezcla elaborada a partir de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar sus propiedades y eludir los impuestos correspondientes. Entre las sustancias encontradas figuraba triacetina, un aditivo que no cumple con las especificaciones técnicas exigidas para su uso como carburante en vehículos.
La operación se ha saldado con 18 detenidos y 14 personas investigadas, además de la implicación de 40 empresas vinculadas al entramado delictivo.
Como ocurre en estos casos, aunque la operación se ha hecho pública ahora, su desarrollo viene de mucho más atrás. La investigación comenzó en 2023 y lo que puso todo en marcha fueron las reiteradas quejas de los vecinos de la pedanía de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia).
Estos alertaron de que había un movimiento constante de camiones cisterna, mucho mayor del que podría considerarse como normal. Estas denuncias llevaron a los agentes hasta un gasocentro ilegal, en el que se llevó a cabo una entrada y registro que permitió la incautación de los más de 70.000 litros de gasóleo ya mencionados, además de la maquinaria utilizada para todo el proceso y de los depósitos empleados para su manipulación.
Las investigaciones posteriores sirvieron para aclarar que el destino final del combustible modificado eran gasolineras low cost ubicadas en las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. De hecho, para mover todo el combustible, se descubrió que la organización contaba con otros dos centros de almacenamiento y distribución clandestinos ubicados en Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia).
Los carburantes utilizados por la red provenían de varios países del este de Europa, como Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Los delincuentes, para sortear la normativa comunitaria, declaraban los cargamentos como aceites y lubricantes, lo que hacía que pudieran evitar controles fiscales exigidos para productos sujetos al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Solo con esto, ya conseguían eliminar de la ecuación el pago de varios impuestos, como el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. Como figura en el comunicado de la Guardia Civil, esto “causa pérdidas económicas tanto a los Estados miembros de la Unión Europea como al sector empresarial por competencia desleal”.
Sin embargo, la preocupación de una operación así no es solo desde el punto de vista fiscal, si no también porque los gases emitidos en la combustión de este combustible de diseño pueden suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud pública, a lo que se suma que su almacenamiento irregular genera riesgos de vertido y que al ser un combustible que no pasa por los controles adecuados, puede generar daños en los motores que lo utilicen.
Tras estos dos años de investigaciones, los agentes han logrado identificar a los distintos miembros de la red y a las empresas pantalla utilizadas para dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita. Aparentemente, muchos de los presuntos responsables figuraban como administradores de estas empresas (que eran 40 en total) sin tener control real sobre su funcionamiento.
Entre los implicados se encuentran ciudadanos de nacionalidad ucraniana, letona, francesa y española, muchos de ellos en situación económica vulnerable y utilizados como testaferros, a cambio de compensaciones económicas por ceder su identidad para constituir sociedades o abrir cuentas bancarias.
La red contaba con ramificaciones en distintas provincias: Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona. Durante la operación, se inspeccionaron once estaciones de servicio y empresas sospechosas de estar implicadas en la distribución del combustible fraudulento.
Hasta el momento se ha saldado con la detención de 18 personas y la investigación de otras 14, acusadas de delitos de estafa, falsedad documental, fraude fiscal, delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la Seguridad Vial y pertenencia a organización criminal.
La benemérita destaca que uno de los casos más llamativos ha sido el de un conductor de camiones que ha sido imputado por 26 delitos contra la seguridad vial, ya que se dedicaba a transportar mercancías peligrosas sin contar con el permiso de conducción correspondiente.
Desde Sertrans indican que este tipo de conducta se considera una infracción muy grave y está sancionada con multas de entre 4.001 y 6.000 euros. Sin embargo, las sanciones pueden llegar a los 18.000 euros si el responsable de la infracción ya hubiera sido sancionado por el mismo motivo durante los 12 meses anteriores.
