Palo para los conductores: la DGT quiere que el GPS no te avise de los radares en carretera
Tráfico considera que los avisos de los sistemas de navegación son un obstáculo para sancionar a los conductores que exceden la velocidad permitida.
La Dirección General de Tráfico ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha generado un terremoto de reacciones entre los usuarios de las carreteras españolas. Según las últimas informaciones, el organismo dirigido por Pere Navarro estudia una reforma normativa de calado que podría cambiar para siempre la forma en la que los conductores utilizan las aplicaciones de navegación y los dispositivos GPS durante sus trayectos por las autopistas y autovías del país.
El objetivo principal de esta iniciativa es limitar la capacidad de estos sistemas tecnológicos para alertar sobre la ubicación exacta de los controles de velocidad, una medida que ya está levantando ampollas y que se percibe como un duro golpe para quienes confían en estas herramientas para evitar sanciones.
Esta posible transformación de la normativa no es un movimiento aislado, sino que se inspira directamente en el modelo aplicado en otros países de nuestro entorno. Concretamente, la DGT mira con especial atención hacia el modelo francés, donde ya se han implementado restricciones severas sobre la precisión de los avisos digitales.
El argumento central que sostiene la Dirección General de Tráfico para justificar este cambio es el refuerzo de la eficacia de los dispositivos de control. Desde el organismo se considera que la democratización de la tecnología ha mermado la capacidad disuasoria de los radares.
En la actualidad, aplicaciones muy populares entre los conductores permiten que cualquier persona sepa con antelación dónde se encuentran los ojos electrónicos de Tráfico. Para los responsables de la seguridad vial, esto provoca un efecto acordeón muy peligroso, pues el conductor frena bruscamente al recibir el aviso en su móvil y vuelve a acelerar una vez ha rebasado el punto de control.
La batalla de la DGT contra estos avisos digitales se encuadra en una estrategia más amplia de lucha contra los mecanismos que permiten eludir la vigilancia. Si bien los avisadores de radares fijos han sido tradicionalmente legales al basarse en bases de datos públicas de la propia administración, el conflicto surge con los radares móviles y los controles aleatorios de alcohol y drogas.
La capacidad de las comunidades de usuarios para reportar en tiempo real la presencia de patrullas o radares camuflados es lo que Tráfico desea combatir con mayor firmeza. Según fuentes cercanas al organismo, permitir que se conozca la ubicación de un control policial facilita que los conductores cambien su ruta y pongan en peligro la vida de otros usuarios.
No obstante, esta intención de la DGT choca frontalmente con la percepción de muchos conductores y expertos en movilidad. Para una gran parte del sector, las alertas de radar cumplen una función preventiva fundamental.
Al recibir el aviso de que hay un control de velocidad próximo, el conductor se vuelve mucho más consciente de la importancia de respetar los límites y ajusta su marcha. Desde este punto de vista, el GPS actúa como un recordatorio constante de seguridad vial más que como una herramienta para delinquir.
Es por ello que limitar esta información se interpreta como un afán meramente recaudatorio, ya que el fin último parecería ser el de sorprender al infractor en lugar de evitar que se cometa la infracción.
La implementación de esta medida supondría un desafío técnico y legal de grandes dimensiones. Cualquier cambio normativo deberá encontrar un equilibrio delicado entre el derecho a la información de los ciudadanos y la necesidad del Estado de garantizar la seguridad ciudadana.
La era digital ha complicado enormemente las labores de vigilancia, y la DGT es consciente de que prohibir el uso de estas aplicaciones es prácticamente imposible. Por ello, la vía del modelo francés, que busca la colaboración de las empresas tecnológicas para reducir la precisión de los datos, parece la opción más viable a corto plazo.
Mientras esta posible "bomba" legislativa termina de perfilarse, el debate sigue abierto en las redes sociales y foros de automovilismo. Los conductores temen que, de aprobarse estas restricciones, se pierda una de las funciones más valoradas de la navegación inteligente.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico mantiene su hoja de ruta con el objetivo de reducir la siniestralidad en las vías de alta capacidad, convencida de que el secretismo sobre la ubicación de los radares es una pieza clave para lograr que se respete la ley durante la totalidad del viaje y no solo en puntos específicos del mapa.