En marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló en contra de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, que estuvo en vigor entre 2020 y 2022. Ahora, el Tribunal Supremo ratifica la anulación de la primera ZBE de Barcelona. 

De esta forma, el alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona contra la sentencia del tribunal catalán para intentar anularla.

No obstante, hay que subrayar que la anulación se refiere a la primera ZBE, que estuvo en vigor entre 2020 y 2022, y no a la que está en marcha desde enero de 2023, cuando fue actualizada. Por tanto, no afecta a esta última.

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El Supremo ratifica la anulación de la primera ZBE de Barcelona

El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la primera ZBE de Barcelona, dando por válida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la Zona de Bajas Emisiones emitida en marzo de 2022.

En aquel momento, el TSJC justificó el fallo en la “falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados” y añadió que “la ordenanza incide especialmente en los titulares con menor capacidad económica para renovar su vehículo”. 

Igualmente, consideró que, en el caso de los vehículos profesionales, la limitación se proyectaba, especialmente, en los colectivos con menos recursos económicos para cambiarlo, como los autónomos, microempresas o PYMES.

Aluvión de reclamaciones de multas

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó una modificación de la ZBE para adaptarse al fallo del TSJC, permitiendo la circulación por el área restrictiva de las personas con menos recursos económicos, aunque tengan vehículos fuera del etiquetado de la DGT, es decir, los más contaminantes. Además, estableció la concesión de más permisos diarios excepcionales para desplazarse por la zona.

Con la anulación de la primera ZBE de Barcelona, se abre la puerta a un aluvión de reclamaciones por las multas que recibieron miles de afectados durante ese periodo, entre 2020 y 2022. Al quedar invalidada la norma, las denuncias impuestas pueden impugnarse y, por tanto, devolverse el importe a los afectados.

De hecho, el Ayuntamiento de la capital catalana ya se preparó ante una posible confirmación de la anulación de la primera ZBE, por lo que reservó una partida de 32 millones de euros para hacer frente a las multas emitidas durante el periodo que estuvo vigente, según recoge ABC.