El presidente de Repsol se moja: "Necesitamos un plan de renovación del parque automovilístico en España en el que decida el ciudadano, no los políticos"
Elígenos como tu fuente preferida en Google.
El directivo reclama ayudas sencillas, previsibles y accesibles para quienes tienen menos, en un marco estable y de confianza.
El debate sobre el futuro de la movilidad en España y en el conjunto de la Unión Europea ha alcanzado un punto de inflexión. Durante la jornada técnica "El impacto de la renovación del parque en las emisiones, la seguridad vial y la economía", organizada por la Fundación Repsol junto a entidades de referencia como Sernauto, Faconauto y la Universidad Politécnica de Madrid, el presidente de la energética, Antonio Brufau, ha lanzado un mensaje claro y directo a las instituciones encargadas de regular. Su intervención pone el foco en la necesidad urgente de redefinir las estrategias de descarbonización para adecuarlas a la realidad económica y social de los conductores.
La clave de este planteamiento reside en devolver el poder de elección al usuario final. Según sostiene la cúpula de Repsol, la transición hacia una movilidad más limpia en el territorio nacional no debe basarse en imposiciones que condicionen las opciones de compra de los consumidores, sino en un marco que incentive la sustitución de las unidades más antiguas por modelos eficientes de cualquier tecnología de propulsión disponible en el mercado.
Diagnóstico de una flota envejecida y sus consecuencias
Las cifras del censo automovilístico en España reflejan una problemática estructural que afecta tanto a la seguridad en las carreteras como a los objetivos medioambientales. De un total de 31,7 millones de vehículos registrados, la media de edad se sitúa en más de 14 años y medio. Si se desglosa con más detalle, alrededor de 19 millones de vehículos superan los 10 años, y unos 9 millones llevan circulando más de 20 desde que fueron matriculados.
Esta elevada edad media del parque frena los avances en eficiencia energética. Los modelos desarrollados en los últimos años cuentan con sistemas de postratamiento de gases de escape, arquitecturas electrónicas de asistencia a la conducción y niveles de consumo muy inferiores a los de las generaciones anteriores. Por tanto, la falta de rotación del parque perpetúa la presencia en carretera de automóviles con un rendimiento desfasado y estándares de seguridad muy por debajo de los actuales.
La incertidumbre por las regulaciones europeas retrasa las decisiones de compra
Esta paralización en las ventas y la renovación de flota tiene relación directa con el enfoque normativo que la Unión Europea ha adoptado en los últimos años. La fijación de metas tajantes, como la prohibición general de comercializar nuevos vehículos equipados con motores de combustión interna a partir del año 2035, ha generado un escenario de indecisión profunda tanto entre los usuarios privados como en las empresas de transporte.
Y es que, cuando te planteas adquirir un coche nuevo y ves incoherencias o cambios constantes en las previsiones legales, la reacción natural es posponer la inversión y prolongar la vida útil del modelo que tienes ahora. Los continuos debates e intenciones de revisión sobre los plazos marcados desde Bruselas no hacen sino amplificar las dudas del mercado. La falta de una postura definitiva y predecible actúa como un freno que impide la modernización real del parque, logrando el efecto opuesto al deseado: una flota cada vez más antigua y contaminante.
La neutralidad tecnológica como base para una descarbonización real
Brufau destaca la necesidad de examinar de manera crítica la decisión de prohibir la venta de nuevos modelos de combustión en 2035, que no es más que “un componente ideológico al margen de la realidad del sector europeo de la automoción". La neutralidad tecnológica implica reconocer que no existe una única solución universal para todas las necesidades de movilidad. Las distintas soluciones, desde las mecánicas de gasolina y diésel de última generación hasta los híbridos y eléctricos de batería, pasando por combustibles renovables e incluso el hidrógeno, deben competir en igualdad de condiciones.
Sustituir un automóvil con más de 15 años por un modelo actual de cualquier tecnología supone una reducción sustancial e inmediata en las emisiones globales de dióxido de carbono y otros contaminantes. Promover una transición abierta que permita a cada comprador seleccionar la alternativa que mejor se adapte a su presupuesto, su perfil de uso y la infraestructura disponible garantiza una reducción de emisiones mucho más acelerada que la espera indefinida por una electrificación total que choca con muchas barreras.
Hacia un plan de ayudas accesible y protector de la industria europea
Cualquier estrategia destinada a renovar la flota nacional requiere el apoyo de un marco de incentivos públicos eficaz. Los esquemas de ayudas actuales a menudo tienen muchas trabas burocráticas y plazos de tramitación que desincentivan al solicitante, beneficiando de forma desigual a los tramos con mayor poder adquisitivo. La propuesta del sector exige mecanismos de apoyo sencillos, previsibles y orientados en especial a los hogares y profesionales con menor capacidad económica, que son quienes conducen los vehículos de mayor antigüedad.
Al mismo tiempo, la regulación también debe velar por la competitividad del tejido industrial del automóvil en Europa. Obligar a un cambio tecnológico masivo sin dar margen de adaptación a la cadena de valor local pone en riesgo la capacidad productiva, los empleos cualificados y el liderazgo técnico del continente. Un equilibrio en el planteamiento permite consolidar los avances sin comprometer la solidez económica de uno de los motores fundamentales de la industria europea.