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El Tribunal Supremo pone en duda la legalidad de los nuevos plazos de ITV

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Lo que surgió como una ayuda a los conductores puede convertirse en todo lo contrario. El Tribunal Supremo pone en duda la legalidad de los nuevos plazos de la ITV tras admitir a trámite el recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados contra la orden del Ministerio de Sanidad.

Confinados en casa como medida para paliar la expansión del coronavirus, muchos conductores vieron caducar la ITV de su coche. Para su tranquilidad, el Gobierno decretó una paralización de los procesos administrativos que, en el caso de los conductores, suponía una prórroga para aquellos que tuvieran que renovar el permiso de conducir y una ampliación del plazo para acudir a la ITV.

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Pero los nuevos plazos de la ITV tienen trampa. La letra pequeña establece que se permite una ampliación de varias semanas para aquellos vehículos que hayan visto caducar su ITV durante el estado de alarma (ahora también para los que tendrán que renovar este trámite en julio y agosto). Pero también dice que la nueva fecha de renovación será la primera, sin tener en cuenta la ampliación. 

Organizaciones de conductores y consumidores en contra de los nuevos plazos de ITV

Organizaciones de consumidores y conductores sí leyeron las condiciones de la ampliación. Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) alertaron que esto supondrá que algunos vehículos tendrán que pasar la ITV dos veces en un mismo año (y pagar por ello, claro está).

La organización de conductores puso un recurso denunciando la situación. El Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite lo que supone que un juez analizará ahora la legalidad de los nuevos plazos de ITV.

"AEA ha planteado este recurso en defensa de los legítimos derechos de millones de automovilistas afectados, por cuanto la normativa aprobada por la autoridad delegada del Gobierno, al acortar los plazos de inspección, no obedece a ninguna razón de seguridad vial y va a obligar a millones de automovilistas, especialmente transportistas, a tener que realizar anticipadamente una nueva inspección y pagar dos veces por un servicio innecesario", aseguran.

Según el cálculo efectuado por AEA, la medida afecta a unos cinco millones de automovilistas y un valor económico de unos 200 millones de euros, siendo los más afectados los vehículos de profesionales.

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Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “el cambio realizado por el Gobierno no obedece a ninguna razón de seguridad vial y sólo obedece a razones económicas de empresas privadas ya no tiene sentido que se vuelva a inspeccionar un vehículo que acaba de ser inspeccionado con resultado favorable.”

“Así, por ejemplo, -explica Arnaldo- un vehículo de 10 años que con motivo del COVID-19 no hubiera podido pasar la ITV el día 21 de mayo, tendría la posibilidad de pasarla hasta el 17 de diciembre. Si se aplicaran los plazos habituales, la siguiente inspección se computaría desde ese día 17 diciembre y tendría que pasarla a los 6 meses, si fuera una furgoneta o un camión, o al año si fuera un turismo. Sin embargo, con la nueva norma a esa furgoneta o camión va a tener que pasar (y pagar) dos veces la misma inspección ese mismo día 17 de diciembre. Y en el caso de los turismos la siguiente inspección no la tendría que pasar al año, como establece la normativa europea, sino a los 6 meses.”

Habrá que esperar a ver qué dictamina el juez para saber si estos nuevos plazos son o no legales.

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