Dvuelta denuncia que más de 1.000 accidentes en España en 2025 no fueron causados por los conductores y pide más transparencia a la DGT
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Cerca del 3 % de los accidentes de tráfico con víctimas envueltas no tiene que ver con el comportamiento de los conductores, sino con el estado de las carreteras.
El debate sobre la seguridad vial en las carreteras españolas suele poner el foco de manera casi exclusiva en el comportamiento humano, la velocidad y las distracciones al volante. Sin embargo, el estado de muchas de las vías revela una cara oculta que afecta a la siniestralidad, y que no tiene nada que ver con los conductores.
Durante 2025, las malas condiciones de varias infraestructuras estuvo presente en casi 1.100 accidentes de tráfico con víctimas registrados en vías interurbanas, lo que representa alrededor del 3 % del total de siniestros de estas características en el conjunto del país. Es decir, que la DGT habría podido evitarlo acometiendo las labores de mantenimiento pertinentes.
El impacto en las carreteras y las víctimas
Los cálculos realizados por la entidad de defensa de los conductores Dvuelta se apoyan en el propio balance publicado por la Dirección General de Tráfico. Al aplicar de forma sistemática el porcentaje que el organismo ha reconocido como factor concurrente desde 2021 sobre los cerca de 36.000 accidentes con víctimas en vías interurbanas, la cifra asciende a 1.079 siniestros. Estos episodios se tradujeron en un total de 1.646 víctimas, englobando tanto a fallecidos como a heridos de distinta consideración. No obstante, los datos disponibles no permiten desglosar con precisión cuántas personas perdieron la vida o sufrieron lesiones graves en función de cada categoría específica.
Cabe señalar que estas estadísticas excluyen los siniestros ocurridos en Cataluña y País Vasco, regiones que tienen las competencias transferidas en materia de tráfico y seguridad vial, por lo que la DGT no recoge sus datos. A pesar de estos límites, el volumen de incidentes vinculados a deficiencias en el pavimento pone de manifiesto que el estado de conservación de la red tiene un papel importante respecto a la seguridad en la carretera.
Hay un deterioro generalizado en la red
El problema de la conservación no es un hecho aislado, sino el reflejo de un desgaste estructural que afecta a miles de kilómetros en todo el territorio nacional. Diversos informes elaborados por la Asociación Española de la Carretera advierten de que más de 50.000 kilómetros de los que se han revisado presentan deterioros graves, algo más de la mitad del total inspeccionado. De ese gran volumen de vías deterioradas, una parte muy significativa requiere una intervención urgente en un plazo inferior a 12 meses para evitar que la degradación del firme comprometa de forma crítica la seguridad de la circulación.
Este escenario de abandono progresivo encuentra su eco en el déficit acumulado de conservación, una cifra que ronda los 15.000.000.000 de euros y que continúa ampliándose a un ritmo constante del 8 % anual. Las administraciones públicas se enfrentan así a un desafío presupuestario mayúsculo. De hecho, el Ministerio de Transportes reconoció en su momento que la inversión destinada a la conservación de la red de carreteras del Estado no había alcanzado los niveles indispensables para garantizar unas condiciones óptimas, estimando un déficit específico para las vías estatales de unos 5.700.000.000 de euros y proyectando planes de renovación parcial para los próximos años.
Dvuelta pide a la DGT que sea más transparente
Ante esta situación, desde Dvuelta se reclama una mayor claridad informativa por parte de la DGT. La principal crítica radica en que los balances oficiales de siniestralidad no desglosan de forma específica el impacto del estado de la infraestructura. Con frecuencia, los accidentes originados por un socavón, una señalización borrada o unos sistemas de contención defectuosos acaban englobados en categorías genéricas como la velocidad inadecuada, difuminando la verdadera responsabilidad del titular de la vía, que según el artículo 57.1 de la Ley de Tráfico debe encargarse de su conservación para que esté en las mejores condiciones posibles.
La legislación vigente sitúa sobre la administración la obligación de mantener las carreteras en las mejores condiciones posibles de seguridad y de conservar sus señales y marcas viales. La reivindicación de la entidad se sustenta también en la contribución fiscal de los automovilistas, que aportan decenas de miles de millones de euros anuales en impuestos asociados al vehículo. Bajo esta premisa, la organización insiste en la necesidad de que se publiquen todos los años informes detallados que distingan los siniestros con víctimas motivados por fallos de conservación, especificando tramos, titulares y tipos de vía, para evitar que recaiga toda la responsabilidad sobre el conductor mientras se exime a los organismos públicos de su deber de mantenimiento.