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Tráfico quiere subir el límite de velocidad a 130 km/h

Tráfico quiere subir el límite de velocidad a 130 km/h
A pesar del reciente dictamen en contra del Consejo de Estado, Tráfico quiere subir el límite de velocidad a 130 km/h en el nuevo Reglamento de Circulación. El 'pique a 130 km/h' entre la DGT y el Consejo de Estado es solo uno de los muchos puntos contradictorios de la nueva ley, como el límite de velocidad para peatones.

El límite de velocidad a 130 km/h se va a mantener en el nuevo Reglamento de Circulación, según han confirmado a la agencia EFE María Seguí, directora general de Tráfico. Así, el 'pique a 130 km/h entre la DGT y el Consejo de Estado' va camino de convertirse en todo un cruce de acusaciones tras hacerse público el informe del supremo órgano consultivo de la nación, que se muestra en contra de numerosos puntos de la redacción del texto, como el absurdo límite de velocidad para peatones.

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Por un lado, Tráfico quiere subir el límite de velocidad a 130 km/h “en ciertos momentos y en ciertos tramos de autopista”, en contra del dictamen del Consejo de Estado, que afirma que tal medida puede “aumentar la accidentalidad” y “disminuirá la conciencia de riesgo por parte de los conductores”. El informe de este organismo, que por cierto se emite exclusivamente a petición de alguna autoridad gubernamental, no solo se oponía a esta medida, también critica por ejemplo la bajada de la velocidad máxima en carreteras convencionales de 100 a 90 km/h.

Sobre la nueva velocidad en carreteras convencionales que se propone, el Consejo de Estado afirma que sus redactores no justifican la oportunidad de la medida, no han calculado el impacto que representará acomodar la señalización de las carreteras, ni han tenido en cuenta el criterio de los titulares de estas vías”. Un pique entre la DGT y el Consejo de Estado en toda regla porque si desde Tráfico aseguran que el nuevo Reglamento fue consensuado entre los diferentes ministerios y entidades implicadas, desde el Consejo que preside José Manuel Romay Beccaría, afirman que “no se han tenido en cuenta, ni se han respondido a las alegaciones en contra presentadas por estos mismos ministerios y administraciones”.

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