Hay algunas ZBE que han sido anuladas por ilegales, pero los ayuntamientos siguen cobrando las multas, según AEA
Desde AEA denuncian que los ayuntamientos sigan cobrando las multas por acceder a las ZBE a pesar de que la justicia las ha anulado por ilegales y animan a recurrir.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denuncia que, a pesar de que las ordenanzas de algunas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han sido anuladas por la justicia, los ayuntamientos siguen cobrando las multas, una conducta que desde la asociación tildan de negocio multimillonario y que está suponiendo un auténtico superávit para las arcas públicas de diferentes municipios españoles.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló las ordenanzas que regulaban las denominadas ZBE de diversos municipios catalanes, entre los que se incluye Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellá y Esplugues. Lo mismo ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró nulas la Ordenanza de Movilidad de Madrid y provocó el recurso del consistorio.
El negocio millonario de los ayuntamientos con las multas de las ZBE
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, señala que “el problema está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medio ambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad”.
Arnaldo señala que los consistorios “no quieren devolver” los importes de estas multas consideradas ilegales por la justicia superior, y que “incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad”.
Esto, según AEA, tiene un efecto positivo en las arcas públicas de los ayuntamientos. En el caso del consistorio de L’Hospitalet de Llobregat y de otros del área metropolitana de Barcelona, desde que se implantaron las ZBE en sus municipios han tenido un importante superávit en la recaudación de multas de circulación, llegando a cobrar incluso el doble de que habían presupuestado.
El de L’Hospitalet de Llobregat es el ejemplo más sonado. En 2024 habían presupuestado 12.000.000 euros en recaudación de multas de tráfico a consecuencia de accesos y circulación no autorizada de vehículos en su ZBE. Acabó cerrando el año con 14.212.889 euros, lo que supone un superávit para las cuentas del consistorio de 2.212.889 euros.
“Pero lo más grave del asunto no es que los ayuntamientos estén generando ingresos para las arcas municipales en base a unas multas de dudosa legalidad, sino que el órgano encargado de cobrar esas multas sigue embargando cuentas bancarias de los automovilistas incluso después de que los tribunales hayan declarado nulas las ordenanzas municipales por sentencia firme”, señala Arnaldo.
Para las arcas públicas de Madrid estas multas suponen casi 500 millones de euros de ingresos
AEA pone como ejemplo de la magnitud económica de este “negocio” al Ayuntamiento de Madrid. Los servicios municipales del consistorio han ejecutado 2.506.611 denuncias desde que entró en vigor la ZBE en septiembre de 2021 y hasta julio de 2024. En esos 34 meses, las arcas del ayuntamiento obtuvieron unos ingresos de casi 500 millones de euros (479.658.910 euros).
Denuncias que, tal y como exponen desde la asociación, si el consistorio madrileño hubiera acatado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de septiembre tendrían que haberlas anulado inmediatamente.
Para mantener en marcha el sistema de multas de la ZBE de Madrid, el ayuntamiento de la capital presentó un recurso ante el Tribunal Supremo con la finalidad de retrasar la firmeza de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta misma estrategia es la que ha puesto en marcha el municipio de Esplugues de Llobregat.
Sin embargo, en el caso del municipio catalán, el Tribunal Supremo ha inadmitido recientemente su recurso, mientras que el presentado por Madrid, según explican desde AEA, aún está pendiente de resolver, aunque es probable que corra la misma suerte ya que el Alto Tribunal ya se pronunció en otros casos similares, como el de las ZBE de Barcelona, declarando nula la ordenanza municipal.
“En cambio, el consistorio madrileño ha seguido una injustificada estrategia dilatoria para seguir cobrando unas multas de dudosa legalidad, a la espera de un más que probable resultado negativo del Tribunal Supremo, como ya ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Barcelona o en el de Esplugues de Llobregat”, concluye el presidente de AEA.
Mientras tanto, desde Automovilistas Europeos Asociados recomiendan a todos los conductores que se hayan visto afectados por las multas de la ZBE, que, a pesar de los recursos impuestos por los ayuntamientos ante el Tribunal Supremo, recurran las sanciones por acceder a estas zonas y agoten todas las posibilidades de defensa frente a unas multas de dudosa legalidad, para que no alcancen firmeza y luego no tengan dificultades para conseguir la devolución de aquellas que les hayan cobrado.
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