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Ocho países dan un paso atrás en el control de emisiones

Euro 7

Parece que los fabricantes no son los únicos que están en contra de la norma de emisiones Euro 7 que debería entrar en vigor en 2025 (en condicional, porque cada vez lo tiene más difícil). Ahora son varios gobiernos los que se han posicionado en contra. Según informa la agencia de noticias Reuters, un total de ocho países han firmado una coalición para dar un paso atrás en el control de emisiones

Francia, Italia Rumania, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y la República Checa son los países que han firmado un documento en el que se oponen a "cualquier nueva regla sobre emisiones de escape". También se muestran contrarios a cualquier normativa europea que trate de imponer nuevos requisitos a automóviles y furgonetas.

 

Con fuerza para bloquear la propuesta

Estos ocho países representan casi un tercio de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) y aunque por el momento tan solo han presentado una carta en la que explican al resto de países las razones de su rechazo sí tendrían fuerza suficiente para bloquear la propuesta en una votación.

La norma Euro 7 a la que ahora se muestran contrarias estas ocho regiones está previsto entre en vigor para turismos y furgonetas en 2025 y dos años más tarde para autobuses y camiones. Establece tres cambios principales:

  • Unifica el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) para el diésel y la gasolina
  • Endurece los objetivos de reducción de emisiones para camiones y autobuses
  • Establece límites sobre las partículas emitidas por los frenos y los neumáticos. Esta medida también afectará a los coches eléctricos que, a priori, deberían ser los ganadores de la Euro 7
Normativa de emisiones Euro 7 podría ralentizar la transición a la movilidad eléctrica

La oposición de Francia, Italia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa se suma a las formuladas por varios fabricantes. Hace unas semanas, la asociación nacional de fabricantes y distribuidores ANFAC a través de su presidente, Wayne Griffiths afirmaba sobre la nueva normativa que “si se aplica, significaría dejar de construir coches”.

Una opinión que comparten otras figuras muy relevantes de la industria del automóvil, como Luca de Meo, CEO de Renault, Oliver Blume, consejero delegado de Volkswagen, y Carlos Tavares, máximo dirigente del Grupo Stellantis.

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