Ocho países, incluida España, se plantan ante Europa, que exige que se implanten peajes
Europa exige peajes, pero España se planta: “No se crearán nuevos peajes ni se modificarán las tarifas actuales”, señalan desde el Ministerio de Transportes.
Hace tiempo que se oye hablar de la imposición de peajes en las carreteras españolas, una medida que no termina de implantarse, como exige Bruselas, por su tremenda impopularidad. Ahora, ocho países, incluida España, se han plantado ante Europa.
El Gobierno de España se comprometió hace años con la Unión Europea para implementar los peajes. Fue en 2021, cuando el ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros del 27 de abril el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo UE el 13 de julio de ese mismo año.
Las medidas de este documento se detallan en el anexo revisado de la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación de dicho Plan (Doc. 10150/21 ADD 1 REV 2).
El documento era el paso previo para recibir los fondos Next Generation de la UE para reparar los daños provocados por la pandemia del COVID-19. Ahí incluyó el Gobierno los peajes como medida para financiar el déficit de mantenimiento que tiene la red nacional de carreteras.
Sin embargo, el ejecutivo lo ha ido retrasando, entre otras razones, por el adelantamiento electoral del año pasado. Pero el asunto ha permanecido encima de la mesa.
Europa exige peajes y España se planta
El pasado lunes, la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen dio un ultimátum a España para aplicar cuanto antes la nueva normativa de peajes y viñetas, que tendría que estar en vigor desde marzo.
La Directiva de la Euroviñeta establece normas comunes sobre la imposición de tasas basadas en la distancia (peajes) y tasas de usuario basadas en el tiempo (viñetas), que permitiría a los Estados miembros recuperar los costes de infraestructura, según el ejecutivo comunitario.
La modificación de la Directiva (UE) 2022/362 incluye ahora los turismos, autobuses y autocares, así como los pequeños vehículos pesados. Asimismo, exige a los Estados miembros incluir los costes medioambientales de la contaminación atmosférica en sus sistemas de tarifas "para establecer tasas basadas en las emisiones de CO2 de un vehículo", con el objetivo de reducir las emisiones y fomentar vehículos pesados más limpios.
Sin embargo, la fecha límite para transponer la Directiva a la legislación nacional era el 25 de marzo de este año y hay ocho países que no lo han hecho, entre ellos, España. El resto son Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal.
La Comisión ha abierto un expediente de infracción contra todos ellos, que tienen ahora un periodo de dos meses para adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, el ejecutivo comunitario podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno de España asegura que no habrá peajes
Tras el ultimátum de la Unión Europea, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que preside Raquel Sánchez ha salido al paso de las especulaciones generadas.
Desde el ministerio aclaran que esto no supondrá ni la imposición de nuevos peajes ni cambios en las tarifas existentes: “No se crearán nuevos peajes ni se modificarán las tarifas actuales”, señalan fuentes del ministerio.
Además, explican que la adaptación normativa se limita a garantizar que el sistema español esté alineado con los criterios comunitarios. El requerimiento de Bruselas responde a un retraso en la aplicación de la medida, como hemos apuntado antes.
Se trata de un procedimiento que puede derivar en sanciones, si España y el resto de países no cumplen dentro del plazo establecido, una práctica que forma parte de los mecanismos de la Unión Europea para garantizar que todos los Estados miembros aplican la legislación comunitaria.
El objetivo de esta medida es unificar las normas entre los Estados miembros para garantizar una gestión más eficiente y sostenible del mantenimiento de las carreteras, así como fomentar la transparencia en los sistemas tarifarios y facilitar la movilidad transfronteriza para conductores y empresas de transporte.