Con la nueva crisis del petróleo muchos se acuerdan de la ayuda de 20 céntimos por litro de 2022. Pero las petroleras piden no aplicarla. Mejor hacer otra cosa: los impuestos
Las estaciones de servicio están intentando encontrar una solución menos agresiva a la que se dio al inicio de la guerra de Ucrania.
La escalada de las tensiones internacionales y los desajustes en la producción de crudo han disparado los precios en el surtidor a niveles que no se veían desde los peores momentos del conflicto ucraniano.
Ante este escenario, el fantasma de la inflación energética sobrevuela de nuevo la economía española, provocando que muchos ciudadanos miren con nostalgia hacia la primavera de 2022, cuando el Gobierno implementó la famosa bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de carburante.
Las patronales del sector, representando a las más de 12.000 gasolineras que componen la red nacional, han alzado la voz para advertir a Moncloa: repetir la fórmula de la subvención directa sería un error estratégico con consecuencias financieras desastrosas para los puntos de venta.
El sector recuerda aquel periodo de 2022 no como una solución, sino como una pesadilla burocrática y de tesorería. En aquel entonces, las estaciones de servicio se vieron obligadas a adelantar el importe de la bonificación de su propio bolsillo, enfrentándose a graves problemas de liquidez mientras esperaban los reembolsos por parte de la Administración.
Para muchas estaciones pequeñas y medianas, el retraso en los pagos del Estado supuso trabajar con márgenes negativos y poner en riesgo la viabilidad de sus negocios.
Por ello, la propuesta que las petroleras y las asociaciones de estaciones de servicio han puesto sobre la mesa de la vicepresidencia económica es radicalmente distinta y se centra en la estructura fiscal del producto.
En lugar de una ayuda que se aplique en el momento del pago y que genere una maraña administrativa de facturación, el sector solicita una actuación directa sobre los impuestos que gravan los hidrocarburos.
La lógica detrás de esta petición es sencilla, y es que si el problema es el precio final, la forma más limpia y eficiente de reducirlo sin asfixiar financieramente a los distribuidores es rebajando la carga impositiva que el Estado recauda en cada repostaje.
Actualmente, el precio de la gasolina y el gasóleo en España está compuesto en gran medida por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el IVA. El sector argumenta que una rebaja temporal del IVA al tipo reducido del 10%, o incluso al 4%, junto con un ajuste a la baja en el tramo autonómico de los hidrocarburos, tendría un impacto inmediato y transparente en el bolsillo del consumidor.
Esta medida evitaría que las gasolineras tuvieran que actuar como "banqueras" del Estado, adelantando un dinero que no les pertenece, y simplificaría enormemente la gestión contable de los establecimientos.
Además del alivio financiero para las empresas, la vía impositiva ofrece una mayor seguridad jurídica. Las petroleras sostienen que el descuento de los 20 céntimos fue una medida improvisada que generó distorsiones en el mercado y sospechas infundadas sobre el aprovechamiento de los márgenes por parte de las operadoras.
No obstante, al actuar sobre el impuesto, el beneficio llega de forma directa al usuario sin pasar por manos intermedias, garantizando que cada euro que el Estado deja de recaudar se traduzca efectivamente en un menor coste en el panel de precios de la gasolinera.
El Gobierno, por su parte, se enfrenta a un dilema complejo. Si bien la rebaja de impuestos es la opción preferida por la industria, supone una merma directa en la recaudación en un momento en que las arcas públicas también sufren las consecuencias de la desaceleración económica.
No obstante, las gasolineras advierten que, de no tomarse medidas quirúrgicas sobre la fiscalidad, la presión de los precios actuales acabará por lastrar el consumo de tal manera que la recaudación bajará por falta de demanda. La crisis de 2026 requiere, según el sector, menos "parches" temporales y más reformas estructurales que entiendan que el combustible es un bien de primera necesidad para el transporte y la logística del país.
La pelota está ahora en el tejado de Moncloa. Las reuniones mantenidas en las últimas horas reflejan un sector firme que no está dispuesto a revivir el caos operativo de hace cuatro años.
Si el Ejecutivo quiere ayudar a los ciudadanos a mitigar el impacto de la crisis del petróleo, debe hacerlo tocando los impuestos y no forzando a las estaciones de servicio a financiar una política social que no les corresponde.
El lunes será clave para determinar si prevalece la nostalgia del descuento directo o si España opta por una vía fiscal más ortodoxa y eficiente para frenar la escalada del crudo
